Santa Ana Actual Noticias | Las noticias del cantón de Santa Ana
Santa Ana Actual Noticias, es un medio informativo digital del cantón de Santa Ana. Desarrollamos entrevistas, reportajes, noticias, en vivos, publicidad de negocios.
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El Gobierno Local organizará el próximo 20 de marzo la I Feria de Empleo Santa Ana 2026, una iniciativa que busca generar oportunidades laborales para personas del cantón y comunidades cercanas.
La actividad se realizará en la Casa Municipal de la Cultura de Santa Ana, sede de la EMAI, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., y contará con la participación de 15 empresas de la zona, las cuales ofrecerán alrededor de 250 plazas vacantes en diferentes áreas laborales.
Las oportunidades estarán dirigidas tanto a perfiles operativos como profesionales en sectores como servicios, ventas, gastronomía, tecnología, industria, salud y seguridad.
De acuerdo con Sharon Castro, encargada de la Oficina de Intermediación Laboral del Gobierno Local de Santa Ana, durante la feria las empresas ofrecerán puestos como oficiales de seguridad, misceláneos, asesores de telemercadeo, dependientes, cajeros, manicuristas, administradores de puntos de venta, supervisores de cafetería, meseros, ayudantes de cocina, lavaplatos o pileros, cocineros, personal de servicio al cliente o saloneros, baristas y artistas del sándwich, entre otros.
Las personas interesadas en participar podrán llevar su currículum vitae impreso, en formato digital o mediante código QR, lo que facilitará su entrega a las empresas participantes.
Entre las compañías que formarán parte de esta primera edición de la feria se encuentran Kontact Digital Solutions, Spoon, DISAGRO, Subway, AR Holdings, Kukula, Soberanos, Ekono, Grupo V, La Casona de Tiquicia, Burger King, Búlali, Grupo Dokka, Sencha y Taco Bell.
Las personas que deseen obtener más información pueden comunicarse con la Oficina de Intermediación Laboral al WhatsApp 8947-5460 o al correo electrónico sharon.castro@santaana.go.cr
La Alcaldía Municipal realizará este miércoles 12 de marzo la presentación oficial de la Rendición de Cuentas correspondiente al período 2025, un espacio en el que se expondrán los principales avances, proyectos y resultados de la gestión municipal durante el último año.
La actividad está programada para iniciar a las 7:00 p. m. y será transmitida en vivo a través de Facebook Live y YouTube de las redes sociales de la Municipalidad, con el objetivo de que los vecinos del cantón puedan seguir la presentación y conocer de primera mano las acciones ejecutadas por el gobierno local.
Durante la rendición de cuentas se espera que la alcaldía detalle iniciativas desarrolladas en diferentes áreas del cantón, como infraestructura vial, seguridad, programas sociales, gestión comunitaria y desarrollo local, así como los proyectos impulsados en distintos distritos de Santa Ana.
Este martes en la sesión del Concejo Municipal representantes de los residenciales Montana y Bosques de Santa Ana se presentaron ante los regidores para denunciar el «terror» vivido el pasado sábado y exigir la revisión inmediata de los permisos de operación de la empresa de gas Blue Flame, tras el siniestro ocurrido en sus instalaciones en Lindora.
Los vecinos, que representan a más de 350 familias del sector, calificaron la experiencia como «vivir bajo la amenaza de una bomba». Durante su intervención, señalaron que la explosión de un tanque de gas de gran magnitud habría significado una «destrucción total» en un radio de 100 metros, lo que habría desaparecido gran parte de sus comunidades.
«Vivimos en el ojo del huracán»
Yancy Ureña, presidenta de Bosques de Santa Ana, y otros portavoces comunales, enfatizaron que el evento del sábado no es un hecho aislado, sino la consecuencia de años de otorgamiento de permisos en zonas que deberían ser estrictamente residenciales.
Falta de preparación: Los vecinos denunciaron que no existen planes de emergencia ni rutas de evacuación claras.
Cuestionamiento legal: Se recordó que desde 2016 existen recursos legales contra el uso de suelo otorgado a la empresa, alegando que la decisión de permitir tanques de gas en la zona fue «política y no técnica».
Riesgo latente: Aunque el tanque principal no explotó (se trató de una fuga y fuego en una válvula), los vecinos advirtieron que la presencia de hasta 30 tanques parqueados en terrenos adyacentes mantiene a la comunidad en un riesgo inaceptable.
