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Los precios de los combustibles en Costa Rica registrarán un nuevo aumento en los próximos días luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobara un ajuste tarifario que encarecerá el litro de gasolina y diésel entre ₡5 y ₡17.
De acuerdo con el ajuste autorizado, el diésel tendrá el mayor incremento, al pasar de ₡513 a ₡530 por litro, lo que representa un aumento de ₡17.
La gasolina regular subirá ₡14, pasando de ₡593 a ₡607, mientras que la gasolina súper tendrá un aumento menor de ₡5, al pasar de ₡628 a ₡633 por litro.
En contraste con los combustibles, el cilindro de gas de 25 libras tendrá una ligera rebaja de ₡41, por lo que su precio pasará de ₡6.794 a ₡6.753.
Importaciones influyen en el ajuste
El intendente de Energía de Aresep, Mario Mora, explicó que el ajuste responde al incremento en el costo de los combustibles importados, lo que impacta directamente el precio final que pagan los consumidores en el país.
Además, el funcionario advirtió que los precios actuales aún no reflejan los efectos del conflicto que se desarrolla en Medio Oriente, situación que podría presionar aún más el valor internacional de los hidrocarburos en las próximas semanas.
Entrada en vigencia
Las nuevas tarifas entrarán a regir un día después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Especialistas señalan que los constantes ajustes en el precio de los combustibles pueden tener un impacto directo en el costo del transporte, la producción y los servicios, lo que eventualmente podría trasladarse al precio de bienes y alimentos en el país.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por medio de su marca comercial kölbi, habilitó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) una herramienta de consulta de numeración telefónica con el objetivo de reforzar la prevención de fraude en el servicio SINPE Móvil.
La solución tecnológica busca evitar accesos indebidos a cuentas asociadas a números de teléfono móvil prepago que han sido retirados o liberados por el operador. Según informó el ICE, desde el pasado 2 de febrero kölbi se convirtió en el primer operador de telecomunicaciones del país en implementar este mecanismo de control.
Con esta herramienta, el operador reporta en tiempo real al Banco Central los números de teléfono que se liberan. De esta forma, si alguno de esos números estaba vinculado a una cuenta de SINPE Móvil, el sistema permite su desvinculación inmediata, reduciendo el riesgo de que un tercero acceda al servicio cuando el número sea reasignado a otro usuario.
El desarrollo implicó la integración y ajustes en siete sistemas corporativos del ICE, lo que requirió un trabajo coordinado entre equipos especializados de las áreas de Telecomunicaciones, Finanzas y Tecnologías de Información de la institución. Además, el proceso se realizó en estrecha coordinación con las áreas técnicas del Banco Central.
“Con esta herramienta, la Institución reafirma su compromiso con el resguardo de la información sensible de sus clientes y la lucha contra el fraude cibernético”, señaló Harold Cordero, gerente general del ICE.
Actualmente, kölbi continúa brindando acompañamiento técnico al Banco Central en las pruebas de implementación dentro de su plataforma, con miras a que el sistema entre en funcionamiento en el corto plazo.
La ministra de Salud, Mary Munive, anunció que el Gobierno permitirá de forma excepcional y temporal el traslado de residuos sólidos generados en la Gran Área Metropolitana hacia otras regiones del país, como medida para evitar un colapso en la gestión de desechos.
La decisión surge ante el cierre programado de dos importantes rellenos sanitarios ubicados en la región central: Relleno Sanitario El Huaso y Relleno Sanitario La Carpio. Según explicó la jerarca, el permiso tendrá una vigencia única de dos años.
“De manera excepcional y temporal, y por un plazo único de dos años, se va a poder autorizar el traslado de la basura que producimos en la Gran Área Metropolitana fuera de nuestra región”, afirmó Munive.
La ministra enfatizó que esta autorización no debe interpretarse como una solución permanente ni como una forma de trasladar el problema a otras zonas del país, sino como una medida urgente para enfrentar la situación actual.
Asimismo, hizo un llamado directo a las municipalidades para que asuman su responsabilidad en la gestión de residuos y tomen decisiones concretas para enfrentar lo que calificó como una crisis nacional.
