Moción aprobada exige explicaciones por actividad reciente de Blue Flame y NanoGas

El Concejo Municipal aprobó por unanimidad la moción 009-2026, presentada por la regidora Sofía Álvarez, con el objetivo de solicitar información y acciones institucionales ante preocupaciones vecinales relacionadas con el manejo de gas licuado de petróleo (GLP) en el sector de Lindora.

La iniciativa surge tras denuncias de residentes de zonas cercanas a las plantas envasadoras de gas, quienes han reportado movimientos constantes de camiones cisterna identificados con la empresa Blue Flame, pese a que esta se encuentra bajo una orden de suspensión total e inertización emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), debido a fallas críticas en sus sistemas de seguridad.

Según lo expuesto en la sesión municipal, los vecinos incluso sostuvieron recientemente una reunión virtual con autoridades de la Dirección de Transporte y Comercialización de Combustibles del MINAE, lo que motivó la presentación formal de la moción.

El documento aprobado solicita a múltiples instituciones, entre ellas el Ministerio de Ambiente y Energía, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el Ministerio de Salud y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, remitir en un plazo de 30 días hábiles información detallada sobre permisos, inspecciones, licencias y condiciones de seguridad de las instalaciones operadas por NanoGas.

Entre los aspectos más sensibles señalados en la moción destaca la posible utilización de la planta de NanoGas por parte de cisternas de Blue Flame, lo que, según el criterio planteado, podría desnaturalizar los permisos originalmente otorgados para la operación de hidrocarburos, al mezclar actividades bajo condiciones no contempladas en las autorizaciones vigentes.

Asimismo, se pide verificar si las pólizas de responsabilidad civil han sido ampliadas para cubrir eventuales riesgos derivados de esta situación, así como confirmar el cumplimiento de todas las normativas técnicas, ambientales, sanitarias y de seguridad contra incendios.

Durante la discusión, el regidor Gonzalo Rojas respaldó la iniciativa y solicitó el apoyo del Concejo, calificándola como “precisa y oportuna” ante los hechos reportados en el distrito de Pozos.

La moción fue aprobada con dispensa de trámite, así como en su fondo y firmeza, con siete votos a favor, lo que refleja el consenso del órgano municipal ante la preocupación por la seguridad comunitaria y la protección de la vida humana en las zonas aledañas.

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Alcalde cuestiona al CTP y eleva denuncia ante ARESEP por mal servicio de Tapachula

El alcalde, Juan José Vargas, lanzó fuertes cuestionamientos contra el Consejo de Transporte Público (CTP) por el manejo de denuncias relacionadas con el servicio de transporte público en el cantón, operado por la empresa Compañía de Inversiones La Tapachula.

Durante una intervención ante el Concejo Municipal este martes, el jerarca municipal calificó la situación como “sumamente delicada” y detalló una serie de gestiones realizadas por la alcaldía en los primeros meses del año para canalizar las quejas de los usuarios.

Reunión con el CTP y reclamos por falta de transparencia

Según expuso Vargas, el pasado 11 de febrero la alcaldía sostuvo una reunión con el director ejecutivo a.i. del CTP, Rafael Herrera García, tras solicitar formalmente una audiencia días antes. Sin embargo, la delegación municipal se encontró con la presencia no informada de representantes de la empresa concesionaria, entre ellos su gerente general, Rodrigo Castro Oriamuno, y su asesor legal.

El alcalde manifestó su molestia por esta situación, al considerar que se trataba de una reunión solicitada directamente con el ente regulador. A pesar de ello, indicó que decidieron continuar con el encuentro.

Durante la sesión, afirmó, funcionarios del CTP sostuvieron que la empresa cumplía con sus obligaciones, pese a los múltiples señalamientos presentados por la municipalidad sobre deficiencias en el servicio.

Denuncias desestimadas y críticas al proceso

Uno de los puntos que más generó preocupación, según el alcalde, fue la afirmación de una funcionaria del CTP de que todas las denuncias de usuarios habían sido atendidas satisfactoriamente. Asimismo, se indicó que se realizarían inspecciones durante marzo, las cuales —según Vargas— no se concretaron ni fueron notificadas al gobierno local.

