Santa Ana Actual - Las noticias del cantón de Santa Ana
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En una muestra de solidaridad y trabajo conjunto, la Escuela República de Francia en el distrito de Pozos realizará la entrega de 510 paquetes de víveres a su población estudiantil durante este jueves, como apoyo durante el periodo de Semana Santa.
La iniciativa, que se desarrolla desde el año 2021, surgió en medio de la pandemia y se ha mantenido como un esfuerzo sostenido para contribuir al bienestar de los estudiantes y sus familias. Este año, el proyecto tomó mayor visibilidad gracias a la organización anticipada y al respaldo de toda la comunidad educativa.
El director de la institución, Ronny Gutiérrez, destacó que este logro es resultado del trabajo articulado entre la Junta de Educación, el personal docente y administrativo, así como el apoyo de la empresa privada.
“Desde hace mucho tiempo trabajamos en equipo para brindarle a nuestros niños lo mejor. Esta iniciativa inició su planificación desde octubre del año pasado y hoy, gracias a Dios y al esfuerzo conjunto, se hace realidad”, señaló.
Los paquetes, que incluyen productos como atún, galletas, macarrones y frijoles, serán entregados a cada uno de los 510 estudiantes al finalizar la jornada lectiva de este jueves, garantizando que las familias reciban directamente este apoyo.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Educación, Luisa Monge, subrayó el compromiso de todos los involucrados en velar por el bienestar integral del estudiantado.
“Ha sido un trabajo en equipo entre profesores, personal de apoyo, la dirección y la Junta. Nos enfocamos en que los chicos tengan una buena estadía, alimentación y condiciones adecuadas. Para muchas familias, esta ayuda representa una bendición”, expresó.
La reacción de los estudiantes también refleja el impacto positivo de la iniciativa. Emma, alumna del centro educativo, manifestó su alegría por recibir el paquete y por formar parte de la institución.
“Me siento muy bien y feliz. Me gusta mucho que la escuela nos regale estas cositas”, comentó.
Desde la dirección del centro educativo recalcan que este tipo de acciones no solo contribuyen a la alimentación durante el periodo vacacional, sino que también fortalecen valores como la solidaridad, la convivencia y el sentido de comunidad.
Luego de dos décadas dedicadas al bienestar de la niñez y la juventud en el Barrio Las Promesas en el distrito de Brasil, la Asociación Alimentando Esperanzas ha comunicado oficialmente que cesará sus funciones de forma definitiva a partir de este viernes 27 de marzo.
La decisión, descrita como el fin de un ciclo de compromiso ininterrumpido, marca un momento agridulce para la comunidad de Barrio Los Angeles y Las Promesas, donde la organización se consolidó como un referente en el apoyo integral a familias vulnerables.
Desafíos financieros: El motivo del adiós
A través de un comunicado firmado por la Presidenta de la Junta Directiva, la MSc. Ana Marcela Acuña González, la organización explicó que el cierre se debe a «complejos desafíos de sostenibilidad financiera».
Tras un análisis riguroso de los recursos, la directiva determinó que no existen las condiciones económicas necesarias para mantener los altos estándares de servicio que han caracterizado a la institución durante sus 20 años de trayectoria.
Un legado de gratitud
A pesar del cierre, el mensaje de la asociación estuvo cargado de agradecimiento hacia los pilares que sostuvieron su labor durante dos décadas:
Colaboradores y voluntarios: Reconocidos como el motor detrás de cada plato de comida y cada lección educativa.
Empresas aliadas: Agradecidas por su respaldo bajo el marco de la responsabilidad social compartida.
Donantes y padrinos: Quienes permitieron a la asociación ser un puente de apoyo para miles de familias.
«Nos retiramos con la convicción de que las semillas de bienestar y educación plantadas en nuestros beneficiarios seguirán dando frutos», dicta el comunicado oficial.
El impacto que trasciende
Alimentando Esperanzas finaliza su gestión con el orgullo de haber cumplido su misión, asegurando que el impacto generado en los niños y jóvenes beneficiados permanecerá mucho más allá del cierre físico de sus instalaciones. Con este anuncio, se cierra un capítulo significativo en la historia de la asistencia social comunitaria en la región.
