Santa Ana Actual Noticias | Las noticias del cantón de Santa Ana
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Durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal celebrada este martes 7 de abril, se aprobó de forma unánime el nombramiento de los nuevos integrantes en la Junta de Educación de la Escuela Isabel la Católica, en el marco de asuntos tramitados como urgentes por la presidencia.
Primeramente, el acuerdo se dio tras la renuncia presentada por Ana Verónica Chavarría Solís, lo que motivó a proceder con la designación de su sustituta a partir de la terna remitida por la dirección del centro educativo y avalada por la supervisión del circuito 4 del MEP.
La propuesta de nombramiento, presentada con dispensa de trámite por la regidora Wendy Mora Castro, recayó en Viviana Porras Guadamuz, quien —según se indicó— cumple con los requisitos establecidos en la Ley N.° 10.631. La moción fue aprobada en todas sus etapas (dispensa, fondo y firmeza) con siete votos a favor.
Posteriormente, el Concejo procedió con la juramentación de los otros nuevos miembros de la Junta de Educación, que fueron aprobados positivamente por los regidores en la sesión anterior, ellos son: Viviana Porras Guadamuz, Sigifredo Arias Solís y Elena Chávez Jiménez, quienes asumirán funciones conforme a lo dispuesto por el Código Municipal.
Ahora, estos nuevos miembros se sumarán a la Junta que estaba incompleta esos meses, teniendo problemas para pagar salarios a colaboradores de la Escuela Isabel La Católica en el distrito de Río Oro.
El Concejo Municipal de Santa Ana rechazó este martes la dispensa de trámite de una moción presentada por la regidora suplente Debbie Zamora, la cual buscaba consultar a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) sobre posibles implicaciones de modificar la zonificación en el sector de Pozos noreste, en las cercanías de comunidades residenciales.
La iniciativa, acogida por el regidor Roberto Spesny del Partido del Sol, planteaba solicitar un criterio técnico a Setena sobre si un eventual cambio de uso de suelo —de zona comercial y logística a zona de recuperación— requeriría la elaboración de un plan de reajuste de incentivos, conforme a la normativa vigente.
Argumentos de la moción
Durante su intervención, Zamora destacó que el plan regulador es el principal instrumento de ordenamiento territorial del cantón, al definir aspectos clave como el uso de suelo, el desarrollo urbano, la infraestructura y la protección ambiental.
Asimismo, subrayó que el Concejo Municipal tiene la potestad y la responsabilidad de ajustar o rechazar elementos del plan cuando estos no respondan al interés público, basándose en criterios técnicos y en la participación ciudadana.
Entre los argumentos expuestos, la regidora mencionó que previo a la audiencia pública, el sector de Pozos noreste estaba clasificado como zona de recuperación, respaldado por estudios técnicos. Sin embargo, posteriormente se introdujo un cambio que lo define como zona comercial y logística, lo que permitiría la instalación de actividades potencialmente incompatibles con áreas residenciales cercanas.
También hizo referencia a la reciente explosión de tanques de gas en una industria de la zona, señalando que este hecho evidencia riesgos reales asociados a la cercanía entre actividades industriales y comunidades habitadas como Bosques de Santa Ana y Residencial Montana.
Votación y traslado a comisión
La solicitud de dispensa de trámite —que habría permitido votar la moción de forma inmediata— fue rechazada con cuatro votos en contra y tres a favor. Votaron a favor los regidores Danny Ureña (Partido Republicano), Roberto Spesny y Wendy Mora (Partido Del Sol), mientras que se opusieron Cinthya Chávez, Gonzalo Rojas, Milena Blen y Walter Herrera (Partido PLN).
Tras el rechazo, la moción fue remitida a la comisión de plan regulador para su análisis.
Postura en contra
El regidor Walter Herrera justificó su voto negativo argumentando que el proceso del plan regulador ya superó etapas clave de discusión y análisis, y que actualmente se encuentra en una fase avanzada tras más de diez años de trabajo.
Herrera reconoció la preocupación de los vecinos, pero insistió en que reabrir discusiones en esta etapa podría atrasar la aprobación de un instrumento que considera necesario para ordenar el desarrollo del cantón y regularizar situaciones urbanísticas existentes.