El 17 de febrero, la municipalidad formalizó una denuncia ante el CTP. No obstante, el proceso permitió registrar únicamente una unidad específica, aunque se incluyeron múltiples incidentes en la descripción.

La respuesta llegó el 6 de marzo, cuando la empresa rechazó los señalamientos y el CTP resolvió dar por atendida la denuncia, concluyendo que no existía una infracción en curso.

Vargas cuestionó duramente esta resolución, señalando que no se analizaron todos los alegatos presentados. “Es una vergüenza de institución”, expresó, al tiempo que instó a las autoridades nacionales a investigar el funcionamiento del Consejo.

ARESEP abre investigación

Ante la inconformidad con la resolución del CTP, la alcaldía presentó el caso ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), que ya dio trámite a la denuncia mediante el oficio OF-0921.

De acuerdo con el informe expuesto, la ARESEP inició un proceso que incluye recolección de información del ente rector, inspecciones de campo y análisis técnico para determinar eventuales medidas.

“Los ciudadanos no pueden seguir siendo transportados en estas condiciones”, afirmó. Además, vinculó la situación con afectaciones a la salud mental de los usuarios, al describir la frustración de esperar transporte sin ser atendidos.

Denuncias de usuarios se vienen acumulando desde el 2019

Ya desde el año 2019 varios vecinos de Escazú y Santa Ana, habían creado un grupo fiscalizador de transporte público para recoger denuncias de vecinos de ambos cantones y acudir a los Concejos Municipales, además de sostener reuniones con el MOPT y la Defensoría de los Habitantes.

Pese a las diferentes gestiones, la empresa Tapachula ha venido con los constantes atropellos al servicio de transporte público y un pésimo servicio al cliente, sin que exista una entidad reguladora que les llame realmente la atención. Vecinos y usuarios han mencionado que se ponen las quejas ante el CTP y estos simplemente responden que todo se investigó y señalan que no hay faltas al servicio que se brinda.

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Alcaldía impulsa alianzas para atender carreteras, tecnología y educación en el cantón

El Concejo Municipal aprobó este martes una serie de iniciativas impulsadas por la Alcaldía, encabezada por el alcalde Juan José Vargas, orientadas a mejorar la gestión vial, tecnológica y educativa del cantón.

Uno de los acuerdos más relevantes fue la aprobación de un convenio marco de cooperación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que permitirá a la Municipalidad intervenir en rutas nacionales ubicadas dentro del cantón, bajo autorización del ente rector.

Según explicó el alcalde Vargas, este instrumento no transfiere competencias del Estado, sino que establece un mecanismo de coordinación interinstitucional para ejecutar proyectos específicos. Cada intervención deberá formalizarse mediante convenios particulares avalados por el MOPT.

“Este convenio nos permitirá atender necesidades urgentes en rutas nacionales sin violentar el marco legal, agilizando la capacidad de respuesta municipal”, indicó el jerarca.

El acuerdo, aprobado por unanimidad (siete votos), tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable hasta por cuatro años. Autoridades municipales destacaron que esta herramienta podría facilitar la atención de problemáticas históricas en sectores como Pozos, Salitral, Río Oro y Piedades, donde el estado de las vías ha generado reclamos vecinales durante años.


Regulación tecnológica obligatoria

En la misma sesión, el Concejo aprobó el reglamento de la Comisión de Tecnologías de Información y Comunicación, en cumplimiento de las normas de control interno establecidas por la Contraloría General de la República.

Esta comisión será responsable de supervisar la gestión tecnológica institucional, garantizando que los proyectos en esta área cumplan con criterios técnicos y de control. Aunque el equipo ya se encontraba en funcionamiento, el reglamento formaliza su operación dentro de la estructura municipal.


