Concejo Municipal aprueba impulsar Casa de la Juventud en el distrito Uruca en Calle Ross

El Concejo Municipal conoció y aprobó la noche anterior la moción 07-2026, presentada por la regidora Cinthya Chaves del PUSC, que propone iniciar el proceso para la creación de la Casa de la Juventud y de Emprendedurismo en el cantón.

La iniciativa, tramitada con dispensa de comisión, plantea la necesidad de dotar a la población joven de un espacio físico destinado a la formación, organización y desarrollo de proyectos, en línea con lo establecido en la Ley General de la Persona Joven (Ley 8261) y sus reformas.

Durante su exposición, la regidora destacó que actualmente Santa Ana carece de una sede que funcione como centro de operaciones para programas dirigidos a la juventud, lo que limita la participación activa de este sector en políticas públicas y procesos de desarrollo local.

“El cantón no cuenta con un espacio que permita el encuentro, la capacitación y el impulso de emprendimientos juveniles. Este proyecto busca precisamente llenar ese vacío”, señaló.

Terreno municipal en La Uruca sería sede

La moción contempla utilizar un terreno de propiedad municipal ubicado en el distrito de Uruca, específicamente en Calle Ross frente a Frutica, como posible sede del proyecto. En ese sentido, se instruyó a la Alcaldía a iniciar los estudios técnicos y jurídicos correspondientes para valorar su viabilidad.

El espacio propuesto incluiría áreas para capacitación tecnológica e idiomas, así como zonas destinadas a actividades de emprendimiento, garantizando condiciones de accesibilidad, conectividad y seguridad para todas las juventudes del cantón.

Además, se planteó que el inmueble pueda ser utilizado por distintos grupos juveniles, sin exclusividad, incluyendo organizaciones como los Scouts, entre otros colectivos.

Ajustes y observaciones durante el debate

Durante la discusión del fondo, el regidor Walter Herrera solicitó incorporar a la moción la necesidad de definir la figura jurídica bajo la cual operarían los grupos que utilicen el espacio, con el fin de garantizar un uso adecuado del bien municipal y establecer mecanismos claros de control.

La proponente aceptó la adición, señalando que será la Administración la encargada de presentar los estudios y recomendaciones al Concejo.

Por su parte, el regidor Emanuel Morales sugirió modificar la redacción para evitar que el proyecto se perciba dirigido exclusivamente a un grupo específico, proponiendo una formulación más inclusiva para todos los colectivos juveniles, lo cual también fue acogido.

Votación dividida

La dispensa de trámite fue aprobada con cinco votos a favor y dos en contra. Posteriormente, el fondo de la moción fue avalado con siete votos afirmativos, aunque la firmeza volvió a evidenciar división en el Concejo.

Uno de los votos negativos fue justificado señalando la falta de información técnica sobre el proyecto, incluyendo estudios de factibilidad, accesibilidad vial y condiciones del terreno.

“Es un proyecto ambicioso y positivo, pero aún hace falta claridad sobre aspectos clave antes de avanzar”, indicó una de las regidoras que votó en contra.

Próximos pasos

Con la aprobación de la moción, la Administración Municipal deberá iniciar el análisis técnico y legal para determinar la viabilidad de la Casa de la Juventud, así como definir el modelo de gestión y uso del espacio.

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Comunidades en Pozos alzan la voz tras freno a consulta ambiental en el Concejo Municipal

El Concejo Municipal de Santa Ana rechazó este martes la dispensa de trámite de una moción presentada por la regidora suplente Debbie Zamora, la cual buscaba consultar a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) sobre posibles implicaciones de modificar la zonificación en el sector de Pozos noreste, en las cercanías de comunidades residenciales.

La iniciativa, acogida por el regidor Roberto Spesny del Partido del Sol, planteaba solicitar un criterio técnico a Setena sobre si un eventual cambio de uso de suelo —de zona comercial y logística a zona de recuperación— requeriría la elaboración de un plan de reajuste de incentivos, conforme a la normativa vigente.

Argumentos de la moción

Durante su intervención, Zamora destacó que el plan regulador es el principal instrumento de ordenamiento territorial del cantón, al definir aspectos clave como el uso de suelo, el desarrollo urbano, la infraestructura y la protección ambiental.