No obstante, señaló que existe apertura para revisar y actualizar el plan regulador en un futuro, una vez aprobado, tomando en cuenta cambios y nuevas necesidades del cantón.
Reacción de vecinos
En paralelo a la discusión en el Concejo, vecinos de Bosques de Santa Ana emitieron un comunicado público en el que manifestaron su inconformidad con la decisión de no aprobar la dispensa de trámite, señalando preocupaciones por el impacto que la zonificación podría tener en la seguridad y calidad de vida de la comunidad.
El tema de la zonificación en Pozos se mantiene como uno de los puntos sensibles dentro del proceso del plan regulador, en medio de tensiones entre el desarrollo urbano, la actividad económica y la protección de las zonas residenciales ante desarrollos comerciales que pueden ser peligrosos para los residentes del cantón.
Nosotros conversamos hace una semana con el alcalde Juan José Vargas precisamente sobre la situación que vivieron los vecinos cercanos a Blue Flame el día del la explosición de un contenedor de gas y esto fue lo que nos dijo:
La propuesta para avanzar en la creación de un parque en el distrito de Salitral generó pequeñas diferencias de opinión la noche del martes en el Concejo Municipal, donde finalmente el dictamen de comisión fue rechazado por mayoría, evidenciando opiniones divididas tanto técnicas como políticas sobre el proyecto.
El regidor Danny Ureña, quien expuso el dictamen, explicó que la iniciativa surge de una comisión previamente aprobada por el Concejo, cuyo objetivo fue analizar las condiciones necesarias para adquirir un terreno destinado a dicho parque.
El regidor subrayó que, a diferencia de otros proyectos como el parque de Pozos, en este caso no se está señalando una propiedad específica, sino que se pretende establecer parámetros para abrir un proceso de contratación pública. Indicó además que el presupuesto inicial de ¢250 millones resultaba insuficiente, por lo que se plantea una reserva cercana a los ¢1.400 millones, con la cual se estima adquirir aproximadamente 38.000 metros cuadrados.
Uno de los argumentos a favor del proyecto fue la carencia total de espacios recreativos en el distrito. “Salitral cuenta con cero metros cuadrados destinados a parque”, afirmó el regidor, señalando que esta situación representa una deuda en términos de salud pública y acceso a un ambiente sano para una población de alrededor de 5.700 habitantes.
Cuestionamientos técnicos y de ubicación
Durante la discusión, la regidora y presidenta del Concejo Wendy Mora manifestó preocupaciones relacionadas con el uso de suelo y la ubicación de los terrenos analizados. Señaló que, según el plan regulador vigente, las propiedades contempladas tienen uso agrícola, lo que impediría su desarrollo como parque.
Asimismo, mencionó que algunas de las fincas evaluadas se ubican más cerca de San Rafael que del centro de Salitral, lo que podría limitar el acceso de comunidades como Matinilla o Pabellón.
En respuesta, Danny Ureña reiteró que no existe una ubicación definida y que el proceso se realizaría mediante concurso público, abierto a cualquier propietario interesado. También defendió la viabilidad del proyecto señalando que existen criterios legales que respaldan la creación de espacios públicos en función del interés superior de garantizar un ambiente sano.
Propuesta de cabildo divide al Concejo
El regidor Walter Herrera introdujo un nuevo elemento al debate al proponer la realización de un cabildo abierto en Salitral, con el fin de que la comunidad defina si considera prioritario el desarrollo del parque o si existen otras necesidades más urgentes.
Herrera argumentó que en redes sociales existen posiciones encontradas sobre el proyecto, por lo que considera necesario un proceso participativo formal antes de comprometer recursos públicos.
“Hay personas que están de acuerdo y otras que no. Lo responsable es escuchar a la comunidad y que sea esta la que defina sus prioridades”, indicó.
Sin embargo, la propuesta del regidor Walter Herrera fue cuestionada por Danny Ureña, quien calificó la iniciativa como innecesaria y defendió que los proyectos de inversión pública no pueden someterse constantemente a consulta popular. Además, comparó la situación con otros proyectos cantonales que no han pasado por este tipo de procesos.