Alianza con la UNED sin costo financiero

Asimismo, se avaló un convenio marco de cooperación con la Universidad Estatal a Distancia (UNED), orientado a promover iniciativas en educación, cultura, capacitación e investigación.

El acuerdo no implica compromisos financieros inmediatos ni traslado de recursos o personal, pero abre la puerta al desarrollo de proyectos específicos en beneficio de la comunidad y del personal municipal.

Durante la votación, el regidor Gonzalo Rojas se abstuvo por mantener una relación laboral con la UNED.


Refuerzo de videovigilancia policial

El Concejo también avaló el inicio de un proceso de contratación pública para el mantenimiento, instalación y reubicación de cámaras de videovigilancia de la Policía Municipal. La iniciativa, gestionada por la encargada de licitaciones Karla Guerrero Mora, busca garantizar el funcionamiento óptimo del sistema de monitoreo en el cantón.

Según la justificación presentada, esta contratación pretende mejorar las capacidades de vigilancia para prevenir delitos como robos, asaltos, vandalismo y venta de drogas, además de fortalecer la colaboración con cuerpos policiales y judiciales mediante el aporte de pruebas en investigaciones.

El proyecto contempla servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la instalación de nuevos equipos o el traslado de los existentes, bajo la modalidad de demanda y conforme a la disponibilidad presupuestaria. El contrato tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga hasta por tres años adicionales.

Durante la discusión, el alcalde destacó los resultados positivos del sistema de videovigilancia en el cantón, señalando que actualmente opera al 100% y ha permitido la detención de sospechosos vinculados a múltiples delitos.

La moción, presentada por el regidor Gonzalo Rojas, fue igualmente aprobada por unanimidad en sus tres fases.

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Alcaldía: Centro Diurno Joaquín y Ana reabre sus puertas para los adultos mayores del cantón

El alcalde de Juan José Vargas anunció el día de ayer la reactivación de las actividades del Centro Diurno Joaquín y Ana, un espacio clave para la atención de personas adultas mayores en el cantón. El anuncio se realizó mediante un video difundido en las redes sociales del Gobierno Local, desde el Hub Comunal de Río Oro, donde temporalmente se estarán brindando los servicios.

Durante su mensaje, el jerarca destacó la importancia de retomar este programa social, al que calificó como un espacio dedicado a “los tesoros” y “diamantes” del cantón: la población adulta mayor. La reapertura se da gracias al apoyo de la Asociación de Desarrollo Comunal de La Uruca y la colaboración de voluntarios de la Asociación San Antonio de Padua, quienes se integraron a las actividades.

Según explicó el alcalde, el centro operará de forma provisional en las instalaciones de la asociación por aproximadamente 15 días, mientras se concluyen mejoras en la infraestructura del Centro Diurno Joaquín y Ana, donde posteriormente se retomará la atención de manera formal.

Por su parte, la vicealcaldesa Marielos Rivera resaltó el esfuerzo del personal y voluntariado, subrayando que la atención brindada a esta población representa “una ofrenda de amor”, en reconocimiento al tiempo y dedicación invertidos por quienes hacen posible el servicio.

Las autoridades también informaron que las personas adultas mayores interesadas en integrarse a las actividades pueden comunicarse a los números 9532-7432 o 8449-9988, donde recibirán información sobre el proceso de inscripción.

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Municipalidad impulsa campaña gratuita de castración para perros y gatos en Lindora

El Gobierno Local anunció una nueva campaña de castración gratuita dirigida a perros y gatos, con el objetivo de promover el bienestar animal y el control responsable de la población de mascotas en el cantón.

La jornada está enfocada en vecinos de la urbanización Lagos de Lindora, quienes deberán cumplir con una serie de requisitos para optar por un cupo. Entre ellos, ser mayores de edad, residir en la zona y presentar su cédula de identidad para verificación del domicilio electoral. Además, se solicita llevar lapicero y teléfono celular el día de la convocatoria.

Como parte del proceso, los interesados deberán asistir a una charla informativa programada para el próximo 22 de abril a las 6:00 p.m. en el Salón Comunal de Lindora. En esta sesión se brindarán detalles sobre el procedimiento, cuidados posteriores y se asignarán las citas para la castración.