Respuesta de las autoridades
El alcalde de Santa Ana, Juan José Vargas, reconoció la gravedad de la situación, describiéndola como una «llamada de atención» divina que evitó una tragedia mayor. Vargas anunció medidas contundentes:
Suspensión de audiencias: El alcalde afirmó que no recibirá a representantes de la empresa hasta contar con los informes técnicos de salud y seguridad.
Investigación de permisos: Se revisará la cadena de permisos otorgados por Setena, MINAE y el Ministerio de Salud.
Compromiso con la comunidad: «Mi único compromiso es estar al lado de la población; dormir así es no dormir», declaró el jerarca.
Por su parte, el Concejo Municipal dejó ver que son muy importantes los informes detallados al Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y la Fuerza Pública sobre lo ocurrido, así como iniciar una investigación administrativa sobre la legalidad de las operaciones de Blue Flame en el distrito de Pozos.
El Plan Regulador en la mira
Uno de los puntos durante la noche fue la zonificación del nuevo Plan Regulador. Mientras la regidora Debbie Zamora advirtió que el nuevo plan clasifica el sector como «zona comercial y logística» (permitiendo industria), el alcalde sostuvo que no se permitirán ampliaciones de este tipo de empresas peligrosas.
Los vecinos cerraron su participación con un mensaje directo a los regidores: «Ponemos nuestras vidas en sus manos».
Próximos pasos:
Se espera la entrega del informe técnico del Cuerpo de Bomberos en los próximos días.
La Comisión de Plan Regulador analizará la solicitud de los vecinos para revertir la zonificación industrial en el sector de Pozos Norte.
El Gobierno Local realizó un conversatorio y simposio titulado “Mujeres que transforman: voces, derechos y acción colectiva”, un espacio de diálogo centrado en la prevención de la violencia de género y la construcción de una sociedad más justa para las mujeres.
La actividad realizado el pasado viernes reunió a especialistas, funcionarias públicas y miembros de la comunidad, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre las distintas formas de violencia que enfrentan las mujeres, así como los retos pendientes en materia de derechos y equidad.
Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la intervención de Kattia Góngora Meza, directora del Centro de Atención Institucional de Adulto Mayor del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. Durante su exposición, la funcionaria abordó la complejidad del fenómeno de la violencia de género y el impacto humano que deja en las víctimas, sus familias y la sociedad.
Un tema que duele, pero debe hablarse
Góngora inició su intervención señalando que hablar de feminicidio y violencia contra las mujeres siempre provoca dolor, pero subrayó que el silencio no es una opción. “Es necesario conversar sobre estas realidades si queremos transformarlas”, expresó ante los asistentes.
Como parte de su reflexión, proyectó la canción Soy Yo, de la cantautora costarricense Angie Valverde, una pieza que retrata el mensaje de una víctima de feminicidio dirigido a su familia. El video incluye testimonios de familiares de mujeres asesinadas, lo que generó un ambiente de profunda reflexión en el auditorio.
La funcionaria compartió que una de las jóvenes que aparece en el video, llamada Eva, fue estudiante de Trabajo Social en la universidad donde ella impartía clases, lo que hace que el tema tenga también un componente personal y emocional en su labor.
El desafío desde el sistema penitenciario
Desde su experiencia en el sistema penitenciario, Góngora explicó que su trabajo enfrenta un fuerte dilema ético, ya que en el centro donde labora un alto porcentaje de la población penitenciaria corresponde a ofensores sexuales.
Sin embargo, aseguró que la motivación de su labor está enfocada en la prevención. “Cada agresor que logra rehabilitarse correctamente significa menos víctimas potenciales”, indicó.
El 8 de marzo: una conmemoración, no una celebración
Durante su exposición, la especialista recordó que el Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo, no debe entenderse como una celebración superficial, sino como un recordatorio histórico de las luchas que las mujeres han librado para conquistar derechos básicos como el voto, la libertad de expresión y la participación política.
También compartió experiencias personales que reflejan las barreras de género aún presentes en distintos espacios, como cuando se desempeñó como bombera voluntaria en un entorno predominantemente masculino.
Violencias cotidianas y el peso del juicio social
La charla incluyó reflexiones sobre las múltiples formas de violencia que viven las mujeres, desde el acoso callejero hasta la violencia doméstica. Góngora relató una experiencia personal de acoso cuando era estudiante universitaria, subrayando el miedo y la vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres en espacios públicos.
