Abogada santaneña impulsa acciones legales para exigir devolución total del ROP

La Dra. Grettel Liliana Murillo Monge quien es Especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, vecina de Piedades, mantiene una intensa lucha jurídica y social para exigir la devolución total del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), mediante acciones constitucionales que buscan declarar inconstitucional parte de la legislación que regula estos fondos en Costa Rica.

A través de varios videos publicados en redes sociales, Murillo explicó los alcances de una acción de inconstitucionalidad y varios recursos de amparo presentados ante la Sala Constitucional, con el objetivo de que se permita a jubilados y pensionados disponer libremente de los recursos acumulados durante años de trabajo.

La jurista cuestiona específicamente el artículo 22 de la Ley 10.707, normativa que actualmente establece que la devolución total del ROP solo procede en casos de enfermedad grave o terminal.

“Es un dinero que pertenece a los trabajadores. No es justo que las personas tengan que estarse muriendo para que les entreguen su plata”, manifestó Murillo durante una de sus transmisiones.

Reclamo por derechos fundamentales

Según explicó la abogada, las gestiones legales buscan que la Sala Constitucional determine si la normativa vigente vulnera derechos fundamentales como la salud, la dignidad humana, la libertad económica y el derecho de propiedad.

Murillo sostiene que existen miles de personas pensionadas y jubiladas que enfrentan enfermedades degenerativas, discapacidades o serias necesidades económicas, mientras sus recursos permanecen administrados por operadoras de pensiones.

La abogada relató haber recibido múltiples consultas de adultos mayores, viudas, personas con discapacidad y familiares de pensionados fallecidos que afirman tener dificultades para acceder a esos fondos.

“Hay personas que necesitan ese dinero para medicamentos, remodelar sus viviendas, comprar una silla de ruedas o simplemente sobrevivir económicamente”, señaló.

Sala Constitucional rechazó primera gestión

Murillo confirmó que tanto un recurso de amparo como la primera acción de inconstitucionalidad fueron rechazados inicialmente por la Sala Constitucional. Sin embargo, aclaró que en el caso de la acción de inconstitucionalidad el rechazo se produjo por aspectos formales y no por el fondo del tema.

Según indicó, ya presentó nuevamente la gestión incorporando los requisitos solicitados por los magistrados, por lo que espera que ahora sí pueda analizarse el contenido de la demanda.

La jurista aseguró que, de prosperar la acción, los efectos podrían beneficiar a nivel nacional a miles de trabajadores pensionados y jubilados.

Movimiento nacional por devolución del ROP

La abogada también destacó el respaldo de legisladores que impulsan iniciativas relacionadas con la devolución de los fondos del ROP, entre ellos los diputados salientes Ada Acuña, Rocío Alfaro y Gilbert Jiménez.

De acuerdo con Murillo, actualmente existen proyectos y mociones en la corriente legislativa que buscan modificar las condiciones para la entrega de estos recursos.

Asimismo, aseguró que el movimiento analiza acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que las vías internas en Costa Rica no prosperen.

“Esta lucha no es solo mía. Es de todas las personas que sienten que se les está negando el derecho a disponer del dinero que trabajaron durante años”, afirmó.

Murillo continúa brindando orientación y asesoría a personas que aseguran haber recibido negativas por parte de operadoras y juntas directivas bancarias para acceder a sus recursos del ROP.

Si desea observar los videos relacionados a esta nota, puede ingresar al siguiente enlace que corresponde al perfil de la Licda. Grettel Murillo:

https://www.facebook.com/watch/grettelliliana.murillomonge.14

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Alcalde cuestiona al CTP y eleva denuncia ante ARESEP por mal servicio de Tapachula

El alcalde, Juan José Vargas, lanzó fuertes cuestionamientos contra el Consejo de Transporte Público (CTP) por el manejo de denuncias relacionadas con el servicio de transporte público en el cantón, operado por la empresa Compañía de Inversiones La Tapachula.

Durante una intervención ante el Concejo Municipal este martes, el jerarca municipal calificó la situación como “sumamente delicada” y detalló una serie de gestiones realizadas por la alcaldía en los primeros meses del año para canalizar las quejas de los usuarios.

