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Abogado advierte posibles acciones legales contra la Municipalidad tras declaraciones del alcalde en el Concejo Municipal

Santa Ana Actual Informa
febrero 26, 2026

El abogado santaneño José Ramón Sibaja Montero presentó este jueves un carta formal ante el Concejo Municipal, en el que solicita un pronunciamiento oficial luego de que el alcalde Juan José Vargas Fallas lo calificara como un “profesional inescrupuloso” y lo vinculara a actos que describió como delictivos durante una sesión municipal el pasado martes.

La carta, está dirigida a los regidores del Concejo Municipal. En el documento, Sibaja Montero manifiesta que el pasado martes 24 de febrero fue alertado por terceros sobre declaraciones hechas en su contra en el marco de la discusión relacionada con el botadero ilegal en el sector de Las Mesas de Brasil, tema abordado recientemente en el Concejo y divulgado por este medio.

El profesional indica que, tras escuchar la grabación de la sesión, constató que el alcalde, “haciendo uso de la palabra”, se refirió a su persona con calificativos que considera lesivos a su honor y reputación, además de vincularlo con actos atribuidos a un tercero y calificados como delictivos.

En su escrito, el abogado señala que ningún miembro del Concejo intervino para refutar o aclarar las afirmaciones del jerarca municipal, lo que —según plantea— podría interpretarse como un aval implícito a esas manifestaciones. Asimismo, advierte que las palabras expresadas en condición de alcalde podrían acarrear “serias consecuencias patrimoniales al municipio”, en caso de que emprenda acciones legales.

“¿El no pronunciarse en relación a esas infundadas y temerarias imputaciones de que fui objeto, significa que el Concejo Municipal comparte lo expresado por el funcionario aludido?”, cuestiona en la misiva, en la que además solicita un pronunciamiento formal del órgano colegiado.

El documento surge luego de que el alcalde realizara los señalamientos en la sesión municipal, en medio de la polémica por el botadero ilegal que opera desde hace años en Las Mesas de Brasil, situación que ha generado cuestionamientos públicos sobre responsabilidades, omisiones y eventuales vínculos de un exregidor llamado Ricardo Alfaro con el uso del terreno.

Estaremos esperando la respuesta del Concejo Municipal a emitir una respuesta oficial a la solicitud planteada por el abogado. Se mantiene pendiente la reacción del alcalde ante la carta presentada y las eventuales acciones legales anunciadas.

Este medio continuará dando seguimiento a este caso, que añade un nuevo capítulo a la controversia en torno al botadero ilegal y a las responsabilidades políticas y legales derivadas de su funcionamiento.

El Cantón

Botadero ilegal en Las Mesas de Brasil opera impunemente pese a años de advertencias y denuncias

Santa Ana Actual Informa
febrero 25, 2026

La problemática del botadero clandestino en Rancho Tico en el sector de Las Mesas, distrito de Brasil, volvió a hablarse este martes en el seno del Concejo Municipal, luego de que el síndico del distrito, José Pablo Guadamúz, expusiera una cronología de gestiones realizadas desde 2024 y el alcalde Juan José Vargas denunciara presuntas trabas legales y señalara a figuras específicas como vinculadas al sitio.

La situación, que según vecinos se arrastra desde hace varios años, incluye acumulación ilegal de residuos, quemas recurrentes —principalmente en horas nocturnas— y afectación directa a comunidades aledañas por humo, contaminación y riesgos ambientales.

Las gestiones formales desde 2024

De acuerdo con la documentación remitida a este medio por el síndico del Concejo de Distrito de Brasil, el tema fue planteado formalmente en la Sesión Ordinaria N.º 1-2024 del Concejo Municipal, celebrada el 7 de mayo de 2024, donde se solicitó la eliminación de varios basureros clandestinos en el distrito, incluyendo el de:

Barrio Las Mesas (Transversal 102)
Barrio Los Ángeles (Transversal 86)
Calle La Planta (Calle 100)
Barrio La Amistad (Ruta 22)

Posteriormente:

6 de junio de 2024: se envía correo formal a la Administración del Gobierno Local solicitando intervención para eliminar el botadero clandestino.
11 de julio de 2024: se solicita al Proceso de Gestión de Riesgo de la Municipalidad un informe sobre el estado del terreno y el impacto ambiental generado.
19 de agosto de 2024: se recibe respuesta mediante oficio MSA-ALC-PRD-01-100-2024.
29 de septiembre de 2025: el informe de labores del Concejo de Distrito de Brasil expone nuevamente la situación de los basureros clandestinos, incluyendo Las Mesas.
7 de octubre de 2025: el informe es presentado ante el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N.º 75.