Asimismo, subrayó que el Concejo Municipal tiene la potestad y la responsabilidad de ajustar o rechazar elementos del plan cuando estos no respondan al interés público, basándose en criterios técnicos y en la participación ciudadana.

Entre los argumentos expuestos, la regidora mencionó que previo a la audiencia pública, el sector de Pozos noreste estaba clasificado como zona de recuperación, respaldado por estudios técnicos. Sin embargo, posteriormente se introdujo un cambio que lo define como zona comercial y logística, lo que permitiría la instalación de actividades potencialmente incompatibles con áreas residenciales cercanas.

También hizo referencia a la reciente explosión de tanques de gas en una industria de la zona, señalando que este hecho evidencia riesgos reales asociados a la cercanía entre actividades industriales y comunidades habitadas como Bosques de Santa Ana y Residencial Montana.

Votación y traslado a comisión

La solicitud de dispensa de trámite —que habría permitido votar la moción de forma inmediata— fue rechazada con cuatro votos en contra y tres a favor. Votaron a favor los regidores Danny Ureña (Partido Republicano), Roberto Spesny y Wendy Mora (Partido Del Sol), mientras que se opusieron Cinthya Chávez, Gonzalo Rojas, Milena Blen y Walter Herrera (Partido PLN).

Tras el rechazo, la moción fue remitida a la comisión de plan regulador para su análisis.

Postura en contra

El regidor Walter Herrera justificó su voto negativo argumentando que el proceso del plan regulador ya superó etapas clave de discusión y análisis, y que actualmente se encuentra en una fase avanzada tras más de diez años de trabajo.

Herrera reconoció la preocupación de los vecinos, pero insistió en que reabrir discusiones en esta etapa podría atrasar la aprobación de un instrumento que considera necesario para ordenar el desarrollo del cantón y regularizar situaciones urbanísticas existentes.

No obstante, señaló que existe apertura para revisar y actualizar el plan regulador en un futuro, una vez aprobado, tomando en cuenta cambios y nuevas necesidades del cantón.

Reacción de vecinos

En paralelo a la discusión en el Concejo, vecinos de Bosques de Santa Ana emitieron un comunicado público en el que manifestaron su inconformidad con la decisión de no aprobar la dispensa de trámite, señalando preocupaciones por el impacto que la zonificación podría tener en la seguridad y calidad de vida de la comunidad.

El tema de la zonificación en Pozos se mantiene como uno de los puntos sensibles dentro del proceso del plan regulador, en medio de tensiones entre el desarrollo urbano, la actividad económica y la protección de las zonas residenciales ante desarrollos comerciales que pueden ser peligrosos para los residentes del cantón.

Nosotros conversamos hace una semana con el alcalde Juan José Vargas precisamente sobre la situación que vivieron los vecinos cercanos a Blue Flame el día del la explosición de un contenedor de gas y esto fue lo que nos dijo:

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Alcalde: Municipalidad asumirá custodia de Centro Diurno Joaquín y Ana de forma temporal

La Municipalidad a través del alcalde Juan José Vargas, informó que asumirá la custodia del Centro Diurno Joaquín y Ana.

Según explicó la autoridad municipal, la decisión fue conocida inicialmente de forma extraoficial hace dos días, a través de terceros, y posteriormente se confirmó durante una reunión con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), en la que se indicó que el personal había sido enviado a “vacaciones profilácticas”.

Ante la falta de una notificación formal, el gobierno local envió este mismo día a funcionarios del departamento de vulnerabilidad, acompañados de testigos y miembros vinculados al centro, para realizar un levantamiento de activos dentro de las instalaciones. Tras este proceso, el edificio —de carácter municipal— quedó bajo resguardo oficial, con vigilancia durante el día y la noche.

La municipalidad señaló que, en el marco de procesos de control y fiscalización, se detectaron situaciones administrativas que impiden actualmente el giro de recursos públicos a la asociación encargada del centro. Esta condición habría incidido en el cierre del servicio.

Las autoridades aclararon que ni la municipalidad ni CONAPAM tomaron la decisión de cerrar el centro, sino que han actuado en cumplimiento de su deber de velar por el uso adecuado de los fondos públicos.