“Estamos viviendo una crisis nacional de la basura que producimos todos, una crisis que impacta la salud pública, el ambiente y la calidad de vida de nuestras comunidades”, manifestó.
Munive también recordó que el Gobierno impulsa iniciativas para mejorar el tratamiento de residuos, entre ellas un proyecto para construir el primer biodigestor estatal, impulsado por el Instituto Costarricense de Electricidad y el Ministerio de Salud de Costa Rica, el cual aún se encuentra a la espera de aprobación en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Finalmente, la jerarca advirtió que la falta de decisiones oportunas podría traer consecuencias para la población, al insistir en que el país enfrenta una situación crítica en el manejo de sus desechos.
“El tiempo perdido hasta los santos lo lloran y en esta ocasión los costarricenses son los que llorarán las consecuencias”, concluyó.
A partir del 1° de enero de 2027, todas las instituciones públicas y empresas privadas en Costa Rica deberán aceptar la Identidad Digital Costarricense (IDC) como medio válido de identificación para la realización de trámites y acceso a servicios.
La medida fue confirmada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que amplió el plazo original mediante la resolución N.° 1120-E7-2026, tras una solicitud presentada por el Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial.
Ajustes internos antes de 2027
Con esta prórroga, las entidades públicas y privadas tendrán tiempo hasta el 1° de enero de 2027 para adaptar sus procedimientos internos y garantizar la aceptación de la IDC para cualquier persona que necesite realizar gestiones.
El TSE recordó que la Identidad Digital Costarricense mantiene la misma validez legal que el documento físico, por lo que la ampliación del plazo no afecta su vigencia ni su reconocimiento jurídico.
Recomendación a usuarios
Aunque la IDC es un documento plenamente válido, las autoridades recomiendan a las personas usuarias consultar previamente si la entidad donde realizarán el trámite ya cuenta con los ajustes necesarios para su aceptación, con el fin de evitar inconvenientes.
La implementación total de la Identidad Digital forma parte del proceso de modernización y transformación digital del Estado costarricense, orientado a facilitar trámites, fortalecer la seguridad y agilizar los servicios tanto en el sector público como en el privado.
a Asamblea Legislativa de Costa Rica dio un paso decisivo en la lucha contra las estafas electrónicas. Con 15 votos a favor, la Comisión con Potestad Legislativa Plena III aprobó en primer debate el expediente 23.908, denominado “Ley de Protección a las Personas Consumidoras de su Dinero”, una iniciativa que obligará a las entidades financieras a responder por los fondos sustraídos mediante fraude.
El proyecto, presentado por el diputado Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional, establece un marco de responsabilidad objetiva para bancos públicos y privados, lo que implica que deberán asumir los daños ocasionados por la sustracción o inadecuada custodia de dinero, independientemente de que exista o no culpa directa.
“Hoy dimos un paso fundamental para miles de personas que han vivido uno de los momentos más angustiosos de su vida: abrir su cuenta bancaria y descubrir que sus ahorros desaparecieron. No es solo una reforma legal. Es una respuesta humana ante una realidad que golpea a familias, trabajadoras y adultos mayores en todo el país”, afirmó Izquierdo tras la votación.
Inversión de la carga de la prueba
Uno de los cambios más relevantes del texto es la inversión de la carga de la prueba a favor del consumidor. Esto significa que, en procesos administrativos o judiciales, serán las entidades financieras las que deberán demostrar que sus sistemas de seguridad no fueron vulnerados y que cumplen con los controles exigidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
La iniciativa también crea un procedimiento formal de reclamo con plazos estrictos: las entidades tendrán 30 días naturales para resolver las denuncias, deberán contar con canales de atención disponibles las 24 horas y estarán obligadas a implementar protocolos de emergencia para víctimas de estafa.
En caso de incumplimiento, se contemplan mecanismos de resarcimiento como la devolución automática de los fondos si no hay resolución en un plazo de 120 días, compensaciones por atrasos y la restitución de intereses cobrados tras el fraude.
Ajustes y exclusiones
Durante la discusión en comisión se aprobaron mociones que modificaron el texto original. Entre ellas, la eliminación de un artículo transitorio que obligaba a reintegrar montos a víctimas que hubieran presentado reclamos antes de la entrada en vigencia de la ley.
