Santa Ana Actual - Las noticias del cantón de Santa Ana
Santa Ana Actual Noticias, es un medio informativo digital del cantón de Santa Ana. Desarrollamos entrevistas, reportajes, noticias, en vivos, publicidad de negocios.
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En una sesión solemne realizada este viernes 1 de mayo «Día del Trabajador» en el auditorio del EMAI, el Concejo Municipal llevó a cabo la conformación de su nuevo directorio para el período 2026-2028.
La actividad reunió por supuesto a los alcaldes, regidores, síndicos y asesores de los distintos partidos políticos representados en el gobierno local, así como algunos vecinos del cantón que acudieron a presenciar la elección del nuevo directorio municipal.
Durante la sesión, cada integrante del Concejo emitió públicamente su voto para escoger a la nueva presidencia del órgano colegiado. Tras la votación, el regidor Gonzalo Rojas (PUSC) obtuvo cuatro votos a favor, mientras que la señora Wendy Mora recibió dos votos y Danny Ureña obtuvo un voto.
Con este resultado, Gonzalo Rojas fue electo como nuevo presidente del Concejo Municipal de Santa Ana para el período 2026-2028. Además también se eligió posteriormente a la Sra. Milena Blen (PLN) como la vicepresidenta del Concejo Municipal.
En su intervención, Gonzalo Rojas saludó a los miembros del Concejo, representantes de la alcaldía, síndicos, asesores legales y vecinos presentes en el acto protocolario.
La sesión solemne también contó con un espacio musical a cargo del EMAI, el cual acompañó la actividad y aportó un ambiente artístico a la jornada cívica al finalizar la sesión solemne.
La elección del directorio municipal marca el inicio de una nueva etapa de trabajo dentro del Concejo Municipal, órgano encargado de la toma de decisiones y fiscalización del gobierno local en el cantón de Santa Ana.
El Gobierno Local de Santa Ana presentó ante la Comisión de Hacienda una propuesta de ajuste en las tasas de servicios municipales para el año 2027, que contempla reducciones en distintos rubros como recolección de desechos, mantenimiento de parques, limpieza de vías, servicio de policía y tarifas de cementerios.
Entre los cambios más destacados se encuentra una disminución del 10,50% en la tarifa de recolección y disposición de desechos sólidos para todas las categorías residenciales, comerciales e industriales. Según la propuesta, la tarifa residencial pasaría de ₡7.360 a ₡6.590 mensuales.
En el caso del mantenimiento de parques y zonas verdes, se propone reducir la tasa en ₡0,27, quedando en ₡1,44 por cada ₡100.000 del valor de la propiedad.
Asimismo, la tarifa de limpieza de vías tendría una disminución del 22%, pasando a ₡2,69 por cada ₡100.000 del valor de la propiedad por mes.
El servicio de policía municipal también registraría una rebaja de ₡0,02 mensuales, estableciéndose en ₡3,36 por cada ₡100.000 del valor de la propiedad.
Otro de los apartados incluidos en la propuesta corresponde a los cementerios municipales. Para el Cementerio de Santa Ana, las tarifas disminuirían en promedio un 6,62%, quedando las bóvedas simples en ₡3.108,33 mensuales y las dobles en ₡6.216,67.
Mientras tanto, en el Cementerio de Piedades, la disminución promedio sería del 10,39%, dejando las bóvedas simples en ₡2.841,67 y las dobles en ₡5.675.
En cuanto a los servicios funerarios y administrativos de ambos cementerios, algunas tarifas reflejan aumentos y otras reducciones. Por ejemplo, el derecho de inhumación bajaría de ₡39.530 a ₡37.090, mientras que el alquiler de nicho municipal aumentaría de ₡208.320 a ₡204.410.
La propuesta deberá ser analizada y eventualmente aprobada por el Concejo Municipal como parte del proceso de definición de tasas para el año 2027.
Un estudio interno presentado este martes ante el Concejo Municipal evidenció una serie de problemáticas relacionadas con el clima laboral, liderazgo, organización interna y percepción de acoso dentro de la Policía Municipal, situación que fué de conocimiento entre regidores y autoridades municipales sobre la necesidad de impulsar cambios estructurales y fortalecer el bienestar del personal.
La exposición estuvo a cargo de Éllida, representante de la Junta de Relaciones Laborales; Kesting, funcionaria de Recursos Humanos; y Ronald Artavia, representante sindical, quienes integraron una mesa de trabajo conformada desde octubre del año anterior por solicitud de la administración municipal.
