Santa Ana Actual - Las noticias del cantón de Santa Ana
Santa Ana Actual Noticias, es un medio informativo digital del cantón de Santa Ana. Desarrollamos entrevistas, reportajes, noticias, en vivos, publicidad de negocios.
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El Concejo Municipal acordó en sesión ordinaria este martes respaldar las gestiones impulsadas por la administración municipal ante las múltiples quejas presentadas por usuarios del servicio de transporte de la empresa Compañía de Inversiones La Tapachula, que opera la ruta entre Santa Ana y San José.
La decisión se dio durante la discusión del dictamen número 18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en el que se acogió el oficio MSA-ALC-02-265-1025, suscrito por el alcalde municipal, Juan José Vargas Fallas, relacionado con la situación actual del servicio brindado por la compañía transportista.
Como parte de los acuerdos aprobados por unanimidad, el Concejo Municipal solicitará mediante la secretaría al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al Consejo de Transporte Público una copia íntegra del contrato de concesión suscrito con la empresa Compañía de Inversiones La Tapachula. En caso de no existir dicho contrato, también se pidió remitir copia del permiso, autorización o acto administrativo vigente que faculte la explotación de la ruta Santa Ana–San José y viceversa.
Las instituciones tendrán un plazo de 15 días hábiles para entregar la documentación solicitada.
Asimismo, el Concejo instruyó a la Secretaría Municipal para que notifique formalmente el acuerdo a la Administración Municipal, al MOPT y al Consejo de Transporte Público.
El acuerdo fue aprobado con siete votos a favor tanto en el fondo como en la declaratoria de firmeza, reflejando el respaldo unánime de los regidores presentes ante las inquietudes manifestadas por usuarios del servicio de autobús en el cantón.
El regidor suplente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Ricardo Alfaro Zamora, presentó una moción ante el Concejo Municipal para que la Municipalidad inicie las gestiones necesarias con el fin de conseguir un terreno donde se pueda construir una nueva cancha de fútbol en el distrito de Pozos.
La propuesta surge en medio de la discusión sobre el futuro de la actual cancha de fútbol de Pozos, espacio que forma parte del proyecto del nuevo parque recreativo y deportivo que se desarrolla en la comunidad, similar a los existentes en Santa Ana centro y el distrito de Piedades.
Durante su intervención, el regidor manifestó su preocupación por la pérdida de espacios deportivos en el cantón y aseguró que no se debe permitir la desaparición de otra cancha de fútbol en Pozos.
“El acceso al deporte y la recreación es un derecho fundamental, especialmente para niños, niñas y jóvenes”, señaló el regidor, quien además destacó la importancia de estos espacios para la salud, la prevención de la violencia y el fortalecimiento del tejido social.
En la moción se expuso que la cancha de Pozos ha sido históricamente utilizada como punto de encuentro comunitario, recreación y formación deportiva, y que con el desarrollo del nuevo parque el espacio fue destinado a otros usos, dejando al distrito sin una cancha adecuada para la práctica del fútbol.
La iniciativa también hace referencia a la obligación de las municipalidades de promover infraestructura recreativa y deportiva, así como a lo establecido en la Ley de Promoción del Deporte, la Recreación y la Actividad Física.
La regidora Cynthia Chávez acogió la propuesta y la presento como moción al Concejo Municipal. Entre ellos, instruir a la Administración Municipal para identificar un terreno municipal apto para reubicar la cancha de fútbol de Pozos.
Además, se pidió que, en caso de no existir una propiedad adecuada, se realicen estudios técnicos, legales y financieros para valorar la adquisición de un terreno idóneo.
La moción también contemplaba la elaboración de un anteproyecto para la futura cancha, incluyendo graderías, iluminación, servicios sanitarios, accesibilidad y cerramiento perimetral.
Sin embargo, la solicitud de dispensa de trámite no prosperó tras la votación del Concejo Municipal. La propuesta obtuvo únicamente dos votos a favor: el de Chávez y el del presidente municipal, Gonzalo Rojas ambos del PUSC.
