Gobierno Local queda por debajo del promedio en plan piloto del Índice de Transparencia 2025

La Municipalidad de Santa Ana obtuvo una calificación de 34,5 puntos en el plan piloto del Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP) 2.0 correspondiente al año 2025, ubicándose por debajo del promedio general del estudio, fijado en 36,7 puntos.

El informe fue elaborado por la Defensoría de los Habitantes en conjunto con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública y forma parte de una nueva metodología de evaluación aplicada como plan piloto durante este año.

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Según el gráfico, Santa Ana aparece en la posición media-baja de las municipalidades evaluadas, superando a gobiernos locales como Escazú, Paraíso, Nicoya y Tibás, pero lejos de los primeros lugares ocupados por Heredia, Desamparados y Montes de Oca.

El ITSP mide el nivel de transparencia que ofrecen las instituciones públicas costarricenses a través de sus sitios web, tomando en cuenta factores como acceso a información pública, actualización de datos, publicación de documentos y estándares de transparencia activa.

De acuerdo con la explicación oficial, el ITSP 2.0 busca modernizar la evaluación y adaptarla a mejores prácticas internacionales, además de servir como herramienta para identificar oportunidades de mejora en las instituciones públicas.

La Defensoría señaló que durante el 2026 se trabajará en la consolidación técnica y aplicación completa de la nueva metodología, con el objetivo de fortalecer el acceso ciudadano a la información pública y mejorar los estándares de transparencia en el país.

En el caso del sector municipal, el promedio general fue de 36,7 puntos, mientras que la Municipalidad de Heredia lideró la evaluación con 73,1 puntos. Santa Ana quedó 2,2 puntos por debajo del promedio general del estudio.

Puede ver este informe completo en el siguiente enlace:

https://www.dhr.go.cr/red_de_transparencia/indice_de_transparencia_del_sector_publico.aspx

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Laura Fernández anuncia gabinete y confirma continuidad de Rodrigo Chaves en el Gobierno

La presidenta electa Laura Fernández presentó este martes en el Teatro Nacional de Costa Rica el equipo que la acompañará a partir del próximo viernes, destacando la permanencia del actual mandatario Rodrigo Chaves Robles dentro de la función pública.

Según el anuncio oficial, Chaves asumirá los cargos de ministro de la Presidencia y jerarca de Hacienda, una decisión que le permitirá continuar dentro de la estructura gubernamental una vez concluya su mandato presidencial.

La continuidad del mandatario también implica que conservará el beneficio de la inmunidad, mientras avanzan investigaciones en su contra por presuntos delitos de concusión, financiamiento electoral anómalo y beligerancia política, casos que actualmente son tramitados por el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Para que dichas causas puedan avanzar judicialmente, la Asamblea Legislativa tendría que aprobar el levantamiento de la inmunidad con al menos 38 votos.

Dentro de los principales movimientos del nuevo gabinete destaca el traslado de Manuel Tovar Rivera desde el Ministerio de Comercio Exterior hacia la Cancillería. En su lugar, la actual viceministra Indiana Trejos Gallo asumirá el Ministerio de Comercio Exterior, con la meta de fortalecer la promoción internacional de Costa Rica como destino de inversión y negocios.

Asimismo, Gerald Campos Valverde fue designado como jerarca de Seguridad Pública, Policía y Gobernación, con el objetivo de reforzar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Campos trabajará junto al abogado Gabriel Aguilar Vargas, quien estará al frente del Ministerio de Justicia y Paz y tendrá entre sus principales tareas impulsar la construcción de la cárcel de máxima seguridad conocida como “Cacco”.

La mandataria electa también confirmó la continuidad de varios jerarcas actuales, entre ellos Efraím Zeledón Leiva en Obras Públicas y Transportes, Leonardo Sánchez Hernández en Educación Pública, Paula Bogantes Zamora en Ciencia y Tecnología y Yorleny León Marchena en Desarrollo Humano e Inclusión Social e IMAS.

