Santa Ana Actual - Las noticias del cantón de Santa Ana
Santa Ana Actual Noticias, es un medio informativo digital del cantón de Santa Ana. Desarrollamos entrevistas, reportajes, noticias, en vivos, publicidad de negocios.
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La desaparición de Junieysi Adely Merlo Espinoza, de 29 años, mantiene en vilo a su familia, especialmente a su padre, don Máximo Merlo, quien desde el norte de Nicaragua expresó su profunda preocupación por el paradero de su hija, vista por última vez el pasado martes en el distrito de Salitral, en Santa Ana.
En conversación con Santa Ana Actual, Merlo solicitó a las autoridades judiciales costarricenses redoblar esfuerzos para esclarecer lo ocurrido. Según indicó, la última persona que habría tenido contacto con la joven sería su expareja, un vecino del cantón de apellido Calvo, por lo que pidió que se investigue a fondo su posible vinculación en el caso.
El padre también hizo un llamado a los medios de comunicación para difundir información relevante sobre las últimas actividades de su hija, señalando que, según versiones que ha recibido, Junieysi habría estado en contacto con creadores de contenido en redes sociales, su padre nos mencionó que ella no es Tiktokers. Subrayó que la joven nunca se separaba de sus dos hijas gemelas, de aproximadamente cuatro años, lo que aumenta la preocupación de la familia ante su repentina desaparición.
Junieysi Adely es oriunda de la comunidad de Buena Vista, en el municipio de San Juan del Río Coco, en el departamento de Madriz, Nicaragua. Llegó a Costa Rica hace ocho años, inicialmente estableciéndose en San Carlos, y posteriormente se trasladó a Salitral de Santa Ana tras iniciar una relación con su expareja el cual ahora lo están investigando.
Familiares de la joven temen por su integridad y exigen justicia ante cualquier eventualidad. Además, sus padres han manifestado su intención de viajar a Costa Rica para gestionar la custodia de las menores, con el fin de que queden bajo el cuidado de sus abuelos maternos.
De acuerdo con reportes preliminares en medios nacionales, las autoridades ya se encuentran investigando el caso y habrían decomisado dispositivos electrónicos, como teléfonos y una computadora, a la expareja de la joven como parte de las diligencias.
Santa Ana Actual dará seguimiento a este caso conforme avancen las investigaciones sobre el paradero de esta mujer nicaragüense, madre de dos niñas, cuya desaparición ha generado consternación tanto en Costa Rica como en su país de origen.
En sesión ordinaria celebrada la noche de este martes, el Concejo Municipal aprobó el nombramiento de los nuevos integrantes de la Junta de Educación de la Escuela Isabel La Católica, ubicada en Río Oro.
El acuerdo se tomó correspondiente a asuntos de trámite urgente de la presidencia. Durante este punto, el regidor Emmanuel Morales solicitó inhibirse de participar en la discusión y votación, alegando un vínculo laboral con el centro educativo.
Posteriormente, la presidenta municipal, Wendy Mora, presentó una moción con dispensa de trámite de comisión para proceder con el nombramiento. Dicho documento de la terna fue suscrito por la directora del centro educativo, Jacqueline Arias Castro, y cuenta con el aval del supervisor del circuito 4 de Santa Ana, Alonso Jiménez Díaz.
Según se detalló en la sesión, las personas propuestas cumplen con los requisitos establecidos en la Ley N.º 10.631. La terna presentada quedó conformada por Ana Verónica Chavarría Solís, Sigifredo Arias Solís y Elena Chávez Jiménez.
La dispensa de trámite fue aprobada por unanimidad con siete votos. Al no registrarse intervenciones en la discusión de fondo, el Concejo procedió a votar la moción principal, la cual también fue aprobada con siete votos, al igual que su firmeza.
Con este acuerdo, el órgano colegiado oficializa el nombramiento de los tres miembros como parte de la Junta de Educación del centro educativo. Asimismo, se instruyó a la Secretaría Municipal convocar a las personas designadas para su respectiva juramentación, programada para la sesión del próximo martes 5 de abril de 2026.
Una nueva crisis golpea a la Junta de Educación de la Escuela Isabel La Católica, tras la reciente renuncia de tres de sus integrantes, situación que mantiene sin pago a trabajadores desde el mes de enero y agrava una problemática que, según vecinos y padres de familia, se arrastra desde hace varios años.