En su intervención, Guadamúz sostuvo que la Administración ha coordinado denuncias, levantamiento de actas por parte de la Policía Municipal y otras acciones conjuntas para dar seguimiento al caso.

Alcalde denuncia “impotencia” institucional

Tras la intervención del síndico, el alcalde Juan José Vargas calificó la situación como “vergonzosa” y expresó frustración por lo que considera falta de respuesta efectiva del sistema judicial.

Durante su intervención pública, el alcalde mencionó al exregidor Ricardo Alfaro y a un abogado del cantón de apellido Sibaja como personas relacionadas con el sitio en disputa. Según señaló, cuando la Municipalidad intentó cerrar el acceso al terreno mediante una valla, se interpuso un recurso ante la Sala Constitucional que, según indicó, falló a favor de los recurrentes al considerar que existía persecución política.

Asimismo, el alcalde afirmó que en el sitio se han detectado no solo residuos sólidos, sino también situaciones presuntamente irregulares como la aparición de un contenedor robado y vehículos reportados como robados, extremos que —según dijo— fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

También aseguró que el Ministerio Público ha sido notificado en varias ocasiones, pero que el caso ha enfrentado atrasos, incluyendo cambios de fiscales y acumulación de expedientes.

Humo, quemas, robo de cabezal y riesgo ambiental

Vecinos del sector han denunciado en redes sociales la quema constante de residuos, principalmente durante noches y fines de semana. Según los testimonios, el humo ha afectado viviendas cercanas y ha generado preocupación por la salud pública. Además el lugar ha sido partícipe de robo de camiones donde han tenido que intervenir la Fuerza Pública, Policía Municipal y el OIJ.

El alcalde indicó que incluso el Cuerpo de Bomberos enfrenta limitaciones para ingresar al terreno debido a condiciones de riesgo de la cual está oficialmente declarado inavitable por la Comisión Nacional de Emergencias.

Cámaras de vigilancia: versiones contradictorias

En sesiones anteriores, el alcalde Juan José Vargas había manifestado que se habían instalado cámaras de videovigilancia en la zona para combatir el vertido ilegal.

Sin embargo, de acuerdo con la información recopilada por este medio informativo y tras revisión documental y consultas locales, no se tiene constancia de que dichas cámaras estén actualmente operativas en el punto específico del botadero de Las Mesas.

Reforma al reglamento de multas

Ante la persistencia del problema, el alcalde anunció que la próxima semana se presentará una moción para reformar el reglamento municipal de multas en materia de residuos sólidos, con el fin de endurecer sanciones y agilizar procesos.

Durante el debate se mencionó como referencia el modelo sancionatorio aplicado en la Municipalidad de San José, donde las multas por botar basura en vía pública pueden oscilar entre ¢136 mil y montos superiores al millón de colones, dependiendo de la gravedad.

Un conflicto que escala

El caso de Las Mesas ya no es solo un problema ambiental: se ha convertido en un conflicto político y legal que enfrenta a actores locales, vecinos organizados y autoridades municipales.

Mientras tanto, la comunidad continúa denunciando afectaciones por humo y acumulación de residuos, a la espera de una solución definitiva que combine acción administrativa, judicial y control efectivo del terreno.

Santa Ana Actual continuará dando seguimiento a este caso.

Municipales

Regidores aprueba transferir ₡200 millones al EMAI para su operación este 2026

Santa Ana Actual Informa
febrero 25, 2026

El Concejo Municipal aprobó este martes el giro de ₡200 millones para el financiamiento del programa EMAI durante el 2026, tras avalar el convenio de ejecución del aporte anual entre la Municipalidad y la Asociación encargada de administrar este centro de enseñanza.