Principales nombramientos anunciados:

  • Presidencia y Hacienda: Rodrigo Chaves Robles
  • Relaciones Exteriores y Culto: Manuel Tovar Rivera
  • Seguridad Pública: Gerald Campos Valverde
  • Justicia y Paz: Gabriel Aguilar Vargas
  • Obras Públicas y Transportes: Efraím Zeledón Leiva
  • Educación Pública: Leonardo Sánchez Hernández
  • Salud: Alexander Sánchez Cabo
  • Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones: Paula Bogantes Zamora
  • Comercio Exterior: Indiana Trejos Gallo
  • Comunicación: Arnold Zamora Miranda

Además, Fernández anunció nombramientos en instituciones autónomas y presidencias ejecutivas como la CCSS, ICE, Recope, AyA, INA, ICT, Sinart e Incofer, entre otras entidades públicas.

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Abogada santaneña impulsa acciones legales para exigir devolución total del ROP

La Dra. Grettel Liliana Murillo Monge quien es Especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, vecina de Piedades, mantiene una intensa lucha jurídica y social para exigir la devolución total del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), mediante acciones constitucionales que buscan declarar inconstitucional parte de la legislación que regula estos fondos en Costa Rica.

A través de varios videos publicados en redes sociales, Murillo explicó los alcances de una acción de inconstitucionalidad y varios recursos de amparo presentados ante la Sala Constitucional, con el objetivo de que se permita a jubilados y pensionados disponer libremente de los recursos acumulados durante años de trabajo.

La jurista cuestiona específicamente el artículo 22 de la Ley 10.707, normativa que actualmente establece que la devolución total del ROP solo procede en casos de enfermedad grave o terminal.

“Es un dinero que pertenece a los trabajadores. No es justo que las personas tengan que estarse muriendo para que les entreguen su plata”, manifestó Murillo durante una de sus transmisiones.

Reclamo por derechos fundamentales

Según explicó la abogada, las gestiones legales buscan que la Sala Constitucional determine si la normativa vigente vulnera derechos fundamentales como la salud, la dignidad humana, la libertad económica y el derecho de propiedad.

Murillo sostiene que existen miles de personas pensionadas y jubiladas que enfrentan enfermedades degenerativas, discapacidades o serias necesidades económicas, mientras sus recursos permanecen administrados por operadoras de pensiones.

La abogada relató haber recibido múltiples consultas de adultos mayores, viudas, personas con discapacidad y familiares de pensionados fallecidos que afirman tener dificultades para acceder a esos fondos.

“Hay personas que necesitan ese dinero para medicamentos, remodelar sus viviendas, comprar una silla de ruedas o simplemente sobrevivir económicamente”, señaló.

Sala Constitucional rechazó primera gestión

Murillo confirmó que tanto un recurso de amparo como la primera acción de inconstitucionalidad fueron rechazados inicialmente por la Sala Constitucional. Sin embargo, aclaró que en el caso de la acción de inconstitucionalidad el rechazo se produjo por aspectos formales y no por el fondo del tema.

Según indicó, ya presentó nuevamente la gestión incorporando los requisitos solicitados por los magistrados, por lo que espera que ahora sí pueda analizarse el contenido de la demanda.

La jurista aseguró que, de prosperar la acción, los efectos podrían beneficiar a nivel nacional a miles de trabajadores pensionados y jubilados.

Movimiento nacional por devolución del ROP

La abogada también destacó el respaldo de legisladores que impulsan iniciativas relacionadas con la devolución de los fondos del ROP, entre ellos los diputados salientes Ada Acuña, Rocío Alfaro y Gilbert Jiménez.

De acuerdo con Murillo, actualmente existen proyectos y mociones en la corriente legislativa que buscan modificar las condiciones para la entrega de estos recursos.

Asimismo, aseguró que el movimiento analiza acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que las vías internas en Costa Rica no prosperen.

“Esta lucha no es solo mía. Es de todas las personas que sienten que se les está negando el derecho a disponer del dinero que trabajaron durante años”, afirmó.

Murillo continúa brindando orientación y asesoría a personas que aseguran haber recibido negativas por parte de operadoras y juntas directivas bancarias para acceder a sus recursos del ROP.

Si desea observar los videos relacionados a esta nota, puede ingresar al siguiente enlace que corresponde al perfil de la Licda. Grettel Murillo:

https://www.facebook.com/watch/grettelliliana.murillomonge.14

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BN cobrará comisión por saldo mínimo y usuarios cuestionan nuevas medidas bancarias

El anuncio del Banco Nacional sobre el cobro de una comisión mensual a las cuentas con saldos inferiores a ₡25.000 ha generado molestia y preocupación entre clientes de la entidad financiera estatal, quienes consideran que la medida representa una carga adicional en medio del creciente descontento por los problemas de estafas bancarias que afectan al sistema financiero nacional.