Votación y trámite pendiente
El dictamen de la comisión fue finalmente rechazado con cuatro votos en contra y tres a favor, frenando momentáneamente el avance del proyecto.
Posteriormente, la moción para convocar al cabildo no fue dispensada de trámite, por lo que fue remitida a la Comisión de Gobierno y Administración para su análisis.
Con este escenario, el futuro del parque en Salitral queda en suspenso, mientras el Concejo deberá retomar la discusión tanto del modelo de participación ciudadana como de los criterios técnicos y territoriales para una eventual inversión en el distrito.
El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) expuso este martes ante el Concejo Municipal una serie de hallazgos derivados de un proceso de fiscalización al Centro Diurno Joaquín y Ana, que evidencian inconsistencias en el reporte de personas beneficiarias y el uso de recursos públicos.
La intervención estuvo a cargo de Yolanda Benavides, representante del CONAPAM, quien explicó el marco legal y operativo de la institución, creada mediante la Ley 7935 como ente rector en materia de envejecimiento y vejez en Costa Rica. Durante su exposición, subrayó que los fondos que administra la entidad provienen, en gran medida, de aportes solidarios de la ciudadanía a través de la Ley de Asignaciones Familiares (DESAF) y otros tributos específicos.
Más de ₡100 millones bajo análisis
Uno de los puntos más sensibles de la presentación fue el detalle financiero del centro diurno. Según datos aportados por CONAPAM, el Centro Joaquín y Ana manejó en el último año un presupuesto superior a los ₡102 millones, provenientes de distintas fuentes:
Aproximadamente ₡47 millones anuales del CONAPAM
Más de ₡31 millones de la Junta de Protección Social
Cerca de ₡24 millones provenientes de la Municipalidad
Esto representaba ingresos mensuales cercanos a los ₡8,5 millones.
Sin embargo, durante una visita de fiscalización, se detectó que de las 37 personas adultas mayores reportadas como beneficiarias del subsidio estatal, 23 no asistían regularmente al centro, lo que implica que se estaban girando recursos con base en información que no correspondía a la realidad.
Tras la depuración, únicamente 5 personas cumplen actualmente con los requisitos para recibir el subsidio, mientras que otros casos requieren actualización o no califican, lo que limitaría significativamente los futuros desembolsos.
Proceso en investigación
Benavides aclaró que el caso se encuentra en proceso de investigación, por lo que no se pueden detallar eventuales sanciones. No obstante, explicó que, ante inconsistencias, el CONAPAM emite informes técnicos que pueden derivar en ajustes, suspensiones de fondos o procesos administrativos contra las organizaciones responsables.
“Los recursos no provienen de un impuesto cualquiera, sino del bolsillo de todos los trabajadores del país. Por eso es fundamental garantizar su uso adecuado”, enfatizó.
Llamado a fortalecer la fiscalización
El alcalde, Juan José Vargas, respaldó la labor de fiscalización y señaló que su administración ha impulsado mayores controles sobre el uso de fondos públicos por parte de organizaciones.
“Cuando no hay controles, suceden situaciones lamentables como esta. Ninguna organización que reciba recursos públicos debería oponerse a ser fiscalizada”, afirmó.
En esa línea, varios regidores coincidieron en la necesidad de reforzar la supervisión y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las personas adultas mayores que más lo necesitan.
Envejecimiento: un reto país
Durante su intervención, CONAPAM también advirtió sobre el acelerado envejecimiento de la población costarricense. Se estima que en los próximos 25 años el país pasará de más de 600 mil a 1,3 millones de personas adultas mayores, lo que obliga a fortalecer políticas públicas y modelos de atención a nivel local.
El proyecto para construir un nuevo parque en el distrito de Salitral avanza en su proceso dentro del Concejo Municipal y podría ser sometido a votación la próxima semana, luego de que una comisión municipal aprobara por unanimidad el dictamen que respalda la iniciativa.
Así lo explicó el regidor municipal Danny Ureña durante una entrevista realizada por Daniel González, del medio Santa Ana Actual, en la que detalló el estado actual del proyecto y los pasos que siguen para su eventual aprobación.
