Santa Ana Actual Noticias | Las noticias del cantón de Santa Ana
Santa Ana Actual Noticias, es un medio informativo digital del cantón de Santa Ana. Desarrollamos entrevistas, reportajes, noticias, en vivos, publicidad de negocios.
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Un grupo de 19 policías municipales provenientes de distintas zonas del país y de nuestro cantón, participaron en un seminario especializado en reconocimiento facial, como parte de los esfuerzos por fortalecer las capacidades de investigación criminal a nivel local.
La capacitación fue impartida por la Policía Nacional de Colombia y contó con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos, en una iniciativa que busca mejorar las herramientas tecnológicas y analíticas de los cuerpos policiales.
Durante la jornada, se destacó la importancia de la identificación de personas como elemento clave en toda investigación criminal. Asimismo, los participantes profundizaron en el análisis de casos prácticos, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales.
El distrito de Pozos tendrá próximamente un Parque Recreativo, Deportivo y Cultural tras la presentación de su anteproyecto ante el Concejo Municipal, este se ubicaría donde se encuentra actualmente la cancha de fútbol, detrás de la iglesia católica.
La iniciativa fue expuesta ayer jueves por William Carmona y Pedro Mora, representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Pozos, quienes destacaron que el diseño responde directamente a las necesidades de la comunidad. Para ello, se realizó un proceso participativo que involucró a 382 vecinos, cuyos aportes permitieron identificar las principales carencias del distrito.
De acuerdo con el diagnóstico, un 90% de los participantes considera insuficientes los espacios públicos actuales, mientras que un 86% percibe la plaza central como un sitio poco funcional, inseguro y con limitaciones de acceso.
Demanda por espacios recreativos
Entre las principales solicitudes de la ciudadanía destacan áreas deportivas, mencionadas por el 36% de los encuestados, seguidas de pistas para caminar o correr (20%), juegos infantiles (16%) y zonas verdes para actividades recreativas como picnic (9%). Además, se planteó la necesidad de espacios para ferias comunales, un anfiteatro y mobiliario urbano adecuado.
Diseño inclusivo y multifuncional
El anteproyecto contempla un enfoque integral basado en criterios de equidad de género, accesibilidad universal, inclusión y seguridad activa. Entre las principales obras proyectadas se incluyen una cancha sintética de fútbol, un área techada multiuso con graderías, un nodo de baloncesto, un parque sensorial dirigido a población infantil y personas con discapacidad, así como un gimnasio al aire libre.
Asimismo, se prevé la construcción de más de 750 metros de senderos planos para caminatas y ejercicio, fuentes de agua y una batería sanitaria con diseño de techo verde.
Inversión y cronograma
El proyecto abarcaría una extensión aproximada de 6.800 metros cuadrados, incluyendo un terreno adicional adquirido por la Municipalidad. La inversión inicial para el desarrollo de planos asciende a 30 millones de colones, de los cuales ya se han desembolsado 15 millones, quedando pendiente el monto restante para completar el diseño y gestionar los permisos.
Según lo proyectado, el cartel de licitación estaría listo en julio de 2026, con el inicio de la construcción previsto para enero de 2027.
Apoyo municipal
El alcalde Juan José Vargas reafirmó el compromiso del gobierno local con la iniciativa y planteó la posibilidad de adelantar labores como movimientos de tierra mediante cuadrillas municipales una vez que los planos estén concluidos.
Durante la sesión, regidores municipales reconocieron el nivel técnico del anteproyecto y subrayaron su importancia para fortalecer el tejido social en Pozos, un distrito que enfrenta un acelerado proceso de urbanización.
Vecinos de Calle La Cubilla, en el distrito de Pozos, acudieron este jueves a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal para exponer un problema que, según advirtieron, podría convertirse en una emergencia por inundaciones si no se toman medidas a tiempo.
Durante la audiencia, Mario Rodríguez, vecino del sector desde hace más de 20 años, explicó que la zona enfrenta un serio problema con el manejo de aguas pluviales, debido a la desaparición de una salida natural que existía anteriormente. Según detalló, las lluvias que caen al sur de la calle, sumadas a las que descienden desde Calle 14 —vía que conecta hacia Guachipelín—, no cuentan actualmente con un sistema de drenaje adecuado.