La disposición comenzará a aplicarse a partir de este viernes 1.º de mayo de 2026 y establece un cobro mensual de ₡5.000 —o $10 en cuentas en dólares— para aquellas cuentas que no mantengan el saldo mínimo requerido.

Según informó el banco, la medida no aplicará para cuentas salario, cuentas de pensionados, productos juveniles, cuentas con ahorros programados activos y algunas cuentas asociadas al pago de créditos vigentes.

No obstante, en redes sociales y espacios de opinión digital, numerosos usuarios han expresado su inconformidad, señalando que las entidades bancarias estatales deberían enfocarse primero en reforzar la seguridad de sus plataformas y en mejorar la atención a víctimas de fraudes electrónicos, antes de imponer nuevos cobros a los clientes.

En los últimos años, tanto el Banco Nacional de Costa Rica como el Banco de Costa Rica han enfrentado cuestionamientos públicos por casos de estafas bancarias, suplantación de identidad y fraudes electrónicos reportados por usuarios mediante llamadas falsas, enlaces maliciosos y robo de credenciales bancarias.

El Banco Nacional ha sido particularmente señalado por usuarios y consumidores debido al volumen de denuncias relacionadas con estafas electrónicas y supuestas vulnerabilidades en procesos de seguridad digital, situación que ha provocado críticas constantes hacia la entidad y solicitudes de mayor protección para los clientes.

Algunos usuarios consideran contradictorio que, mientras persisten reclamos por pérdidas económicas derivadas de fraudes, ahora se implementen penalizaciones económicas para quienes mantienen bajos montos en sus cuentas.

“Ahora resulta que además de preocuparnos por las estafas, también debemos pagar por no tener suficiente dinero en la cuenta”, comentó un usuario en redes sociales tras conocerse la medida.

Especialistas financieros señalan que este tipo de políticas buscan incentivar la permanencia de fondos y reducir costos operativos de cuentas inactivas o de bajo movimiento. Sin embargo, advierten que el impacto podría recaer principalmente sobre personas de ingresos limitados, trabajadores independientes y pequeños ahorrantes.

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Perros que salvan vidas: homenaje a los héroes de cuatro patas

Cada último domingo de abril se conmemora el Día Internacional del Perro de Búsqueda y Rescate, una fecha dedicada a reconocer la labor de estos canes que, junto a sus guías, arriesgan todo para salvar vidas en situaciones extremas.

Entrenados para actuar en desastres naturales, avalanchas o casos de personas extraviadas, estos perros destacan por su extraordinario sentido del olfato, hasta 10.000 veces más potente que el humano. Gracias a esta capacidad, pueden localizar víctimas en condiciones donde el acceso resulta difícil o imposible para los rescatistas.

Más allá de su destreza, su trabajo se basa en la estrecha relación que forman con sus guías, conformando binomios altamente coordinados que marcan la diferencia entre la vida y la muerte en momentos críticos.

La fecha invita a visibilizar su entrenamiento, disciplina y valentía, así como a valorar el compromiso de los equipos de rescate que integran, verdaderos héroes silenciosos en cada emergencia.

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Frente Feminista en Santa Ana impulsa reforma al Código Penal para ampliar el concepto de femicidio

El Frente Feminista del Frente Amplio en Santa Ana presentó una solicitud formal para reformar el Código Penal costarricense, con el objetivo de ampliar el concepto de femicidio, incorporar la figura del feminicidio y tipificar nuevas formas de violencia extrema contra las mujeres.

En conversación con Santa Ana Actual Noticias, Raquel Berrocal Sibaja explicó que la iniciativa surge ante lo que consideran “vacíos estructurales” en la legislación actual, que limitan la comprensión y sanción integral de la violencia de género en el país.

Diferenciar femicidio y feminicidio

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la inclusión del término feminicidio, diferenciándolo del femicidio. Según Berrocal, el femicidio se refiere al asesinato de una mujer por razones de género, generalmente cometido por una persona cercana o con vínculo previo.

En cambio, el feminicidio implicaría la responsabilidad o permisividad del Estado en estos crímenes, ya sea por omisión, negligencia o falta de protección efectiva. “No son lo mismo, y esa distinción es clave para entender el problema en su dimensión real”, señaló.