Reunión con el CTP y reclamos por falta de transparencia

Según expuso Vargas, el pasado 11 de febrero la alcaldía sostuvo una reunión con el director ejecutivo a.i. del CTP, Rafael Herrera García, tras solicitar formalmente una audiencia días antes. Sin embargo, la delegación municipal se encontró con la presencia no informada de representantes de la empresa concesionaria, entre ellos su gerente general, Rodrigo Castro Oriamuno, y su asesor legal.

El alcalde manifestó su molestia por esta situación, al considerar que se trataba de una reunión solicitada directamente con el ente regulador. A pesar de ello, indicó que decidieron continuar con el encuentro.

Durante la sesión, afirmó, funcionarios del CTP sostuvieron que la empresa cumplía con sus obligaciones, pese a los múltiples señalamientos presentados por la municipalidad sobre deficiencias en el servicio.

Denuncias desestimadas y críticas al proceso

Uno de los puntos que más generó preocupación, según el alcalde, fue la afirmación de una funcionaria del CTP de que todas las denuncias de usuarios habían sido atendidas satisfactoriamente. Asimismo, se indicó que se realizarían inspecciones durante marzo, las cuales —según Vargas— no se concretaron ni fueron notificadas al gobierno local.

El 17 de febrero, la municipalidad formalizó una denuncia ante el CTP. No obstante, el proceso permitió registrar únicamente una unidad específica, aunque se incluyeron múltiples incidentes en la descripción.

La respuesta llegó el 6 de marzo, cuando la empresa rechazó los señalamientos y el CTP resolvió dar por atendida la denuncia, concluyendo que no existía una infracción en curso.

Vargas cuestionó duramente esta resolución, señalando que no se analizaron todos los alegatos presentados. “Es una vergüenza de institución”, expresó, al tiempo que instó a las autoridades nacionales a investigar el funcionamiento del Consejo.

ARESEP abre investigación

Ante la inconformidad con la resolución del CTP, la alcaldía presentó el caso ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), que ya dio trámite a la denuncia mediante el oficio OF-0921.

De acuerdo con el informe expuesto, la ARESEP inició un proceso que incluye recolección de información del ente rector, inspecciones de campo y análisis técnico para determinar eventuales medidas.

“Los ciudadanos no pueden seguir siendo transportados en estas condiciones”, afirmó. Además, vinculó la situación con afectaciones a la salud mental de los usuarios, al describir la frustración de esperar transporte sin ser atendidos.

Denuncias de usuarios se vienen acumulando desde el 2019

Ya desde el año 2019 varios vecinos de Escazú y Santa Ana, habían creado un grupo fiscalizador de transporte público para recoger denuncias de vecinos de ambos cantones y acudir a los Concejos Municipales, además de sostener reuniones con el MOPT y la Defensoría de los Habitantes.

Pese a las diferentes gestiones, la empresa Tapachula ha venido con los constantes atropellos al servicio de transporte público y un pésimo servicio al cliente, sin que exista una entidad reguladora que les llame realmente la atención. Vecinos y usuarios han mencionado que se ponen las quejas ante el CTP y estos simplemente responden que todo se investigó y señalan que no hay faltas al servicio que se brinda.

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Asociación de Pozos impulsa parque recreativo, estaría ubicado en la actual cancha de fútbol

El distrito de Pozos tendrá próximamente un Parque Recreativo, Deportivo y Cultural tras la presentación de su anteproyecto ante el Concejo Municipal, este se ubicaría donde se encuentra actualmente la cancha de fútbol, detrás de la iglesia católica.

La iniciativa fue expuesta ayer jueves por William Carmona y Pedro Mora, representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Pozos, quienes destacaron que el diseño responde directamente a las necesidades de la comunidad. Para ello, se realizó un proceso participativo que involucró a 382 vecinos, cuyos aportes permitieron identificar las principales carencias del distrito.

De acuerdo con el diagnóstico, un 90% de los participantes considera insuficientes los espacios públicos actuales, mientras que un 86% percibe la plaza central como un sitio poco funcional, inseguro y con limitaciones de acceso.

Demanda por espacios recreativos

Entre las principales solicitudes de la ciudadanía destacan áreas deportivas, mencionadas por el 36% de los encuestados, seguidas de pistas para caminar o correr (20%), juegos infantiles (16%) y zonas verdes para actividades recreativas como picnic (9%). Además, se planteó la necesidad de espacios para ferias comunales, un anfiteatro y mobiliario urbano adecuado.

