El alcalde Juan José Vargas, informó durante la sesión del Concejo Municipal de este martes que la aplicación del aumento salarial aprobado para los funcionarios municipales permanece en análisis debido a un criterio emitido por el Departamento Legal de la Municipalidad, el cual cuestiona la forma en que fue adoptado el acuerdo por el Concejo Municipal.

Según explicó el jerarca, el acuerdo municipal que buscaba establecer un ajuste salarial para los trabajadores de la Municipalidad, fue remitido al Departamento Legal tras surgir consultas por parte de Recursos Humanos. La asesora legal Andrea Robles concluyó que no avala la ejecución del aumento y recomendó que cualquier eventual proceso para analizar o anular el acuerdo sea realizado por un profesional externo, debido a un posible conflicto de intereses al tratarse de funcionarios que también serían beneficiarios del incremento.

Juan José Vargas indicó que además hizo consultas con asesores de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), quienes respaldaron el criterio jurídico sobre el fondo del asunto, aunque señalaron que no consideran indispensable contratar a un abogado externo para emitir una valoración adicional. Ante ello, el alcalde manifestó su interés en que los asesores legales del Concejo Municipal analicen el expediente y emitan una recomendación que permita resolver la situación.

El alcalde también enfatizó que, hasta el momento, no se ha tomado la decisión de dejar sin efecto el aumento salarial, sino que la administración ha procurado actuar conforme a la legalidad mientras se aclaran las observaciones planteadas por Recursos Humanos y el Departamento Legal. Asimismo, afirmó que existe contenido presupuestario para dicho ajuste.

Durante la discusión, el regidor José Roberto Castro consultó cuáles eran las preocupaciones legales que impedían aplicar el incremento, considerando que el presupuesto ya había sido aprobado y que la autonomía municipal permitiría realizar el ajuste.

Por su parte, el regidor Danny Ureña planteó la necesidad de definir con precisión el objetivo de la consulta jurídica que realizará el Concejo, para determinar si se busca establecer la legalidad del acuerdo aprobado o, por el contrario, elaborar una ampliación que subsane las observaciones realizadas por el Departamento Legal.

El presidente del Concejo Municipal Gonzalo Rojas anunció que el expediente será trasladado a los asesores legales del órgano deliberativo, quienes contarán con un plazo de 10 días para emitir un análisis. Además se convocará a audiencia al sindicato de la ANEP en una sesión ordinaria del Concejo Municipal para hablar sobre este tema el próximo 4 de agosto.