Pese a la situación, indicaron que ya se trabaja en una estrategia conjunta para reabrir el servicio en las próximas semanas. El objetivo, afirmaron, es garantizar una atención integral a las personas adultas mayores del cantón, incluyendo tanto a quienes se encuentran en condición de pobreza como a aquellos en situación de vulnerabilidad, e incluso a familias con capacidad de contribuir económicamente.

“Queremos que el centro reabra con más fuerza y brindar a los adultos mayores el trato que merecen, bajo un modelo adecuado y transparente”, concluyó Juan José Vargas.

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CONAPAM detectó inconsistencias en el Centro Diurno Joaquín y Ana

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) expuso este martes ante el Concejo Municipal una serie de hallazgos derivados de un proceso de fiscalización al Centro Diurno Joaquín y Ana, que evidencian inconsistencias en el reporte de personas beneficiarias y el uso de recursos públicos.

La intervención estuvo a cargo de Yolanda Benavides, representante del CONAPAM, quien explicó el marco legal y operativo de la institución, creada mediante la Ley 7935 como ente rector en materia de envejecimiento y vejez en Costa Rica. Durante su exposición, subrayó que los fondos que administra la entidad provienen, en gran medida, de aportes solidarios de la ciudadanía a través de la Ley de Asignaciones Familiares (DESAF) y otros tributos específicos.

Más de ₡100 millones bajo análisis

Uno de los puntos más sensibles de la presentación fue el detalle financiero del centro diurno. Según datos aportados por CONAPAM, el Centro Joaquín y Ana manejó en el último año un presupuesto superior a los ₡102 millones, provenientes de distintas fuentes:

  • Aproximadamente ₡47 millones anuales del CONAPAM
  • Más de ₡31 millones de la Junta de Protección Social
  • Cerca de ₡24 millones provenientes de la Municipalidad

Esto representaba ingresos mensuales cercanos a los ₡8,5 millones.

Sin embargo, durante una visita de fiscalización, se detectó que de las 37 personas adultas mayores reportadas como beneficiarias del subsidio estatal, 23 no asistían regularmente al centro, lo que implica que se estaban girando recursos con base en información que no correspondía a la realidad.

Tras la depuración, únicamente 5 personas cumplen actualmente con los requisitos para recibir el subsidio, mientras que otros casos requieren actualización o no califican, lo que limitaría significativamente los futuros desembolsos.

Proceso en investigación

Benavides aclaró que el caso se encuentra en proceso de investigación, por lo que no se pueden detallar eventuales sanciones. No obstante, explicó que, ante inconsistencias, el CONAPAM emite informes técnicos que pueden derivar en ajustes, suspensiones de fondos o procesos administrativos contra las organizaciones responsables.

“Los recursos no provienen de un impuesto cualquiera, sino del bolsillo de todos los trabajadores del país. Por eso es fundamental garantizar su uso adecuado”, enfatizó.

Llamado a fortalecer la fiscalización

El alcalde, Juan José Vargas, respaldó la labor de fiscalización y señaló que su administración ha impulsado mayores controles sobre el uso de fondos públicos por parte de organizaciones.

“Cuando no hay controles, suceden situaciones lamentables como esta. Ninguna organización que reciba recursos públicos debería oponerse a ser fiscalizada”, afirmó.

En esa línea, varios regidores coincidieron en la necesidad de reforzar la supervisión y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las personas adultas mayores que más lo necesitan.

Envejecimiento: un reto país

Durante su intervención, CONAPAM también advirtió sobre el acelerado envejecimiento de la población costarricense. Se estima que en los próximos 25 años el país pasará de más de 600 mil a 1,3 millones de personas adultas mayores, lo que obliga a fortalecer políticas públicas y modelos de atención a nivel local.

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Este jueves la Alcaldía presentó su rendición de cuentas 2025 ante el Concejo Municipal

El Concejo Municipal conoció este jueves en una sesión extraordinaria el informe de rendición de cuentas correspondiente al 2025 presentado por el alcalde Juan José Vargas, durante una sesión en la que también intervinieron regidores y la vicealcaldesa Marielos Rivera Sibaja.