De acuerdo con información recabada por este medio, la inestabilidad en la conformación de la junta no es un hecho aislado. En reiteradas ocasiones, miembros han sido juramentados ante el Concejo Municipal y, pocos meses después, presentan su renuncia, lo que ha generado constantes vacíos administrativos y atrasos en la toma de decisiones clave.
La situación actual tiene consecuencias directas sobre el personal contratado bajo la Junta de Educación, quienes no han recibido sus salarios en lo que va del año. Debido a que el órgano se encuentra incompleto, no es posible autorizar ni girar los pagos correspondientes. Ante este panorama, algunos trabajadores han tenido que recurrir a rifas y otras actividades para cubrir sus gastos básicos.
Retrasos y señalamientos en el Concejo Municipal
Desde el Concejo Municipal se confirmó que el proceso para nombrar a los nuevos miembros de la junta ha enfrentado obstáculos por inconsistencias en la documentación presentada.
Según lo expuesto en sesión municipal, hace aproximadamente 15 días se recibieron propuestas de nuevos integrantes; sin embargo, estas carecían del acta que respalda la aprobación en reunión de personal docente, requisito indispensable para su validación.
Posteriormente, se remitió un documento por parte de la supervisión educativa indicando que la junta anterior había renunciado durante el periodo de vacaciones, lo que habría impedido la realización de dicha reunión. No obstante, el proceso se complicó aún más tras la recepción de una denuncia por parte de docentes, quienes señalaron discrepancias entre los documentos que se les circuló internamente y los enviados al Concejo Municipal.
Incluso, se aportaron correos electrónicos que evidenciarían que la información compartida no coincidía, lo que levantó dudas sobre la transparencia del proceso.
Ante estas inconsistencias, el Concejo solicitó a la dirección del centro educativo subsanar los errores y aclarar cuál es la documentación oficial, con el fin de avanzar en la conformación de la nueva Junta de Educación.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste y los principales afectados continúan siendo los trabajadores, quienes siguen a la espera de una solución que permita regularizar sus pagos y devolver la estabilidad administrativa a la institución.
A una semana del siniestro ocurrido el sábado 7 de marzo en la planta de gas de la empresa Blue Flame, en el sector de Lindora, vecinos del Residencial Montana y comunidades cercanas continúan manifestando su preocupación y reiterando el llamado a las autoridades para que la empresa cese definitivamente sus operaciones en la zona y se traslade a otro sector más seguro para operar.
El incidente, que involucró la explosión de un contenedor de gas, provocó momentos de pánico entre los residentes de comunidades cercanas. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos indicó que el hecho se debió a un error humano. Días después del suceso, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ordenó una suspensión temporal de las operaciones de la planta mientras se revisan aspectos de seguridad y para su funcionamiento.
En entrevista con Santa Ana Actual, vecinos del Residencial Montana relataron la angustia vivida durante el incidente y explicaron por qué consideran que la planta no debería seguir operando cerca de zonas residenciales.
Marlen Ibañez, vecina del residencial, explicó que la medida cautelar del MINAE genera cierta tranquilidad, pero insistió en que se trata solo de una solución momentánea.
“Como familias en esta comunidad estamos muy preocupados. Sabemos el riesgo que corremos y que estamos prácticamente en la zona cero de riesgo. El cierre temporal nos da cierta seguridad, pero sigue siendo temporal. Como vecinos necesitamos vivir con tranquilidad y saber que nuestras familias están seguras”, señaló.
La vecina también pidió a las autoridades revisar los procesos mediante los cuales se otorgaron los permisos a la empresa, así como evaluar nuevamente los riesgos que enfrenta la comunidad.
Según explicó, en el sector viven alrededor de mil familias, a las que se suman nuevos desarrollos habitacionales en construcción. Además, expresó preocupación por la propuesta del nuevo plan regulador del cantón, que plantea declarar la zona como industrial, cuando históricamente ha sido residencial de alta densidad.
“Si esa zona se declara industrial, empresas como esta podrían extenderse, y eso aumentaría el riesgo para quienes vivimos aquí”, advirtió.
