Familia de Gabriel exige justicia tras accidente con patrulla de la Policía Municipal en Salitral

El caso de Gabriel, un joven de 20 años y vecino de Matinilla de Salitral, ha mantenido a algunos medios de prensa pendientes de este caso, mientras su familia exige justicia por las consecuencias que sufrió tras un accidente de tránsito ocurrido la noche del 12 de abril de 2026, en el que estuvo involucrada una patrulla de la Policía Municipal.

Según el testimonio brindado por Gabriel y su madre, Jazmín, el joven se desplazaba en motocicleta cuando una unidad de la Policía Municipal colisionó contra él durante un operativo desarrollado tras una balacera ocurrida minutos antes en el sector de Las Lapas, en Salitral. La familia sostiene que Gabriel fue confundido con un presunto sospechoso y que la patrulla impactó deliberadamente su motocicleta, provocando que cayera a un guindo y quedara atrapado entre alambres de púas.

Tras el accidente, Gabriel fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios, donde permanece ya varios meses internado. De acuerdo con sus familiares, durante su recuperación sufrió una grave infección que derivó en la amputación de una de sus piernas, además de otras complicaciones médicas que mantienen su estado de salud delicado.

Este caso se mantiene judicializado ya que sus familiares interpusieron una denuncia penal.

Familia ya fue contactada para recibir ayuda municipal

Su madre informó a Santa Ana Actual, que la Municipalidad de Santa Ana los contactó recientemente para entregarles una ayuda económica, pero por recomendación de su abogado prefirió abstenerse a hablar sobre eso.

Alcaldía afirma que el caso está judicializado

El tema fue dado a conocer recientemente este martes anterior en el Concejo Municipal por la regidora Wendy Castro, quien solicitó una actualización sobre el caso.

En respuesta, el alcalde Juan José Vargas Fallas indicó que el expediente se encuentra en proceso judicial, por lo que evitó referirse al fondo del asunto. Agregó que la Municipalidad ha mantenido comunicación con la familia y aseguró que el Concejo aprobó una ayuda económica para Gabriel hasta diciembre, además de otras colaboraciones realizadas de manera privada. Posteriormente, la vicepresidenta del Concejo, Milena Blen, confirmó que la Comisión de Sociales aprobó un aporte económico a nombre de la madre del joven.

La versión de la Policía Municipal

Mediante un comunicado oficial, la Policía Municipal informó que la noche del 12 de abril recibió una alerta por detonaciones de arma de fuego en el sector de Las Lapas.

Según la institución, durante el operativo varias motocicletas fueron observadas circulando a alta velocidad y, pese a las señales de alto realizadas por los oficiales, una de ellas continuó su marcha y terminó colisionando contra la unidad policial.

El comunicado también señala que Gabriel no registraba causas pendientes con la justicia y que corresponde a las autoridades judiciales determinar si existía alguna relación entre él y el hecho investigado. Asimismo, aclara que la Policía Municipal «en ningún momento» afirmó que el joven fuera un sicario y recalca que la investigación permanece en manos del Organismo de Investigación Judicial, así como del Juzgado de Tránsito y del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía.

Algunos medios han replicado esta noticia del Caso de Gabriel

Algunos medios como Trivisión, Multimedios y Repretel han dado a conocer este lamentable hecho. Cuando se dió a conocer este caso, el medio Repretel informó que en apariencia el supuesto sicario (en alusión a Gabriel) habría chocado su motocicleta contra la patrulla de la Policía Municipal.

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¿Por qué no abrió el circo Fuentes Gasca en Santa Ana? Alcalde lo explica

El alcalde Juan José Vargas aseguró este miércoles en un video realizado y subido a las redes sociales del Gobierno Local, que el circo de los Hnos. Fuentes Gasca de México que tenía previsto presentarse en el cantón no pudo realizar sus funciones debido a que no completó los requisitos legales exigidos para obtener la autorización municipal.

Según explicó, la solicitud presentada por la empresa estaba incompleta, ya que carecía del permiso del Ministerio de Salud y de las aprobaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) para las estructuras. Además, indicó que el Ministerio de Salud finalmente denegó el permiso, por lo que el trámite no continuó.