Durante su exposición, el jerarca municipal inició agradeciendo el trabajo del equipo que lo acompaña en la administración local, destacando el respaldo de la vicealcaldesa Marielos Rivera. Juan José Vargas resaltó la coordinación entre la alcaldía y la vicealcaldía para impulsar proyectos en beneficio del cantón.

El alcalde también reconoció el apoyo del segundo vicealcalde, Alexander Hernández, a quien calificó como un profesional con amplia trayectoria en la función pública, así como el trabajo de la directora administrativa Marilú y la directora financiera María Pérez, a quienes atribuyó parte del orden y la gestión administrativa del municipio.

En su discurso, Vargas aseguró que la mayoría del personal municipal mantiene un desempeño destacado. “Después de casi dos años de labor puedo decir que en esta municipalidad hay un 95% de empleados que son maravillosos y ejemplares”, afirmó. No obstante, también señaló que existe un pequeño grupo de funcionarios cuyo desempeño, según indicó, no cumple con las expectativas del servicio público.

El alcalde destacó además el ambiente de diálogo que, a su juicio, ha prevalecido en el Concejo Municipal pese a las diferencias políticas. En ese sentido, agradeció la disposición de las distintas fracciones para mantener el respeto y priorizar los intereses del cantón por encima de las banderas partidarias.

Tras la presentación del informe, varios regidores tomaron la palabra para referirse al trabajo municipal. El regidor José Pablo Guadamuz manifestó su agradecimiento por las obras ejecutadas en el distrito de Brasil de Santa Ana, particularmente en materia de infraestructura deportiva, vialidad y seguridad, aunque señaló que aún quedan proyectos pendientes por desarrollar.

Por su parte, el regidor Gonzalo Rojas expresó su reconocimiento a las autoridades municipales y a los funcionarios por el trabajo realizado, destacando que el crecimiento del cantón responde a una gestión basada en planificación, transparencia y responsabilidad pública.

El regidor Walter Herrera valoró la rendición de cuentas presentada por el alcalde y resaltó el hecho de que la actual administración haya dado continuidad a programas impulsados por gestiones anteriores, lo cual consideró positivo para el desarrollo del cantón.

Asimismo, la síndica del distrito Uruca Eileen Castro agradeció la atención brindada por la administración municipal a las necesidades del distrito de Uruca, donde, según indicó, se esperan importantes mejoras en los próximos años.

Al cierre de la sesión, la vicealcaldesa Marielos Rivera Cibaja señaló que el compromiso de la administración es continuar trabajando por el progreso del cantón durante los próximos años de gestión, resaltando la importancia de los valores y el servicio a la comunidad en la función pública.

Finalmente, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad —con siete votos— acoger el informe de gestión de la Alcaldía correspondiente al año 2025.

Puede observar el video relacionado al informe sobre la rendición de cuentas de la alcaldía en el siguiente enlace:

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Realizarán I Feria de Empleo 2026 con más de 250 vacantes en el EMAI

El Gobierno Local organizará el próximo 20 de marzo la I Feria de Empleo Santa Ana 2026, una iniciativa que busca generar oportunidades laborales para personas del cantón y comunidades cercanas.

La actividad se realizará en la Casa Municipal de la Cultura de Santa Ana, sede de la EMAI, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., y contará con la participación de 15 empresas de la zona, las cuales ofrecerán alrededor de 250 plazas vacantes en diferentes áreas laborales.

Las oportunidades estarán dirigidas tanto a perfiles operativos como profesionales en sectores como servicios, ventas, gastronomía, tecnología, industria, salud y seguridad.

De acuerdo con Sharon Castro, encargada de la Oficina de Intermediación Laboral del Gobierno Local de Santa Ana, durante la feria las empresas ofrecerán puestos como oficiales de seguridad, misceláneos, asesores de telemercadeo, dependientes, cajeros, manicuristas, administradores de puntos de venta, supervisores de cafetería, meseros, ayudantes de cocina, lavaplatos o pileros, cocineros, personal de servicio al cliente o saloneros, baristas y artistas del sándwich, entre otros.

Las personas interesadas en participar podrán llevar su currículum vitae impreso, en formato digital o mediante código QR, lo que facilitará su entrega a las empresas participantes.