Diseño inclusivo y multifuncional

El anteproyecto contempla un enfoque integral basado en criterios de equidad de género, accesibilidad universal, inclusión y seguridad activa. Entre las principales obras proyectadas se incluyen una cancha sintética de fútbol, un área techada multiuso con graderías, un nodo de baloncesto, un parque sensorial dirigido a población infantil y personas con discapacidad, así como un gimnasio al aire libre.

Asimismo, se prevé la construcción de más de 750 metros de senderos planos para caminatas y ejercicio, fuentes de agua y una batería sanitaria con diseño de techo verde.

Inversión y cronograma

El proyecto abarcaría una extensión aproximada de 6.800 metros cuadrados, incluyendo un terreno adicional adquirido por la Municipalidad. La inversión inicial para el desarrollo de planos asciende a 30 millones de colones, de los cuales ya se han desembolsado 15 millones, quedando pendiente el monto restante para completar el diseño y gestionar los permisos.

Según lo proyectado, el cartel de licitación estaría listo en julio de 2026, con el inicio de la construcción previsto para enero de 2027.

Apoyo municipal

El alcalde Juan José Vargas reafirmó el compromiso del gobierno local con la iniciativa y planteó la posibilidad de adelantar labores como movimientos de tierra mediante cuadrillas municipales una vez que los planos estén concluidos.

Durante la sesión, regidores municipales reconocieron el nivel técnico del anteproyecto y subrayaron su importancia para fortalecer el tejido social en Pozos, un distrito que enfrenta un acelerado proceso de urbanización.

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Un crimen que estremeció a toda Santa Ana y trascendió hacia otros países del continente

El cantón de Santa Ana, ha vivido recientemente uno de los hechos más impactantes de los últimos años tras el asesinato de la joven nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, cuyo cuerpo fue localizado en una fosa en el distrito de Salitral. El caso, que ha generado indignación nacional e internacional, es investigado como un femicidio.

De acuerdo con las autoridades judiciales, la víctima murió por asfixia, presumiblemente mediante estrangulación, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El principal sospechoso es su expareja, un hombre de apellidos Ramírez Calvo, quien mantuvo una relación de varios años con la joven de la cual procrearon 2 gemelas de tan solo 4 años de edad. Actualmente descuenta prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

El cuerpo de Merlo fue hallado tras varios días de búsqueda, enterrado en una fosa dentro de una propiedad en Salitral, luego de que su familia denunciara su desaparición desde el 31 de marzo.

Un crimen que marca un antes y un después en Santa Ana

Este caso ha sido catalogado por diversos sectores como un hecho sin precedentes en el cantón de Santa Ana en al menos las últimas décadas, debido a la violencia del crimen, el ocultamiento del cuerpo y el contexto de la relación entre víctima y sospechoso.

Santa Ana, tradicionalmente percibido como uno de los cantones con mejor calidad de vida del Valle Central, no había registrado un caso de esta magnitud que combine desaparición, homicidio por asfixia y entierro clandestino dentro de una zona residencial.

Impacto nacional e internacional

El asesinato de Junieysis Merlo no solo ha generado conmoción en Costa Rica, sino que ha tenido eco en otros países de América, especialmente en Nicaragua, de donde era originaria la víctima. La indignación ha trascendido fronteras, con llamados a la justicia por parte de familiares, colectivos y ciudadanos.

Incluso, familiares de la joven han viajado desde el extranjero para exigir justicia y luchar por la custodia de las hijas de la víctima, mientras que en Nicaragua se han realizado manifestaciones y actos de solidaridad.

Un caso que reabre el debate sobre la violencia de género

El crimen ha reavivado la discusión sobre la violencia contra las mujeres en Costa Rica, especialmente en contextos de relaciones de pareja. La brutalidad del hecho y las circunstancias en que ocurrió han encendido alertas sobre la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención, denuncia y protección.

Mientras el proceso judicial avanza, el caso de Junieysis Merlo se mantiene como uno de los más impactantes de los últimos años en el país, no solo por su crudeza, sino por el profundo impacto social que ha generado dentro y fuera de las fronteras costarricenses.