La Dra. Grettel Liliana Murillo Monge quien es Especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, vecina de Piedades, mantiene una intensa lucha jurídica y social para exigir la devolución total del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), mediante acciones constitucionales que buscan declarar inconstitucional parte de la legislación que regula estos fondos en Costa Rica.
A través de varios videos publicados en redes sociales, Murillo explicó los alcances de una acción de inconstitucionalidad y varios recursos de amparo presentados ante la Sala Constitucional, con el objetivo de que se permita a jubilados y pensionados disponer libremente de los recursos acumulados durante años de trabajo.
La jurista cuestiona específicamente el artículo 22 de la Ley 10.707, normativa que actualmente establece que la devolución total del ROP solo procede en casos de enfermedad grave o terminal.
“Es un dinero que pertenece a los trabajadores. No es justo que las personas tengan que estarse muriendo para que les entreguen su plata”, manifestó Murillo durante una de sus transmisiones.
Reclamo por derechos fundamentales
Según explicó la abogada, las gestiones legales buscan que la Sala Constitucional determine si la normativa vigente vulnera derechos fundamentales como la salud, la dignidad humana, la libertad económica y el derecho de propiedad.
Murillo sostiene que existen miles de personas pensionadas y jubiladas que enfrentan enfermedades degenerativas, discapacidades o serias necesidades económicas, mientras sus recursos permanecen administrados por operadoras de pensiones.
La abogada relató haber recibido múltiples consultas de adultos mayores, viudas, personas con discapacidad y familiares de pensionados fallecidos que afirman tener dificultades para acceder a esos fondos.
“Hay personas que necesitan ese dinero para medicamentos, remodelar sus viviendas, comprar una silla de ruedas o simplemente sobrevivir económicamente”, señaló.
Sala Constitucional rechazó primera gestión
Murillo confirmó que tanto un recurso de amparo como la primera acción de inconstitucionalidad fueron rechazados inicialmente por la Sala Constitucional. Sin embargo, aclaró que en el caso de la acción de inconstitucionalidad el rechazo se produjo por aspectos formales y no por el fondo del tema.
Según indicó, ya presentó nuevamente la gestión incorporando los requisitos solicitados por los magistrados, por lo que espera que ahora sí pueda analizarse el contenido de la demanda.
La jurista aseguró que, de prosperar la acción, los efectos podrían beneficiar a nivel nacional a miles de trabajadores pensionados y jubilados.
Movimiento nacional por devolución del ROP
La abogada también destacó el respaldo de legisladores que impulsan iniciativas relacionadas con la devolución de los fondos del ROP, entre ellos los diputados salientes Ada Acuña, Rocío Alfaro y Gilbert Jiménez.
De acuerdo con Murillo, actualmente existen proyectos y mociones en la corriente legislativa que buscan modificar las condiciones para la entrega de estos recursos.
Asimismo, aseguró que el movimiento analiza acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que las vías internas en Costa Rica no prosperen.
“Esta lucha no es solo mía. Es de todas las personas que sienten que se les está negando el derecho a disponer del dinero que trabajaron durante años”, afirmó.
Murillo continúa brindando orientación y asesoría a personas que aseguran haber recibido negativas por parte de operadoras y juntas directivas bancarias para acceder a sus recursos del ROP.
Si desea observar los videos relacionados a esta nota, puede ingresar al siguiente enlace que corresponde al perfil de la Licda. Grettel Murillo:
El alcalde, Juan José Vargas, lanzó fuertes cuestionamientos contra el Consejo de Transporte Público (CTP) por el manejo de denuncias relacionadas con el servicio de transporte público en el cantón, operado por la empresa Compañía de Inversiones La Tapachula.