La situación administrativa en la Escuela Isabel La Católica, ubicada en Río Oro, ha escalado a una crisis que ya afecta directamente a trabajadores, quienes aseguran no haber recibido su salario desde el mes de enero, en medio de un proceso inconcluso para la conformación de la nueva Junta de Educación de ese centro educativo.
El tema fue expuesto recientemente en sesión del Concejo Municipal, donde regidores reconocieron que, a la fecha, no ha sido posible juramentar a los nuevos integrantes de la Junta, debido a inconsistencias en la documentación remitida por la dirección del centro educativo.
Falta de requisitos frena proceso
Durante la sesión, la presidencia del Concejo Wendy Mora fue enfática en que el atraso no responde a una omisión del órgano municipal, sino a que las ternas enviadas no cumplen con los requisitos legales establecidos.
Entre los faltantes señalados están documentos básicos como copias de cédula, hojas de delincuencia y el acta formal donde conste el proceso de selección de los postulantes.
“Este Concejo no puede aprobar una terna incompleta ni sin los requisitos necesarios, por un tema de orden y transparencia”, se indicó en la sesión.
Asimismo, se aclaró que el procedimiento correcto exige primero la aprobación de las ternas y posteriormente la juramentación, lo que hasta ahora no ha podido concretarse.
Señalamientos desde la comunidad educativa
Documentos aportados por personal docente evidencian preocupación interna por el proceso. Según estos, desde inicios de febrero se informó sobre la renuncia de al menos tres miembros de la Junta de Educación, lo que obligaba a buscar reemplazos con urgencia.
Sin embargo, docentes cuestionan la forma en que se ha llevado a cabo el proceso, señalando que:
Se emitieron convocatorias con fechas límite que podrían generar confusión en padres de familia.
Se solicitó a cada grupo proponer candidatos en plazos ajustados.
Se habrían manejado distintas versiones de ternas.
Además, se advierte sobre un posible conflicto de interés, al considerarse como opción a una persona vinculada familiarmente con personal de la institución, lo que, según el reglamento de Juntas de Educación, podría contravenir normas de transparencia.
Dudas sobre cumplimiento del reglamento
Los cuestionamientos también apuntan al cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa vigente, que exige un proceso participativo, documentado y verificable.
Regidores indicaron que el expediente carece de elementos clave, como:
Un acta formal de reunión con docentes
Evidencia clara del proceso de votación
Validación completa de requisitos de los postulantes
En su lugar, se habrían presentado únicamente listas con firmas, lo cual genera dudas sobre su validez administrativa. Mientras tanto un miembro de la Junta de Educación, mencionó a Santa Ana Actual, que esto se está manejando políticamente y que no quieren aceptar a los nuevos miembros por egos e influencias políticas.
Impacto directo: trabajadores sin salario
Mientras el proceso sigue sin resolverse, la consecuencia más grave recae sobre los trabajadores vinculados a la Junta de Educación, quienes, según lo expuesto, no han recibido sus pagos desde enero.
La falta de una Junta formalmente nombrada limita la gestión de recursos y la ejecución de pagos, profundizando la afectación.
Desde el Concejo Municipal se reconoció el impacto de la situación:
“Nuestras disculpas para las personas afectadas, pero no se puede avanzar sin cumplir con los requisitos”, señalaron.
Aparentemente uno de los trabajadores del centro educativo Gerardo Chavarría, mencionó mediante un comentario en la transmisión de la sesión del Concejo Municipal, sentirse preocupado porque ya son meses que no les pagan e indica que desde el concejo no les estan apoyando y que ponen trabas por un tema político.
Llamado a resolver la situación
Los regidores hicieron un llamado directo a la directora Jacqueline Arias del centro educativo para que complete la documentación requerida y permita destrabar el proceso lo antes posible.
El caso deja en evidencia la importancia de cumplir con los procedimientos administrativos en la gestión educativa, especialmente cuando su incumplimiento termina afectando a trabajadores y al funcionamiento del centro educativo.