Según explicaron, el diagnóstico tomó cerca de seis meses y contempló entrevistas semiestructuradas a los 60 oficiales de la Policía Municipal, incluyendo funcionarios activos, incapacitados y en permisos.
“El objetivo era analizar qué estaba pasando en la Policía Municipal y conocer la percepción de los oficiales sobre su ambiente de trabajo”, indicó Éllida durante la sesión.
Falta de claridad y ambiente “hostil”
Entre los principales hallazgos expuestos destacan la falta de claridad en los roles de mando, dudas sobre el organigrama interno, desconocimiento de reglamentos por parte de algunos oficiales nuevos y conflictos entre funcionarios del mismo rango y jefaturas.
De acuerdo con los datos presentados:
Un 71% de los policías percibe el clima laboral como negativo.
Un 36% manifestó sentirse mal trabajando en la institución.
Un 22% señaló haber sido víctima o testigo de situaciones relacionadas con acoso laboral o sexual.
Los encargados del informe aclararon que las conclusiones reflejan únicamente la percepción expresada por los oficiales entrevistados.
Kesting explicó que uno de los principales problemas identificados es la falta de claridad organizativa, situación que genera confusión, división y desgaste entre el personal.
“La propuesta es concentrar el mando policial en una sola figura y separar parte de la supervisión administrativa para mejorar controles y procesos”, detalló.
Preocupación por salud mental y jornadas laborales
Otro de los temas que generó preocupación fue el desgaste emocional y psicológico de los oficiales.
Ronald Artavia enfatizó que el porcentaje de percepción de acoso “no puede normalizarse”.
“Ese 22% debería estar en cero. Estamos hablando de personas que trabajan armadas y que deben sentirse seguras y tranquilas en su ambiente laboral”, afirmó.
El informe también recomendó fortalecer el acompañamiento psicológico, desarrollar programas de capacitación continua, revisar salarios y mejorar las condiciones laborales de los oficiales.
Además, los representantes solicitaron valorar un cambio en el horario de trabajo, pasando de jornadas de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. a un esquema de 6:30 a.m. a 6:30 p.m., debido al agotamiento que enfrentan algunos oficiales que viajan desde zonas alejadas como Puriscal y Parrita.
Regidores cuestionan capacitación y estructura policial
Durante la discusión, varios regidores realizaron consultas y observaciones sobre el diagnóstico.
El regidor Gonzalo Rojas señaló que el informe confirma la necesidad de una reestructuración interna de la Policía Municipal y pidió que el documento sea analizado a profundidad.
Por su parte, el regidor Walter Herrera cuestionó si existen programas de capacitación adecuados para los oficiales y consultó sobre los niveles salariales de la policía local en comparación con otras municipalidades.
En respuesta, Kesting aseguró que actualmente ya se implementan procesos de inducción y capacitaciones, aunque reconoció que deben fortalecerse y estandarizarse.
La regidora Debby Zamora calificó como “altísimo” el porcentaje relacionado con acoso laboral y destacó la importancia del apoyo psicológico dentro del cuerpo policial.
“Nada se logra reestructurando si no existe un buen clima organizacional”, manifestó.
Mientras tanto, el regidor José Roberto Castro insistió en la necesidad de establecer un plan de acción con fechas, prioridades y recursos definidos para implementar las recomendaciones.
Alcalde defiende avances y pide evitar politización
El alcalde municipal, Juan José, agradeció el trabajo realizado por la mesa interdisciplinaria y reconoció la necesidad de mejorar el ambiente laboral y fortalecer la transparencia dentro de la Policía Municipal.
El jerarca defendió algunos avances realizados durante la actual administración, particularmente en materia de capacitación y controles internos.
“Hace dos años los policías ingresaban sin capacitación. Hoy todos los que entran llegan capacitados y se les realizan pruebas psicométricas e idoneidad mental”, aseguró.
Asimismo, indicó que algunas denuncias presentadas anteriormente no lograron comprobar situaciones de acoso laboral o sexual, aunque reconoció que debe trabajarse para reducir cualquier tipo de conflicto interno.
El alcalde también manifestó que el informe no debería enviarse aún a comisión municipal, ya que primero será analizado por la administración para elaborar una propuesta de implementación que posteriormente será presentada al Concejo Municipal.
La presidenta del Concejo Municipal, Wendy Mora, realizó este martes un balance de su gestión al frente del órgano municipal, a pocos días de que el próximo 1 de mayo se elija a la nueva presidencia del Concejo para el cierre del actual periodo municipal.
Durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal, Mora presentó un mensaje de agradecimiento e informe de labores correspondiente al periodo 2025-2026, en el que destacó el aprendizaje, los retos y el trabajo realizado desde que asumió la presidencia el pasado 23 de septiembre, cuando fue electa de manera unánime por los regidores.