Asimismo, analizó cómo la sociedad y las redes sociales pueden contribuir a la revictimización de las mujeres. Mencionó un caso mediático reciente en el que la desaparición de una joven generó inicialmente solidaridad pública, pero tras su aparición con vida surgieron comentarios y juicios que ignoraban la posible violencia que pudo haber sufrido.
Un llamado a la acción colectiva
El conversatorio concluyó con un homenaje a las mujeres de distintas generaciones: madres, abuelas, hermanas y todas aquellas que han resistido silenciosamente diversas formas de desigualdad.
En su mensaje final, Góngora recordó que la lucha por la igualdad continúa. “Este día se conmemora por las que fueron, por las que somos y por las que vendrán”, expresó, reiterando la importancia de mantener abiertos estos espacios de diálogo y conciencia social.
La Fundación GAD, organización que tuvo a su cargo la realización de las Fiestas Populares de Santa Ana 2025, presentó este jueves un informe de rendición de cuentas ante el Concejo Municipal, en medio de cuestionamientos por pagos pendientes de la empresa productora que organizó el evento.
Durante la audiencia, el director de la fundación, Andrés Vargas Fallas, explicó que la organización recibió ingresos por ₡5.415.000, producto del contrato con la productora y de la venta de alimentos en una cocina instalada durante los festejos.
Según detalló Vargas, esos recursos se utilizaron principalmente para cubrir gastos operativos de la fundación, como pago de salarios, servicios públicos, compra de alimentos, fumigación y actividades recreativas para las personas adultas con discapacidad que atiende la organización.
La fundación explicó que su financiamiento depende en gran medida de distintas fuentes: cerca de un 30% proviene del Gobierno Local de Santa Ana, otro 30% de la Junta de Protección Social, y el restante 40% debe recaudarse mediante actividades y donaciones.
Productora mantiene deuda pendiente
El informe también reveló que la empresa encargada de producir los festejos, JK Entertainment, representada por Juan Carlos Cárdenas Estrada, aún mantiene una deuda pendiente con la fundación.
De acuerdo con el contrato firmado, la productora debía cancelar ₡10 millones a la Fundación GAD por la organización completa de las fiestas. Sin embargo, hasta la fecha solo se han recibido ₡4.650.000, por lo que queda pendiente un saldo de ₡5.350.000.
A esto se suma ₡407.000 por alimentos que la fundación proporcionó durante el evento para personal de seguridad, ambulancias y mantenimiento, lo que eleva el monto total adeudado a ₡5.757.000.
“Las fiestas quedaron muy bonitas, el pueblo de Santa Ana quedó satisfecho. El único fallo fue que al final no se cumplieron con los pagos finales de la productora”, indicó Vargas ante el Concejo.
Reclamos de proveedores y artistas
El tema generó preocupación entre regidores y autoridades municipales, ya que varios proveedores y agrupaciones culturales también han reportado pagos pendientes por parte de la productora.
Entre ellos figuran agrupaciones locales como mascaradas y cimarronas que participaron en las actividades tradicionales de las fiestas.
La regidora Cynthia Chávez y otros regidores como Emmanuel Morales, Danny Ureña y Esteban Blanco cuestionaron la falta de acciones legales y señalaron que, aunque la fundación no haya contratado directamente a los proveedores, existe una responsabilidad moral con quienes brindaron sus servicios durante el evento y que debe existir un mejor control y fiscalización de las fiestas que se realizan en el cantón.
Alcaldía cuestiona incumplimiento del contrato
Por su parte, el alcalde de Santa Ana, Juan José Vargas, recordó que el contrato establecía fechas claras de pago antes de iniciar las fiestas, por lo que cuestionó por qué no se exigió el cumplimiento en ese momento.
“El contrato decía claramente que antes de iniciar las fiestas ustedes debían tener los 10 millones. Si era una empresa sólida, ese dinero tenía que estar”, señaló.
Según explicó la fundación, la productora realizó varios depósitos parciales durante diciembre con la promesa de completar el pago posteriormente, lo cual finalmente no ocurrió.
Posibles acciones legales
Vargas indicó que la organización esperó primero presentar el informe ante el Concejo Municipal antes de tomar medidas legales, pero adelantó que buscarán asesoría jurídica para valorar una demanda civil por incumplimiento de contrato.
“Siempre actuamos de buena fe. Nosotros nos dedicamos a atender personas con discapacidad, no a producir fiestas, por eso contratamos una empresa especializada”, afirmó.
Mientras tanto, regidores plantearon la posibilidad de solicitar informes adicionales sobre los ingresos generados por la productora, incluyendo lo cobrado a chinamos, juegos mecánicos y otros espacios comerciales durante los festejos.
