Santa Ana Actual - Las noticias del cantón de Santa Ana
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Un grupo de 19 policías municipales provenientes de distintas zonas del país y de nuestro cantón, participaron en un seminario especializado en reconocimiento facial, como parte de los esfuerzos por fortalecer las capacidades de investigación criminal a nivel local.
La capacitación fue impartida por la Policía Nacional de Colombia y contó con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos, en una iniciativa que busca mejorar las herramientas tecnológicas y analíticas de los cuerpos policiales.
Durante la jornada, se destacó la importancia de la identificación de personas como elemento clave en toda investigación criminal. Asimismo, los participantes profundizaron en el análisis de casos prácticos, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales.
Autoridades aseguran que la medida responde a análisis de Bomberos, Salud y MINAE; vecinos reciben mensaje de tranquilidad
La municipalidad anunció la suspensión de la patente comercial de la empresa Blue Flame, luego de un proceso de revisión basado en informes técnicos elaborados por distintas instituciones del Estado.
Según indicaron las autoridades, la decisión se tomó tras un análisis “previo y profundo” de las investigaciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en relación con la situación presentada en las operaciones de la empresa.
“Esta no es una medida antojadiza”, señalaron desde la alcaldía Juan José Vargas y Marielos Rivera, al tiempo que destacaron que las observaciones emitidas por el MINAE fueron clave dentro del proceso de evaluación. No obstante, recalcaron que el caso no podía resolverse únicamente con recomendaciones técnicas, sino que requería acciones concretas por parte del gobierno local.
En ese sentido, la municipalidad confirmó que ya se notificó formalmente a la empresa sobre la suspensión temporal de su patente. Aunque el proceso administrativo continúa, las autoridades fueron enfáticas en que la medida se mantendrá vigente hasta que la compañía cumpla con todos los requisitos establecidos en los informes técnicos.
“La suspensión es y será definitiva hasta que no se atiendan las disposiciones señaladas”, indicaron.
Aunque los alcaldes de los respectivos cantones en Costa Rica están obligados por ley a rendir cuentas de su gestión, actualmente no existe una normativa que los obligue a hacerlo en un espacio abierto y participativo dirigido directamente a la ciudadanía, sino solamente para los regidores de un Concejo Municipal.
De acuerdo con el marco vigente del Código Municipal, los jerarcas locales deben presentar un informe anual de labores ante el Concejo Municipal. Este ejercicio, sin embargo, suele realizarse en sesiones formales, con limitada interacción ciudadana y sin mecanismos estandarizados que garanticen el acceso amplio de la población.
El tema ha cobrado relevancia en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y la cercanía de los gobiernos locales con sus comunidades. Especialistas en gestión pública coinciden en que, si bien existen figuras como audiencias públicas o cabildos abiertos, estas no sustituyen una rendición de cuentas estructurada, periódica y accesible para todos los habitantes del cantón.
Incluso, la propia línea jurisprudencial de la Sala Constitucional de Costa Rica ha reforzado principios como la transparencia, la participación ciudadana y el control democrático sobre la función pública, aunque sin establecer una obligación específica sobre el formato de rendición de cuentas a nivel municipal.
En esa misma línea, el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el Artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica, así como los principios de acceso a la información pública, han sido interpretados como pilares de una democracia participativa, donde la ciudadanía no solo recibe información, sino que también puede cuestionar y fiscalizar a sus autoridades.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa se han presentado iniciativas orientadas a fortalecer estos mecanismos. Un ejemplo es el expediente 23.817, que propone garantizar una rendición de cuentas más efectiva por parte de las autoridades municipales, incluyendo mayores niveles de transparencia y cercanía con la población.
Propósito del Expediente 23,817
La presente propuesta tiene como objetivo establecer ciertos contenidos mínimos en los informes de las autoridades municipales. Estos contenidos abarcan aspectos como los recursos financieros, humanos y materiales disponibles, la estructura organizativa actualizada y una lista de los funcionarios junto con sus respectivas clasificaciones de puestos. Asimismo, se espera que se incluyan las metas establecidas para el período en análisis, detallando los resultados concretos obtenidos para cada una de ellas tanto en el marco del Plan Anual Operativo como en el programa de gobierno presentado al inicio de la administración. También se sugiere que se describan y justifiquen los créditos adquiridos, las modificaciones salariales acordadas, así como los procesos o demandas legales enfrentadas o promovidas.