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Desde Nicaragua, padre pide justicia por su hija desaparecida en Salitral

La desaparición de Junieysi Adely Merlo Espinoza, de 29 años, mantiene en vilo a su familia, especialmente a su padre, don Máximo Merlo, quien desde el norte de Nicaragua expresó su profunda preocupación por el paradero de su hija, vista por última vez el pasado martes en el distrito de Salitral, en Santa Ana.

En conversación con Santa Ana Actual, Merlo solicitó a las autoridades judiciales costarricenses redoblar esfuerzos para esclarecer lo ocurrido. Según indicó, la última persona que habría tenido contacto con la joven sería su expareja, un vecino del cantón de apellido Calvo, por lo que pidió que se investigue a fondo su posible vinculación en el caso.

El padre también hizo un llamado a los medios de comunicación para difundir información relevante sobre las últimas actividades de su hija, señalando que, según versiones que ha recibido, Junieysi habría estado en contacto con creadores de contenido en redes sociales, su padre nos mencionó que ella no es Tiktokers. Subrayó que la joven nunca se separaba de sus dos hijas gemelas, de aproximadamente cuatro años, lo que aumenta la preocupación de la familia ante su repentina desaparición.

Junieysi Adely es oriunda de la comunidad de Buena Vista, en el municipio de San Juan del Río Coco, en el departamento de Madriz, Nicaragua. Llegó a Costa Rica hace ocho años, inicialmente estableciéndose en San Carlos, y posteriormente se trasladó a Salitral de Santa Ana tras iniciar una relación con su expareja el cual ahora lo están investigando.

Familiares de la joven temen por su integridad y exigen justicia ante cualquier eventualidad. Además, sus padres han manifestado su intención de viajar a Costa Rica para gestionar la custodia de las menores, con el fin de que queden bajo el cuidado de sus abuelos maternos.

De acuerdo con reportes preliminares en medios nacionales, las autoridades ya se encuentran investigando el caso y habrían decomisado dispositivos electrónicos, como teléfonos y una computadora, a la expareja de la joven como parte de las diligencias.

Santa Ana Actual dará seguimiento a este caso conforme avancen las investigaciones sobre el paradero de esta mujer nicaragüense, madre de dos niñas, cuya desaparición ha generado consternación tanto en Costa Rica como en su país de origen.

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Concejo Municipal aprueba juramentar miembros de Junta de Educación tras renuncias y atrasos salariales desde enero

En sesión ordinaria celebrada la noche de este martes, el Concejo Municipal aprobó el nombramiento de los nuevos integrantes de la Junta de Educación de la Escuela Isabel La Católica, ubicada en Río Oro.

El acuerdo se tomó correspondiente a asuntos de trámite urgente de la presidencia. Durante este punto, el regidor Emmanuel Morales solicitó inhibirse de participar en la discusión y votación, alegando un vínculo laboral con el centro educativo.

Posteriormente, la presidenta municipal, Wendy Mora, presentó una moción con dispensa de trámite de comisión para proceder con el nombramiento. Dicho documento de la terna fue suscrito por la directora del centro educativo, Jacqueline Arias Castro, y cuenta con el aval del supervisor del circuito 4 de Santa Ana, Alonso Jiménez Díaz.

Según se detalló en la sesión, las personas propuestas cumplen con los requisitos establecidos en la Ley N.º 10.631. La terna presentada quedó conformada por Ana Verónica Chavarría Solís, Sigifredo Arias Solís y Elena Chávez Jiménez.

La dispensa de trámite fue aprobada por unanimidad con siete votos. Al no registrarse intervenciones en la discusión de fondo, el Concejo procedió a votar la moción principal, la cual también fue aprobada con siete votos, al igual que su firmeza.

Con este acuerdo, el órgano colegiado oficializa el nombramiento de los tres miembros como parte de la Junta de Educación del centro educativo. Asimismo, se instruyó a la Secretaría Municipal convocar a las personas designadas para su respectiva juramentación, programada para la sesión del próximo martes 5 de abril de 2026.

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Crisis en Junta de Educación de escuela en Río Oro deja salarios sin pagar desde enero

Una nueva crisis golpea a la Junta de Educación de la Escuela Isabel La Católica, tras la reciente renuncia de tres de sus integrantes, situación que mantiene sin pago a trabajadores desde el mes de enero y agrava una problemática que, según vecinos y padres de familia, se arrastra desde hace varios años.