El Concejo Municipal también señaló que este caso deja lecciones para la organización de futuras fiestas populares, especialmente en lo referente a los tiempos de adjudicación y la supervisión de las empresas encargadas de realizar las fiestas.
El Concejo Municipal aprobó este martes, por unanimidad, el dictamen de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana, relacionado con la problemática de inseguridad en lotes baldíos del cantón.
El acuerdo, respaldado con siete votos y declarado en firme, acoge el oficio MSA ALC SVC 00311-1026 suscrito por el licenciado Luis Moncada Espinosa, Jefe de la Policía Municipal, en el que se detallan los monitoreos realizados en distintos terrenos sin construir que estarían generando condiciones de riesgo para la población.
Según lo expuesto, algunos de estos lotes presentan problemáticas asociadas a la permanencia o asentamiento de personas en condición de calle, lo que ha derivado en preocupaciones vecinales por temas de seguridad y salubridad.
Como parte del acuerdo, el Concejo acordó consultar a la Administración Municipal si existe contenido presupuestario disponible para intervenir estos terrenos, específicamente mediante labores de chapea y cerramiento en aquellos casos donde se identifique una afectación directa a la seguridad comunitaria. La Administración deberá responder en un plazo de 15 días hábiles.
Asimismo, se solicitó un informe detallado sobre cuántos y cuáles de los lotes identificados ya han sido notificados formalmente a sus propietarios, con el fin de que adopten las medidas necesarias para mitigar la problemática.
El acuerdo también instruye a la Secretaría Municipal a notificar tanto a la Administración como a la Policía Municipal para el seguimiento correspondiente.
La discusión no registró intervenciones adicionales por parte de los regidores, y el dictamen fue sometido a votación y aprobado sin objeciones, reflejando consenso en torno a la necesidad de atender este tema de seguridad ciudadana en el cantón.
Algunos espacios inseguros en el cantón según Santa Ana Actual
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Local anunció la realización del simposio “Mujeres que transforman voces, derechos y acción colectiva”, un espacio de reflexión y diálogo que se llevará a cabo el próximo 6 de marzo de 2026, de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., en el Salón Comunal de Río Oro.
La actividad reunirá a destacadas mujeres líderes y representantes de distintos sectores institucionales y sociales, quienes compartirán experiencias, análisis y propuestas en torno a los avances y desafíos en materia de derechos, participación y transformación social.
Entre las expositoras confirmadas se encuentran Yensy Herrera, coordinadora del Departamento de Ciudadanía Activa del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU); Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; Kattia Góngora, directora del Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera del Ministerio de Justicia y Paz; y la abogada Mayela Pérez, representante de la Fuerza Pública.
El simposio tiene como objetivo propiciar un espacio de análisis colectivo sobre el papel de las mujeres en la construcción de una sociedad más equitativa, así como fortalecer redes de apoyo y articulación entre instituciones y comunidad.
Como parte del programa, se presentará la obra de teatro “La Danza de la Ira”, además de un espacio de testimonios orientado a visibilizar experiencias de vida y promover el diálogo abierto sobre las distintas realidades que enfrentan las mujeres.
El abogado santaneño José Ramón Sibaja Montero presentó este jueves un carta formal ante el Concejo Municipal, en el que solicita un pronunciamiento oficial luego de que el alcalde Juan José Vargas Fallas lo calificara como un “profesional inescrupuloso” y lo vinculara a actos que describió como delictivos durante una sesión municipal el pasado martes.
La carta, está dirigida a los regidores del Concejo Municipal. En el documento, Sibaja Montero manifiesta que el pasado martes 24 de febrero fue alertado por terceros sobre declaraciones hechas en su contra en el marco de la discusión relacionada con el botadero ilegal en el sector de Las Mesas de Brasil, tema abordado recientemente en el Concejo y divulgado por este medio.
El profesional indica que, tras escuchar la grabación de la sesión, constató que el alcalde, “haciendo uso de la palabra”, se refirió a su persona con calificativos que considera lesivos a su honor y reputación, además de vincularlo con actos atribuidos a un tercero y calificados como delictivos.
En su escrito, el abogado señala que ningún miembro del Concejo intervino para refutar o aclarar las afirmaciones del jerarca municipal, lo que —según plantea— podría interpretarse como un aval implícito a esas manifestaciones. Asimismo, advierte que las palabras expresadas en condición de alcalde podrían acarrear “serias consecuencias patrimoniales al municipio”, en caso de que emprenda acciones legales.