Durante una intervención ante el Concejo Municipal este martes, el jerarca municipal calificó la situación como “sumamente delicada” y detalló una serie de gestiones realizadas por la alcaldía en los primeros meses del año para canalizar las quejas de los usuarios.
Reunión con el CTP y reclamos por falta de transparencia
Según expuso Vargas, el pasado 11 de febrero la alcaldía sostuvo una reunión con el director ejecutivo a.i. del CTP, Rafael Herrera García, tras solicitar formalmente una audiencia días antes. Sin embargo, la delegación municipal se encontró con la presencia no informada de representantes de la empresa concesionaria, entre ellos su gerente general, Rodrigo Castro Oriamuno, y su asesor legal.
El alcalde manifestó su molestia por esta situación, al considerar que se trataba de una reunión solicitada directamente con el ente regulador. A pesar de ello, indicó que decidieron continuar con el encuentro.
Durante la sesión, afirmó, funcionarios del CTP sostuvieron que la empresa cumplía con sus obligaciones, pese a los múltiples señalamientos presentados por la municipalidad sobre deficiencias en el servicio.
Denuncias desestimadas y críticas al proceso
Uno de los puntos que más generó preocupación, según el alcalde, fue la afirmación de una funcionaria del CTP de que todas las denuncias de usuarios habían sido atendidas satisfactoriamente. Asimismo, se indicó que se realizarían inspecciones durante marzo, las cuales —según Vargas— no se concretaron ni fueron notificadas al gobierno local.
El 17 de febrero, la municipalidad formalizó una denuncia ante el CTP. No obstante, el proceso permitió registrar únicamente una unidad específica, aunque se incluyeron múltiples incidentes en la descripción.
La respuesta llegó el 6 de marzo, cuando la empresa rechazó los señalamientos y el CTP resolvió dar por atendida la denuncia, concluyendo que no existía una infracción en curso.
Vargas cuestionó duramente esta resolución, señalando que no se analizaron todos los alegatos presentados. “Es una vergüenza de institución”, expresó, al tiempo que instó a las autoridades nacionales a investigar el funcionamiento del Consejo.
ARESEP abre investigación
Ante la inconformidad con la resolución del CTP, la alcaldía presentó el caso ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), que ya dio trámite a la denuncia mediante el oficio OF-0921.
De acuerdo con el informe expuesto, la ARESEP inició un proceso que incluye recolección de información del ente rector, inspecciones de campo y análisis técnico para determinar eventuales medidas.
“Los ciudadanos no pueden seguir siendo transportados en estas condiciones”, afirmó. Además, vinculó la situación con afectaciones a la salud mental de los usuarios, al describir la frustración de esperar transporte sin ser atendidos.
Denuncias de usuarios se vienen acumulando desde el 2019
Ya desde el año 2019 varios vecinos de Escazú y Santa Ana, habían creado un grupo fiscalizador de transporte público para recoger denuncias de vecinos de ambos cantones y acudir a los Concejos Municipales, además de sostener reuniones con el MOPT y la Defensoría de los Habitantes.
Pese a las diferentes gestiones, la empresa Tapachula ha venido con los constantes atropellos al servicio de transporte público y un pésimo servicio al cliente, sin que exista una entidad reguladora que les llame realmente la atención. Vecinos y usuarios han mencionado que se ponen las quejas ante el CTP y estos simplemente responden que todo se investigó y señalan que no hay faltas al servicio que se brinda.
El distrito de Pozos tendrá próximamente un Parque Recreativo, Deportivo y Cultural tras la presentación de su anteproyecto ante el Concejo Municipal, este se ubicaría donde se encuentra actualmente la cancha de fútbol, detrás de la iglesia católica.
La iniciativa fue expuesta ayer jueves por William Carmona y Pedro Mora, representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Pozos, quienes destacaron que el diseño responde directamente a las necesidades de la comunidad. Para ello, se realizó un proceso participativo que involucró a 382 vecinos, cuyos aportes permitieron identificar las principales carencias del distrito.