El acuerdo se tramitó bajo el oficio MSA-ALCASL-02-062-2026, fechado el 24 de febrero de 2026 y suscrito por la asesora legal municipal, Andrea Robles Álvarez, mediante el cual se solicitó la aprobación formal del convenio que permitirá realizar la transferencia de los recursos correspondientes a este año.

Durante la sesión, el alcalde Juan José Vargas destacó la importancia de concretar el giro de los fondos en esta etapa, señalando que la Municipalidad mantiene una “muy buena relación” con la Asociación AMI y que el aporte resulta clave en medio del proceso de transformación institucional que atraviesa el gobierno local.

“Necesitamos girarles estos dineros en este tiempo tan importante”, indicó el jerarca, aludiendo a las actividades y compromisos que desarrolla el EMAI a lo largo del año.

La moción para acoger el oficio y someterlo a votación fue presentada por el regidor Gonzalo Rojas, quien solicitó la dispensa de trámite, la aprobación del fondo y la declaratoria de firmeza del acuerdo.

Deportes

Comité de Deportes reporta avances deportivos y financieros, pero con cuestionamientos de los regidores

Santa Ana Actual Informa
febrero 13, 2026

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana presentó su informe de labores 2025 ante el Concejo Municipal, destacando una alta participación deportiva, importantes logros competitivos y una ejecución presupuestaria superior a los ₡600 millones, en medio de cuestionamientos sobre el acceso a instalaciones y el uso de recursos administrativos.

El presidente del Comité, Mauricio Castro, señaló que el objetivo principal es fortalecer el acceso al deporte en el cantón y ampliar la participación ciudadana mediante programas gratuitos.

Según el informe, la institución registró ingresos por ₡601,8 millones y gastos por ₡635,8 millones durante el 2025, recursos destinados al desarrollo de programas deportivos, recreativos y mantenimiento de infraestructura.

Entre los principales resultados destaca la inscripción récord de 478 atletas santaneños en los Juegos Deportivos Nacionales 2026, de los cuales 124 clasificaron a la fase final. Además, más de 2.200 personas participaron en Juegos Comunales y la Clásica Santaneña reunió a más de 1.000 corredores.

El Comité también administra 15 disciplinas deportivas, con logros relevantes a nivel nacional e internacional en atletismo, ciclismo, natación, tenis de mesa y baloncesto.

En cuanto a infraestructura, se realizaron mejoras en iluminación, mantenimiento de césped y reparación de instalaciones en 13 recintos deportivos bajo su administración.

No obstante, durante la sesión, regidores plantearon inquietudes sobre presuntos cobros en programas deportivos, el acceso comunal a canchas y gastos administrativos, incluyendo la contratación de servicios de transcripción.

La coordinadora administrativa, Carla Barbosa, aseguró que los programas del Comité son gratuitos y que no existen denuncias formales por cobros indebidos, aunque instó a presentarlas para su investigación.

Asimismo, el Comité explicó que algunas instalaciones deben regular su uso para evitar el deterioro, debido a limitaciones técnicas y altos costos de mantenimiento.

Las autoridades reconocieron que uno de los principales retos es ampliar la infraestructura deportiva ante el crecimiento de la demanda, así como fortalecer programas inclusivos y el apoyo a atletas del cantón.

El informe quedó en análisis del Concejo Municipal, que continuará dando seguimiento a la gestión y al uso de los recursos públicos destinados al deporte en Santa Ana.

Municipales

Regidores cuestionan atrasos en trámite del reglamento de becas 2026

Santa Ana Actual Informa
febrero 11, 2026

En la sesión municipal de este martes donde se abordó el seguimiento al reglamento de becas 2026, el Concejo Municipal evidenció preocupación por el atraso en la entrega del borrador con las modificaciones acordadas desde diciembre anterior.

El tema fue planteado en el punto 3.2, recordando que en la sesión ordinaria número 86 del 22 de diciembre de 2025, mediante el acuerdo número 10, el Concejo aprobó por decisión unánime acoger las recomendaciones de las distintas fracciones políticas para la modificación del reglamento de becas. Además, se solicitó a la magíster Sofía Mena Chavarría realizar los ajustes pertinentes y remitir el borrador actualizado al órgano colegiado.