Según Danny Ureña, el proyecto se encuentra actualmente en etapa de análisis y recomendación dentro de una comisión especial, la cual ya emitió un dictamen favorable que será conocido por el Concejo Municipal en la sesión del próximo martes.
“El dictamen fue aprobado por unanimidad en comisión y lo estaremos viendo este martes en el Concejo Municipal para que sea aprobado”, explicó el regidor.
Un parque necesario para un distrito sin áreas recreativas
De acuerdo con el regidor, uno de los principales argumentos para impulsar el proyecto es la falta de espacios recreativos formales en el distrito. Estudios municipales citados durante la entrevista indican que actualmente Salitral no cuenta con metros cuadrados destinados específicamente a parque.
Con una población aproximada de 5.713 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la recomendación técnica sería disponer de al menos 10 metros cuadrados de área verde por habitante, lo que equivaldría a unos 57.130 metros cuadrados de parque.
“Hoy por hoy hay cero metros cuadrados de parque en Salitral. El distrito está creciendo mucho a nivel habitacional y necesitamos espacios de encuentro para la comunidad”, indicó Ureña.
Inversión estimada de ₡1.400 millones
El dictamen propone una inversión cercana a ₡1.400 millones, monto que permitiría adquirir un terreno de aproximadamente 38.000 metros cuadrados, con el objetivo de acercarse al estándar recomendado de áreas recreativas.
Según explicó el regidor, inicialmente el presupuesto municipal contemplaba alrededor de ₡250 millones para parques, pero el proyecto quedó suspendido debido a ajustes financieros relacionados con pagos judiciales a funcionarios municipales.
La intención ahora es incorporar los recursos necesarios mediante un presupuesto extraordinario.
Ubicación aún no definida
La ubicación definitiva del parque aún no está establecida, ya que dependerá de las propiedades que eventualmente se oferten mediante el sistema de contratación pública.
Entre las opciones analizadas se encuentran terrenos cercanos a la plaza de fútbol de Salitral y otros puntos del distrito como una propiedad ubicada sobre Calle El Perico, estas propiedades deben cumplir con condiciones técnicas como acceso por vía pública, pendientes adecuadas y compatibilidad con el plan regulador.
Ureña señaló que el proyecto contempla espacios de recreación como senderos para caminar o trotar, zonas de descanso, kioscos y áreas de parqueo.
Cancha de fútbol no sería afectada
Uno de los temas que ha generado debate en otros distritos del cantón, como el uso de canchas deportivas para desarrollar parques, no estaría contemplado en el caso de Salitral.
El regidor aclaró que el proyecto busca adquirir un terreno nuevo y no intervenir la actual cancha de fútbol del distrito.
“En este proyecto no está contemplado tocar la cancha de fútbol. Queremos comprar una propiedad que permita desarrollar el parque sin afectar ese espacio”, afirmó.
Posible impulso al turismo rural y a los emprendedores
Durante la conversación también se planteó la posibilidad de que el futuro parque se convierta en un espacio para ferias agrícolas, actividades comunitarias y proyectos de turismo rural vinculados con las montañas y atractivos naturales de la zona.
Ureña destacó que un parque podría convertirse en un punto de encuentro para agricultores, emprendedores y visitantes, fortaleciendo la economía local.
Llamado a los regidores para apoyar el proyecto
De cara a la votación en el Concejo Municipal, el regidor hizo un llamado a sus compañeros para respaldar la iniciativa, argumentando que se trata de un proyecto de interés comunal.
“Invito a los compañeros regidores a que ojalá lo votemos por unanimidad. Salitral necesita este espacio”, manifestó.
El proyecto será discutido en la próxima sesión del Concejo Municipal, donde se definirá si la iniciativa continúa su camino hacia la asignación presupuestaria y eventual ejecución.
Entrevista con Danny Ureña, regidor municipal y vecino del distrito de Salitral
El Concejo Municipal conoció este jueves en una sesión extraordinaria el informe de rendición de cuentas correspondiente al 2025 presentado por el alcalde Juan José Vargas, durante una sesión en la que también intervinieron regidores y la vicealcaldesa Marielos Rivera Sibaja.