Ampliar el alcance del delito

La organización también propone eliminar la restricción actual que vincula el femicidio únicamente a relaciones de pareja o expareja. Argumentan que esta limitación deja por fuera numerosos asesinatos motivados por razones de género en otros contextos, como relaciones de poder, autoridad o violencia sexual.

Asimismo, plantean que la legislación incorpore un enfoque interseccional, reconociendo que las mujeres enfrentan distintos niveles de vulnerabilidad según factores como etnia, religión, condición socioeconómica, discapacidad u orientación sexual.

Vacíos en la legislación sobre violencia post mortem

Otro eje de la propuesta responde a casos recientes que evidencian la falta de regulación sobre actos de violencia extrema contra el cuerpo de las víctimas tras su muerte. Berrocal mencionó el caso de Nadia Peraza como un ejemplo que expone estas carencias legales.

“Actualmente no existe una tipificación específica para sancionar la violencia ejercida sobre los cuerpos sin vida, como la mutilación o el desmembramiento, lo cual representa una forma extrema de violencia de género que debe ser reconocida”, indicó.

Propuestas concretas

Entre las principales solicitudes del Frente Feminista se encuentran:

  • Incluir todas las formas de asesinato por razones de género dentro del concepto de femicidio.
  • Incorporar el feminicidio como categoría jurídica autónoma.
  • Tipificar la violencia contra cuerpos sin vida como agravante o delito específico.
  • Adoptar un enfoque interseccional en la legislación.
  • Establecer agravantes en casos de odio o discriminación.

La agrupación espera que estas propuestas sean acogidas por las diputaciones del Frente Amplio y otras fracciones legislativas, con el fin de impulsar una reforma que, aseguran, permitiría una respuesta más integral y justa frente a la violencia de género en Costa Rica, tal como la ocurrida el día de hoy con el hallazgo de una femenina nicaragüense de 29 años encontrada sin vida en una propiedad en el distrito de Salitral, donde el principal sospechoso de matarla es su expareja sentimental.

“Se trata de reconocer todas las dimensiones de estas violencias y garantizar no solo sanciones proporcionales, sino también el respeto a la dignidad, la memoria y los derechos de las víctimas”, concluyó Berrocal.

Si desea sumarse a esta iniciativa, puede llenar el formulario en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/document/d/167WsQoM0u7LjoA3PXq5A-V_90N2U6QzbikSqHRYd9Jk/edit?usp=sharing

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Cruz Roja atendió emergencias cada 53 segundos en Semana Santa y advierte crisis financiera

La Cruz Roja Costarricense presentó este martes el balance del operativo de Semana Santa, en el que reportó un aumento significativo en la demanda de emergencias, al tiempo que alertó sobre una delicada situación financiera que pone en riesgo la continuidad de sus servicios en el mediano plazo.

Durante la conferencia de prensa, la presidenta de la institución, Dayane Norénco González, informó que se atendieron más de 11.600 incidentes a nivel nacional, lo que elevó la frecuencia de respuesta a una emergencia cada 53 segundos, superando los registros del año anterior.

En total, se brindó atención a 1.075 personas en puestos instalados durante el operativo, mientras que 561 pacientes requirieron traslado a centros médicos, una disminución en comparación con 2025. Según la institución, esto evidencia una mayor capacidad resolutiva en sitio, lo que contribuyó a descongestionar los servicios de salud.

Uno de los datos más preocupantes fue el incremento en los accidentes de tránsito, con 451 casos reportados frente a 280 el año pasado. Asimismo, se registraron más incidentes en montaña y accidentes acuáticos, aunque los esfuerzos preventivos también aumentaron, alcanzando más de 12.000 intervenciones en playas.

En cuanto a víctimas mortales, se contabilizaron 52 fallecidos durante la Semana Santa 2026, una leve reducción respecto a los 55 del año anterior. No obstante, la mayoría de las muertes estuvieron relacionadas con accidentes de tránsito.

El director nacional de respuesta a emergencias, Wagner Leyva, destacó que el operativo contó con más de 500 cruzrojistas, 150 vehículos de emergencia y 100 puestos distribuidos en carreteras, playas, ríos y zonas montañosas. Además, subrayó el uso de tecnología como drones y sensores térmicos para mejorar los tiempos de respuesta, especialmente en rescates complejos.