Hace algunas semanas atrás este medio consultó con la administración del circo, precisamente del porqué no pudieron iniciar o abrir al público en el cantón, y lo que ellos mencionaron en su momento fue que tuvieron muchos inconvenientes para abrir por lo que se tomó la decisión de no continuar. Recordemos que sus dueños son mexicanos y ellos recorren todos los países ofreciendo funciones a todo público.

Puede ver el video del alcalde Juan José Vargas referirse a este tema en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/reel/1237815355045388

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Colegio privado en Santa Ana acumula deuda millonaria y enfrenta reclamos laborales

El medio digital CR Hoy dio a conocer una investigación en la que revela que el Colegio Franz Liszt Schule, ubicado en Santa Ana, mantiene deudas que superan los ₡940 millones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), según registros oficiales consultados por ese medio.

De acuerdo con la publicación, la sociedad Kiwi Learning Centre S.A., vinculada al centro educativo, registra una deuda de ₡664.314.651 ante la CCSS, compuesta por ₡638,4 millones por morosidad y ₡25,9 millones por responsabilidad solidaria, en condición de cobro administrativo.

A esa cifra se suma una deuda de ₡277.651.378 ante Jupema, lo que eleva el monto total de las obligaciones registradas a más de ₡942 millones.

La investigación también recoge el testimonio de 13 exdocentes que aseguran que, pese a que las cuotas de la CCSS y Jupema eran rebajadas de sus salarios, estos aportes no siempre fueron reportados correctamente a las instituciones correspondientes.

Algunos excolaboradores señalaron haber detectado inconsistencias al revisar sus historiales laborales. Una exdocente indicó que descubrió que no aparecía asegurada ante la CCSS, mientras que otra afirmó que, tras más de diez años de trabajo, únicamente se reflejaba alrededor de un año y medio de cotizaciones en Jupema.

Además existen dos procesos laborales en trámite contra el centro educativo ante el Juzgado de Trabajo. Las demandas incluyen reclamos por presuntos atrasos salariales, incumplimientos en el traslado de cuotas a la CCSS y Jupema, así como el pago de prestaciones laborales y otros derechos derivados de la relación laboral.

Los exdocentes también denunciaron presuntos atrasos en el pago de salarios y aguinaldos, contratación bajo la modalidad de servicios profesionales pese a existir una relación laboral, falta de reconocimiento de horas extra y otros incumplimientos laborales.

Los procesos judiciales mencionados continúan en trámite y, hasta el momento, no existe una resolución definitiva sobre las denuncias presentadas.

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Polémica por parada de buses en Piedades será analizada por el CTP

El Concejo Municipal conoció este martes, una iniciativa presentada por el síndico de Piedades, Marlon Jiménez Artavia, quien solicitó al Consejo de Transporte Público (CTP) y al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) realizar un estudio técnico para determinar la viabilidad de construir una bahía para autobuses al costado norte de la Escuela Ezequiel Morales Aguilar sobre la ruta nacional 121, tras la eliminación de una parada que operaba en ese sector.

Durante su intervención, Mauricio Jiménez aseguró que en los últimos días ha circulado información falsa sobre el cambio de la parada, incluyendo un aviso colocado en el sitio que atribuía la decisión directamente al alcalde, pese a no contar con identificación oficial de la Municipalidad. El síndico afirmó que esta situación ha generado desinformación y críticas hacia su persona y la administración municipal.

El síndico explicó en el Concejo que la Municipalidad no tiene la potestad legal para eliminar o autorizar paradas de autobús, ya que esa competencia corresponde exclusivamente al Consejo de Transporte Público CTP.

El regidor Walter Herrera acogió la iniciativa como moción para remitir la solicitud de forma inmediata al CTP. Posteriormente, el regidor Danny Ureña planteó incorporar una consulta para que el Consejo de Transporte Público confirme formalmente si la parada eliminada carecía de autorización, con el objetivo de respaldar la información ante la comunidad.