Puede ver el proyecto de ley en el siguiente enlace:
Sin embargo, mientras no exista una obligación legal concreta, la realización de espacios abiertos de rendición de cuentas dependerá de la voluntad política de cada alcalde o alcaldesa, lo que genera diferencias significativas entre cantones, es decir, los ciudadanos no tienen el espacio para poder preguntar a los alcaldes o en su momento cuestionarles públicamente .
Para analistas, el vacío normativo deja abierta la discusión sobre la necesidad de una reforma que establezca, de forma clara, la obligación de realizar informes públicos en espacios accesibles, con posibilidad de participación ciudadana y mecanismos de consulta directa.
El alcalde Juan José Vargas, informó este martes en sesión del Concejo Municipal sobre una serie de proyectos e intervenciones viales que se encuentran en gestión o próximos a ejecutarse en distintos puntos del cantón.
Durante su intervención, el jerarca destacó una reunión reciente con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), en la que participaron cerca de 25 funcionarios, incluyendo representantes del despacho ministerial.
Entre los temas abordados, Vargas mencionó problemáticas históricas relacionadas con rutas nacionales clave como la Ruta 27, la Ruta 22 y la Ruta 32, así como la rotonda ubicada en el sector de Brasil de Santa Ana.
Intervenciones en Río Oro y AutoStart
El alcalde anunció el inicio de trabajos pluviales en Río Oro, proyecto que —según indicó— ha sido impulsado por la municipalidad en coordinación con el MOPT.
Asimismo, señaló avances en una propuesta conjunta con el sector privado para intervenir el punto de Autostart, donde se plantea habilitar un carril adicional para reducir la congestión vehicular generada tras la ampliación de la radial.
“Está el dinero por parte de la empresa privada y la voluntad de la municipalidad”, afirmó Vargas, quien aseguró que este proyecto se encuentra en análisis tras el acercamiento con las autoridades nacionales.
Estudios para semáforo en La Chispa
Otro de los puntos destacados fue el semáforo de La Chispa, una solicitud histórica de la comunidad. El alcalde explicó que la municipalidad iniciará estudios de conteo vehicular para respaldar técnicamente la petición ante el MOPT.
Además, funcionarios municipales ya comenzaron procesos de capacitación en coordinación con otras municipalidades como Mora y Escazú, con el fin de agilizar estos estudios.
Puente Cañas y salida hacia la Ruta 27
Entre los proyectos de infraestructura, Vargas mencionó la construcción del puente Cañas, el cual permitiría mejorar la conexión de comunidades hacia la Ruta 27 mediante una vía cantonal.
También se refirió a la intervención en el sector de Santana 2000, donde se busca ampliar un punto crítico de acceso mediante negociaciones con propietarios privados para facilitar el tránsito.
Atención a puentes y rutas cantonales
El alcalde informó que ya se determinó que la empresa concesionaria Globalvia es responsable del mantenimiento del puente ubicado en Fórum, el cual será objeto de revisión estructural y mejoras en el asfalto.
En cuanto a la Ruta 311, que conecta con Salitral, Vargas indicó que se avanza en gestiones para que el CONAVI ejecute un asfaltado completo, mientras la municipalidad asumiría obras complementarias como cunetas y aceras.
Donaciones y soluciones a parqueo municipal
Finalmente, el alcalde destacó la recepción de donaciones de terrenos por parte de vecinos para ampliar calles en sectores como Chirracal y Momany.
Además, anunció que una ciudadana ofreció un lote bajo la figura de comodato para habilitar un espacio de parqueo para aproximadamente 100 vehículos municipales, lo que aliviaría la presión sobre los espacios actuales.
Ayer en el Concejo Municipal se discutió y aprobó una moción orientada a mejorar el acceso a los servicios de salud en el cantón, mediante la ampliación de horarios de atención y el fortalecimiento del recurso humano, especialmente en el área de pediatría.
La iniciativa, presentada por el regidor Ricardo Alfaro del PUSC, plantea la necesidad de gestionar ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acciones concretas para responder al crecimiento poblacional y a la creciente demanda de atención médica, en particular de personas adultas mayores.
Durante su exposición, Alfaro subrayó que la salud es un derecho fundamental respaldado por la Constitución Política, y que el Estado debe garantizar servicios oportunos y de calidad. Asimismo, señaló que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Santa Ana experimenta un acelerado proceso de envejecimiento demográfico, con una población estimada de más de 61 mil habitantes para 2025, de los cuales entre un 10% y un 12% corresponde a personas mayores de 65 años.