El proyecto aclara que las entidades deberán devolver los recursos cuando existan pruebas suficientes del carácter ilegítimo de la transacción, pero no serán responsables en casos de “auto estafa”, figura que contempla situaciones de fraude simulado por parte del propio usuario.
Asimismo, se descartó que la SUGEF supervise directamente el protocolo de emergencia que deberán implementar los bancos. No obstante, las entidades sí estarán obligadas a reportar a la Superintendencia las cuentas y titulares identificados como receptores de fondos provenientes de fraudes electrónicos.
La normativa también endurece las sanciones al establecer penas de prisión por autofraude y exigir a la SUGEF la actualización anual de las normas de seguridad cibernética.
Reacciones del sector bancario
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) se pronunció desde setiembre de 2025 sobre la iniciativa. En un comunicado oficial, la organización sostuvo que cualquier marco normativo debe mantener un equilibrio entre derechos y deberes de todas las partes involucradas.
Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC, señaló que las estafas bancarias son un fenómeno del crimen organizado que requiere un frente común y advirtió que una regulación desbalanceada podría afectar el acceso a servicios financieros.
Por su parte, Mario Gómez, asesor jurídico de la entidad, insistió en que en la mayoría de los casos los sistemas bancarios no son vulnerados, sino que los usuarios son engañados por delincuentes, por lo que consideró clave reforzar la educación financiera y digital.
Contexto y próximos pasos
Costa Rica registró 13.000 casos de estafas informáticas durante el 2025, una cifra que ha encendido las alarmas sobre la protección de los ahorros de los ciudadanos.
Tras la aprobación en primer debate, el expediente 23.908 deberá someterse a una segunda y última votación en la Comisión Plena III el próximo 4 de marzo. De recibir el respaldo final, se convertirá en ley de la República, marcando un cambio significativo en la responsabilidad de las entidades financieras frente al creciente fenómeno de las estafas electrónicas.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) dio a conocer una serie de lineamientos que deberán tomarse en cuenta para el curso lectivo 2026, enfocados en regular la presentación personal y ciertas conductas del estudiantado en los centros educativos públicos del país.
La propuesta, divulgada bajo el sello del Gobierno de Costa Rica, detalla disposiciones específicas en temas como vapeo y consumo de alcohol, tatuajes, maquillaje, uñas, largo de cabello, vello facial, piercings y uso de accesorios con el uniforme estudiantil.
Vapeo y consumo de alcohol, falta grave
El documento establece que fumar, vapear o ingerir bebidas alcohólicas dentro del centro educativo será considerado falta grave. La prohibición también aplica fuera del centro en horario lectivo, cuando se vista el uniforme o durante actividades convocadas oficialmente. En este apartado, el lineamiento es claro: no hay excepciones.
Tatuajes deberán reportarse
En el caso de los tatuajes, no se permite su realización —ya sean permanentes o temporales— en estudiantes menores de edad de preescolar, primaria o secundaria. Si se detecta un nuevo tatuaje, la persona directora deberá comunicarlo al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Como excepción, si el estudiante ya tenía tatuajes antes de la entrada en vigencia del lineamiento, el padre, madre o encargado legal deberá informarlo al centro educativo. Además, la restricción no aplicará a personas mayores de edad en ofertas educativas para jóvenes y adultos, ni a poblaciones que por motivos histórico-culturales realicen marcas corporales.
Maquillaje y uñas con restricciones
El uso de maquillaje durante el horario escolar no estará permitido, incluyendo pintura en uñas, labios, mejillas, ojos, cejas y pestañas, así como pestañas postizas. Se contemplan excepciones en actividades culturales, festivales estudiantiles, obras teatrales o bailes folclóricos con autorización de la dirección, además de cursos de estética bajo supervisión docente o por razones médicas justificadas.
En cuanto a las uñas, deberán mantenerse cortas, con un largo máximo de tres milímetros, y no se permitirá el uso de uñas artificiales, salvo en casos médicos documentados o en cursos especializados.