Por su parte, el alcalde Juan José Vargas señaló que la decisión de clausurar la parada respondió a una solicitud planteada tiempo atrás por la Asociación de Desarrollo de Piedades y a información suministrada por el CTP. Añadió que la medida también fue analizada en la Junta Cantonal Vial debido a problemas de seguridad y congestionamiento vial en las inmediaciones de la escuela. Asimismo, mencionó que existe documentación del CTP con el listado de las paradas legales del cantón y ofreció remitirla a los miembros del Concejo Municipal.

Finalmente, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la moción, con el propósito de trasladar la solicitud al Consejo de Transporte Público para que sea esa entidad la que realice la valoración técnica correspondiente.

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Allanamientos en Barrio España dejan tres menores detenidos por presunto tráfico de drogas

Tres menores de edad fueron detenidos la mañana de este jueves por agentes de la Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como sospechosos de integrar una aparente estructura dedicada a la venta de drogas en el sector de Barrio España conocido como La Chimba.

La investigación se inició a principios de este mes, luego de que las autoridades recibieran una denuncia sobre la supuesta comercialización de sustancias ilícitas en las cercanías de un centro educativo. Tras varias semanas de seguimiento, el caso culminó con una serie de allanamientos realizados en distintos sectores del cantón.

En el operativo participaron agentes de la Sección Penal Juvenil del OIJ, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) de la Fuerza Pública y la Policía Municipal de Santa Ana.

Como resultado de las diligencias, fueron capturados tres menores de 14, 16 y 17 años, quienes figuran como sospechosos de dedicarse al narcomenudeo. Uno de ellos fue detenido en vía pública cuando se desplazaba en motocicleta junto a otro acompañante.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron una importante cantidad de aparente droga, teléfonos celulares y otros elementos probatorios que serán incorporados al expediente judicial.

Según la información preliminar, los operativos tenían como objetivo intervenir al menos tres puntos donde, presuntamente, se distribuían sustancias ilícitas.

Los tres menores fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, que será el encargado de determinar las medidas cautelares y su situación jurídica. Mientras tanto, el OIJ indicó que la investigación continúa para establecer si existen más personas vinculadas con esta aparente estructura de venta de drogas que operaba en ese sector.

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Sala IV suspende orden de desalojo a familia de escasos recursos en Barrio España mientras resuelve recurso de amparo

Una familia vecina de la comunidad de Barrio España, en el distrito Uruca, obtuvo una medida cautelar de protección luego de que la Sala Constitucional admitiera para estudio un recurso de amparo presentado contra el Ministerio de Seguridad Pública y a la Dirección General de la Fuerza Pública, relacionado con una orden de desalojo administrativo que les había sido notificada por medio de un tercero.

De acuerdo con la resolución judicial, el recurso fue interpuesto por la Dra. Grettel Liliana Murillo Monge, del Despacho de Litigantes Especializados Murimen Soluciones & Asociados, a favor de Haidee Felicia Durán Bonilla de 83 años y su grupo familiar, quienes enfrentaban la posibilidad de ser despojada de la propiedad que ocupa desde hace más de cinco décadas.

Según se desprende del documento emitido por la Sala Constitucional el pasado 17 de junio de 2026, los magistrados(as) de la Sala Constitucional solicitaron informes al Ministerio de Seguridad Pública y a la Dirección General de la Fuerza Pública sobre los hechos denunciados. Además, la resolución establece que, mientras se analiza el fondo del recurso, no podrá ejecutarse la orden de desalojo objeto de discusión con la cual esta familia de escasos recursos y en plena vulnerabilidad absoluta ha obtenido un alivio ante esta situación.

En uno de los apartados más relevantes del fallo se indica expresamente que la suspensión del recurso implica ordenar a las autoridades recurridas no ejecutar la orden de desalojo hasta que la Sala resuelva el caso o disponga otra medida.

La situación había generado gran preocupación entre los integrantes de la familia afectada sobre todo a la adulta mayor de 83 años que presentaban un cuadro de vulnerabilidad y psicológica, quienes aseguran ser de escasos recursos económicos, ellos temían perder el lugar donde han vivido por más de cinco década. Dentro de la documentación aportada al expediente figura además una carta suscrita por vecinos de Barrio España, quienes respaldan a la familia y admiten que han permanecido en el inmueble durante aproximadamente 54 años en posesión pública legítima.