Una nueva crisis golpea a la Junta de Educación de la Escuela Isabel La Católica, tras la reciente renuncia de tres de sus integrantes, situación que mantiene sin pago a trabajadores desde el mes de enero y agrava una problemática que, según vecinos y padres de familia, se arrastra desde hace varios años.
De acuerdo con información recabada por este medio, la inestabilidad en la conformación de la junta no es un hecho aislado. En reiteradas ocasiones, miembros han sido juramentados ante el Concejo Municipal y, pocos meses después, presentan su renuncia, lo que ha generado constantes vacíos administrativos y atrasos en la toma de decisiones clave.
La situación actual tiene consecuencias directas sobre el personal contratado bajo la Junta de Educación, quienes no han recibido sus salarios en lo que va del año. Debido a que el órgano se encuentra incompleto, no es posible autorizar ni girar los pagos correspondientes. Ante este panorama, algunos trabajadores han tenido que recurrir a rifas y otras actividades para cubrir sus gastos básicos.
Retrasos y señalamientos en el Concejo Municipal
Desde el Concejo Municipal se confirmó que el proceso para nombrar a los nuevos miembros de la junta ha enfrentado obstáculos por inconsistencias en la documentación presentada.
Según lo expuesto en sesión municipal, hace aproximadamente 15 días se recibieron propuestas de nuevos integrantes; sin embargo, estas carecían del acta que respalda la aprobación en reunión de personal docente, requisito indispensable para su validación.
Posteriormente, se remitió un documento por parte de la supervisión educativa indicando que la junta anterior había renunciado durante el periodo de vacaciones, lo que habría impedido la realización de dicha reunión. No obstante, el proceso se complicó aún más tras la recepción de una denuncia por parte de docentes, quienes señalaron discrepancias entre los documentos que se les circuló internamente y los enviados al Concejo Municipal.
Incluso, se aportaron correos electrónicos que evidenciarían que la información compartida no coincidía, lo que levantó dudas sobre la transparencia del proceso.
Ante estas inconsistencias, el Concejo solicitó a la dirección del centro educativo subsanar los errores y aclarar cuál es la documentación oficial, con el fin de avanzar en la conformación de la nueva Junta de Educación.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste y los principales afectados continúan siendo los trabajadores, quienes siguen a la espera de una solución que permita regularizar sus pagos y devolver la estabilidad administrativa a la institución.
La Supervisión del Circuito Educativo 04 del Ministerio de Educación Pública confirmó hace algunos días que se encuentra trabajando de manera prioritaria para resolver el faltante de personal docente en el Colegio Técnico de Santa Ana, una situación que ha generado preocupación en la comunidad educativa.
Según indicó Alonso Jiménez Díaz, supervisor del circuito, actualmente se mantiene coordinación directa con distintas dependencias del Ministerio de Educación Pública (MEP) para agilizar los nombramientos requeridos. El objetivo principal es garantizar la continuidad del proceso educativo y evitar afectaciones en el aprendizaje de los estudiantes.
Mientras avanzan los trámites formales, las autoridades también analizan alternativas administrativas que permitan brindar una respuesta inmediata a la situación.
Desde la Supervisión reiteraron su compromiso con el buen funcionamiento del centro educativo y aseguraron que se mantendrán atentos a las necesidades de la comunidad estudiantil.
El Gobierno Local y la Agencia Nacional de Empleo, anunció la realización de la I Feria de Empleo 2026, un evento que busca conectar a personas en búsqueda de trabajo con diversas empresas del sector privado.
La actividad se llevará a cabo este viernes 20 de marzo de 2026, en un horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Casa Municipal de la Cultura de Santa Ana, sede EMAI, donde se espera la participación de decenas de oferentes laborales.
Entre las empresas confirmadas destacan firmas de distintos sectores como Subway, Burger King, Taco Bell, así como compañías de servicios, tecnología y comercio como Kontac Digital Solutions, Spoon, Disagro, Ekono y Grupo Tiqüicia, entre otras.
De acuerdo con la organización, durante la jornada se estarán recibiendo currículums en formato físico, digital y mediante código QR, con el objetivo de facilitar el acceso a las oportunidades laborales y agilizar los procesos de reclutamiento.