Entre las compañías que formarán parte de esta primera edición de la feria se encuentran Kontact Digital Solutions, Spoon, DISAGRO, Subway, AR Holdings, Kukula, Soberanos, Ekono, Grupo V, La Casona de Tiquicia, Burger King, Búlali, Grupo Dokka, Sencha y Taco Bell.

Las personas que deseen obtener más información pueden comunicarse con la Oficina de Intermediación Laboral al WhatsApp 8947-5460 o al correo electrónico sharon.castro@santaana.go.cr

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Alcaldía hará una rendición de cuentas del período 2025 en el Concejo Municipal este jueves

La Alcaldía Municipal realizará este miércoles 12 de marzo la presentación oficial de la Rendición de Cuentas correspondiente al período 2025, un espacio en el que se expondrán los principales avances, proyectos y resultados de la gestión municipal durante el último año.

La actividad está programada para iniciar a las 7:00 p. m. y será transmitida en vivo a través de Facebook Live y YouTube de las redes sociales de la Municipalidad, con el objetivo de que los vecinos del cantón puedan seguir la presentación y conocer de primera mano las acciones ejecutadas por el gobierno local.

Durante la rendición de cuentas se espera que la alcaldía detalle iniciativas desarrolladas en diferentes áreas del cantón, como infraestructura vial, seguridad, programas sociales, gestión comunitaria y desarrollo local, así como los proyectos impulsados en distintos distritos de Santa Ana.

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Más de 350 familias denuncian riesgo tras incendio en planta de gas en Lindora

Este martes en la sesión del Concejo Municipal representantes de los residenciales Montana y Bosques de Santa Ana se presentaron ante los regidores para denunciar el «terror» vivido el pasado sábado y exigir la revisión inmediata de los permisos de operación de la empresa de gas Blue Flame, tras el siniestro ocurrido en sus instalaciones en Lindora.

Los vecinos, que representan a más de 350 familias del sector, calificaron la experiencia como «vivir bajo la amenaza de una bomba». Durante su intervención, señalaron que la explosión de un tanque de gas de gran magnitud habría significado una «destrucción total» en un radio de 100 metros, lo que habría desaparecido gran parte de sus comunidades.

«Vivimos en el ojo del huracán»

Yancy Ureña, presidenta de Bosques de Santa Ana, y otros portavoces comunales, enfatizaron que el evento del sábado no es un hecho aislado, sino la consecuencia de años de otorgamiento de permisos en zonas que deberían ser estrictamente residenciales.

  • Falta de preparación: Los vecinos denunciaron que no existen planes de emergencia ni rutas de evacuación claras.
  • Cuestionamiento legal: Se recordó que desde 2016 existen recursos legales contra el uso de suelo otorgado a la empresa, alegando que la decisión de permitir tanques de gas en la zona fue «política y no técnica».
  • Riesgo latente: Aunque el tanque principal no explotó (se trató de una fuga y fuego en una válvula), los vecinos advirtieron que la presencia de hasta 30 tanques parqueados en terrenos adyacentes mantiene a la comunidad en un riesgo inaceptable.

Respuesta de las autoridades

El alcalde de Santa Ana, Juan José Vargas, reconoció la gravedad de la situación, describiéndola como una «llamada de atención» divina que evitó una tragedia mayor. Vargas anunció medidas contundentes:

  1. Suspensión de audiencias: El alcalde afirmó que no recibirá a representantes de la empresa hasta contar con los informes técnicos de salud y seguridad.
  2. Investigación de permisos: Se revisará la cadena de permisos otorgados por Setena, MINAE y el Ministerio de Salud.
  3. Compromiso con la comunidad: «Mi único compromiso es estar al lado de la población; dormir así es no dormir», declaró el jerarca.

Por su parte, el Concejo Municipal dejó ver que son muy importantes los informes detallados al Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y la Fuerza Pública sobre lo ocurrido, así como iniciar una investigación administrativa sobre la legalidad de las operaciones de Blue Flame en el distrito de Pozos.

El Plan Regulador en la mira

Uno de los puntos durante la noche fue la zonificación del nuevo Plan Regulador. Mientras la regidora Debbie Zamora advirtió que el nuevo plan clasifica el sector como «zona comercial y logística» (permitiendo industria), el alcalde sostuvo que no se permitirán ampliaciones de este tipo de empresas peligrosas.