Otra de las residentes, doña Elvira, describió la explosión como una experiencia traumática para quienes estaban en sus casas el día del incidente.
“La experiencia fue terrible. En mis años de vida nunca había escuchado una explosión así. No sabíamos si correr, si sacar a los vecinos, qué hacer con los adultos mayores o con las mascotas. Fue algo espantoso”, relató.
La vecina hizo un llamado a la empresa para que considere trasladar sus operaciones a un lugar donde no represente un peligro para miles de familias.
“La vida está por encima de cualquier actividad comercial o industrial. Aquí viven niños, bebés, mujeres embarazadas y adultos mayores. No pedimos que se vayan mañana, pero sí que reubiquen esta actividad fuera de un área donde vivimos tantas personas”, afirmó.
Por su parte, Jaime, otro de los vecinos entrevistados, indicó que la comunidad continuará organizándose para exigir mayores medidas de prevención y atención por parte de las autoridades.
“El cierre es temporal y no sabemos qué va a pasar después. Por eso hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Emergencias para que nos ayude a establecer un plan preventivo. Nosotros también vamos a organizarnos como comunidad para saber cómo actuar ante una emergencia”, indicó.
Añadió que hasta el momento la empresa no se ha acercado a dialogar con los vecinos, aunque aseguró que la comunidad estaría dispuesta a participar en un proceso de conciliación.
“Estamos abiertos a conversar. Somos seres humanos y podemos dialogar, pero necesitamos respuestas y garantías”, agregó.
Otro residente, José Antonio, relató que el día del incidente muchas personas salieron apresuradamente de sus viviendas sin saber qué estaba ocurriendo, mientras otras, especialmente adultos mayores o personas con discapacidad, no pudieron evacuar.
“Si el evento hubiera sido de mayor magnitud, esas personas que no pudieron salir habrían quedado atrapadas. Lo que estuvo en riesgo fue la vida de más de mil personas entre Montana y las comunidades cercanas”, afirmó.
También cuestionó la reacción de la empresa durante la emergencia, señalando que la respuesta principal provino de los cuerpos de socorro.
“Fueron los bomberos quienes prácticamente solucionaron la situación. Si esto hubiera dependido únicamente de la empresa, el resultado pudo haber sido una tragedia mucho mayor”, dijo.
Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades nacionales y locales para que revisen la compatibilidad de este tipo de actividades industriales cerca de zonas habitadas.
“Les pedimos a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones que pongan por encima de todo la vida de las personas”, concluyó con la entrevista doña Patricia Orellanos.
Mientras tanto, la comunidad mantiene gestiones ante distintas instancias para que se analice la posibilidad de un cierre definitivo o el traslado de la planta a un lugar que no represente riesgo para los residentes del sector.
El proyecto para construir un nuevo parque en el distrito de Salitral avanza en su proceso dentro del Concejo Municipal y podría ser sometido a votación la próxima semana, luego de que una comisión municipal aprobara por unanimidad el dictamen que respalda la iniciativa.
Así lo explicó el regidor municipal Danny Ureña durante una entrevista realizada por Daniel González, del medio Santa Ana Actual, en la que detalló el estado actual del proyecto y los pasos que siguen para su eventual aprobación.
Según Danny Ureña, el proyecto se encuentra actualmente en etapa de análisis y recomendación dentro de una comisión especial, la cual ya emitió un dictamen favorable que será conocido por el Concejo Municipal en la sesión del próximo martes.
“El dictamen fue aprobado por unanimidad en comisión y lo estaremos viendo este martes en el Concejo Municipal para que sea aprobado”, explicó el regidor.
Un parque necesario para un distrito sin áreas recreativas
De acuerdo con el regidor, uno de los principales argumentos para impulsar el proyecto es la falta de espacios recreativos formales en el distrito. Estudios municipales citados durante la entrevista indican que actualmente Salitral no cuenta con metros cuadrados destinados específicamente a parque.
Con una población aproximada de 5.713 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la recomendación técnica sería disponer de al menos 10 metros cuadrados de área verde por habitante, lo que equivaldría a unos 57.130 metros cuadrados de parque.
“Hoy por hoy hay cero metros cuadrados de parque en Salitral. El distrito está creciendo mucho a nivel habitacional y necesitamos espacios de encuentro para la comunidad”, indicó Ureña.