Las personas interesadas pueden solicitar más información a través del número 8947-5460 (solo mensajes) o mediante el correo electrónico sharon.castro@santaana.go.cr
Una reunión urgente convocada por el CONAPAM y la Alcaldía Municipal puso en evidencia una serie de denuncias e irregularidades en el funcionamiento del Centro Diurno Joaquín y Ana, generando preocupación entre familiares de personas adultas mayores usuarias del servicio.
El encuentro se realizó este miércoles por la noche en el auditorio del EMAI y contó con la participación de autoridades municipales, entre ellas el alcalde Juan José Vargas y la alcaldesa Marielos Rivera, así como representantes del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), encabezados por su directora ejecutiva, la Sra. MSc. Yolanda Benavides Murillo.
Aunque inicialmente la sesión se planteó como un espacio privado para familiares, Santa Ana Actual pidió que se le permitiera conocer parte de las inquietudes expuestas, así como las explicaciones brindadas por las instituciones presentes.
Denuncias de familiares
Durante la reunión, varios familiares manifestaron su molestia por presuntas irregularidades en la administración del centro. Entre los señalamientos destacan problemas financieros, inconsistencias en el manejo de fichas de usuarios y cuestionamientos sobre la calidad de la alimentación brindada a las personas adultas mayores.
Asimismo, algunos responsabilizaron directamente al encargado del centro, de apellido González, quien, según se indicó, habría presentado su renuncia días atrás ante el CONAPAM. Los familiares exigieron que las denuncias sean investigadas a fondo y llevadas ante las autoridades correspondientes.
Junta directiva desintegrada
De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, la Junta Directiva de la Asociación Centro Diurno Joaquín y Ana se encuentra prácticamente desintegrada, tras la renuncia de la mayoría de sus miembros. Actualmente, solo dos integrantes permanecen en sus cargos y se presentaron ayer y dar la cara por lo que está sucediendo.
Algunos exdirectivos indicaron que no manejaban fondos directamente y que la administración recaía en personal encargado de la gestión operativa del centro.
Futuro incierto del centro
El Gobierno Local señaló que se encuentra a la espera de un informe final por parte del CONAPAM para definir las acciones a seguir. Mientras no se regularice la situación administrativa de la asociación, ninguna entidad estatal podrá girar recursos económicos.
En cuanto al inmueble, se indicó que eventualmente podría ser recuperado por la Municipalidad, aunque esta decisión dependerá de los resultados del informe y de la eventual conformación de una nueva junta directiva.
Por su parte, la directora ejecutiva del CONAPAM planteó como alternativa la implementación de un modelo CECUIDAM (Centro de Cuido Integral del Adulto Mayor), un programa piloto impulsado junto al Ministerio de Salud que ofrece atención integral, alimentación y terapias en horarios ampliados.
Situación laboral
Trabajadores del centro también expusieron su situación, asegurando que se les envió a “vacaciones profilácticas” y que enfrentan atrasos de varios meses en el pago de salarios. Algunos indicaron haber renunciado previamente debido a las irregularidades detectadas.
Medidas temporales
Ante el escenario actual, el Gobierno Local indicó que se valoran medidas para garantizar la atención de las personas adultas mayores afectadas. Entre ellas, la posibilidad de trasladar temporalmente a algunos usuarios a otro centro de atención en Lindora (Sueños de Oro), mientras se resuelve la situación administrativa.
Las autoridades hicieron un llamado a la paciencia de las familias, al tiempo que reiteraron su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar la continuidad del servicio en condiciones adecuadas.
La propuesta para avanzar en la creación de un parque en el distrito de Salitral generó pequeñas diferencias de opinión la noche del martes en el Concejo Municipal, donde finalmente el dictamen de comisión fue rechazado por mayoría, evidenciando opiniones divididas tanto técnicas como políticas sobre el proyecto.
El regidor Danny Ureña, quien expuso el dictamen, explicó que la iniciativa surge de una comisión previamente aprobada por el Concejo, cuyo objetivo fue analizar las condiciones necesarias para adquirir un terreno destinado a dicho parque.