Sin embargo, según se indicó en la sesión, han transcurrido más de 30 días calendario sin que el Concejo haya recibido formalmente dicho documento.

La presidenta del Concejo la Sra. Wendy Mora, manifestó su inquietud y solicitó que se acate el acuerdo tomado en pleno, recordando además la necesidad de cumplir con los requerimientos planteados por la Auditoría Municipal a la mayor brevedad.

Versiones encontradas

Durante la discusión, el alcalde Juan José Vargas señaló que, tras conversar con la funcionaria, esta le indicó que ya había atendido las observaciones de la Auditoría y de los partidos políticos representados en el Concejo, y que las respuestas ya habían sido enviadas.

No obstante, desde el Concejo se aclaró que el borrador no ha sido recibido oficialmente, lo que ha generado incertidumbre sobre el trámite seguido y el punto exacto en el que se encuentra el proceso.

Por su parte, el regidor y coordinador de la comisión respectiva, Emmanuel Morales, explicó que la funcionaria fue notificada del acuerdo el 23 de diciembre y que, a la fecha, no cuentan como comisión con una respuesta concreta. Señaló que recientemente la funcionaria solicitó una mesa de trabajo para abordar algunas dudas antes de presentar el documento final.

Morales indicó que si bien es positivo que se busque armonizar el texto antes de su presentación formal, preocupa que la información no haya llegado al Concejo y que se generen señalamientos hacia la comisión por eventuales atrasos. “Lo que queremos es un reglamento actualizado que beneficie a los estudiantes”, enfatizó.

Urgencia por actualización

Otro de los puntos señalados en la sesión fue la necesidad de incorporar ajustes específicos recomendados por la Auditoría, como la inclusión del grado de preescolar dentro del reglamento, aspecto que ya habría sido acordado por el Concejo.

Los regidores advirtieron que, si no se formalizan y publican oportunamente las modificaciones, podría generarse un problema en la asignación de las becas correspondientes a este año.

En la discusión se coincidió en la importancia de mejorar y actualizar el reglamento —que actualmente presenta rezagos en sus publicaciones oficiales—, pero también en la necesidad de respetar los acuerdos tomados y los plazos establecidos.

El Concejo solicitó al alcalde colaborar en la gestión para que el borrador sea remitido oficialmente a la mayor brevedad, de modo que pueda ser revisado por todas las fracciones y se avance en la aprobación definitiva del reglamento de becas 2026, en beneficio de los estudiantes del cantón.

Municipales

Regidora del PUSC cuestiona imparcialidad de la presidenta del Concejo Municipal Wendy Mora

Santa Ana Actual Informa
enero 28, 2026

Durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal celebrada ayer, la regidora suplente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Sofía Álvarez, realizó una intervención crítica dirigida a la presidenta del Concejo, Wendy Mora, en la que expresó una serie de reflexiones relacionadas con el ejercicio del poder, la transparencia institucional, la conducción de las sesiones y el rol de la mujer en la política.

Álvarez señaló que declaraciones realizadas por la presidenta en las sesiones ordinarias 89 y 90, correspondientes al 13 y 20 de enero, respectivamente, la motivaron a manifestar su preocupación. En su exposición, cuestionó lo que calificó como una falta de transparencia en la comunicación institucional y reprochó comentarios que consideró burlescos hacia su persona, particularmente en relación con su participación en la política y su eventual llegada a cargos de elección.

Como primer eje de su intervención, la regidora suplente hizo referencia al clima de confrontación en la política nacional, al que describió como un “proyecto institucionalizado de odio”, alimentado —según indicó— por la intolerancia y la descalificación de quienes piensan diferente. Afirmó que este fenómeno ha tenido efectos negativos sobre la democracia costarricense.

En un segundo punto, Álvarez se refirió al rol de la presidencia del Concejo Municipal, señalando que dicha función exige imparcialidad, mesura y respeto, más allá de las diferencias políticas. En este contexto, recordó su voto en contra de una moción presentada para crear una comisión especial encargada de la reestructuración de la Policía Municipal, al considerar que el plazo de seis meses propuesto retrasaría respuestas urgentes ante la situación de seguridad que enfrenta el cantón.