Inversión estimada de ₡1.400 millones
El dictamen propone una inversión cercana a ₡1.400 millones, monto que permitiría adquirir un terreno de aproximadamente 38.000 metros cuadrados, con el objetivo de acercarse al estándar recomendado de áreas recreativas.
Según explicó el regidor, inicialmente el presupuesto municipal contemplaba alrededor de ₡250 millones para parques, pero el proyecto quedó suspendido debido a ajustes financieros relacionados con pagos judiciales a funcionarios municipales.
La intención ahora es incorporar los recursos necesarios mediante un presupuesto extraordinario.
Ubicación aún no definida
La ubicación definitiva del parque aún no está establecida, ya que dependerá de las propiedades que eventualmente se oferten mediante el sistema de contratación pública.
Entre las opciones analizadas se encuentran terrenos cercanos a la plaza de fútbol de Salitral y otros puntos del distrito como una propiedad ubicada sobre Calle El Perico, estas propiedades deben cumplir con condiciones técnicas como acceso por vía pública, pendientes adecuadas y compatibilidad con el plan regulador.
Ureña señaló que el proyecto contempla espacios de recreación como senderos para caminar o trotar, zonas de descanso, kioscos y áreas de parqueo.
Cancha de fútbol no sería afectada
Uno de los temas que ha generado debate en otros distritos del cantón, como el uso de canchas deportivas para desarrollar parques, no estaría contemplado en el caso de Salitral.
El regidor aclaró que el proyecto busca adquirir un terreno nuevo y no intervenir la actual cancha de fútbol del distrito.
“En este proyecto no está contemplado tocar la cancha de fútbol. Queremos comprar una propiedad que permita desarrollar el parque sin afectar ese espacio”, afirmó.
Posible impulso al turismo rural y a los emprendedores
Durante la conversación también se planteó la posibilidad de que el futuro parque se convierta en un espacio para ferias agrícolas, actividades comunitarias y proyectos de turismo rural vinculados con las montañas y atractivos naturales de la zona.
Ureña destacó que un parque podría convertirse en un punto de encuentro para agricultores, emprendedores y visitantes, fortaleciendo la economía local.
Llamado a los regidores para apoyar el proyecto
De cara a la votación en el Concejo Municipal, el regidor hizo un llamado a sus compañeros para respaldar la iniciativa, argumentando que se trata de un proyecto de interés comunal.
“Invito a los compañeros regidores a que ojalá lo votemos por unanimidad. Salitral necesita este espacio”, manifestó.
El proyecto será discutido en la próxima sesión del Concejo Municipal, donde se definirá si la iniciativa continúa su camino hacia la asignación presupuestaria y eventual ejecución.
Entrevista con Danny Ureña, regidor municipal y vecino del distrito de Salitral
Las diferencias entre la Alcaldía Municipal y la Asociación Cívica de Santa Ana quedaron en evidencia este martes durante la sesión del Concejo Municipal de Santa Ana, en medio de la discusión sobre la organización del próximo Festival de la Luz 2026.
El debate surgió a raíz de un dictamen que proponía aprobar el cierre de calles para el desfile “Ilusión de Navidad” para el 19 de diciembre y establecer que la Asociación Cívica liderara la organización del evento en coordinación con la Municipalidad.
El alcalde Juan José Vargas manifestó estar “totalmente en contra” del acuerdo, cuestionando el alcance del mismo y el papel que asumiría la Asociación. Además, defendió el modelo aplicado en la edición anterior del festival, organizado desde la Administración Municipal, señalando mejoras logísticas y de orden.
Por su parte, el regidor Danny Ureña respaldó la propuesta argumentando que históricamente el desfile ha sido impulsado por la Asociación Cívica, con apoyo municipal, y que la intención era retomar ese esquema tradicional, garantizando un trabajo conjunto.
La discusión evidenció posturas encontradas sobre quién debe liderar la organización del evento y bajo qué condiciones debe darse la coordinación institucional.
Finalmente, el dictamen fue rechazado con seis votos en contra y uno a favor, esto pasará nuevamente a una comisión. Este tema continuará posteriormente, en medio de un escenario donde las diferencias entre la Alcaldía y la Asociación Cívica marcan el rumbo de una de las actividades más emblemáticas del cantón.