El regidor subrayó que, a diferencia de otros proyectos como el parque de Pozos, en este caso no se está señalando una propiedad específica, sino que se pretende establecer parámetros para abrir un proceso de contratación pública. Indicó además que el presupuesto inicial de ¢250 millones resultaba insuficiente, por lo que se plantea una reserva cercana a los ¢1.400 millones, con la cual se estima adquirir aproximadamente 38.000 metros cuadrados.
Uno de los argumentos a favor del proyecto fue la carencia total de espacios recreativos en el distrito. “Salitral cuenta con cero metros cuadrados destinados a parque”, afirmó el regidor, señalando que esta situación representa una deuda en términos de salud pública y acceso a un ambiente sano para una población de alrededor de 5.700 habitantes.
Cuestionamientos técnicos y de ubicación
Durante la discusión, la regidora y presidenta del Concejo Wendy Mora manifestó preocupaciones relacionadas con el uso de suelo y la ubicación de los terrenos analizados. Señaló que, según el plan regulador vigente, las propiedades contempladas tienen uso agrícola, lo que impediría su desarrollo como parque.
Asimismo, mencionó que algunas de las fincas evaluadas se ubican más cerca de San Rafael que del centro de Salitral, lo que podría limitar el acceso de comunidades como Matinilla o Pabellón.
En respuesta, Danny Ureña reiteró que no existe una ubicación definida y que el proceso se realizaría mediante concurso público, abierto a cualquier propietario interesado. También defendió la viabilidad del proyecto señalando que existen criterios legales que respaldan la creación de espacios públicos en función del interés superior de garantizar un ambiente sano.
Propuesta de cabildo divide al Concejo
El regidor Walter Herrera introdujo un nuevo elemento al debate al proponer la realización de un cabildo abierto en Salitral, con el fin de que la comunidad defina si considera prioritario el desarrollo del parque o si existen otras necesidades más urgentes.
Herrera argumentó que en redes sociales existen posiciones encontradas sobre el proyecto, por lo que considera necesario un proceso participativo formal antes de comprometer recursos públicos.
“Hay personas que están de acuerdo y otras que no. Lo responsable es escuchar a la comunidad y que sea esta la que defina sus prioridades”, indicó.
Sin embargo, la propuesta del regidor Walter Herrera fue cuestionada por Danny Ureña, quien calificó la iniciativa como innecesaria y defendió que los proyectos de inversión pública no pueden someterse constantemente a consulta popular. Además, comparó la situación con otros proyectos cantonales que no han pasado por este tipo de procesos.
Votación y trámite pendiente
El dictamen de la comisión fue finalmente rechazado con cuatro votos en contra y tres a favor, frenando momentáneamente el avance del proyecto.
Posteriormente, la moción para convocar al cabildo no fue dispensada de trámite, por lo que fue remitida a la Comisión de Gobierno y Administración para su análisis.
Con este escenario, el futuro del parque en Salitral queda en suspenso, mientras el Concejo deberá retomar la discusión tanto del modelo de participación ciudadana como de los criterios técnicos y territoriales para una eventual inversión en el distrito.
A una semana del siniestro ocurrido el sábado 7 de marzo en la planta de gas de la empresa Blue Flame, en el sector de Lindora, vecinos del Residencial Montana y comunidades cercanas continúan manifestando su preocupación y reiterando el llamado a las autoridades para que la empresa cese definitivamente sus operaciones en la zona y se traslade a otro sector más seguro para operar.
El incidente, que involucró la explosión de un contenedor de gas, provocó momentos de pánico entre los residentes de comunidades cercanas. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos indicó que el hecho se debió a un error humano. Días después del suceso, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ordenó una suspensión temporal de las operaciones de la planta mientras se revisan aspectos de seguridad y para su funcionamiento.
En entrevista con Santa Ana Actual, vecinos del Residencial Montana relataron la angustia vivida durante el incidente y explicaron por qué consideran que la planta no debería seguir operando cerca de zonas residenciales.