Finalmente, la regidora abordó el tema de la participación de la mujer en la política, advirtiendo sobre lo que denominó una utilización indebida del concepto de violencia política. Sostuvo que, tanto hombres como mujeres, deben ser medidos bajo los mismos principios de responsabilidad y coherencia, y señaló que el victimismo, a su criterio, debilita el debate democrático y la institucionalidad.

Municipales

Síndicos llaman a la unión y al respeto ante desinformación sobre proyecto vial en Piedades

Santa Ana Actual Informa
enero 28, 2026

Durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Santa Ana, celebrada la noche de este martes, los síndicos Marlon Jiménez, del distrito de Piedades, y José Pablo Guadamuz, del distrito de Brasil, realizaron un llamado público a la unión, al respeto y a la responsabilidad en el manejo de la información relacionada con proyectos de interés cantonal, particularmente el proyecto vial en la Ruta 22, en el cruce entre Piedades y Brasil.

En su intervención, Jiménez expresó su preocupación por el tono de los mensajes y ataques que se han difundido recientemente en redes sociales, los cuales —según indicó— desvirtúan el trabajo institucional y generan divisiones innecesarias. El síndico señaló que, más allá de intereses partidarios, lo fundamental es que las obras se concreten en beneficio de las comunidades. “No importa quién haga las cosas, lo importante es que se hagan”, afirmó, al tiempo que instó a dejar de lado la confrontación política y priorizar el bienestar del cantón.

Por su parte, Guadamuz respaldó estas manifestaciones y denunció señalamientos públicos que calificó como irrespetuosos y carentes de fundamento, realizados desde redes sociales por una funcionaria municipal. El síndico defendió su labor y la de su compañero, subrayando que su gestión ha estado marcada por el control político responsable, el apego a la verdad y la documentación de cada trámite realizado en favor de la seguridad vial.

Durante su exposición, Guadamuz detalló una extensa cronología de gestiones relacionadas con el proyecto de la Ruta 22, que se remonta al año 2013, incluyendo oficios, estudios técnicos, audiencias ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y coordinaciones con asociaciones de desarrollo, diputaciones y autoridades municipales. Indicó que el seguimiento continuo al proyecto ha sido una labor colectiva, pero enfatizó su participación constante tanto desde la Asociación de Desarrollo Integral de Brasil de Santa Ana como en su actual rol de síndico.

Asimismo, reconoció el respaldo de distintas fuerzas políticas y el trabajo de la actual Administración Municipal, destacando la disposición del alcalde Juan José Vargas para dar seguimiento al proyecto mediante visitas de campo y coordinaciones interinstitucionales. “Esto no se trata de quién inició el proceso, sino de quién le ha dado seguimiento responsable hasta su concreción”, puntualizó.

En el cierre del debate, se reiteró la importancia de combatir la desinformación, reconocer el trabajo realizado por diferentes actores a lo largo del tiempo y mantener como eje central el bien común, la seguridad vial y el desarrollo del cantón de Santa Ana y zonas aledañas. Las autoridades coincidieron en que la crítica es válida, pero debe ejercerse con respeto y responsabilidad, sin caer en la difamación o el ataque personal.

Municipales

Alcalde y regidores acusan a la empresa Tapachula de fallarles a los santaneños

Santa Ana Actual Informa
enero 21, 2026

La problemática en el servicio de transporte público que brinda la empresa Tapachula en el cantón de Santa Ana volvió a ocupar la agenda del Concejo Municipal durante la sesión ordinaria de este martes, tras una intervención del regidor Gonzalo Rojas, quien expuso múltiples quejas vecinales por la reducción y supuesta eliminación de rutas, así como por la calidad del servicio.

Rojas señaló que, según denuncias de vecinos del distrito de Pozos, desde el pasado 23 de diciembre se habría eliminado la ruta Santa Ana – Pozos, situación que se ha extendido durante el inicio de este año. El regidor también consultó si existió una renuncia masiva de choferes en diciembre, lo cual estaría afectando la regularidad y eficiencia del servicio de buses en el cantón.

Ante la consulta, la presidenta del Concejo Municipal, Wendy Mora, explicó que previamente se había valorado la posibilidad de convocar a representantes de la empresa Tapachula a una sesión extraordinaria.