De acuerdo con información recabada por este medio, la inestabilidad en la conformación de la junta no es un hecho aislado. En reiteradas ocasiones, miembros han sido juramentados ante el Concejo Municipal y, pocos meses después, presentan su renuncia, lo que ha generado constantes vacíos administrativos y atrasos en la toma de decisiones clave.

La situación actual tiene consecuencias directas sobre el personal contratado bajo la Junta de Educación, quienes no han recibido sus salarios en lo que va del año. Debido a que el órgano se encuentra incompleto, no es posible autorizar ni girar los pagos correspondientes. Ante este panorama, algunos trabajadores han tenido que recurrir a rifas y otras actividades para cubrir sus gastos básicos.

Retrasos y señalamientos en el Concejo Municipal

Desde el Concejo Municipal se confirmó que el proceso para nombrar a los nuevos miembros de la junta ha enfrentado obstáculos por inconsistencias en la documentación presentada.

Según lo expuesto en sesión municipal, hace aproximadamente 15 días se recibieron propuestas de nuevos integrantes; sin embargo, estas carecían del acta que respalda la aprobación en reunión de personal docente, requisito indispensable para su validación.

Posteriormente, se remitió un documento por parte de la supervisión educativa indicando que la junta anterior había renunciado durante el periodo de vacaciones, lo que habría impedido la realización de dicha reunión. No obstante, el proceso se complicó aún más tras la recepción de una denuncia por parte de docentes, quienes señalaron discrepancias entre los documentos que se les circuló internamente y los enviados al Concejo Municipal.

Incluso, se aportaron correos electrónicos que evidenciarían que la información compartida no coincidía, lo que levantó dudas sobre la transparencia del proceso.

Ante estas inconsistencias, el Concejo solicitó a la dirección del centro educativo subsanar los errores y aclarar cuál es la documentación oficial, con el fin de avanzar en la conformación de la nueva Junta de Educación.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste y los principales afectados continúan siendo los trabajadores, quienes siguen a la espera de una solución que permita regularizar sus pagos y devolver la estabilidad administrativa a la institución.

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Tras cierre temporal por MINAE, vecinos insisten en salida definitiva de Blue Flame en Lindora

A una semana del siniestro ocurrido el sábado 7 de marzo en la planta de gas de la empresa Blue Flame, en el sector de Lindora, vecinos del Residencial Montana y comunidades cercanas continúan manifestando su preocupación y reiterando el llamado a las autoridades para que la empresa cese definitivamente sus operaciones en la zona y se traslade a otro sector más seguro para operar.

El incidente, que involucró la explosión de un contenedor de gas, provocó momentos de pánico entre los residentes de comunidades cercanas. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos indicó que el hecho se debió a un error humano. Días después del suceso, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ordenó una suspensión temporal de las operaciones de la planta mientras se revisan aspectos de seguridad y para su funcionamiento.

En entrevista con Santa Ana Actual, vecinos del Residencial Montana relataron la angustia vivida durante el incidente y explicaron por qué consideran que la planta no debería seguir operando cerca de zonas residenciales.

Marlen Ibañez, vecina del residencial, explicó que la medida cautelar del MINAE genera cierta tranquilidad, pero insistió en que se trata solo de una solución momentánea.

“Como familias en esta comunidad estamos muy preocupados. Sabemos el riesgo que corremos y que estamos prácticamente en la zona cero de riesgo. El cierre temporal nos da cierta seguridad, pero sigue siendo temporal. Como vecinos necesitamos vivir con tranquilidad y saber que nuestras familias están seguras”, señaló.

La vecina también pidió a las autoridades revisar los procesos mediante los cuales se otorgaron los permisos a la empresa, así como evaluar nuevamente los riesgos que enfrenta la comunidad.

Según explicó, en el sector viven alrededor de mil familias, a las que se suman nuevos desarrollos habitacionales en construcción. Además, expresó preocupación por la propuesta del nuevo plan regulador del cantón, que plantea declarar la zona como industrial, cuando históricamente ha sido residencial de alta densidad.

“Si esa zona se declara industrial, empresas como esta podrían extenderse, y eso aumentaría el riesgo para quienes vivimos aquí”, advirtió.

Otra de las residentes, doña Elvira, describió la explosión como una experiencia traumática para quienes estaban en sus casas el día del incidente.