De acuerdo con el diagnóstico, un 90% de los participantes considera insuficientes los espacios públicos actuales, mientras que un 86% percibe la plaza central como un sitio poco funcional, inseguro y con limitaciones de acceso.
Demanda por espacios recreativos
Entre las principales solicitudes de la ciudadanía destacan áreas deportivas, mencionadas por el 36% de los encuestados, seguidas de pistas para caminar o correr (20%), juegos infantiles (16%) y zonas verdes para actividades recreativas como picnic (9%). Además, se planteó la necesidad de espacios para ferias comunales, un anfiteatro y mobiliario urbano adecuado.
Diseño inclusivo y multifuncional
El anteproyecto contempla un enfoque integral basado en criterios de equidad de género, accesibilidad universal, inclusión y seguridad activa. Entre las principales obras proyectadas se incluyen una cancha sintética de fútbol, un área techada multiuso con graderías, un nodo de baloncesto, un parque sensorial dirigido a población infantil y personas con discapacidad, así como un gimnasio al aire libre.
Asimismo, se prevé la construcción de más de 750 metros de senderos planos para caminatas y ejercicio, fuentes de agua y una batería sanitaria con diseño de techo verde.
Inversión y cronograma
El proyecto abarcaría una extensión aproximada de 6.800 metros cuadrados, incluyendo un terreno adicional adquirido por la Municipalidad. La inversión inicial para el desarrollo de planos asciende a 30 millones de colones, de los cuales ya se han desembolsado 15 millones, quedando pendiente el monto restante para completar el diseño y gestionar los permisos.
Según lo proyectado, el cartel de licitación estaría listo en julio de 2026, con el inicio de la construcción previsto para enero de 2027.
Apoyo municipal
El alcalde Juan José Vargas reafirmó el compromiso del gobierno local con la iniciativa y planteó la posibilidad de adelantar labores como movimientos de tierra mediante cuadrillas municipales una vez que los planos estén concluidos.
Durante la sesión, regidores municipales reconocieron el nivel técnico del anteproyecto y subrayaron su importancia para fortalecer el tejido social en Pozos, un distrito que enfrenta un acelerado proceso de urbanización.
El cantón de Santa Ana, ha vivido recientemente uno de los hechos más impactantes de los últimos años tras el asesinato de la joven nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, cuyo cuerpo fue localizado en una fosa en el distrito de Salitral. El caso, que ha generado indignación nacional e internacional, es investigado como un femicidio.
De acuerdo con las autoridades judiciales, la víctima murió por asfixia, presumiblemente mediante estrangulación, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El principal sospechoso es su expareja, un hombre de apellidos Ramírez Calvo, quien mantuvo una relación de varios años con la joven de la cual procrearon 2 gemelas de tan solo 4 años de edad. Actualmente descuenta prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.
El cuerpo de Merlo fue hallado tras varios días de búsqueda, enterrado en una fosa dentro de una propiedad en Salitral, luego de que su familia denunciara su desaparición desde el 31 de marzo.
Un crimen que marca un antes y un después en Santa Ana
Este caso ha sido catalogado por diversos sectores como un hecho sin precedentes en el cantón de Santa Ana en al menos las últimas décadas, debido a la violencia del crimen, el ocultamiento del cuerpo y el contexto de la relación entre víctima y sospechoso.
Santa Ana, tradicionalmente percibido como uno de los cantones con mejor calidad de vida del Valle Central, no había registrado un caso de esta magnitud que combine desaparición, homicidio por asfixia y entierro clandestino dentro de una zona residencial.
Impacto nacional e internacional
El asesinato de Junieysis Merlo no solo ha generado conmoción en Costa Rica, sino que ha tenido eco en otros países de América, especialmente en Nicaragua, de donde era originaria la víctima. La indignación ha trascendido fronteras, con llamados a la justicia por parte de familiares, colectivos y ciudadanos.