“Ha sido toda una experiencia, un gran aprendizaje y toda una responsabilidad, pero la asumí con la convicción y la certeza de que quería hacer cosas buenas por este cantón”, expresó la presidenta municipal.
En su intervención, la regidora reconoció que su llegada al cargo representó un reto importante debido a que se trataba de su primera experiencia tanto como regidora como presidenta del Concejo Municipal. Asimismo, agradeció el apoyo de los demás miembros del cuerpo colegiado y admitió que durante el proceso también cometió errores.
“Quisiera pedir disculpas si en algún momento dije o hice algo que alguno de ustedes hubiese ofendido”, señaló de manera pública ante el Concejo.
Uno de los puntos que más destacó durante su informe fue el manejo administrativo y la atención de las gestiones ciudadanas. Según detalló, durante su presidencia se recibieron 32 solicitudes de audiencia, de las cuales 30 fueron atendidas por el Concejo Municipal. Las únicas dos pendientes correspondieron a audiencias de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, las cuales debieron reprogramarse por solicitud de esas instituciones.
Mora también aseguró que la presidencia municipal dejará todos los trámites al día al cierre de su gestión.
“Esta presidencia no deja ningún trámite pendiente, ningún oficio sin responder, ninguna llamada sin hacer, ninguna persona de este cantón sin atender”, afirmó.
La presidenta municipal resaltó además la apertura que, según indicó, tuvo el Concejo para escuchar a comunidades, asociaciones e instituciones del cantón, permitiendo espacios de participación ciudadana y discusión de problemáticas locales.
“Sin importar lo que se decida el primero de mayo, seguiré trabajando para que cada una de las comunidades pueda salir adelante”, manifestó.
La Dra. Grettel Liliana Murillo Monge quien es Especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, vecina de Piedades, mantiene una intensa lucha jurídica y social para exigir la devolución total del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), mediante acciones constitucionales que buscan declarar inconstitucional parte de la legislación que regula estos fondos en Costa Rica.
A través de varios videos publicados en redes sociales, Murillo explicó los alcances de una acción de inconstitucionalidad y varios recursos de amparo presentados ante la Sala Constitucional, con el objetivo de que se permita a jubilados y pensionados disponer libremente de los recursos acumulados durante años de trabajo.
La jurista cuestiona específicamente el artículo 22 de la Ley 10.707, normativa que actualmente establece que la devolución total del ROP solo procede en casos de enfermedad grave o terminal.
“Es un dinero que pertenece a los trabajadores. No es justo que las personas tengan que estarse muriendo para que les entreguen su plata”, manifestó Murillo durante una de sus transmisiones.
Reclamo por derechos fundamentales
Según explicó la abogada, las gestiones legales buscan que la Sala Constitucional determine si la normativa vigente vulnera derechos fundamentales como la salud, la dignidad humana, la libertad económica y el derecho de propiedad.
Murillo sostiene que existen miles de personas pensionadas y jubiladas que enfrentan enfermedades degenerativas, discapacidades o serias necesidades económicas, mientras sus recursos permanecen administrados por operadoras de pensiones.
La abogada relató haber recibido múltiples consultas de adultos mayores, viudas, personas con discapacidad y familiares de pensionados fallecidos que afirman tener dificultades para acceder a esos fondos.
“Hay personas que necesitan ese dinero para medicamentos, remodelar sus viviendas, comprar una silla de ruedas o simplemente sobrevivir económicamente”, señaló.
Sala Constitucional rechazó primera gestión
Murillo confirmó que tanto un recurso de amparo como la primera acción de inconstitucionalidad fueron rechazados inicialmente por la Sala Constitucional. Sin embargo, aclaró que en el caso de la acción de inconstitucionalidad el rechazo se produjo por aspectos formales y no por el fondo del tema.
Según indicó, ya presentó nuevamente la gestión incorporando los requisitos solicitados por los magistrados, por lo que espera que ahora sí pueda analizarse el contenido de la demanda.
La jurista aseguró que, de prosperar la acción, los efectos podrían beneficiar a nivel nacional a miles de trabajadores pensionados y jubilados.
Movimiento nacional por devolución del ROP
La abogada también destacó el respaldo de legisladores que impulsan iniciativas relacionadas con la devolución de los fondos del ROP, entre ellos los diputados salientes Ada Acuña, Rocío Alfaro y Gilbert Jiménez.