“La experiencia fue terrible. En mis años de vida nunca había escuchado una explosión así. No sabíamos si correr, si sacar a los vecinos, qué hacer con los adultos mayores o con las mascotas. Fue algo espantoso”, relató.

La vecina hizo un llamado a la empresa para que considere trasladar sus operaciones a un lugar donde no represente un peligro para miles de familias.

“La vida está por encima de cualquier actividad comercial o industrial. Aquí viven niños, bebés, mujeres embarazadas y adultos mayores. No pedimos que se vayan mañana, pero sí que reubiquen esta actividad fuera de un área donde vivimos tantas personas”, afirmó.

Por su parte, Jaime, otro de los vecinos entrevistados, indicó que la comunidad continuará organizándose para exigir mayores medidas de prevención y atención por parte de las autoridades.

“El cierre es temporal y no sabemos qué va a pasar después. Por eso hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Emergencias para que nos ayude a establecer un plan preventivo. Nosotros también vamos a organizarnos como comunidad para saber cómo actuar ante una emergencia”, indicó.

Añadió que hasta el momento la empresa no se ha acercado a dialogar con los vecinos, aunque aseguró que la comunidad estaría dispuesta a participar en un proceso de conciliación.

“Estamos abiertos a conversar. Somos seres humanos y podemos dialogar, pero necesitamos respuestas y garantías”, agregó.

Otro residente, José Antonio, relató que el día del incidente muchas personas salieron apresuradamente de sus viviendas sin saber qué estaba ocurriendo, mientras otras, especialmente adultos mayores o personas con discapacidad, no pudieron evacuar.

“Si el evento hubiera sido de mayor magnitud, esas personas que no pudieron salir habrían quedado atrapadas. Lo que estuvo en riesgo fue la vida de más de mil personas entre Montana y las comunidades cercanas”, afirmó.

También cuestionó la reacción de la empresa durante la emergencia, señalando que la respuesta principal provino de los cuerpos de socorro.

“Fueron los bomberos quienes prácticamente solucionaron la situación. Si esto hubiera dependido únicamente de la empresa, el resultado pudo haber sido una tragedia mucho mayor”, dijo.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades nacionales y locales para que revisen la compatibilidad de este tipo de actividades industriales cerca de zonas habitadas.

“Les pedimos a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones que pongan por encima de todo la vida de las personas”, concluyó con la entrevista doña Patricia Orellanos.

Mientras tanto, la comunidad mantiene gestiones ante distintas instancias para que se analice la posibilidad de un cierre definitivo o el traslado de la planta a un lugar que no represente riesgo para los residentes del sector.

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Regidor pide apoyo al Concejo Municipal para aprobar proyecto de un parque en Salitral

El proyecto para construir un nuevo parque en el distrito de Salitral avanza en su proceso dentro del Concejo Municipal y podría ser sometido a votación la próxima semana, luego de que una comisión municipal aprobara por unanimidad el dictamen que respalda la iniciativa.

Así lo explicó el regidor municipal Danny Ureña durante una entrevista realizada por Daniel González, del medio Santa Ana Actual, en la que detalló el estado actual del proyecto y los pasos que siguen para su eventual aprobación.

Según Danny Ureña, el proyecto se encuentra actualmente en etapa de análisis y recomendación dentro de una comisión especial, la cual ya emitió un dictamen favorable que será conocido por el Concejo Municipal en la sesión del próximo martes.

“El dictamen fue aprobado por unanimidad en comisión y lo estaremos viendo este martes en el Concejo Municipal para que sea aprobado”, explicó el regidor.

Un parque necesario para un distrito sin áreas recreativas

De acuerdo con el regidor, uno de los principales argumentos para impulsar el proyecto es la falta de espacios recreativos formales en el distrito. Estudios municipales citados durante la entrevista indican que actualmente Salitral no cuenta con metros cuadrados destinados específicamente a parque.

Con una población aproximada de 5.713 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la recomendación técnica sería disponer de al menos 10 metros cuadrados de área verde por habitante, lo que equivaldría a unos 57.130 metros cuadrados de parque.

“Hoy por hoy hay cero metros cuadrados de parque en Salitral. El distrito está creciendo mucho a nivel habitacional y necesitamos espacios de encuentro para la comunidad”, indicó Ureña.