Incluso, familiares de la joven han viajado desde el extranjero para exigir justicia y luchar por la custodia de las hijas de la víctima, mientras que en Nicaragua se han realizado manifestaciones y actos de solidaridad.
Un caso que reabre el debate sobre la violencia de género
El crimen ha reavivado la discusión sobre la violencia contra las mujeres en Costa Rica, especialmente en contextos de relaciones de pareja. La brutalidad del hecho y las circunstancias en que ocurrió han encendido alertas sobre la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención, denuncia y protección.
Mientras el proceso judicial avanza, el caso de Junieysis Merlo se mantiene como uno de los más impactantes de los últimos años en el país, no solo por su crudeza, sino por el profundo impacto social que ha generado dentro y fuera de las fronteras costarricenses.
La desaparición de Junieysi Adely Merlo Espinoza, de 29 años, mantiene en vilo a su familia, especialmente a su padre, don Máximo Merlo, quien desde el norte de Nicaragua expresó su profunda preocupación por el paradero de su hija, vista por última vez el pasado martes en el distrito de Salitral, en Santa Ana.
En conversación con Santa Ana Actual, Merlo solicitó a las autoridades judiciales costarricenses redoblar esfuerzos para esclarecer lo ocurrido. Según indicó, la última persona que habría tenido contacto con la joven sería su expareja, un vecino del cantón de apellido Calvo, por lo que pidió que se investigue a fondo su posible vinculación en el caso.
El padre también hizo un llamado a los medios de comunicación para difundir información relevante sobre las últimas actividades de su hija, señalando que, según versiones que ha recibido, Junieysi habría estado en contacto con creadores de contenido en redes sociales, su padre nos mencionó que ella no es Tiktokers. Subrayó que la joven nunca se separaba de sus dos hijas gemelas, de aproximadamente cuatro años, lo que aumenta la preocupación de la familia ante su repentina desaparición.
Junieysi Adely es oriunda de la comunidad de Buena Vista, en el municipio de San Juan del Río Coco, en el departamento de Madriz, Nicaragua. Llegó a Costa Rica hace ocho años, inicialmente estableciéndose en San Carlos, y posteriormente se trasladó a Salitral de Santa Ana tras iniciar una relación con su expareja el cual ahora lo están investigando.
Familiares de la joven temen por su integridad y exigen justicia ante cualquier eventualidad. Además, sus padres han manifestado su intención de viajar a Costa Rica para gestionar la custodia de las menores, con el fin de que queden bajo el cuidado de sus abuelos maternos.
De acuerdo con reportes preliminares en medios nacionales, las autoridades ya se encuentran investigando el caso y habrían decomisado dispositivos electrónicos, como teléfonos y una computadora, a la expareja de la joven como parte de las diligencias.
Santa Ana Actual dará seguimiento a este caso conforme avancen las investigaciones sobre el paradero de esta mujer nicaragüense, madre de dos niñas, cuya desaparición ha generado consternación tanto en Costa Rica como en su país de origen.
En sesión ordinaria celebrada la noche de este martes, el Concejo Municipal aprobó el nombramiento de los nuevos integrantes de la Junta de Educación de la Escuela Isabel La Católica, ubicada en Río Oro.
El acuerdo se tomó correspondiente a asuntos de trámite urgente de la presidencia. Durante este punto, el regidor Emmanuel Morales solicitó inhibirse de participar en la discusión y votación, alegando un vínculo laboral con el centro educativo.
Posteriormente, la presidenta municipal, Wendy Mora, presentó una moción con dispensa de trámite de comisión para proceder con el nombramiento. Dicho documento de la terna fue suscrito por la directora del centro educativo, Jacqueline Arias Castro, y cuenta con el aval del supervisor del circuito 4 de Santa Ana, Alonso Jiménez Díaz.