Los vecinos cerraron su participación con un mensaje directo a los regidores: «Ponemos nuestras vidas en sus manos».

Próximos pasos:

  • Se espera la entrega del informe técnico del Cuerpo de Bomberos en los próximos días.
  • La Comisión de Plan Regulador analizará la solicitud de los vecinos para revertir la zonificación industrial en el sector de Pozos Norte.

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Voces femeninas alzan la voz contra la violencia de género en simposio municipal

El Gobierno Local realizó un conversatorio y simposio titulado “Mujeres que transforman: voces, derechos y acción colectiva”, un espacio de diálogo centrado en la prevención de la violencia de género y la construcción de una sociedad más justa para las mujeres.

La actividad realizado el pasado viernes reunió a especialistas, funcionarias públicas y miembros de la comunidad, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre las distintas formas de violencia que enfrentan las mujeres, así como los retos pendientes en materia de derechos y equidad.

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la intervención de Kattia Góngora Meza, directora del Centro de Atención Institucional de Adulto Mayor del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. Durante su exposición, la funcionaria abordó la complejidad del fenómeno de la violencia de género y el impacto humano que deja en las víctimas, sus familias y la sociedad.

Un tema que duele, pero debe hablarse

Góngora inició su intervención señalando que hablar de feminicidio y violencia contra las mujeres siempre provoca dolor, pero subrayó que el silencio no es una opción. “Es necesario conversar sobre estas realidades si queremos transformarlas”, expresó ante los asistentes.

Como parte de su reflexión, proyectó la canción Soy Yo, de la cantautora costarricense Angie Valverde, una pieza que retrata el mensaje de una víctima de feminicidio dirigido a su familia. El video incluye testimonios de familiares de mujeres asesinadas, lo que generó un ambiente de profunda reflexión en el auditorio.

La funcionaria compartió que una de las jóvenes que aparece en el video, llamada Eva, fue estudiante de Trabajo Social en la universidad donde ella impartía clases, lo que hace que el tema tenga también un componente personal y emocional en su labor.

El desafío desde el sistema penitenciario

Desde su experiencia en el sistema penitenciario, Góngora explicó que su trabajo enfrenta un fuerte dilema ético, ya que en el centro donde labora un alto porcentaje de la población penitenciaria corresponde a ofensores sexuales.

Sin embargo, aseguró que la motivación de su labor está enfocada en la prevención. “Cada agresor que logra rehabilitarse correctamente significa menos víctimas potenciales”, indicó.

El 8 de marzo: una conmemoración, no una celebración

Durante su exposición, la especialista recordó que el Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo, no debe entenderse como una celebración superficial, sino como un recordatorio histórico de las luchas que las mujeres han librado para conquistar derechos básicos como el voto, la libertad de expresión y la participación política.

También compartió experiencias personales que reflejan las barreras de género aún presentes en distintos espacios, como cuando se desempeñó como bombera voluntaria en un entorno predominantemente masculino.

Violencias cotidianas y el peso del juicio social

La charla incluyó reflexiones sobre las múltiples formas de violencia que viven las mujeres, desde el acoso callejero hasta la violencia doméstica. Góngora relató una experiencia personal de acoso cuando era estudiante universitaria, subrayando el miedo y la vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres en espacios públicos.

Asimismo, analizó cómo la sociedad y las redes sociales pueden contribuir a la revictimización de las mujeres. Mencionó un caso mediático reciente en el que la desaparición de una joven generó inicialmente solidaridad pública, pero tras su aparición con vida surgieron comentarios y juicios que ignoraban la posible violencia que pudo haber sufrido.

Un llamado a la acción colectiva

El conversatorio concluyó con un homenaje a las mujeres de distintas generaciones: madres, abuelas, hermanas y todas aquellas que han resistido silenciosamente diversas formas de desigualdad.

En su mensaje final, Góngora recordó que la lucha por la igualdad continúa. “Este día se conmemora por las que fueron, por las que somos y por las que vendrán”, expresó, reiterando la importancia de mantener abiertos estos espacios de diálogo y conciencia social.