Las autoridades también indicaron que es importante conocer el peso aproximado de los perros —aunque en el caso de los gatos no es necesario— y recalcaron que ese día no se deben llevar las mascotas.

Asimismo, se informó que aquellas personas que residan en Lindora pero cuyo domicilio electoral sea distinto, deberán presentar algún documento que respalde su lugar de residencia. Los cupos serán asignados únicamente a quienes participen en la charla informativa.

Para más información, el Gobierno Local habilitó el correo electrónico amora@santaana.go.cr como canal de contacto.

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Policías municipales se capacitan en reconocimiento facial con apoyo de Colombia

Un grupo de 19 policías municipales provenientes de distintas zonas del país y de nuestro cantón, participaron en un seminario especializado en reconocimiento facial, como parte de los esfuerzos por fortalecer las capacidades de investigación criminal a nivel local.

La capacitación fue impartida por la Policía Nacional de Colombia y contó con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos, en una iniciativa que busca mejorar las herramientas tecnológicas y analíticas de los cuerpos policiales.

Durante la jornada, se destacó la importancia de la identificación de personas como elemento clave en toda investigación criminal. Asimismo, los participantes profundizaron en el análisis de casos prácticos, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales.

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Municipalidad suspende patente comercial a empresa Blue Flame tras informes técnicos

Autoridades aseguran que la medida responde a análisis de Bomberos, Salud y MINAE; vecinos reciben mensaje de tranquilidad

La municipalidad anunció la suspensión de la patente comercial de la empresa Blue Flame, luego de un proceso de revisión basado en informes técnicos elaborados por distintas instituciones del Estado.

Según indicaron las autoridades, la decisión se tomó tras un análisis “previo y profundo” de las investigaciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en relación con la situación presentada en las operaciones de la empresa.

“Esta no es una medida antojadiza”, señalaron desde la alcaldía Juan José Vargas y Marielos Rivera, al tiempo que destacaron que las observaciones emitidas por el MINAE fueron clave dentro del proceso de evaluación. No obstante, recalcaron que el caso no podía resolverse únicamente con recomendaciones técnicas, sino que requería acciones concretas por parte del gobierno local.

En ese sentido, la municipalidad confirmó que ya se notificó formalmente a la empresa sobre la suspensión temporal de su patente. Aunque el proceso administrativo continúa, las autoridades fueron enfáticas en que la medida se mantendrá vigente hasta que la compañía cumpla con todos los requisitos establecidos en los informes técnicos.

“La suspensión es y será definitiva hasta que no se atiendan las disposiciones señaladas”, indicaron.

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Rendición de cuentas de los alcaldes: Obligatoria por ley, pero no abierta a toda la ciudadanía

Aunque los alcaldes de los respectivos cantones en Costa Rica están obligados por ley a rendir cuentas de su gestión, actualmente no existe una normativa que los obligue a hacerlo en un espacio abierto y participativo dirigido directamente a la ciudadanía, sino solamente para los regidores de un Concejo Municipal.

De acuerdo con el marco vigente del Código Municipal, los jerarcas locales deben presentar un informe anual de labores ante el Concejo Municipal. Este ejercicio, sin embargo, suele realizarse en sesiones formales, con limitada interacción ciudadana y sin mecanismos estandarizados que garanticen el acceso amplio de la población.

El tema ha cobrado relevancia en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y la cercanía de los gobiernos locales con sus comunidades. Especialistas en gestión pública coinciden en que, si bien existen figuras como audiencias públicas o cabildos abiertos, estas no sustituyen una rendición de cuentas estructurada, periódica y accesible para todos los habitantes del cantón.

Incluso, la propia línea jurisprudencial de la Sala Constitucional de Costa Rica ha reforzado principios como la transparencia, la participación ciudadana y el control democrático sobre la función pública, aunque sin establecer una obligación específica sobre el formato de rendición de cuentas a nivel municipal.