En el recurso se argumenta que durante el proceso administrativo no se habrían valorado adecuadamente elementos probatorios relacionados con la posesión del terreno y la identificación de la finca en disputa. Asimismo, se señala que la resolución administrativa calificó la ocupación como «precaria», criterio que es cuestionado por la parte recurrente.

La medida adoptada por la Sala Constitucional no representa una resolución definitiva sobre la propiedad o posesión del inmueble, sin embargo, es una protección temporal para evitar que el desalojo se materialice mientras los magistrados(as) analizan los argumentos planteados y emiten una sentencia sobre el fondo del asunto.

Para la familia, la decisión representa un alivio momentáneo y la oportunidad de continuar defendiendo sus derechos por la vía judicial, mientras la máxima instancia constitucional del país determina si existió alguna vulneración a sus garantías individuales.

Resolución de la Sala Constitucional

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Gobierno Local inicia acciones contra invasiones en vías públicas y aceras

El alcalde Juan José Vargas, informó durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal de este martes que la administración municipal ha comenzado un proceso de notificación y remoción de estructuras que invaden espacios públicos, especialmente aceras y derechos de vía.

Según explicó el jerarca, la medida surge a partir de un informe actualizado elaborado por el Proceso de Planificación Urbana sobre casos identificados de ocupación indebida de espacios públicos que podrían requerir eventuales demoliciones.

Vargas señaló que la Municipalidad ha decidido actuar en aquellos casos donde, pese a las advertencias y regulaciones existentes, algunos ciudadanos han realizado construcciones o instalado estructuras en áreas destinadas al tránsito peatonal o al uso público.

Entre las intervenciones ya ejecutadas se encuentran la remoción de rótulos ubicados dentro del derecho de vía, jardineras construidas sobre aceras, casetillas, verjas y otras estructuras que obstaculizaban el libre paso de las personas.

El alcalde destacó que el procedimiento inicia con la notificación formal a los propietarios, a quienes se les concede un plazo para realizar voluntariamente el retiro de las obras. En caso de incumplimiento, la Municipalidad procede con la demolición o remoción correspondiente.

«Hay dos prioridades en los gobiernos: la seguridad de los ciudadanos y la legalidad», manifestó Juan José Vargas durante su exposición ante los regidores.

Asimismo, indicó que algunos vecinos han colaborado con las disposiciones municipales, retirando por cuenta propia las estructuras señaladas una vez recibida la notificación.

El alcalde reconoció que estas acciones pueden generar inconformidad entre algunos ciudadanos, pero aseguró que son necesarias para garantizar el respeto a la ley, la accesibilidad peatonal y el ordenamiento urbano en el cantón.

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Centro Diurno Joaquín y Ana operará bajo convenio de uso en precario por Casa San Antonio de Padua

El Concejo Municipal aprobó este lunes el convenio para el permiso de uso en precario a favor de la Asociación de Adultos Mayores San Antonio de Padua, esta asociación se encuentra ubicada en el distrito de Pavas del capital, luego de que previamente se hubiera avalado la idoneidad de la organización por parte de CONAPAM y la Municipalidad.

Durante la discusión, el regidor Danny Ureña Marín consultó sobre una cláusula del convenio que establece la posibilidad de que la Municipalidad brinde apoyo económico para alimentación o cubra servicios profesionales destinados a la atención integral de personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad social que no puedan ser atendidas con recursos del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).

Ureña solicitó aclarar cuáles serían las condiciones que impedirían a una persona acceder a los recursos de Conapam y, por ende, requerir apoyo municipal. En respuesta, se explicó que Conapam atiende únicamente a personas que califican dentro de los parámetros de pobreza o pobreza extrema establecidos mediante la plataforma del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).

El alcalde Juan José Vargas indicó que la Municipalidad puede intervenir en casos de vulnerabilidad social que no necesariamente encajen en las categorías de pobreza o pobreza extrema, siempre mediante estudios técnicos realizados por el departamento correspondiente.