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Regidores cuestionaron manejo de contrato a productora en las Fiestas Populares del 2025

La Fundación GAD, organización que tuvo a su cargo la realización de las Fiestas Populares de Santa Ana 2025, presentó este jueves un informe de rendición de cuentas ante el Concejo Municipal, en medio de cuestionamientos por pagos pendientes de la empresa productora que organizó el evento.

Durante la audiencia, el director de la fundación, Andrés Vargas Fallas, explicó que la organización recibió ingresos por ₡5.415.000, producto del contrato con la productora y de la venta de alimentos en una cocina instalada durante los festejos.

Según detalló Vargas, esos recursos se utilizaron principalmente para cubrir gastos operativos de la fundación, como pago de salarios, servicios públicos, compra de alimentos, fumigación y actividades recreativas para las personas adultas con discapacidad que atiende la organización.

La fundación explicó que su financiamiento depende en gran medida de distintas fuentes: cerca de un 30% proviene del Gobierno Local de Santa Ana, otro 30% de la Junta de Protección Social, y el restante 40% debe recaudarse mediante actividades y donaciones.

Productora mantiene deuda pendiente

El informe también reveló que la empresa encargada de producir los festejos, JK Entertainment, representada por Juan Carlos Cárdenas Estrada, aún mantiene una deuda pendiente con la fundación.

De acuerdo con el contrato firmado, la productora debía cancelar ₡10 millones a la Fundación GAD por la organización completa de las fiestas. Sin embargo, hasta la fecha solo se han recibido ₡4.650.000, por lo que queda pendiente un saldo de ₡5.350.000.

A esto se suma ₡407.000 por alimentos que la fundación proporcionó durante el evento para personal de seguridad, ambulancias y mantenimiento, lo que eleva el monto total adeudado a ₡5.757.000.

“Las fiestas quedaron muy bonitas, el pueblo de Santa Ana quedó satisfecho. El único fallo fue que al final no se cumplieron con los pagos finales de la productora”, indicó Vargas ante el Concejo.

Reclamos de proveedores y artistas

El tema generó preocupación entre regidores y autoridades municipales, ya que varios proveedores y agrupaciones culturales también han reportado pagos pendientes por parte de la productora.

Entre ellos figuran agrupaciones locales como mascaradas y cimarronas que participaron en las actividades tradicionales de las fiestas.

La regidora Cynthia Chávez y otros regidores como Emmanuel Morales, Danny Ureña y Esteban Blanco cuestionaron la falta de acciones legales y señalaron que, aunque la fundación no haya contratado directamente a los proveedores, existe una responsabilidad moral con quienes brindaron sus servicios durante el evento y que debe existir un mejor control y fiscalización de las fiestas que se realizan en el cantón.

Alcaldía cuestiona incumplimiento del contrato

Por su parte, el alcalde de Santa Ana, Juan José Vargas, recordó que el contrato establecía fechas claras de pago antes de iniciar las fiestas, por lo que cuestionó por qué no se exigió el cumplimiento en ese momento.

“El contrato decía claramente que antes de iniciar las fiestas ustedes debían tener los 10 millones. Si era una empresa sólida, ese dinero tenía que estar”, señaló.

Según explicó la fundación, la productora realizó varios depósitos parciales durante diciembre con la promesa de completar el pago posteriormente, lo cual finalmente no ocurrió.

Posibles acciones legales

Vargas indicó que la organización esperó primero presentar el informe ante el Concejo Municipal antes de tomar medidas legales, pero adelantó que buscarán asesoría jurídica para valorar una demanda civil por incumplimiento de contrato.

“Siempre actuamos de buena fe. Nosotros nos dedicamos a atender personas con discapacidad, no a producir fiestas, por eso contratamos una empresa especializada”, afirmó.

Mientras tanto, regidores plantearon la posibilidad de solicitar informes adicionales sobre los ingresos generados por la productora, incluyendo lo cobrado a chinamos, juegos mecánicos y otros espacios comerciales durante los festejos.

El Concejo Municipal también señaló que este caso deja lecciones para la organización de futuras fiestas populares, especialmente en lo referente a los tiempos de adjudicación y la supervisión de las empresas encargadas de realizar las fiestas.

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