Por su parte, el alcalde Juan José Vargas confirmó que la Municipalidad ha recibido varias denuncias similares, no solo en Pozos, sino también en otros sectores como Salitral, donde —según indicó— la ruta ha sido prácticamente eliminada desde hace más de un año. Vargas advirtió que la inestabilidad en los horarios y la reducción de servicios han obligado a muchos vecinos a recurrir a transporte no oficial, con los riesgos que ello implica.

El jerarca municipal también hizo referencia a quejas relacionadas con el mal estado de algunas unidades, incluso aquellas que trasladan estudiantes universitarios hacia la Universidad de Costa Rica, lo cual —dijo— resulta especialmente preocupante. Si bien reconoció que existe un déficit nacional de conductores de transporte público, estimado en unos 2.500 choferes, enfatizó que Tapachula no puede usar esta situación como justificación para incumplir con el servicio.

“El cantón está llegando a un punto de no retorno con esta empresa”, advirtió Vargas, al señalar que la Municipalidad ha sido paciente y respetuosa de la empresa privada, pero que exige unidades en buen estado, conductores respetuosos, cumplimiento de horarios y continuidad en las rutas. De lo contrario, aseguró que se tomarán las acciones correspondientes ante las instancias competentes.

Empresa Tapachula tiene decenas de denuncias ante el CTP por mal servicio y problema con las unidades de transporte público

La empresa concesionaria de la ruta 9 ha venido presentando una serie de quejas por parte de los usuarios ante el CTP por problemas en las unidades o mal servicio. Vecinos de Escazú y Santa Ana han venido presentando su disconformidad por el servicio que ofrece esta empresa.

En el año 2019 un grupo de vecinos de ambos cantones habian creado un grupo de lucha denominado «Comité Fiscalizador del Transporte Público de ruta 9», donde tuvieron varias reuniones en los concejos municipales de ambos cantones asi como ante el MOPT para buscar una solución pero ante la falta de apoyo de los vecinos, se dejaron de asistir a las reuniones y este grupo finalmente se desintegró.

Municipales

Gobierno Local aclara en el Concejo alcances del censo de basura y nuevas tarifas para el 2026

Santa Ana Actual Informa
enero 17, 2026

Durante la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, realizada el pasado jueves 15 de enero, se desarrolló una extensa audiencia con la Licda. María Pérez Angulo, directora de Gestión Financiera y Tributaria de la Municipalidad, con el objetivo de aclarar dudas relacionadas con el censo de desechos sólidos, la aplicación de nuevas tarifas y el contrato vigente para el tratamiento y disposición final de la basura.

La funcionaria explicó que las nuevas tarifas por recolección y tratamiento de residuos se encuentran vigentes desde el 1.º de enero de 2026, tras haber sido aprobadas por el Concejo Municipal y publicadas en La Gaceta el 31 de julio de 2025. Asimismo, detalló que, desde el 1.º de diciembre de 2025, los desechos recolectados en el cantón se trasladan al sitio de transferencia en La Carpio, donde reciben tratamiento previo antes de su disposición final en Limón, lo que justifica el incremento en el costo del servicio.

En cuanto al contrato con la empresa EVI, Pérez Angulo indicó que el aumento tarifario comenzó a aplicarse a partir de la primera tonelada tratada en diciembre de 2025, luego de obtener la autorización del Ministerio de Salud para trasladar los residuos fuera del cantón.

Uno de los puntos más discutidos fue el censo de basura residencial, mediante el cual la municipalidad identificó aproximadamente 5.000 unidades habitacionales que no estaban registradas ni pagaban el servicio, pese a recibirlo. La directora fue enfática en señalar que este proceso no constituye un aumento del servicio, sino una medida para visibilizar evasores y promover justicia tributaria, de modo que la carga no recaiga únicamente sobre quienes sí cumplían con el pago.

Según explicó, el censo se realizó utilizando fotografías aéreas, información catastral, bases de datos municipales e inspecciones en campo. En los casos donde no se permitió el ingreso a las propiedades, se recurrió a indicadores externos como la cantidad de medidores eléctricos y estructuras visibles, dejando abierta la posibilidad de rectificación mediante solicitud de inspección. De las 5.000 nuevas unidades registradas, únicamente 106 propietarios han solicitado revisión, lo que representa un margen mínimo de reclamos.