La moción advierte sobre limitaciones actuales en la prestación de servicios de salud en el cantón, administrados por la CCSS a través del modelo de gestión delegada de la cooperativa Copesana. Entre los principales problemas señalados destacan los horarios restringidos y la falta de especialistas, particularmente en pediatría, lo que incide directamente en la calidad de vida de los usuarios.
En ese sentido, el acuerdo aprobado solicita formalmente a la Gerencia Médica de la CCSS valorar y autorizar la ampliación de horarios en los centros de salud del cantón, así como la asignación o contratación de profesionales en pediatría para garantizar una atención integral.
El debate en el plenario se centró principalmente en la redacción del tercer punto de la moción, que inicialmente instaba directamente a Copesana a implementar mejoras. El regidor Walter Herrera advirtió que, debido a las condiciones contractuales vigentes, la cooperativa no puede realizar cambios sin la autorización previa de la CCSS.
“Copesana tiene limitaciones claras establecidas en su contrato, por lo que cualquier ampliación de servicios debe ser aprobada por la Gerencia Médica”, señaló Herrera, quien propuso ajustar el texto para evitar interpretaciones erróneas.
La presidenta del Concejo, Wendy Mora, respaldó esta posición, recordando que representantes de la cooperativa ya habían explicado previamente las restricciones operativas derivadas de su contrato con la Caja.
Tras el intercambio de criterios, la regidora Cynthia Chávez propuso una modificación al punto en discusión, de modo que se inste a Copesana a “continuar con las gestiones administrativas necesarias” en coordinación con la CCSS, en lugar de atribuirle directamente la implementación de cambios.
Con esta enmienda, la moción fue sometida a votación y aprobada por unanimidad, con siete votos a favor, tanto en el fondo como en firmeza.
El acuerdo será notificado a la Gerencia Médica de la CCSS y a Copesana, con el objetivo de avanzar en la mejora de los servicios de salud para la población santaneña.
El problema de inundaciones en Calle El Tajo en Lindora distrito de Pozos, volvió a la mesa del Concejo Municipal durante la sesión de este martes, donde se evidenció la preocupación de los vecinos ante los retrasos en las obras prometidas desde octubre de 2025.
La presidenta del Concejo Municipal, Wendy Mora, expuso que, pese a que la municipalidad instaló una tubería de carácter temporal para mitigar la situación, esta no cuenta con la capacidad necesaria, quedando pendiente su reemplazo definitivo.
Según detalló, durante meses los vecinos han recibido distintas justificaciones por parte de la administración sobre el atraso en el inicio de los trabajos, entre ellas problemas con especificaciones de la tubería, devoluciones al proveedor, falta de maquinaria y retrasos de la empresa constructora.
Mora también cuestionó la falta de comunicación hacia la comunidad, señalando que los vecinos no han sido informados sobre avances clave, como la existencia de estudios técnicos ni la inclusión del proyecto dentro de un presupuesto extraordinario.
En ese presupuesto se contempla la compra de una servidumbre para el desfogue de aguas, con una inversión aproximada de 145 millones de colones, monto que incluiría las obras necesarias para atender la problemática.
Ante este panorama, la presidenta solicitó al alcalde que interceda para que, una vez aprobado el presupuesto en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se priorice la adquisición del terreno y la ejecución del proyecto.
Por su parte, el alcalde, Juan José Vargas, reconoció la complejidad del caso y aseguró que la administración es consciente de la situación que enfrentan los vecinos.
El jerarca explicó que, aunque existe voluntad de ejecutar las obras, el proceso se ha visto afectado por requisitos de contratación pública y la necesidad de justificar técnicamente cada intervención. Además, indicó que la solución inicial con tuberías fue una medida temporal ante la emergencia.
Vargas detalló que uno de los principales obstáculos ha sido la intervención en el sector conocido como el Tajo Fecosa, donde las condiciones legales, técnicas y de seguridad han complicado los trabajos. Incluso, mencionó dificultades en la comunicación con los propietarios del terreno y cambios en las condiciones del proyecto que obligaron a replantear la solución.
Como alternativa, la municipalidad optó por impulsar la compra o expropiación de una servidumbre para canalizar adecuadamente las aguas, proceso que actualmente se encuentra en marcha e incluido en la modificación presupuestaria.
El alcalde también enfatizó que este tipo de problemas no son recientes, sino que se arrastran desde administraciones anteriores, y aseguró que se están tomando acciones para darles una solución definitiva.