Según se detalló en la sesión, las personas propuestas cumplen con los requisitos establecidos en la Ley N.º 10.631. La terna presentada quedó conformada por Ana Verónica Chavarría Solís, Sigifredo Arias Solís y Elena Chávez Jiménez.
La dispensa de trámite fue aprobada por unanimidad con siete votos. Al no registrarse intervenciones en la discusión de fondo, el Concejo procedió a votar la moción principal, la cual también fue aprobada con siete votos, al igual que su firmeza.
Con este acuerdo, el órgano colegiado oficializa el nombramiento de los tres miembros como parte de la Junta de Educación del centro educativo. Asimismo, se instruyó a la Secretaría Municipal convocar a las personas designadas para su respectiva juramentación, programada para la sesión del próximo martes 5 de abril de 2026.
Una nueva crisis golpea a la Junta de Educación de la Escuela Isabel La Católica, tras la reciente renuncia de tres de sus integrantes, situación que mantiene sin pago a trabajadores desde el mes de enero y agrava una problemática que, según vecinos y padres de familia, se arrastra desde hace varios años.
De acuerdo con información recabada por este medio, la inestabilidad en la conformación de la junta no es un hecho aislado. En reiteradas ocasiones, miembros han sido juramentados ante el Concejo Municipal y, pocos meses después, presentan su renuncia, lo que ha generado constantes vacíos administrativos y atrasos en la toma de decisiones clave.
La situación actual tiene consecuencias directas sobre el personal contratado bajo la Junta de Educación, quienes no han recibido sus salarios en lo que va del año. Debido a que el órgano se encuentra incompleto, no es posible autorizar ni girar los pagos correspondientes. Ante este panorama, algunos trabajadores han tenido que recurrir a rifas y otras actividades para cubrir sus gastos básicos.
Retrasos y señalamientos en el Concejo Municipal
Desde el Concejo Municipal se confirmó que el proceso para nombrar a los nuevos miembros de la junta ha enfrentado obstáculos por inconsistencias en la documentación presentada.
Según lo expuesto en sesión municipal, hace aproximadamente 15 días se recibieron propuestas de nuevos integrantes; sin embargo, estas carecían del acta que respalda la aprobación en reunión de personal docente, requisito indispensable para su validación.
Posteriormente, se remitió un documento por parte de la supervisión educativa indicando que la junta anterior había renunciado durante el periodo de vacaciones, lo que habría impedido la realización de dicha reunión. No obstante, el proceso se complicó aún más tras la recepción de una denuncia por parte de docentes, quienes señalaron discrepancias entre los documentos que se les circuló internamente y los enviados al Concejo Municipal.
Incluso, se aportaron correos electrónicos que evidenciarían que la información compartida no coincidía, lo que levantó dudas sobre la transparencia del proceso.
Ante estas inconsistencias, el Concejo solicitó a la dirección del centro educativo subsanar los errores y aclarar cuál es la documentación oficial, con el fin de avanzar en la conformación de la nueva Junta de Educación.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste y los principales afectados continúan siendo los trabajadores, quienes siguen a la espera de una solución que permita regularizar sus pagos y devolver la estabilidad administrativa a la institución.
A una semana del siniestro ocurrido el sábado 7 de marzo en la planta de gas de la empresa Blue Flame, en el sector de Lindora, vecinos del Residencial Montana y comunidades cercanas continúan manifestando su preocupación y reiterando el llamado a las autoridades para que la empresa cese definitivamente sus operaciones en la zona y se traslade a otro sector más seguro para operar.
El incidente, que involucró la explosión de un contenedor de gas, provocó momentos de pánico entre los residentes de comunidades cercanas. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos indicó que el hecho se debió a un error humano. Días después del suceso, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ordenó una suspensión temporal de las operaciones de la planta mientras se revisan aspectos de seguridad y para su funcionamiento.
En entrevista con Santa Ana Actual, vecinos del Residencial Montana relataron la angustia vivida durante el incidente y explicaron por qué consideran que la planta no debería seguir operando cerca de zonas residenciales.