Cabello, vello facial y accesorios
El lineamiento indica que se mantiene lo dispuesto en relación con el largo del cabello y que no se contemplan nuevas excepciones. Sobre el vello facial, el bigote y la barba no deberán cubrir el rostro de manera desproporcionada.
Asimismo, se prohíbe el uso de pulseras, cadenas, anillos, cintas, stickers faciales, abalorios y piercings visibles en cualquier parte del cuerpo, así como expansores o implantes transdérmicos. Únicamente se permitirá un arete o argolla en el lóbulo de cada oreja, con excepción de estudiantes de programas para jóvenes y adultos.
Debate abierto en la comunidad educativa
La publicación, identificada con la etiqueta #LineamientosCursoLectivo2026, anticipa un posible debate en la comunidad educativa sobre disciplina, imagen institucional y libertad de expresión del estudiantado, de cara al inicio del próximo ciclo lectivo.
La Asamblea Legislativa dio un paso decisivo para frenar el ingreso ilegal a zonas restringidas en parques nacionales, al aprobar en primer debate un proyecto de ley que establece multas millonarias y el cobro obligatorio de los rescates a quienes desobedezcan las regulaciones. La medida busca atacar de raíz el auge de los llamados “tours piratas” y las incursiones ilegales en áreas de alto riesgo, especialmente en volcanes activos como el Turrialba y el Poás.
La iniciativa, avalada este miércoles, introduce sanciones económicas que oscilan entre ₡1,3 millones y ₡4,6 millones, según la gravedad de la infracción. Además, por primera vez en el país, las personas rescatadas tras ingresar ilegalmente deberán asumir el costo del operativo de emergencia, que hasta ahora recaía en el Estado.
Golpe al bolsillo como medida disuasoria
El proyecto establece las multas tomando como referencia el salario base del 2026, fijado en ₡462.200. La administración y ejecución de estas sanciones estará a cargo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
Entre las principales sanciones destacan:
Ingreso ilegal individual o promoción de estas actividades: multa de 3 salarios base, equivalente a ₡1.386.600. Esta sanción también aplicará a quienes promuevan estas incursiones, incluidos creadores de contenido o influencers.
Operadores turísticos ilegales: las empresas o personas que vendan tours hacia zonas restringidas enfrentarán multas de 7 salarios base, es decir, ₡3.235.400.
Guías que expongan a turistas a zonas volcánicas activas: la sanción asciende a 10 salarios base, equivalente a ₡4.622.000, además del decomiso del equipo utilizado.
El objetivo es claro: desincentivar una práctica que ha ganado popularidad en redes sociales y que, según autoridades, representa un riesgo mortal tanto para los visitantes como para los equipos de rescate.
Rescates dejarán de ser gratuitos
Uno de los cambios más significativos es la incorporación del cobro obligatorio por rescates. Si una persona ingresa ilegalmente a una zona restringida y requiere ser rescatada por cuerpos de emergencia como la Cruz Roja, Bomberos o Fuerza Pública, deberá pagar un recargo adicional de 5 salarios base, es decir, ₡2.311.000 por persona.
En el caso de grupos, el guía responsable enfrentará una sanción adicional de 10 salarios base, lo que podría elevar la penalización total a niveles económicamente devastadores.
Esta disposición responde a la creciente presión sobre los recursos públicos, ante el aumento de operativos en zonas volcánicas y áreas protegidas donde el acceso está prohibido por razones de seguridad.
Sanciones más severas para reincidentes
La legislación también contempla castigos progresivos para quienes reincidan en estas conductas.
Primera reincidencia: aumento del 50% en la multa original.
Segunda reincidencia: prohibición de ingreso a cualquier área silvestre protegida del país durante un año.
Las autoridades buscan con esto crear un efecto disuasorio sostenido y evitar que las sanciones sean vistas como un costo asumible dentro del negocio ilegal.
Respuesta al auge de tours clandestinos
El proyecto surge como respuesta directa al crecimiento de tours clandestinos que ofrecen acceso a zonas prohibidas, muchas veces promocionadas como “experiencias exclusivas” o “senderos secretos”.