De acuerdo con Murillo, actualmente existen proyectos y mociones en la corriente legislativa que buscan modificar las condiciones para la entrega de estos recursos.
Asimismo, aseguró que el movimiento analiza acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que las vías internas en Costa Rica no prosperen.
“Esta lucha no es solo mía. Es de todas las personas que sienten que se les está negando el derecho a disponer del dinero que trabajaron durante años”, afirmó.
Murillo continúa brindando orientación y asesoría a personas que aseguran haber recibido negativas por parte de operadoras y juntas directivas bancarias para acceder a sus recursos del ROP.
Si desea observar los videos relacionados a esta nota, puede ingresar al siguiente enlace que corresponde al perfil de la Licda. Grettel Murillo:
La atleta santaneña María Paula Araya Aguilar ya se encuentra en Londres representando a Costa Rica en el Campeonato Mundial por Equipos 2026 de tenis de mesa, una edición especial que conmemora los 100 años de esta disciplina deportiva.
Araya forma parte de la selección femenina costarricense junto a las jugadoras Victoria Castro Salas, Amanda Jiménez Moraga y Lucía Zavaleta Ovares, quienes competirán del 28 de abril al 10 de mayo ante selecciones de alto nivel como Suecia, Canadá y Sri Lanka.
La participación de la deportista del equipo de Tenis de Mesa de Santa Ana representa un importante logro para el cantón y para el deporte nacional, al formar parte de uno de los escenarios más relevantes del tenis de mesa a nivel mundial.
El anuncio del Banco Nacional sobre el cobro de una comisión mensual a las cuentas con saldos inferiores a ₡25.000 ha generado molestia y preocupación entre clientes de la entidad financiera estatal, quienes consideran que la medida representa una carga adicional en medio del creciente descontento por los problemas de estafas bancarias que afectan al sistema financiero nacional.
La disposición comenzará a aplicarse a partir de este viernes 1.º de mayo de 2026 y establece un cobro mensual de ₡5.000 —o $10 en cuentas en dólares— para aquellas cuentas que no mantengan el saldo mínimo requerido.
Según informó el banco, la medida no aplicará para cuentas salario, cuentas de pensionados, productos juveniles, cuentas con ahorros programados activos y algunas cuentas asociadas al pago de créditos vigentes.
No obstante, en redes sociales y espacios de opinión digital, numerosos usuarios han expresado su inconformidad, señalando que las entidades bancarias estatales deberían enfocarse primero en reforzar la seguridad de sus plataformas y en mejorar la atención a víctimas de fraudes electrónicos, antes de imponer nuevos cobros a los clientes.
En los últimos años, tanto el Banco Nacional de Costa Rica como el Banco de Costa Rica han enfrentado cuestionamientos públicos por casos de estafas bancarias, suplantación de identidad y fraudes electrónicos reportados por usuarios mediante llamadas falsas, enlaces maliciosos y robo de credenciales bancarias.
El Banco Nacional ha sido particularmente señalado por usuarios y consumidores debido al volumen de denuncias relacionadas con estafas electrónicas y supuestas vulnerabilidades en procesos de seguridad digital, situación que ha provocado críticas constantes hacia la entidad y solicitudes de mayor protección para los clientes.
Algunos usuarios consideran contradictorio que, mientras persisten reclamos por pérdidas económicas derivadas de fraudes, ahora se implementen penalizaciones económicas para quienes mantienen bajos montos en sus cuentas.
“Ahora resulta que además de preocuparnos por las estafas, también debemos pagar por no tener suficiente dinero en la cuenta”, comentó un usuario en redes sociales tras conocerse la medida.
Especialistas financieros señalan que este tipo de políticas buscan incentivar la permanencia de fondos y reducir costos operativos de cuentas inactivas o de bajo movimiento. Sin embargo, advierten que el impacto podría recaer principalmente sobre personas de ingresos limitados, trabajadores independientes y pequeños ahorrantes.
La Ruta 27, principal arteria que conecta el Valle Central con el Pacífico, sigue estando en el centro del debate público. Cada vez que ocurre un accidente o colisión, esta carretera colapsa casi de inmediato, evidenciando una problemática que se repite con preocupante frecuencia.
El más reciente caso, ocurrido en abril de 2026 a la altura de Escazú, dejó en evidencia esta realidad. Un choque entre un camión y una motocicleta provocó la muerte de un conductor y obligó a cerrar parcialmente la vía, generando largas filas y retrasos de varias horas.
Testimonios de usuarios reflejan el impacto del colapso: trayectos de pocos minutos se transformaron en recorridos de hasta hora y media o más, mientras otros conductores reportaron demoras de hasta cuatro horas para distancias relativamente cortas dentro del Gran Área Metropolitana.