Durante su exposición, el jerarca municipal inició agradeciendo el trabajo del equipo que lo acompaña en la administración local, destacando el respaldo de la vicealcaldesa Marielos Rivera. Juan José Vargas resaltó la coordinación entre la alcaldía y la vicealcaldía para impulsar proyectos en beneficio del cantón.
El alcalde también reconoció el apoyo del segundo vicealcalde, Alexander Hernández, a quien calificó como un profesional con amplia trayectoria en la función pública, así como el trabajo de la directora administrativa Marilú y la directora financiera María Pérez, a quienes atribuyó parte del orden y la gestión administrativa del municipio.
En su discurso, Vargas aseguró que la mayoría del personal municipal mantiene un desempeño destacado. “Después de casi dos años de labor puedo decir que en esta municipalidad hay un 95% de empleados que son maravillosos y ejemplares”, afirmó. No obstante, también señaló que existe un pequeño grupo de funcionarios cuyo desempeño, según indicó, no cumple con las expectativas del servicio público.
El alcalde destacó además el ambiente de diálogo que, a su juicio, ha prevalecido en el Concejo Municipal pese a las diferencias políticas. En ese sentido, agradeció la disposición de las distintas fracciones para mantener el respeto y priorizar los intereses del cantón por encima de las banderas partidarias.
Tras la presentación del informe, varios regidores tomaron la palabra para referirse al trabajo municipal. El regidor José Pablo Guadamuz manifestó su agradecimiento por las obras ejecutadas en el distrito de Brasil de Santa Ana, particularmente en materia de infraestructura deportiva, vialidad y seguridad, aunque señaló que aún quedan proyectos pendientes por desarrollar.
Por su parte, el regidor Gonzalo Rojas expresó su reconocimiento a las autoridades municipales y a los funcionarios por el trabajo realizado, destacando que el crecimiento del cantón responde a una gestión basada en planificación, transparencia y responsabilidad pública.
El regidor Walter Herrera valoró la rendición de cuentas presentada por el alcalde y resaltó el hecho de que la actual administración haya dado continuidad a programas impulsados por gestiones anteriores, lo cual consideró positivo para el desarrollo del cantón.
Asimismo, la síndica del distrito Uruca Eileen Castro agradeció la atención brindada por la administración municipal a las necesidades del distrito de Uruca, donde, según indicó, se esperan importantes mejoras en los próximos años.
Al cierre de la sesión, la vicealcaldesa Marielos Rivera Cibaja señaló que el compromiso de la administración es continuar trabajando por el progreso del cantón durante los próximos años de gestión, resaltando la importancia de los valores y el servicio a la comunidad en la función pública.
Finalmente, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad —con siete votos— acoger el informe de gestión de la Alcaldía correspondiente al año 2025.
Puede observar el video relacionado al informe sobre la rendición de cuentas de la alcaldía en el siguiente enlace:
La Alcaldía Municipal realizará este miércoles 12 de marzo la presentación oficial de la Rendición de Cuentas correspondiente al período 2025, un espacio en el que se expondrán los principales avances, proyectos y resultados de la gestión municipal durante el último año.
La actividad está programada para iniciar a las 7:00 p. m. y será transmitida en vivo a través de Facebook Live y YouTube de las redes sociales de la Municipalidad, con el objetivo de que los vecinos del cantón puedan seguir la presentación y conocer de primera mano las acciones ejecutadas por el gobierno local.
Durante la rendición de cuentas se espera que la alcaldía detalle iniciativas desarrolladas en diferentes áreas del cantón, como infraestructura vial, seguridad, programas sociales, gestión comunitaria y desarrollo local, así como los proyectos impulsados en distintos distritos de Santa Ana.
El abogado santaneño José Ramón Sibaja Montero presentó este jueves un carta formal ante el Concejo Municipal, en el que solicita un pronunciamiento oficial luego de que el alcalde Juan José Vargas Fallas lo calificara como un “profesional inescrupuloso” y lo vinculara a actos que describió como delictivos durante una sesión municipal el pasado martes.
La carta, está dirigida a los regidores del Concejo Municipal. En el documento, Sibaja Montero manifiesta que el pasado martes 24 de febrero fue alertado por terceros sobre declaraciones hechas en su contra en el marco de la discusión relacionada con el botadero ilegal en el sector de Las Mesas de Brasil, tema abordado recientemente en el Concejo y divulgado por este medio.