El abogado santaneño José Ramón Sibaja Montero presentó este jueves un carta formal ante el Concejo Municipal, en el que solicita un pronunciamiento oficial luego de que el alcalde Juan José Vargas Fallas lo calificara como un “profesional inescrupuloso” y lo vinculara a actos que describió como delictivos durante una sesión municipal el pasado martes.
La carta, está dirigida a los regidores del Concejo Municipal. En el documento, Sibaja Montero manifiesta que el pasado martes 24 de febrero fue alertado por terceros sobre declaraciones hechas en su contra en el marco de la discusión relacionada con el botadero ilegal en el sector de Las Mesas de Brasil, tema abordado recientemente en el Concejo y divulgado por este medio.
El profesional indica que, tras escuchar la grabación de la sesión, constató que el alcalde, “haciendo uso de la palabra”, se refirió a su persona con calificativos que considera lesivos a su honor y reputación, además de vincularlo con actos atribuidos a un tercero y calificados como delictivos.
En su escrito, el abogado señala que ningún miembro del Concejo intervino para refutar o aclarar las afirmaciones del jerarca municipal, lo que —según plantea— podría interpretarse como un aval implícito a esas manifestaciones. Asimismo, advierte que las palabras expresadas en condición de alcalde podrían acarrear “serias consecuencias patrimoniales al municipio”, en caso de que emprenda acciones legales.
“¿El no pronunciarse en relación a esas infundadas y temerarias imputaciones de que fui objeto, significa que el Concejo Municipal comparte lo expresado por el funcionario aludido?”, cuestiona en la misiva, en la que además solicita un pronunciamiento formal del órgano colegiado.
El documento surge luego de que el alcalde realizara los señalamientos en la sesión municipal, en medio de la polémica por el botadero ilegal que opera desde hace años en Las Mesas de Brasil, situación que ha generado cuestionamientos públicos sobre responsabilidades, omisiones y eventuales vínculos de un exregidor llamado Ricardo Alfaro con el uso del terreno.
Estaremos esperando la respuesta del Concejo Municipal a emitir una respuesta oficial a la solicitud planteada por el abogado. Se mantiene pendiente la reacción del alcalde ante la carta presentada y las eventuales acciones legales anunciadas.
Este medio continuará dando seguimiento a este caso, que añade un nuevo capítulo a la controversia en torno al botadero ilegal y a las responsabilidades políticas y legales derivadas de su funcionamiento.
Un operativo de control por vehículos mal estacionados en las inmediaciones del centro educativo Tree of Life, ubicado en Calle Margarita, en el cantón de Santa Ana, derivó este miércoles en un altercado que ahora será valorado en instancias judiciales.
Así lo informó el jefe de la Policía Municipal, Luis Moncada, mediante un comunicado enviado a este medio en el que detalló que durante el día de ayer miércoles se recibió una denuncia por parte de personas afectadas por la obstrucción de carriles producto de vehículos mal estacionados en la zona.
Según el reporte, se trata de una situación “muy recurrente” en los alrededores del centro educativo privado, lo que ha generado constantes molestias a vecinos y conductores que transitan por el sector.
Tras la denuncia, una oficial de tránsito municipal se presentó al lugar para confeccionar las respectivas boletas de infracción. No obstante, mientras realizaba su labor fue abordada de manera increpante —según el comunicado— por uno de los representantes del centro educativo, quien habría obstaculizado la labor policial.
Ante esta situación, la oficial debió solicitar apoyo adicional para continuar con el procedimiento. Finalmente, se confeccionaron las boletas correspondientes por mal estacionamiento y se elaboró un informe dirigido a la autoridad judicial ante la posible comisión del delito de obstrucción a la labor policial.
El Sr. Moncada indicó que el caso será valorado en sede judicial y que la Policía Municipal cuenta con medios probatorios, incluyendo videos sin cortes, que respaldan lo ocurrido.
Desde la Policía Municipal reiteraron el llamado a respetar la normativa de tránsito, especialmente en zonas escolares, donde el congestionamiento y la obstrucción de carriles representan un riesgo tanto para estudiantes como para peatones y conductores.