Un problema estructural
La situación no es aislada. La Ruta 27, inaugurada en 2010 y diseñada hace décadas bajo condiciones de tránsito muy distintas, enfrenta hoy una demanda que supera su capacidad original.
Cuando ocurre un accidente, especialmente con fallecidos, el protocolo obliga a mantener la escena bajo investigación judicial, lo que impide remover rápidamente los vehículos. Esto provoca cierres parciales o totales que, sumados al alto flujo vehicular, generan un efecto dominó en otras vías como Sabana, Escazú y Santa Ana.
Efecto en cadena
El colapso no se limita a la autopista. Accidentes en la Ruta 27 han llegado a paralizar otros sectores aledaños, afectando incluso servicios como el tren y generando incidentes adicionales por conductores que intentan evadir las presas.
Este fenómeno evidencia la falta de rutas alternas eficientes y la alta dependencia del país en esta vía estratégica.
Más que presas: una crisis de movilidad
Más allá del congestionamiento, expertos y ciudadanos coinciden en que el problema trasciende el tráfico. Se trata de una combinación de factores: crecimiento vehicular acelerado, infraestructura limitada, cultura vial deficiente y falta de planificación a largo plazo.
Mientras tanto, cada accidente en la Ruta 27 no solo representa una tragedia humana, sino también el detonante de un caos vial que afecta a miles de personas.
El abogado costarricense Joseph Rivera denunció públicamente que el Gobierno de Nicaragua le negó el ingreso a ese país sin justificación aparente, impidiéndole reunirse con la familia de Junieysis Merlo Espinoza, víctima de femicidio en nuestro cantón.
Según explicó el jurista, el viaje estaba programado hacia el departamento de Madriz con el objetivo de brindar acompañamiento legal y emocional a los padres de la joven, Máximo Merlo y Vilma Espinoza. Sin embargo, a tan solo 24 horas de su salida, recibió la negativa de ingreso, lo que —afirma— obstaculizó el cumplimiento de su labor profesional.
Rivera también señaló lo que califica como un “abandono total” por parte del Estado nicaragüense hacia la familia de la víctima. Indicó que, hasta la fecha, los padres de Junieysis no han recibido apoyo institucional para enfrentar el duelo, gestionar la repatriación de las cenizas ni avanzar en la búsqueda de justicia.
En otro punto de su denuncia, el abogado cuestionó a las aerolíneas Copa Airlines y Avianca por negarse a reembolsar los gastos del viaje cancelado. Rivera argumenta que la cancelación se debió a una causa externa fuera de su control, por lo que considera injusto asumir la pérdida económica. A su criterio, ambas empresas se amparan en políticas rígidas que carecen de empatía ante situaciones de fuerza mayor.
Ante este escenario, el abogado exigió al Gobierno de Nicaragua una explicación formal sobre la denegación de ingreso, así como apoyo básico para la familia Merlo Espinoza. Asimismo, instó a las aerolíneas a reconsiderar su decisión y proceder con el reembolso total de los gastos, advirtiendo que, de lo contrario, valorará emprender acciones legales.
La comunidad católica vivió este sábado una jornada de profunda fe y alegría con la ordenación presbiteral de Fray Bernal Francisco Guerrero Sandí, de la Orden de Agustinos Recoletos.
La ceremonia se llevó a cabo en la parroquia Inmaculada Concepción, en el distrito de Pozos, y fue presidida por monseñor Ángel San Casimiro, obispo emérito de Alajuela. El acto reunió a sacerdotes, religiosos, familiares y fieles que acompañaron este significativo paso en la vida del nuevo presbítero.
Durante la celebración, Fray Bernal recibió la imposición de manos y la oración consecratoria, ritos centrales de la ordenación sacerdotal dentro de la Iglesia Católica. Uno de los momentos más emotivos fue su postración durante las letanías de los santos, como signo de entrega total a su vocación.
La actividad estuvo marcada por un ambiente de recogimiento, oración y gratitud, tanto por parte de la comunidad agustiniana como de la familia del nuevo sacerdote, quienes destacaron el camino de fe que lo condujo hasta este momento.
Como parte de las celebraciones, el nuevo presbítero oficiará su primera misa este domingo 26 de abril a las 3:30 p.m., en el mismo templo parroquial, donde se espera la participación de la comunidad.
La ordenación de Fray Bernal representa un acontecimiento importante para la Iglesia local, al sumar un nuevo servidor comprometido con la evangelización y el acompañamiento pastoral.
Santa Ana Actual Informa