El profesional indica que, tras escuchar la grabación de la sesión, constató que el alcalde, “haciendo uso de la palabra”, se refirió a su persona con calificativos que considera lesivos a su honor y reputación, además de vincularlo con actos atribuidos a un tercero y calificados como delictivos.
En su escrito, el abogado señala que ningún miembro del Concejo intervino para refutar o aclarar las afirmaciones del jerarca municipal, lo que —según plantea— podría interpretarse como un aval implícito a esas manifestaciones. Asimismo, advierte que las palabras expresadas en condición de alcalde podrían acarrear “serias consecuencias patrimoniales al municipio”, en caso de que emprenda acciones legales.
“¿El no pronunciarse en relación a esas infundadas y temerarias imputaciones de que fui objeto, significa que el Concejo Municipal comparte lo expresado por el funcionario aludido?”, cuestiona en la misiva, en la que además solicita un pronunciamiento formal del órgano colegiado.
El documento surge luego de que el alcalde realizara los señalamientos en la sesión municipal, en medio de la polémica por el botadero ilegal que opera desde hace años en Las Mesas de Brasil, situación que ha generado cuestionamientos públicos sobre responsabilidades, omisiones y eventuales vínculos de un exregidor llamado Ricardo Alfaro con el uso del terreno.
Estaremos esperando la respuesta del Concejo Municipal a emitir una respuesta oficial a la solicitud planteada por el abogado. Se mantiene pendiente la reacción del alcalde ante la carta presentada y las eventuales acciones legales anunciadas.
Este medio continuará dando seguimiento a este caso, que añade un nuevo capítulo a la controversia en torno al botadero ilegal y a las responsabilidades políticas y legales derivadas de su funcionamiento.
La problemática del botadero clandestino en Rancho Tico en el sector de Las Mesas, distrito de Brasil, volvió a hablarse este martes en el seno del Concejo Municipal, luego de que el síndico del distrito, José Pablo Guadamúz, expusiera una cronología de gestiones realizadas desde 2024 y el alcalde Juan José Vargas denunciara presuntas trabas legales y señalara a figuras específicas como vinculadas al sitio.
La situación, que según vecinos se arrastra desde hace varios años, incluye acumulación ilegal de residuos, quemas recurrentes —principalmente en horas nocturnas— y afectación directa a comunidades aledañas por humo, contaminación y riesgos ambientales.
Las gestiones formales desde 2024
De acuerdo con la documentación remitida a este medio por el síndico del Concejo de Distrito de Brasil, el tema fue planteado formalmente en la Sesión Ordinaria N.º 1-2024 del Concejo Municipal, celebrada el 7 de mayo de 2024, donde se solicitó la eliminación de varios basureros clandestinos en el distrito, incluyendo el de:
Barrio Las Mesas (Transversal 102)
Barrio Los Ángeles (Transversal 86)
Calle La Planta (Calle 100)
Barrio La Amistad (Ruta 22)
Posteriormente:
6 de junio de 2024: se envía correo formal a la Administración del Gobierno Local solicitando intervención para eliminar el botadero clandestino.
11 de julio de 2024: se solicita al Proceso de Gestión de Riesgo de la Municipalidad un informe sobre el estado del terreno y el impacto ambiental generado.
19 de agosto de 2024: se recibe respuesta mediante oficio MSA-ALC-PRD-01-100-2024.
29 de septiembre de 2025: el informe de labores del Concejo de Distrito de Brasil expone nuevamente la situación de los basureros clandestinos, incluyendo Las Mesas.
7 de octubre de 2025: el informe es presentado ante el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N.º 75.
En su intervención, Guadamúz sostuvo que la Administración ha coordinado denuncias, levantamiento de actas por parte de la Policía Municipal y otras acciones conjuntas para dar seguimiento al caso.
Alcalde denuncia “impotencia” institucional
Tras la intervención del síndico, el alcalde Juan José Vargas calificó la situación como “vergonzosa” y expresó frustración por lo que considera falta de respuesta efectiva del sistema judicial.