Mientras tanto, los residentes de Calle El Tajo continúan a la espera de que las gestiones municipales se traduzcan en soluciones concretas, meses atrás vecinos de esa localidad habían interpuesto un recurso de amparo, el cual la Sala IV les dió las razón a los vecinos para que la Municipalidad buscara una solución permanente a esta problemática que aqueja a los vecinos de esa localidad.
La Municipalidad anunció la incorporación de nuevos vehículos para fortalecer el sistema de recolección de residuos valorizables y el mantenimiento de espacios públicos, en una apuesta por mejorar la gestión ambiental del cantón y reducir costos en el servicio.
El alcalde, Juan José Vargas, informó que se trata de dos camiones destinados al reciclaje y una vagoneta para labores en parques y ornato. Según explicó, la inversión se realiza con recursos generados por la propia municipalidad, provenientes en parte del esfuerzo ciudadano.
“Estamos invirtiendo para el bien del cantón con los recursos que ustedes generan. Queremos mejorar el sistema de reciclaje y reducir los residuos para que el costo de la basura sea más bajo”, indicó Juan José Vargas.
Por su parte, la gestora ambiental, Rosa Muñoz, destacó que uno de los camiones fue adquirido gracias a los ingresos obtenidos por la venta de materiales valorizables, lo que evidencia el impacto directo de la separación de residuos en los hogares.
Muñoz recordó que el cantón cuenta con cobertura total en la recolección de reciclaje, distribuida por días según distrito: lunes en el Centro, martes en Pozos, miércoles en Salitral y parte de Uruca, jueves en Piedades, el resto de Uruca y Brasil, y viernes en Radial Lindora.
En esa misma línea, el director de Servicios Públicos y Ambientales, Alexander Robles, subrayó que el éxito de la iniciativa depende en gran medida de la participación ciudadana.
“Sin el cambio desde los hogares, estos equipos van a estar subutilizados. Necesitamos que se haga una correcta separación de los materiales”, advirtió.
Además de fortalecer la recolección, la municipalidad incorporó equipo para el mantenimiento de áreas verdes, limpieza de calles y atención de parques, lo que busca mejorar la calidad de los espacios públicos en el cantón.
Las autoridades adelantaron que próximamente se lanzará una campaña de educación ambiental para incentivar la correcta gestión de residuos y reforzar la cultura de reciclaje entre la población.
En la sesión ordinaria del Concejo Municipal realizada este martes, los regidores aprobaron una moción para designar de forma temporal a Ana Cecilia Díaz como auditora interna con recargo de funciones, en medio de un intenso debate sobre la legalidad del nombramiento y la necesidad de no dejar acéfala esta área clave.
La iniciativa fue presentada por el regidor José Roberto Castro y acogida por el regidor Roberto Spesny durante el apartado de mociones, bajo la figura de dispensa de trámite, argumentando la urgencia de garantizar la continuidad del servicio de auditoría interna, conforme a lo establecido en la Ley General de Control Interno (N.° 8292), que obliga a las instituciones públicas a contar con este órgano de fiscalización.
Castro señaló que, ante el proceso en curso para el nombramiento definitivo del auditor o auditora interna, se hacía indispensable adoptar una medida provisional para no comprometer el funcionamiento institucional. La moción fue acogida por el regidor Roberto Spethny y respaldada por otros miembros del Concejo.
Sin embargo, la propuesta generó posiciones encontradas. Los regidores Gonzalo Rojas y Cintia Chávez votaron en contra, cuestionando la viabilidad legal del nombramiento. Gonzalo Rojas indicó que la Contraloría General de la República ya había advertido sobre el vencimiento de los plazos para que la funcionaria asumiera nuevamente el cargo, mientras que Cinthya Chávez señaló posibles conflictos de interés y la necesidad de realizar una consulta previa al ente contralor.
En la misma línea, el alcalde intervino para advertir sobre riesgos jurídicos, señalando que los nombramientos interinos no pueden ser indefinidos y que lo procedente sería consultar previamente a la Contraloría antes de tomar una decisión. Además, subrayó la importancia de garantizar la independencia funcional de la auditoría interna.
Pese a estas observaciones, la mayoría del Concejo defendió la urgencia de la medida. El regidor Castro argumentó que la propia Contraloría había sido clara en que no se puede dejar a la institución sin auditoría interna, y que la responsabilidad de garantizar este control recae en las autoridades municipales.
Por su parte, el regidor Danny Ureña calificó la situación como “atípica” y señaló que el órgano colegiado debía hacer un balance entre los riesgos legales y la necesidad de cumplir con el control interno, incluso citando antecedentes en otras municipalidades.