En esa misma línea, el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el Artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica, así como los principios de acceso a la información pública, han sido interpretados como pilares de una democracia participativa, donde la ciudadanía no solo recibe información, sino que también puede cuestionar y fiscalizar a sus autoridades.

Actualmente, en la Asamblea Legislativa se han presentado iniciativas orientadas a fortalecer estos mecanismos. Un ejemplo es el expediente 23.817, que propone garantizar una rendición de cuentas más efectiva por parte de las autoridades municipales, incluyendo mayores niveles de transparencia y cercanía con la población.

Propósito del Expediente 23,817

La presente propuesta tiene como objetivo establecer ciertos contenidos mínimos en los informes de las autoridades municipales. Estos contenidos abarcan aspectos como los recursos financieros, humanos y materiales disponibles, la estructura organizativa actualizada y una lista de los funcionarios junto con sus respectivas clasificaciones de puestos. Asimismo, se espera que se incluyan las metas establecidas para el período en análisis, detallando los resultados concretos obtenidos para cada una de ellas tanto en el marco del Plan Anual Operativo como en el programa de gobierno presentado al inicio de la administración. También se sugiere que se describan y justifiquen los créditos adquiridos, las modificaciones salariales acordadas, así como los procesos o demandas legales enfrentadas o promovidas.

Puede ver el proyecto de ley en el siguiente enlace:

https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/06/23817.pdf

Sin embargo, mientras no exista una obligación legal concreta, la realización de espacios abiertos de rendición de cuentas dependerá de la voluntad política de cada alcalde o alcaldesa, lo que genera diferencias significativas entre cantones, es decir, los ciudadanos no tienen el espacio para poder preguntar a los alcaldes o en su momento cuestionarles públicamente .

Para analistas, el vacío normativo deja abierta la discusión sobre la necesidad de una reforma que establezca, de forma clara, la obligación de realizar informes públicos en espacios accesibles, con posibilidad de participación ciudadana y mecanismos de consulta directa.

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Alcaldía: Se trabajan en proyectos viales y alianzas para mejorar la movilidad en el cantón

El alcalde Juan José Vargas, informó este martes en sesión del Concejo Municipal sobre una serie de proyectos e intervenciones viales que se encuentran en gestión o próximos a ejecutarse en distintos puntos del cantón.

Durante su intervención, el jerarca destacó una reunión reciente con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), en la que participaron cerca de 25 funcionarios, incluyendo representantes del despacho ministerial.

Entre los temas abordados, Vargas mencionó problemáticas históricas relacionadas con rutas nacionales clave como la Ruta 27, la Ruta 22 y la Ruta 32, así como la rotonda ubicada en el sector de Brasil de Santa Ana.

Intervenciones en Río Oro y AutoStart

El alcalde anunció el inicio de trabajos pluviales en Río Oro, proyecto que —según indicó— ha sido impulsado por la municipalidad en coordinación con el MOPT.

Asimismo, señaló avances en una propuesta conjunta con el sector privado para intervenir el punto de Autostart, donde se plantea habilitar un carril adicional para reducir la congestión vehicular generada tras la ampliación de la radial.

“Está el dinero por parte de la empresa privada y la voluntad de la municipalidad”, afirmó Vargas, quien aseguró que este proyecto se encuentra en análisis tras el acercamiento con las autoridades nacionales.

Estudios para semáforo en La Chispa

Otro de los puntos destacados fue el semáforo de La Chispa, una solicitud histórica de la comunidad. El alcalde explicó que la municipalidad iniciará estudios de conteo vehicular para respaldar técnicamente la petición ante el MOPT.

Además, funcionarios municipales ya comenzaron procesos de capacitación en coordinación con otras municipalidades como Mora y Escazú, con el fin de agilizar estos estudios.

Puente Cañas y salida hacia la Ruta 27

Entre los proyectos de infraestructura, Vargas mencionó la construcción del puente Cañas, el cual permitiría mejorar la conexión de comunidades hacia la Ruta 27 mediante una vía cantonal.