Estas actividades no solo representan un peligro inminente por la actividad volcánica, gases tóxicos o terreno inestable, sino que también obligan al despliegue de recursos humanos y logísticos financiados con fondos públicos.
Los diputados que respaldaron la iniciativa consideran que el impacto económico de las multas será clave para desarticular este mercado ilegal y proteger tanto la vida humana como el patrimonio natural del país.
Falta el segundo debate y la firma presidencial
Aunque el proyecto ya superó el primer debate, aún deberá ser votado en segundo debate antes de convertirse en ley. Posteriormente, requerirá la firma del Poder Ejecutivo y su publicación en el diario oficial La Gaceta para entrar en vigencia.
De aprobarse definitivamente, Costa Rica pasaría a tener uno de los regímenes sancionatorios más severos de la región contra el ingreso ilegal a áreas protegidas, marcando un precedente en la protección de sus parques nacionales y en la responsabilidad individual de quienes deciden ignorar las advertencias.
Nuestro país continúa bajo la influencia directa de un fuerte sistema de alta presión asociado a una masa de aire ártico, considerada entre las más intensas de los últimos 10 a 15 años, lo que mantiene condiciones ventosas y temperaturas más bajas de lo habitual en gran parte del país.
De acuerdo con los análisis meteorológicos y los mapas de presión atmosférica, un potente anticiclón de hasta 1030 milibares se posiciona sobre el Golfo de México, generando un marcado gradiente de presión que impulsa los tradicionales vientos alisios del norte con mayor fuerza hacia Centroamérica.
Este patrón ha provocado un descenso térmico notable, especialmente en el Valle Central, donde durante la media mañana de este lunes las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 18°C, con mínimas entre 11°C y 12°C en varios sectores, valores poco frecuentes para esta época del año.
Además, las ráfagas intensas en zonas expuestas a los “nortes”, como el Valle Central, cordilleras y sectores de Guanacaste, han alcanzado niveles que no se registraban en décadas, generando sensación térmica aún más fría, levantamiento de polvo y posibles afectaciones en tendido eléctrico, caída de ramas y problemas para vehículos livianos.
Aunque la presión de 1030 mb no es récord histórico, especialistas señalan que la combinación de gradientes anómalos y nuevas condiciones atmosféricas está favoreciendo eventos más violentos, cortos y explosivos, liberando mayor energía en menos tiempo. Este comportamiento también se ha observado recientemente en lluvias y tormentas más intensas y concentradas.
Para este miércoles se espera una disminución gradual de la intensidad del viento conforme avance el día, aunque el ambiente fresco podría mantenerse durante las primeras horas.
Autoridades recomiendan precaución ante ráfagas fuertes, asegurar objetos livianos, extremar cuidados en carretera y abrigarse adecuadamente, especialmente en horas nocturnas y de madrugada.
El inusual episodio reafirma cómo los sistemas invernales del hemisferio norte pueden impactar con fuerza el clima costarricense, incluso a miles de kilómetros de distancia.
La candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, incrementó sus posibilidades de ganar la Presidencia de la República en primera vuelta, al alcanzar un 44% de intención de voto, de acuerdo con la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), divulgada en la recta final de la campaña electoral.
El estudio muestra que Fernández, representante del movimiento político afín al presidente Rodrigo Chaves, subió cuatro puntos porcentuales con respecto a la medición anterior, al pasar de un 40% a un 44%, lo que amplía la posibilidad de superar el umbral necesario para evitar una segunda ronda. Ninguna de las cinco candidaturas que le siguen supera el 10% de apoyo, mientras que el grupo de personas indecisas se redujo al 26%.
En segundo lugar aparece Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con un 9% de intención de voto, seguido muy de cerca por Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), con un 8,6%. Más atrás se ubican Ariel Robles, del Frente Amplio, con un 3,8%, y José Aguilar Berrocal, del partido Avanza, con un 2,8%. Fabricio Alvarado, de Nueva República, salió del grupo que supera el margen de error al registrar apenas un 1,5%, mientras que Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), ingresó con un 2,5%.