Durante su intervención pública, el alcalde mencionó al exregidor Ricardo Alfaro y a un abogado del cantón de apellido Sibaja como personas relacionadas con el sitio en disputa. Según señaló, cuando la Municipalidad intentó cerrar el acceso al terreno mediante una valla, se interpuso un recurso ante la Sala Constitucional que, según indicó, falló a favor de los recurrentes al considerar que existía persecución política.
Asimismo, el alcalde afirmó que en el sitio se han detectado no solo residuos sólidos, sino también situaciones presuntamente irregulares como la aparición de un contenedor robado y vehículos reportados como robados, extremos que —según dijo— fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes.
También aseguró que el Ministerio Público ha sido notificado en varias ocasiones, pero que el caso ha enfrentado atrasos, incluyendo cambios de fiscales y acumulación de expedientes.
Humo, quemas, robo de cabezal y riesgo ambiental
Vecinos del sector han denunciado en redes sociales la quema constante de residuos, principalmente durante noches y fines de semana. Según los testimonios, el humo ha afectado viviendas cercanas y ha generado preocupación por la salud pública. Además el lugar ha sido partícipe de robo de camiones donde han tenido que intervenir la Fuerza Pública, Policía Municipal y el OIJ.
El alcalde indicó que incluso el Cuerpo de Bomberos enfrenta limitaciones para ingresar al terreno debido a condiciones de riesgo de la cual está oficialmente declarado inavitable por la Comisión Nacional de Emergencias.
Cámaras de vigilancia: versiones contradictorias
En sesiones anteriores, el alcalde Juan José Vargas había manifestado que se habían instalado cámaras de videovigilancia en la zona para combatir el vertido ilegal.
Sin embargo, de acuerdo con la información recopilada por este medio informativo y tras revisión documental y consultas locales, no se tiene constancia de que dichas cámaras estén actualmente operativas en el punto específico del botadero de Las Mesas.
Reforma al reglamento de multas
Ante la persistencia del problema, el alcalde anunció que la próxima semana se presentará una moción para reformar el reglamento municipal de multas en materia de residuos sólidos, con el fin de endurecer sanciones y agilizar procesos.
Durante el debate se mencionó como referencia el modelo sancionatorio aplicado en la Municipalidad de San José, donde las multas por botar basura en vía pública pueden oscilar entre ¢136 mil y montos superiores al millón de colones, dependiendo de la gravedad.
Un conflicto que escala
El caso de Las Mesas ya no es solo un problema ambiental: se ha convertido en un conflicto político y legal que enfrenta a actores locales, vecinos organizados y autoridades municipales.
Mientras tanto, la comunidad continúa denunciando afectaciones por humo y acumulación de residuos, a la espera de una solución definitiva que combine acción administrativa, judicial y control efectivo del terreno.
Santa Ana Actual continuará dando seguimiento a este caso.
El Concejo Municipal aprobó este martes el giro de ₡200 millones para el financiamiento del programa EMAI durante el 2026, tras avalar el convenio de ejecución del aporte anual entre la Municipalidad y la Asociación encargada de administrar este centro de enseñanza.
El acuerdo se tramitó bajo el oficio MSA-ALCASL-02-062-2026, fechado el 24 de febrero de 2026 y suscrito por la asesora legal municipal, Andrea Robles Álvarez, mediante el cual se solicitó la aprobación formal del convenio que permitirá realizar la transferencia de los recursos correspondientes a este año.
Durante la sesión, el alcalde Juan José Vargas destacó la importancia de concretar el giro de los fondos en esta etapa, señalando que la Municipalidad mantiene una “muy buena relación” con la Asociación AMI y que el aporte resulta clave en medio del proceso de transformación institucional que atraviesa el gobierno local.
“Necesitamos girarles estos dineros en este tiempo tan importante”, indicó el jerarca, aludiendo a las actividades y compromisos que desarrolla el EMAI a lo largo del año.
La moción para acoger el oficio y someterlo a votación fue presentada por el regidor Gonzalo Rojas, quien solicitó la dispensa de trámite, la aprobación del fondo y la declaratoria de firmeza del acuerdo.
Santa Ana Actual Informa