Marlen Ibañez, vecina del residencial, explicó que la medida cautelar del MINAE genera cierta tranquilidad, pero insistió en que se trata solo de una solución momentánea.
“Como familias en esta comunidad estamos muy preocupados. Sabemos el riesgo que corremos y que estamos prácticamente en la zona cero de riesgo. El cierre temporal nos da cierta seguridad, pero sigue siendo temporal. Como vecinos necesitamos vivir con tranquilidad y saber que nuestras familias están seguras”, señaló.
La vecina también pidió a las autoridades revisar los procesos mediante los cuales se otorgaron los permisos a la empresa, así como evaluar nuevamente los riesgos que enfrenta la comunidad.
Según explicó, en el sector viven alrededor de mil familias, a las que se suman nuevos desarrollos habitacionales en construcción. Además, expresó preocupación por la propuesta del nuevo plan regulador del cantón, que plantea declarar la zona como industrial, cuando históricamente ha sido residencial de alta densidad.
“Si esa zona se declara industrial, empresas como esta podrían extenderse, y eso aumentaría el riesgo para quienes vivimos aquí”, advirtió.
Otra de las residentes, doña Elvira, describió la explosión como una experiencia traumática para quienes estaban en sus casas el día del incidente.
“La experiencia fue terrible. En mis años de vida nunca había escuchado una explosión así. No sabíamos si correr, si sacar a los vecinos, qué hacer con los adultos mayores o con las mascotas. Fue algo espantoso”, relató.
La vecina hizo un llamado a la empresa para que considere trasladar sus operaciones a un lugar donde no represente un peligro para miles de familias.
“La vida está por encima de cualquier actividad comercial o industrial. Aquí viven niños, bebés, mujeres embarazadas y adultos mayores. No pedimos que se vayan mañana, pero sí que reubiquen esta actividad fuera de un área donde vivimos tantas personas”, afirmó.
Por su parte, Jaime, otro de los vecinos entrevistados, indicó que la comunidad continuará organizándose para exigir mayores medidas de prevención y atención por parte de las autoridades.
“El cierre es temporal y no sabemos qué va a pasar después. Por eso hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Emergencias para que nos ayude a establecer un plan preventivo. Nosotros también vamos a organizarnos como comunidad para saber cómo actuar ante una emergencia”, indicó.
Añadió que hasta el momento la empresa no se ha acercado a dialogar con los vecinos, aunque aseguró que la comunidad estaría dispuesta a participar en un proceso de conciliación.
“Estamos abiertos a conversar. Somos seres humanos y podemos dialogar, pero necesitamos respuestas y garantías”, agregó.
Otro residente, José Antonio, relató que el día del incidente muchas personas salieron apresuradamente de sus viviendas sin saber qué estaba ocurriendo, mientras otras, especialmente adultos mayores o personas con discapacidad, no pudieron evacuar.
“Si el evento hubiera sido de mayor magnitud, esas personas que no pudieron salir habrían quedado atrapadas. Lo que estuvo en riesgo fue la vida de más de mil personas entre Montana y las comunidades cercanas”, afirmó.
También cuestionó la reacción de la empresa durante la emergencia, señalando que la respuesta principal provino de los cuerpos de socorro.
“Fueron los bomberos quienes prácticamente solucionaron la situación. Si esto hubiera dependido únicamente de la empresa, el resultado pudo haber sido una tragedia mucho mayor”, dijo.
Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades nacionales y locales para que revisen la compatibilidad de este tipo de actividades industriales cerca de zonas habitadas.
“Les pedimos a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones que pongan por encima de todo la vida de las personas”, concluyó con la entrevista doña Patricia Orellanos.
Mientras tanto, la comunidad mantiene gestiones ante distintas instancias para que se analice la posibilidad de un cierre definitivo o el traslado de la planta a un lugar que no represente riesgo para los residentes del sector.
El proyecto para construir un nuevo parque en el distrito de Salitral avanza en su proceso dentro del Concejo Municipal y podría ser sometido a votación la próxima semana, luego de que una comisión municipal aprobara por unanimidad el dictamen que respalda la iniciativa.