Marlen Ibañez, vecina del residencial, explicó que la medida cautelar del MINAE genera cierta tranquilidad, pero insistió en que se trata solo de una solución momentánea.
“Como familias en esta comunidad estamos muy preocupados. Sabemos el riesgo que corremos y que estamos prácticamente en la zona cero de riesgo. El cierre temporal nos da cierta seguridad, pero sigue siendo temporal. Como vecinos necesitamos vivir con tranquilidad y saber que nuestras familias están seguras”, señaló.
La vecina también pidió a las autoridades revisar los procesos mediante los cuales se otorgaron los permisos a la empresa, así como evaluar nuevamente los riesgos que enfrenta la comunidad.
Según explicó, en el sector viven alrededor de mil familias, a las que se suman nuevos desarrollos habitacionales en construcción. Además, expresó preocupación por la propuesta del nuevo plan regulador del cantón, que plantea declarar la zona como industrial, cuando históricamente ha sido residencial de alta densidad.
“Si esa zona se declara industrial, empresas como esta podrían extenderse, y eso aumentaría el riesgo para quienes vivimos aquí”, advirtió.
Otra de las residentes, doña Elvira, describió la explosión como una experiencia traumática para quienes estaban en sus casas el día del incidente.
“La experiencia fue terrible. En mis años de vida nunca había escuchado una explosión así. No sabíamos si correr, si sacar a los vecinos, qué hacer con los adultos mayores o con las mascotas. Fue algo espantoso”, relató.
La vecina hizo un llamado a la empresa para que considere trasladar sus operaciones a un lugar donde no represente un peligro para miles de familias.
“La vida está por encima de cualquier actividad comercial o industrial. Aquí viven niños, bebés, mujeres embarazadas y adultos mayores. No pedimos que se vayan mañana, pero sí que reubiquen esta actividad fuera de un área donde vivimos tantas personas”, afirmó.
Por su parte, Jaime, otro de los vecinos entrevistados, indicó que la comunidad continuará organizándose para exigir mayores medidas de prevención y atención por parte de las autoridades.
“El cierre es temporal y no sabemos qué va a pasar después. Por eso hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Emergencias para que nos ayude a establecer un plan preventivo. Nosotros también vamos a organizarnos como comunidad para saber cómo actuar ante una emergencia”, indicó.
Añadió que hasta el momento la empresa no se ha acercado a dialogar con los vecinos, aunque aseguró que la comunidad estaría dispuesta a participar en un proceso de conciliación.
“Estamos abiertos a conversar. Somos seres humanos y podemos dialogar, pero necesitamos respuestas y garantías”, agregó.
Otro residente, José Antonio, relató que el día del incidente muchas personas salieron apresuradamente de sus viviendas sin saber qué estaba ocurriendo, mientras otras, especialmente adultos mayores o personas con discapacidad, no pudieron evacuar.
“Si el evento hubiera sido de mayor magnitud, esas personas que no pudieron salir habrían quedado atrapadas. Lo que estuvo en riesgo fue la vida de más de mil personas entre Montana y las comunidades cercanas”, afirmó.
También cuestionó la reacción de la empresa durante la emergencia, señalando que la respuesta principal provino de los cuerpos de socorro.
“Fueron los bomberos quienes prácticamente solucionaron la situación. Si esto hubiera dependido únicamente de la empresa, el resultado pudo haber sido una tragedia mucho mayor”, dijo.
Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades nacionales y locales para que revisen la compatibilidad de este tipo de actividades industriales cerca de zonas habitadas.
“Les pedimos a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones que pongan por encima de todo la vida de las personas”, concluyó con la entrevista doña Patricia Orellanos.
Mientras tanto, la comunidad mantiene gestiones ante distintas instancias para que se analice la posibilidad de un cierre definitivo o el traslado de la planta a un lugar que no represente riesgo para los residentes del sector.
Santa Ana Actual