Por su parte, el gerente general, Walter Fallas, advirtió que la institución enfrenta un problema estructural de financiamiento. Indicó que actualmente solo un 40% de los recursos proviene de fondos públicos, mientras que el restante 60% debe ser autogenerado.

Fallas señaló que, de no lograrse una solución sostenible, la Cruz Roja podría verse obligada a cerrar algunos comités auxiliares, lo que impactaría directamente la cobertura en comunidades. Además, mencionó que la institución requiere cerca de 30 mil millones de colones anuales para operar adecuadamente.

Las autoridades hicieron un llamado al Gobierno, sector privado y cooperación internacional para fortalecer el financiamiento de la entidad, enfatizando que su labor debe entenderse como una inversión en la salud pública y la atención de emergencias.

Finalmente, la Cruz Roja destacó el apoyo de voluntarios, municipalidades y empresas privadas durante el operativo, en el marco de su 141 aniversario, reiterando su compromiso de seguir brindando servicio humanitario a la población costarricense.

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Tribunal envía señal a municipalidades: no se pueden dividir propiedades religiosas para cobrar impuestos

En una nota publicada por el medio CR Hoy del periodista Daniel Córdoba, se informó que El Tribunal Contencioso Administrativo falló a favor de la Asociación Religiosa Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová y anuló varias resoluciones, esto en la Municipalidad de San Ramón que limitaban la exoneración del impuesto sobre bienes inmuebles a solo una parte de una propiedad utilizada con fines religiosos.

La sentencia, emitida el 21 de febrero de 2025, concluye que el concepto de “culto” no debe interpretarse de manera restrictiva, como lo hizo la administración local, y establece que la exoneración puede abarcar la totalidad del inmueble cuando este esté destinado a actividades religiosas.

Origen del conflicto

El caso surgió luego de que la organización religiosa solicitara la exoneración total del impuesto sobre una finca de su propiedad. Sin embargo, la municipalidad concedió únicamente un 37% del beneficio, correspondiente a unos 160 metros cuadrados donde se ubica el templo.

El resto del terreno —incluyendo parqueos y áreas complementarias— quedó sujeto al pago del tributo, bajo el argumento de que solo el espacio físico donde se realizan ceremonias religiosas califica para la exoneración.

Postura municipal

Las autoridades locales defendieron su decisión basándose en criterios técnicos y jurídicos que promueven una interpretación limitada del término “culto”. Según esta posición:

  • El edificio del templo sí está exento.
  • Áreas como parqueos o zonas comunes deben tributar.

Para respaldar este criterio, citaron pronunciamientos de la Procuraduría General de la República y del Ministerio de Hacienda, que interpretan de forma restrictiva el alcance de la exoneración.

Argumentos de la organización religiosa

La congregación apeló la resolución y sostuvo que toda la propiedad está destinada al culto, no solo el edificio principal. Además, argumentó que las áreas excluidas son indispensables para el funcionamiento del templo y responden a exigencias normativas para la operación de este tipo de infraestructuras.

También señalaron que la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (N° 7509) no establece una definición restrictiva del concepto de culto ni limita la exoneración exclusivamente al espacio donde se realizan ceremonias.

Análisis del Tribunal

El Tribunal realizó un análisis sobre el alcance del inciso g del artículo 4 de la ley, el cual exime de impuestos a los inmuebles destinados al culto religioso.

Entre sus principales conclusiones destacan:

  • Rechazo a la interpretación restrictiva: El Tribunal no comparte el criterio que limita la exoneración únicamente al edificio principal.
  • Concepto amplio de culto: Considera que se trata de un concepto jurídico indeterminado, que varía según las prácticas de cada religión.
  • Respeto a la libertad religiosa: Subraya que el Estado debe garantizar este derecho fundamental sin imponer visiones limitadas.
  • Uso del inmueble como criterio clave: Lo determinante es que el inmueble esté efectivamente destinado a actividades religiosas.
  • Áreas complementarias: Espacios como parqueos o zonas auxiliares no excluyen la exoneración si forman parte del funcionamiento del culto.

Decisión final

Con base en estos argumentos, el Tribunal declaró con lugar el recurso de apelación, anuló las resoluciones emitidas por la Municipalidad de San Ramón y ordenó otorgar la exoneración total del impuesto sobre bienes inmuebles a la propiedad.