Así lo explicó el regidor municipal Danny Ureña durante una entrevista realizada por Daniel González, del medio Santa Ana Actual, en la que detalló el estado actual del proyecto y los pasos que siguen para su eventual aprobación.
Según Danny Ureña, el proyecto se encuentra actualmente en etapa de análisis y recomendación dentro de una comisión especial, la cual ya emitió un dictamen favorable que será conocido por el Concejo Municipal en la sesión del próximo martes.
“El dictamen fue aprobado por unanimidad en comisión y lo estaremos viendo este martes en el Concejo Municipal para que sea aprobado”, explicó el regidor.
Un parque necesario para un distrito sin áreas recreativas
De acuerdo con el regidor, uno de los principales argumentos para impulsar el proyecto es la falta de espacios recreativos formales en el distrito. Estudios municipales citados durante la entrevista indican que actualmente Salitral no cuenta con metros cuadrados destinados específicamente a parque.
Con una población aproximada de 5.713 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la recomendación técnica sería disponer de al menos 10 metros cuadrados de área verde por habitante, lo que equivaldría a unos 57.130 metros cuadrados de parque.
“Hoy por hoy hay cero metros cuadrados de parque en Salitral. El distrito está creciendo mucho a nivel habitacional y necesitamos espacios de encuentro para la comunidad”, indicó Ureña.
Inversión estimada de ₡1.400 millones
El dictamen propone una inversión cercana a ₡1.400 millones, monto que permitiría adquirir un terreno de aproximadamente 38.000 metros cuadrados, con el objetivo de acercarse al estándar recomendado de áreas recreativas.
Según explicó el regidor, inicialmente el presupuesto municipal contemplaba alrededor de ₡250 millones para parques, pero el proyecto quedó suspendido debido a ajustes financieros relacionados con pagos judiciales a funcionarios municipales.
La intención ahora es incorporar los recursos necesarios mediante un presupuesto extraordinario.
Ubicación aún no definida
La ubicación definitiva del parque aún no está establecida, ya que dependerá de las propiedades que eventualmente se oferten mediante el sistema de contratación pública.
Entre las opciones analizadas se encuentran terrenos cercanos a la plaza de fútbol de Salitral y otros puntos del distrito como una propiedad ubicada sobre Calle El Perico, estas propiedades deben cumplir con condiciones técnicas como acceso por vía pública, pendientes adecuadas y compatibilidad con el plan regulador.
Ureña señaló que el proyecto contempla espacios de recreación como senderos para caminar o trotar, zonas de descanso, kioscos y áreas de parqueo.
Cancha de fútbol no sería afectada
Uno de los temas que ha generado debate en otros distritos del cantón, como el uso de canchas deportivas para desarrollar parques, no estaría contemplado en el caso de Salitral.
El regidor aclaró que el proyecto busca adquirir un terreno nuevo y no intervenir la actual cancha de fútbol del distrito.
“En este proyecto no está contemplado tocar la cancha de fútbol. Queremos comprar una propiedad que permita desarrollar el parque sin afectar ese espacio”, afirmó.
Posible impulso al turismo rural y a los emprendedores
Durante la conversación también se planteó la posibilidad de que el futuro parque se convierta en un espacio para ferias agrícolas, actividades comunitarias y proyectos de turismo rural vinculados con las montañas y atractivos naturales de la zona.
Ureña destacó que un parque podría convertirse en un punto de encuentro para agricultores, emprendedores y visitantes, fortaleciendo la economía local.
Llamado a los regidores para apoyar el proyecto
De cara a la votación en el Concejo Municipal, el regidor hizo un llamado a sus compañeros para respaldar la iniciativa, argumentando que se trata de un proyecto de interés comunal.
“Invito a los compañeros regidores a que ojalá lo votemos por unanimidad. Salitral necesita este espacio”, manifestó.
El proyecto será discutido en la próxima sesión del Concejo Municipal, donde se definirá si la iniciativa continúa su camino hacia la asignación presupuestaria y eventual ejecución.
Entrevista con Danny Ureña, regidor municipal y vecino del distrito de Salitral
Santa Ana Actual Informa