El Alcalde señaló que en el pasado se presentaron situaciones en las que algunas personas recibían subsidios sin cumplir criterios de vulnerabilidad, pese a contar con ingresos o redes familiares que les permitían asumir los costos de atención. Por ello, aseguró que actualmente se aplican controles más rigurosos para garantizar que la ayuda llegue a quienes verdaderamente la necesitan.

Posteriormente el Concejo Municipal aprobó de forma unánime este convenio.

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Policía Municipal detuvo esta madrugada a sujeto por preparar drogas para distribución

Oficiales de la Policía Municipal realizaron una intervención durante la madrugada que culminó con la detención de un hombre de apellido Castillo, quien presuntamente se encontraba preparando dosis de distintos tipos de aparente droga para su posterior distribución.

Según informó la policía, el sujeto fue ubicado en una zona apartada del cantón mientras alistaba las sustancias. Tras la intervención, los oficiales procedieron con su aprehensión y lo pusieron a la orden de la Fiscalía de Flagrancia, donde enfrentará el respectivo proceso judicial.

Las autoridades indicaron que este tipo de acciones forman parte de los operativos preventivos y de vigilancia que se desarrollan en diferentes sectores de Santa Ana con el objetivo de combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad ciudadana.

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Gobierno Local limitará entrenamientos en parques públicos de Santa Ana y Piedades

El Concejo Municipal conoció este martes una decisión de la Alcaldía relacionada con el uso de los espacios deportivos en los parques recreativos de Santa Ana y Piedades, donde ya no se autorizarán entrenamientos deportivos permanentes por parte de escuelas o grupos organizados.

La medida fue expuesta durante la sesión ordinaria de este martes, en el cual se señala que no será posible continuar otorgando permisos permanentes para entrenamientos en dichas instalaciones.

La vicealcaldesa María de los Angeles Rivera explicó ante el Concejo que la decisión responde a la necesidad de garantizar que los espacios sean utilizados libremente por toda la comunidad y no únicamente por grupos organizados.

Según indicó, actualmente la mayoría de las canchas ya están asignadas mediante el Comité Cantonal de Deportes, por lo que la municipalidad busca evitar que vecinos deban esperar varias horas para utilizar las instalaciones recreativas.

“Decidimos que sea para el uso exclusivo de toda la comunidad, que no haya ninguna limitación para niños, adolescentes o adultos que deseen practicar deporte”, manifestó la vicealcaldesa durante la discusión.

Uno de los temas que generó consultas fue la situación de los grupos de patinaje que utilizaban la pista del parque de Santa Ana. La regidora Wendy Mora consultó qué ocurrirá con estos atletas, señalando que en la zona existen pocos espacios adecuados para esta disciplina.

En respuesta, la vicealcaldesa aseguró que los entrenamientos de patinaje ya se trasladaron desde hace varios meses a otro sector, específicamente en Pozos, y sostuvo que permitir nuevamente esta práctica en la pista del parque podría representar riesgos para otros usuarios.

“Van niños, bicicletas, patinetas y personas corriendo. La velocidad que adquieren quienes practican patinaje es de cuidado”, afirmó, al justificar la decisión de no permitir este tipo de entrenamientos en el lugar.

Otro de los puntos discutidos surgió a raíz de una actividad anunciada por el exfutbolista Ismael Gómez, quien, según mencionó el regidor Emmanuel Morales, realizará una actividad con niños frente a la municipalidad este sábado.

Ante la consulta sobre una aparente contradicción con la nueva medida, la vicealcaldesa aclaró que sí se podrán autorizar actividades ocasionales o recreativas, siempre y cuando no impliquen entrenamientos permanentes con horarios fijos.

“Los entrenamientos son fechas y horarios fijos, mientras que esto es una actividad ocasional”, explicó.

Eso sí, algunos grupos deportivos y asociaciones han venido reclamando que ya no cuentan con espacios para entrenar o hacer deporte. Anteriormente en ambos parques existió una cancha de fútbol, en la actualidad hay un proyecto donde también se piensa eliminar la cancha de fútbol de Pozos para realizar un parque recreativo como el de Santa Ana y Piedades.

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