Diversas agrupaciones políticas, entre ellas el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Agenda Ciudadana, el Partido Liberación Nacional, el Partido del Frente Amplio y el Partido del Sol en Santa Ana, manifestaron su preocupación y rechazo ante las declaraciones de la presidenta Laura Fernández, quien calificó como un “golpe de Estado” la resolución de la Sala Constitucional relacionada con la continuidad temporal de magistrados suplentes.

Las manifestaciones de la mandataria generaron reacciones desde diferentes sectores políticos, cuyos representantes coincidieron en señalar la importancia de respetar la independencia judicial, la división de poderes y los mecanismos establecidos por la Constitución Política.

La controversia surgió luego de que la Sala Constitucional resolviera mantener temporalmente en funciones a magistrados suplentes, mientras la Asamblea Legislativa cumple con el proceso correspondiente para realizar los nombramientos. La presidenta Laura Fernández cuestionó la decisión y calificó como “golpistas” a los magistrados que integraron la mayoría que respaldó la resolución.

Partido del Sol de Santa Ana pide respeto a la institucionalidad

Desde el cantón de Santa Ana, el Partido del Sol expresó su preocupación y rechazo ante las declaraciones de la presidenta de la República.

La agrupación señaló que, aunque las resoluciones judiciales pueden ser cuestionadas y criticadas dentro de una democracia, descalificar a los jueces por el contenido de sus decisiones podría debilitar la institucionalidad y afectar la confianza ciudadana en el Estado de Derecho.

“Costa Rica se ha construido sobre el respeto a la Constitución, la separación de poderes y la independencia judicial. Las diferencias entre los Poderes de la República deben resolverse mediante los mecanismos constitucionales y legales, no mediante ataques o descalificaciones”, indicó el partido en un pronunciamiento.

Además, la agrupación santaneña hizo un llamado a las autoridades nacionales para disminuir el tono de confrontación y proteger la independencia de los poderes de la República.

El Partido del Sol afirmó que defender la institucionalidad no significa respaldar necesariamente una resolución en particular, sino respetar las reglas democráticas y constitucionales que garantizan el equilibrio entre las instituciones.

Claudia Dobles advierte sobre confrontación entre poderes

Por su parte, la representante del Partido Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, calificó como “temerarias” e “irresponsables” las declaraciones emitidas por la presidenta Laura Fernández y por representantes del Partido Pueblo Soberano.

Dobles señaló que el bloqueo en el nombramiento de magistrados suplentes podría afectar el funcionamiento de la Sala Constitucional y la atención de recursos de amparo presentados por ciudadanos, especialmente en temas relacionados con la salud y otros derechos fundamentales.

También manifestó su preocupación por lo que describió como una confrontación abierta entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

“En una democracia como la costarricense se requiere una división de poderes”, expresó Dobles, quien advirtió sobre los riesgos que podrían surgir si se debilitan los mecanismos de control y equilibrio institucional.

La dirigente cuestionó además las manifestaciones relacionadas con la concentración de poder y señaló que el país debe preservar las bases democráticas que han caracterizado a Costa Rica.

PUSC defiende resolución y llama a la calma

La diputada y representante del Partido Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko, afirmó que resulta inadmisible que un poder de la República pueda paralizar el funcionamiento de otro.

Según manifestó, la Sala Constitucional actuó dentro del marco establecido por la Constitución y recordó que el tribunal tiene la responsabilidad de resolver controversias constitucionales y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Gordienko rechazó que se calificara como “golpistas” a los magistrados que respaldaron la resolución y aseguró que ese tipo de declaraciones podría generar preocupación y confusión entre la población.

“Yo llamo a la calma, llamo a la serenidad y llamo a la cordura, a que respetemos nuestro marco de derecho y nuestra Constitución Política”, manifestó.

La representante socialcristiana destacó que el funcionamiento de la Sala Constitucional resulta fundamental para las personas que presentan recursos relacionados con derechos como la salud, las pensiones, la libertad y otras garantías constitucionales.

Además, indicó que corresponde a la Asamblea Legislativa avanzar con la votación de la nómina de magistrados suplentes, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

PLN rechaza declaraciones de Casa Presidencial

El diputado Álvaro Ramírez, del Partido Liberación Nacional, manifestó que la fracción liberacionista rechaza las declaraciones emitidas desde Casa Presidencial y las calificó como peligrosas e irresponsables.

Ramírez afirmó que la falta de nombramiento de magistrados suplentes se relaciona con las decisiones tomadas en la Asamblea Legislativa y señaló que el Partido Pueblo Soberano habría bloqueado en distintas ocasiones la elección de dichos funcionarios.

El legislador sostuvo que la falta de magistrados suplentes podría afectar el acceso de la ciudadanía a la justicia constitucional y señaló que la resolución de la Sala busca garantizar la continuidad de ese servicio.

“En una democracia, hacer cumplir la Constitución jamás puede ser considerado un golpe de Estado. Es justamente lo que evita que ocurra uno”, expresó Ramírez.

Frente Amplio acusa al Gobierno de intentar paralizar el Poder Judicial

El diputado Jose María Villalta del Frente Amplio cuestionó las declaraciones del Gobierno sobre un supuesto “golpe de Estado” y aseguró que, por el contrario, el Poder Ejecutivo ha intentado debilitar y paralizar al Poder Judicial al no nombrar magistrados suplentes. Señaló que mantener el funcionamiento de la Sala Constitucional es necesario para garantizar la atención de recursos de amparo y la protección de los derechos de la ciudadanía. Además, acusó al Gobierno de socavar las instituciones democráticas del país y pidió detener lo que calificó como “ocurrencias” y “payasadas”.

Debate aumenta tensión entre poderes

Las declaraciones y los pronunciamientos políticos se producen en medio de un incremento de la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Mientras la presidenta Laura Fernández cuestionó la resolución de la Sala Constitucional y sostuvo que la decisión representaba una afectación a las competencias de la Asamblea Legislativa, los sectores políticos que se han pronunciado consideran que las diferencias institucionales deben resolverse mediante los mecanismos constitucionales y legales.

Las posiciones expresadas por el Partido del Sol en Santa Ana, el Partido Agenda Ciudadana, el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional coinciden en la necesidad de preservar la independencia judicial, respetar la separación de poderes y mantener el diálogo institucional.