Integrantes de varias agrupaciones culturales y musicales del cantón denunciaron atrasos e incumplimientos en los pagos por sus presentaciones durante las recientes fiestas populares de Santa Ana, cuya organización fue adjudicada a la productora JK Entertainment por parte de la Fundación GAD.
Entre los afectados se encuentran miembros de la Comisión de Mascaradas y Cimarronas de Santa Ana, quienes aseguran que, semanas después de concluidas las actividades, aún no han recibido la totalidad del dinero correspondiente por sus servicios.
“Desde que se hicieron las fiestas no nos dan razón del pago de las horas que se tocaron. Hoy supuestamente nos cancelaban, pero nos traen así desde que terminaron las fiestas. Tengo entendido que a mucha gente tampoco se le ha pagado”, manifestó uno de los representantes del grupo.
Más de 13 horas pendientes de pago
El director de la cimarrona, Mauricio Jiménez, confirmó en conversación con este medio que la deuda corresponde a la totalidad de las presentaciones realizadas durante los desfiles de mascaradas.
“A nosotros como cimarrona nos deben todas las horas de los desfiles de Mascaradas, 13 horas en total, que suman ₡650.000. Hemos estado esperando que la productora resuelva, pero nada. El productor ha incumplido todos los compromisos de palabra que ha hecho para pagar”, explicó.
Jiménez añadió que la situación no solo afecta a su agrupación.
“También le deben a los mascareros y a otra cimarrona. Yo no contraté directamente, fue el coordinador quien gestionó, pero la información que nos dan es que la productora no ha pagado”.
Asimismo, otros artistas habrían resultado perjudicados. Hace algunos días una madre de una cantante menor de edad quien participó en el Festival Ranchero tuvo que acudir al Concejo Municipal para que les cancelaran el premio. De acuerdo con los afectados, el monto global adeudado rondaría ₡1.300.000.
Fundación GAD remite informe al Concejo
Consultado por este medio, el administrador de la Fundación GAD, Andrés Vargas, indicó que la organización se encuentra preparando un informe oficial sobre las fiestas populares que será presentado ante el Concejo Municipal antes de brindar mayores detalles.
“Nosotros debemos dar el informe de las fiestas ante el Concejo en los próximos días. Apenas ellos lo tengan, te paso los detalles. Prefiero esperar a entregar el informe para que sean ellos los primeros en tener la información”, señaló.
Mientras tanto, los artistas solicitan claridad y una pronta solución, ya que aseguran que su trabajo forma parte esencial de las tradiciones culturales del cantón y representa su principal fuente de ingresos.
Los afectados esperan que tanto la productora como la fundación asuman responsabilidades y se concrete el pago pendiente en el menor tiempo posible.
El atleta de artes marciales mixtas (MMA), vecino del cantón de Santa Ana, Edgar “El Cebollero” Delgado, expresó públicamente su malestar por un operativo de decomiso de placas realizado este jueves por la Policía Municipal de Santa Ana en las inmediaciones del Centro Corporativo Lindora.
El comentario fue publicado por Delgado en la red social Facebook, en una publicación oficial de la Municipalidad de Santa Ana, donde cuestionó el enfoque de los operativos policiales en medio de la congestión vehicular que afecta a la zona. Según manifestó, la función principal de la Policía Municipal debería ser la agilización del tránsito y no acciones que, a su criterio, agravan la situación vial.
“Santa Ana está completamente colapsado y estos tipos no ayudan”, escribió el atleta, quien además señaló que los santaneños financian con sus impuestos el salario de los oficiales, por lo que considera que su labor debería responder de manera más efectiva a las necesidades reales del cantón.
En su mensaje, Delgado también dirigió críticas hacia el jefe de la Policía Municipal, a quien pidió revisar las directrices que se giran a los oficiales, al considerar que no se está cumpliendo el objetivo para el cual fue creada la institución. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades municipales, incluyendo al alcalde y al Concejo Municipal, para que impulsen soluciones urgentes ante las presas que afectan diariamente a conductores y vecinos.
“No es posible que duremos más de una hora en recorrer apenas dos kilómetros”, añadió, subrayando la necesidad de medidas concretas para enfrentar la congestión vial, especialmente en sectores de alto flujo como Lindora.
Santa Ana Actual Informa