Alcance del fallo

Aunque la resolución no constituye jurisprudencia obligatoria, sí establece un criterio relevante que podría influir en otras municipalidades del país.

El fallo marca un cambio hacia una interpretación más amplia del concepto de culto y advierte que no es válido fragmentar inmuebles religiosos para efectos tributarios cuando estos funcionan como una unidad destinada a actividades religiosas.

Este criterio podría obligar a los gobiernos locales a revisar sus políticas fiscales en relación con organizaciones religiosas y evitar interpretaciones excesivamente restrictivas.

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Más de 700 llamadas falsas al 9-1-1 preocupa a la Cruz Roja Costarricense

La Cruz Roja Costarricense reporta que, en lo que va del 2026, ha atendido más de 700 llamadas falsas al sistema de emergencias 9-1-1, una situación que genera creciente preocupación por el impacto directo en la atención de incidentes reales.

De acuerdo con la institución, cada alerta falsa implica la movilización de personal, ambulancias y recursos operativos hacia escenarios inexistentes, lo que reduce la capacidad de respuesta ante emergencias donde sí hay vidas en riesgo. Este uso indebido del sistema compromete la eficiencia del servicio y puede retrasar la atención en casos críticos.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en Ciudad Quesada, donde se desplegó un amplio operativo tras el reporte de un supuesto vuelco de una buseta. En respuesta, se enviaron más de ocho ambulancias y al menos 16 cruzrojistas. Sin embargo, al llegar al sitio, las unidades confirmaron que se trataba de una falsa alarma.

Según estimaciones de la Cruz Roja, esta movilización representó un costo cercano al millón de colones, recursos que fueron invertidos sin justificación y que pudieron destinarse a emergencias reales.

La institución reiteró el llamado a la población para hacer un uso responsable del sistema 9-1-1, recordando que los recursos de atención son limitados y deben priorizarse para situaciones donde exista un riesgo real para la vida o la salud.

Asimismo, se recordó que realizar llamadas falsas a los servicios de emergencia constituye un delito en Costa Rica, por lo que las personas responsables se exponen a sanciones legales y multas, según lo establecido en la legislación vigente.

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Vacacionistas llamados a la prudencia y prevención durante la Semana Santa

Con la llegada de la Semana Santa, miles de personas se preparan para movilizarse hacia distintos destinos turísticos tanto en el cantón de Santa Ana como dentro del país. Ante este aumento en la afluencia de viajeros, autoridades y expertos hacen un llamado a la responsabilidad y a la prevención para evitar accidentes y contratiempos durante el periodo.

Uno de los principales aspectos a considerar es la planificación del viaje. Revisar rutas, horarios y el estado del tránsito puede marcar la diferencia entre un traslado tranquilo y largas horas en carretera. Asimismo, se recomienda salir con antelación para evitar las presas que suelen incrementarse en estos días.

En carretera, el respeto a las normas de tránsito es fundamental. El uso del cinturón de seguridad, el respeto a los límites de velocidad y la no utilización del teléfono celular mientras se conduce son medidas básicas que pueden salvar vidas. De igual forma, se insiste en evitar la combinación de alcohol y conducción, promoviendo alternativas como designar un conductor o utilizar servicios de transporte.

En destinos como playas y ríos, la precaución también es clave. Se insta a los vacacionistas a respetar las señalizaciones, informarse sobre las condiciones del mar y evitar ingresar a zonas peligrosas, especialmente si no se cuenta con habilidades adecuadas para nadar.

La salud es otro aspecto que no debe descuidarse. El uso de protector solar, la hidratación constante y la limitación de la exposición al sol en horas de mayor intensidad son recomendaciones básicas para prevenir golpes de calor y quemaduras.

Por otra parte, quienes decidan salir de sus hogares deben tomar medidas de seguridad, como asegurar puertas y ventanas, así como informar a personas de confianza sobre su ausencia. Además, se aconseja portar únicamente lo necesario y mantener vigiladas las pertenencias personales en todo momento.

El respeto por el ambiente también forma parte de las recomendaciones. Autoridades recuerdan la importancia de no dejar residuos en playas, montañas y parques, con el fin de preservar los recursos naturales para futuras generaciones.

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