“¿El no pronunciarse en relación a esas infundadas y temerarias imputaciones de que fui objeto, significa que el Concejo Municipal comparte lo expresado por el funcionario aludido?”, cuestiona en la misiva, en la que además solicita un pronunciamiento formal del órgano colegiado.
El documento surge luego de que el alcalde realizara los señalamientos en la sesión municipal, en medio de la polémica por el botadero ilegal que opera desde hace años en Las Mesas de Brasil, situación que ha generado cuestionamientos públicos sobre responsabilidades, omisiones y eventuales vínculos de un exregidor llamado Ricardo Alfaro con el uso del terreno.
Estaremos esperando la respuesta del Concejo Municipal a emitir una respuesta oficial a la solicitud planteada por el abogado. Se mantiene pendiente la reacción del alcalde ante la carta presentada y las eventuales acciones legales anunciadas.
Este medio continuará dando seguimiento a este caso, que añade un nuevo capítulo a la controversia en torno al botadero ilegal y a las responsabilidades políticas y legales derivadas de su funcionamiento.
El Concejo Municipal aprobó este martes el giro de ₡200 millones para el financiamiento del programa EMAI durante el 2026, tras avalar el convenio de ejecución del aporte anual entre la Municipalidad y la Asociación encargada de administrar este centro de enseñanza.
El acuerdo se tramitó bajo el oficio MSA-ALCASL-02-062-2026, fechado el 24 de febrero de 2026 y suscrito por la asesora legal municipal, Andrea Robles Álvarez, mediante el cual se solicitó la aprobación formal del convenio que permitirá realizar la transferencia de los recursos correspondientes a este año.
Durante la sesión, el alcalde Juan José Vargas destacó la importancia de concretar el giro de los fondos en esta etapa, señalando que la Municipalidad mantiene una “muy buena relación” con la Asociación AMI y que el aporte resulta clave en medio del proceso de transformación institucional que atraviesa el gobierno local.
“Necesitamos girarles estos dineros en este tiempo tan importante”, indicó el jerarca, aludiendo a las actividades y compromisos que desarrolla el EMAI a lo largo del año.
La moción para acoger el oficio y someterlo a votación fue presentada por el regidor Gonzalo Rojas, quien solicitó la dispensa de trámite, la aprobación del fondo y la declaratoria de firmeza del acuerdo.
El Concejo Municipal aprobó este martes la transferencia de ₡552.082.034,07 a distintas juntas de educación del cantón, recursos provenientes del Ministerio de Educación Pública (MEP), a través de la Dirección Regional de Educación San José Oeste.
La iniciativa fue presentada por el alcalde Juan José Vargas, bajo el artículo 5 de la agenda, correspondiente a Iniciativas de la Alcaldía, mediante los oficios MSA-GFT-CON-02-017-2026 y MSA-GFT-CON-02-019-2026, suscritos por la contadora municipal Mayra Marín Láscaris.
Durante su intervención, el jerarca explicó que los fondos serán distribuidos entre varios centros educativos del cantón, conforme a la asignación realizada por el MEP. “Eso es muy bueno. Entonces, para que lo aprueben ustedes, señores del Concejo”, expresó el alcalde al presentar los montos.
Distribución de los recursos
En el primer acuerdo, se aprobó un total de ₡477.283.031,19, distribuido de la siguiente manera:
Escuela Jorge Volio: ₡45.564.000
Escuela Andrés Bello López: ₡46.038.637,65
CINDEA Santa Ana: ₡46.608.187,81
Escuela Isabel la Católica: ₡47.462.513,50
Escuela República de Francia: ₡48.505.688
Escuela Ezequiel Morales Aguilar: ₡66.162.743
Liceo de Santa Ana: ₡176.940.248
Posteriormente, en un segundo acuerdo, se avaló la transferencia de ₡74.799.002,88 para la Junta de Educación de la Escuela Juan Álvarez Azofeifa.
Aprobación unánime y en firme
Ambos oficios fueron acogidos como moción por los regidores Gonzalo Rojas y Cintia Chávez, respectivamente. En los dos casos, el Concejo aprobó por unanimidad —con siete votos— la dispensa de trámite, el fondo y la firmeza, lo que permite que los recursos sean girados sin mayor dilación.
Los fondos deberán ser administrados por las respectivas juntas de educación para atender necesidades de infraestructura, mantenimiento, equipamiento u otras prioridades definidas en cada centro educativo.
Santa Ana Actual Informa