También se refirió a la intervención en el sector de Santana 2000, donde se busca ampliar un punto crítico de acceso mediante negociaciones con propietarios privados para facilitar el tránsito.

Atención a puentes y rutas cantonales

El alcalde informó que ya se determinó que la empresa concesionaria Globalvia es responsable del mantenimiento del puente ubicado en Fórum, el cual será objeto de revisión estructural y mejoras en el asfalto.

En cuanto a la Ruta 311, que conecta con Salitral, Vargas indicó que se avanza en gestiones para que el CONAVI ejecute un asfaltado completo, mientras la municipalidad asumiría obras complementarias como cunetas y aceras.

Donaciones y soluciones a parqueo municipal

Finalmente, el alcalde destacó la recepción de donaciones de terrenos por parte de vecinos para ampliar calles en sectores como Chirracal y Momany.

Además, anunció que una ciudadana ofreció un lote bajo la figura de comodato para habilitar un espacio de parqueo para aproximadamente 100 vehículos municipales, lo que aliviaría la presión sobre los espacios actuales.

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Regidores piden ampliar horarios y refuerzo geriátrico en servicios de COOPESANA

Ayer en el Concejo Municipal se discutió y aprobó una moción orientada a mejorar el acceso a los servicios de salud en el cantón, mediante la ampliación de horarios de atención y el fortalecimiento del recurso humano, especialmente en el área de pediatría.

La iniciativa, presentada por el regidor Ricardo Alfaro del PUSC, plantea la necesidad de gestionar ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acciones concretas para responder al crecimiento poblacional y a la creciente demanda de atención médica, en particular de personas adultas mayores.

Durante su exposición, Alfaro subrayó que la salud es un derecho fundamental respaldado por la Constitución Política, y que el Estado debe garantizar servicios oportunos y de calidad. Asimismo, señaló que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Santa Ana experimenta un acelerado proceso de envejecimiento demográfico, con una población estimada de más de 61 mil habitantes para 2025, de los cuales entre un 10% y un 12% corresponde a personas mayores de 65 años.

La moción advierte sobre limitaciones actuales en la prestación de servicios de salud en el cantón, administrados por la CCSS a través del modelo de gestión delegada de la cooperativa Copesana. Entre los principales problemas señalados destacan los horarios restringidos y la falta de especialistas, particularmente en pediatría, lo que incide directamente en la calidad de vida de los usuarios.

En ese sentido, el acuerdo aprobado solicita formalmente a la Gerencia Médica de la CCSS valorar y autorizar la ampliación de horarios en los centros de salud del cantón, así como la asignación o contratación de profesionales en pediatría para garantizar una atención integral.

El debate en el plenario se centró principalmente en la redacción del tercer punto de la moción, que inicialmente instaba directamente a Copesana a implementar mejoras. El regidor Walter Herrera advirtió que, debido a las condiciones contractuales vigentes, la cooperativa no puede realizar cambios sin la autorización previa de la CCSS.

“Copesana tiene limitaciones claras establecidas en su contrato, por lo que cualquier ampliación de servicios debe ser aprobada por la Gerencia Médica”, señaló Herrera, quien propuso ajustar el texto para evitar interpretaciones erróneas.

La presidenta del Concejo, Wendy Mora, respaldó esta posición, recordando que representantes de la cooperativa ya habían explicado previamente las restricciones operativas derivadas de su contrato con la Caja.

Tras el intercambio de criterios, la regidora Cynthia Chávez propuso una modificación al punto en discusión, de modo que se inste a Copesana a “continuar con las gestiones administrativas necesarias” en coordinación con la CCSS, en lugar de atribuirle directamente la implementación de cambios.

Con esta enmienda, la moción fue sometida a votación y aprobada por unanimidad, con siete votos a favor, tanto en el fondo como en firmeza.

El acuerdo será notificado a la Gerencia Médica de la CCSS y a Copesana, con el objetivo de avanzar en la mejora de los servicios de salud para la población santaneña.

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