Inversión estimada de ₡1.400 millones

El dictamen propone una inversión cercana a ₡1.400 millones, monto que permitiría adquirir un terreno de aproximadamente 38.000 metros cuadrados, con el objetivo de acercarse al estándar recomendado de áreas recreativas.

Según explicó el regidor, inicialmente el presupuesto municipal contemplaba alrededor de ₡250 millones para parques, pero el proyecto quedó suspendido debido a ajustes financieros relacionados con pagos judiciales a funcionarios municipales.

La intención ahora es incorporar los recursos necesarios mediante un presupuesto extraordinario.

Ubicación aún no definida

La ubicación definitiva del parque aún no está establecida, ya que dependerá de las propiedades que eventualmente se oferten mediante el sistema de contratación pública.

Entre las opciones analizadas se encuentran terrenos cercanos a la plaza de fútbol de Salitral y otros puntos del distrito como una propiedad ubicada sobre Calle El Perico, estas propiedades deben cumplir con condiciones técnicas como acceso por vía pública, pendientes adecuadas y compatibilidad con el plan regulador.

Ureña señaló que el proyecto contempla espacios de recreación como senderos para caminar o trotar, zonas de descanso, kioscos y áreas de parqueo.

Cancha de fútbol no sería afectada

Uno de los temas que ha generado debate en otros distritos del cantón, como el uso de canchas deportivas para desarrollar parques, no estaría contemplado en el caso de Salitral.

El regidor aclaró que el proyecto busca adquirir un terreno nuevo y no intervenir la actual cancha de fútbol del distrito.

“En este proyecto no está contemplado tocar la cancha de fútbol. Queremos comprar una propiedad que permita desarrollar el parque sin afectar ese espacio”, afirmó.

Posible impulso al turismo rural y a los emprendedores

Durante la conversación también se planteó la posibilidad de que el futuro parque se convierta en un espacio para ferias agrícolas, actividades comunitarias y proyectos de turismo rural vinculados con las montañas y atractivos naturales de la zona.

Ureña destacó que un parque podría convertirse en un punto de encuentro para agricultores, emprendedores y visitantes, fortaleciendo la economía local.

Llamado a los regidores para apoyar el proyecto

De cara a la votación en el Concejo Municipal, el regidor hizo un llamado a sus compañeros para respaldar la iniciativa, argumentando que se trata de un proyecto de interés comunal.

“Invito a los compañeros regidores a que ojalá lo votemos por unanimidad. Salitral necesita este espacio”, manifestó.

El proyecto será discutido en la próxima sesión del Concejo Municipal, donde se definirá si la iniciativa continúa su camino hacia la asignación presupuestaria y eventual ejecución.

Entrevista con Danny Ureña, regidor municipal y vecino del distrito de Salitral

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Festival de la Luz en Santa Ana divide criterios entre Alcaldía y Asociación Cívica

Las diferencias entre la Alcaldía Municipal y la Asociación Cívica de Santa Ana quedaron en evidencia este martes durante la sesión del Concejo Municipal de Santa Ana, en medio de la discusión sobre la organización del próximo Festival de la Luz 2026.

El debate surgió a raíz de un dictamen que proponía aprobar el cierre de calles para el desfile “Ilusión de Navidad” para el 19 de diciembre y establecer que la Asociación Cívica liderara la organización del evento en coordinación con la Municipalidad.

El alcalde Juan José Vargas manifestó estar “totalmente en contra” del acuerdo, cuestionando el alcance del mismo y el papel que asumiría la Asociación. Además, defendió el modelo aplicado en la edición anterior del festival, organizado desde la Administración Municipal, señalando mejoras logísticas y de orden.

Por su parte, el regidor Danny Ureña respaldó la propuesta argumentando que históricamente el desfile ha sido impulsado por la Asociación Cívica, con apoyo municipal, y que la intención era retomar ese esquema tradicional, garantizando un trabajo conjunto.

La discusión evidenció posturas encontradas sobre quién debe liderar la organización del evento y bajo qué condiciones debe darse la coordinación institucional.

Finalmente, el dictamen fue rechazado con seis votos en contra y uno a favor, esto pasará nuevamente a una comisión. Este tema continuará posteriormente, en medio de un escenario donde las diferencias entre la Alcaldía y la Asociación Cívica marcan el rumbo de una de las actividades más emblemáticas del cantón.

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