Ante las preocupaciones planteadas, la moción fue modificada para establecer un plazo límite de dos meses para el recargo de funciones y disponer la notificación del acuerdo a la Contraloría General de la República.
Finalmente, la propuesta fue aprobada con cinco votos a favor y dos en contra, tanto en el fondo como en la firmeza, permitiendo así el nombramiento temporal mientras se resuelve el proceso definitivo.
El acuerdo busca subsanar observaciones previas de la Contraloría y evitar que la municipalidad opere sin auditoría interna, una situación que los regidores coincidieron en calificar como riesgosa para la institucionalidad.
El alcalde de Juan José Vargas informó este martes al Concejo Municipal sobre una serie de avances para el fortalecimiento del Parque Natural Urbano Lorne Ross, incluyendo una inversión millonaria proveniente del Gobierno Central y la Municipalidad, así como el progreso en un convenio de gestión con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación – SINAC.
Durante su intervención, el jerarca detalló que recientemente sostuvo una reunión con autoridades del Gobierno, entre ellas la diputada Katia Cambronero, representantes del Ministerio de Ambiente y Energía y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), así como actores comunales vinculados al parque.
Uno de los principales anuncios fue la asignación de ₡147 millones por parte del MINAE para el presente año destinados al parque, monto que se suma a los ₡80 millones ya contemplados en el presupuesto municipal. Además, mencionó que el Gobierno Central ha incrementado significativamente los recursos del SINAC, lo que abre oportunidades para fortalecer la gestión ambiental en el cantón.
En paralelo, el alcalde señaló que el SINAC ya remitió a la alcaldía un borrador de convenio para la administración del parque, el cual será analizado y comparado con una propuesta previamente aprobada por el Concejo Municipal. El objetivo es presentar un documento final en un plazo aproximado de 15 días para su discusión y eventual aprobación.
Otro de los puntos abordados fue la posibilidad de establecer un aporte fijo del presupuesto municipal para el parque, similar al financiamiento que actualmente se otorga a entidades como la Cruz Roja o el Comité de Deportes. Según el alcalde, la intención es consolidar una política pública que garantice recursos permanentes, independientemente de la administración de turno.
Juan José Vargas resaltó además el papel del voluntariado en el proceso de recuperación del parque, señalando que ya se han realizado jornadas de participación ciudadana que han contribuido a mejorar espacios como la casona del sitio.
El alcalde propuso la realización de una sesión del Concejo Municipal en el propio parque, lo que calificó como un hecho “histórico” que reforzaría el vínculo entre las autoridades locales y este espacio natural.
Durante la sesión, el regidor Walter Herrera subrayó la importancia de rehabilitar el paso de fauna sobre la autopista. En respuesta, el alcalde indicó que se contempla la construcción de un nuevo puente moderno, mientras que actualmente existe un paso subterráneo que permite el tránsito de animales entre ambos sectores del parque.
El alcalde, Juan José Vargas, presentó un balance de los avances en proyectos comunales mediante un video en el que resalta inversiones en infraestructura, espacios recreativos y mejoras urbanas en distintos distritos del cantón.
En su mensaje subrayó que, pese a no haberse cumplido aún dos años de gestión, los resultados ya son visibles tanto en obra pública como en el fortalecimiento institucional. “La inversión para el cantón se refleja no solo en carreteras, sino también en espacios como estos y en funcionarios honestos y transparentes”, indicó.
Entre los proyectos destacados mencionó el mejoramiento del parque de calistenia en Valle Soleado, distrito central, con una inversión de ₡14,3 millones. Las obras incluyeron la instalación de drenaje pluvial, la construcción de un muro para nivelación del terreno, así como la colocación de césped sintético y superficies especializadas para la práctica deportiva.
Asimismo, en el Parque Loma Vista, ubicado en Calle La Cubilla, distrito de Pozos, se invirtieron ₡7,78 millones. En este sitio se instalaron máquinas de ejercicio, juegos infantiles inclusivos, mejoras en iluminación y mobiliario urbano, como mesas con bancas.
Otro de los proyectos mencionados corresponde al Parque Vistas del Cañón, en el distrito de Brasil, donde la inversión alcanzó los ₡19,05 millones. Las intervenciones contemplaron la construcción de muros de contención, mejoras en la canalización pluvial, instalación de juegos inclusivos y la modernización de la cancha multiuso con luminarias solares y nuevas demarcaciones.
Adicionalmente, se reportó la colocación de barandas de acero inoxidable en el parque central de Santa Ana, con un monto de ₡8,37 millones.