Respecto al impacto financiero, Pérez Zángulo aclaró que los superávits de un servicio no pueden utilizarse para financiar otros, ya que por ley cada tasa debe ser autosuficiente. Cualquier superávit generado en 2025 se reflejaría eventualmente en la tarifa de 2027, una vez calculada con base en la ejecución real del período anterior. Además, señaló que la incorporación de estas nuevas unidades habitacionales podría reducir la carga tarifaria en años futuros, al distribuir el costo entre más contribuyentes.

Durante la audiencia, también se abordaron inquietudes sobre la comunicación del aumento a la población. La funcionaria sostuvo que, al tratarse de una tasa obligatoria, la publicación en La Gaceta constituye la notificación legal válida, además de que el tema fue discutido en sesiones públicas, audiencias y comisiones desde mayo de 2025.

Finalmente, se reiteró que los adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad cuentan con mecanismos legales de exoneración, siempre que realicen el trámite correspondiente ante la municipalidad, donde se brinda acompañamiento a quienes tengan dificultades para gestionar los procesos administrativos.

La sesión evidenció un amplio intercambio de criterios entre regidores y administración, así como la preocupación del Concejo por garantizar transparencia, equidad tributaria y claridad hacia la ciudadanía en la aplicación del nuevo esquema tarifario del servicio de recolección de residuos.

Municipales

Diferencias entre partidos del PUSC y el SOL por nombramiento de asesora Marianela Lobo

Santa Ana Actual Informa
enero 14, 2026

El nombramiento de asesores del Concejo Municipal de Santa Ana provocó una diferencia política y jurídica durante la sesión celebrada este martes, especialmente por la designación de la señora Marianela Lobo Cabezas como asesora del Partido del Sol, lo que generó la molestia y oposición de los regidores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La discusión se dio tras la presentación de una moción por parte del regidor Roberto Spesny, quien solicitó formalmente que el alcalde acoja las solicitudes de nombramiento de asesores presentadas por las distintas jefaturas de fracción, con carácter retroactivo al 2 de enero de 2026. Además, la moción plantea elevar una consulta a la Procuraduría General de la República para definir con claridad a cuál órgano corresponde legalmente realizar dichos nombramientos.

Durante el análisis del fondo, varios regidores como Danny Ureña mencionaron en que los asesores son puestos de confianza política y que, según el manual de puestos vigente, la supervisión directa recae en las jefaturas de fracción y no en el Concejo Municipal en pleno. No obstante, surgieron interpretaciones encontradas sobre si el acto administrativo del nombramiento corresponde al Concejo o a la Administración Municipal.

La fracción del PUSC, representada por los regidores Gonzalo Rojas y Cinthia Chávez, manifestó su desacuerdo específicamente con el nombramiento de la señora Marianela Lobo Cabezas, argumentando dudas sobre el apego al principio de legalidad, inconsistencias en el procedimiento y la necesidad de contar con mayor claridad jurídica antes de aprobar su designación. Ambos regidores insistieron en que no se trata de un ataque político, sino de una obligación como funcionarios públicos de garantizar el uso correcto de los fondos municipales.

“Ante la duda, no podemos incurrir en un posible error”, señalaron, indicando que estarían dispuestos a avalar el nombramiento de otros asesores que cumplen con el perfil legal, pero no el de la asesora del Partido del Sol hasta contar con un criterio definitivo.

Por su parte, el regidor Esteban Blanco, del Partido del Sol, calificó la oposición como un “ataque directo” contra su fracción y defendió la legalidad del nombramiento, asegurando que existe respaldo previo del Concejo para las plazas de asesores y que el perfil no se limita exclusivamente a profesionales en Derecho.

Tras un extenso intercambio de argumentos, la moción fue finalmente aprobada con cinco votos a favor y dos en contra, estos últimos correspondientes a los regidores del PUSC. El acuerdo solicita al alcalde proceder con los trámites administrativos y avanzar con la consulta ante la Procuraduría, con el fin de despejar cualquier eventual nulidad y establecer un criterio definitivo sobre el procedimiento de nombramiento de asesores.