La encuesta también revela que la aprobación del gobierno de Rodrigo Chaves se mantiene en un 59%, un respaldo que podría estar influyendo en el crecimiento de la candidatura oficialista. El estudio fue realizado entre el martes 20 y el lunes 26 de enero, mediante llamadas a teléfonos celulares, con una muestra de 1.501 personas mayores de 18 años y un margen de error de ±2,5 puntos porcentuales.
Según el CIEP-UCR, este es el último estudio de la campaña, salvo que el proceso se extienda a un balotaje que, por ahora, se perfila como poco probable. Incluso considerando el margen de error, Fernández podría alcanzar hasta un 47% de respaldo o, en el escenario más bajo, un 41%.
No obstante, el comportamiento del 26% de personas indecisas será determinante. Ese porcentaje se calcula sobre el 69% del padrón que asegura que irá a votar, aunque las investigadoras advierten que la abstención podría ser mayor. “Es muy optimista pensar que solo se va a abstener el 31%”, señaló Daniela Chacón-Mendoza, investigadora del CIEP-UCR, al recordar que en las elecciones de 2022 la abstención alcanzó el 40%.
El estudio también analiza los perfiles de votantes. La indecisión es mayor entre personas menores de 34 años, con menor nivel educativo y en las provincias costeras, sectores donde históricamente se registran mayores niveles de abstención. Además, pesa más entre quienes manifiestan sentimientos de tristeza o angustia frente al proceso electoral. En contraste, los seguidores del PPSO se concentran en hombres, personas mayores de 35 años, habitantes de Puntarenas y votantes que expresan entusiasmo u esperanza.
En cuanto a la Asamblea Legislativa, el PPSO se perfila como la fracción más numerosa, con un 29,5% de intención de voto para diputaciones, aunque sin variaciones significativas respecto a la semana anterior. El PLN registra un 9,2%, el Frente Amplio sube a 8,3% y la Coalición del PAC alcanza un 3,9%, similar al PUSC. Sin embargo, la indecisión para el voto legislativo sigue siendo alta, con un 40%.
El CIEP-UCR advierte que, de mantenerse estas condiciones, la próxima Asamblea Legislativa será fragmentada y con un reparto de curules difícil de prever, lo que marcará el escenario político del periodo 2026-2030.
Con apenas una semana por delante antes de que los costarricenses acudan a las urnas, el panorama político del país se mantiene abierto, marcado por una alta indecisión, una oposición fragmentada y una candidata que roza el umbral necesario para ganar en primera ronda.
Las encuestas publicadas en los últimos días coinciden en ubicar a Laura Fernández, candidata del oficialismo, como la favorita para ganar la presidencia. Su intención de voto se aproxima al 40% de los votos válidos, el mínimo requerido para evitar una segunda ronda electoral. Sin embargo, ese escenario aún no está garantizado.
Uno de los factores clave de esta recta final es el alto porcentaje de personas indecisas, que en algunos sondeos supera el 30 %. Este segmento del electorado podría inclinar la balanza ya sea hacia una victoria directa del oficialismo o hacia un balotaje en abril, como ha ocurrido en varias elecciones recientes.
En un distante segundo lugar aparece Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien, pese a registrar cifras de un solo dígito, se mantiene como uno de los principales aspirantes a disputar una eventual segunda ronda, apoyado en la estructura territorial e histórica de su partido. Otros candidatos, como Claudia Dobles y representantes de partidos emergentes, muestran apoyos más reducidos y, por ahora, sin capacidad clara de romper la polarización.
La campaña ha estado dominada por temas como seguridad ciudadana, costo de la vida, empleo y gobernabilidad, así como por la valoración del actual gobierno. Mientras los simpatizantes del oficialismo destacan resultados y liderazgo, sus críticos advierten sobre la polarización política y la necesidad de contrapesos institucionales.
Analistas coinciden en que los últimos debates, la movilización del voto duro y la participación electoral serán determinantes. Una baja asistencia podría favorecer al oficialismo, mientras que una activación del electorado indeciso podría forzar una segunda vuelta.
A siete días de la elección, Costa Rica enfrenta un escenario conocido pero no menos incierto: o define a su próximo presidente en febrero o se encamina, una vez más, a resolverlo en una segunda ronda para el mes de abril.
Santa Ana Actual Informa