“Si no hay salida, hay un grave problema. El riesgo es que a futuro todas esas aguas nos van a inundar”, advirtió Rodríguez, quien señaló que la situación podría agravarse con nuevos desarrollos urbanísticos en la zona norte.
A la exposición se sumó Guillermo Centeno Hernández, vecino de 84 años y residente del sector desde hace más de cuatro décadas, quien aseguró que también ha sido afectado por las condiciones actuales. Ambos vecinos coincidieron en que la problemática no es reciente y que las gestiones ante la municipalidad se remontan al menos al año 2020.
Historial sin solución definitiva
Rodríguez presentó un recuento de acciones realizadas, entre ellas solicitudes formales, informes técnicos municipales y hasta un recurso de amparo interpuesto en 2022. Sin embargo, afirmó que, pese a estudios realizados por la propia municipalidad, no se ha concretado una solución.
Entre los puntos señalados destaca que el cierre de un cauce natural —producto de desarrollos constructivos— habría agravado el problema, así como limitaciones técnicas para conectar las aguas pluviales a la ruta 310 debido a falta de pendiente suficiente y capacidad en la tubería existente.
Además, advirtió sobre la formación de una laguna en un terreno de la zona, lo que, según indicó, ya ha generado problemas de salud como casos de dengue entre los vecinos.
Durante la sesión, el alcalde Juan José Vargas indicó que, de acuerdo con la normativa, cada propietario es responsable de las aguas que caen en su terreno. No obstante, reconoció deficiencias en procesos anteriores y la necesidad de encontrar una solución técnica viable.
El jerarca también mencionó problemas históricos en la zona, como descargas inadecuadas y diseños de infraestructura insuficientes, y confirmó que se están realizando nuevos levantamientos topográficos para analizar alternativas.
Por su parte, la regidora Sofía Álvarez señaló que informes técnicos municipales identifican obstáculos como la falta de pendiente mínima, la saturación de la red existente y limitaciones legales al tratarse de propiedades privadas. Asimismo, destacó que la municipalidad ya ejecuta una inversión de ₡264 millones en mejoras de la vía pública en Calle La Cubilla, aunque aclaró que las soluciones dentro de propiedades privadas corresponden a los vecinos.
Concejo acuerda visita al sitio
Tras escuchar a las partes, varios regidores coincidieron en la necesidad de realizar una inspección en el lugar. Se propuso llevar a cabo una visita el próximo 27 de mayo, con participación de autoridades municipales, técnicos y vecinos, con el fin de evaluar posibles soluciones de manera conjunta.
La presidenta del Concejo, Wendy Mora, reconoció conocer la problemática desde hace años y subrayó que algunas viviendas quedaron por debajo del nivel de la calle tras su construcción, lo que incrementa el riesgo de ingreso de agua durante lluvias intensas.
Autoridades aseguran que la medida responde a análisis de Bomberos, Salud y MINAE; vecinos reciben mensaje de tranquilidad
La municipalidad anunció la suspensión de la patente comercial de la empresa Blue Flame, luego de un proceso de revisión basado en informes técnicos elaborados por distintas instituciones del Estado.
Según indicaron las autoridades, la decisión se tomó tras un análisis “previo y profundo” de las investigaciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en relación con la situación presentada en las operaciones de la empresa.
“Esta no es una medida antojadiza”, señalaron desde la alcaldía Juan José Vargas y Marielos Rivera, al tiempo que destacaron que las observaciones emitidas por el MINAE fueron clave dentro del proceso de evaluación. No obstante, recalcaron que el caso no podía resolverse únicamente con recomendaciones técnicas, sino que requería acciones concretas por parte del gobierno local.
En ese sentido, la municipalidad confirmó que ya se notificó formalmente a la empresa sobre la suspensión temporal de su patente. Aunque el proceso administrativo continúa, las autoridades fueron enfáticas en que la medida se mantendrá vigente hasta que la compañía cumpla con todos los requisitos establecidos en los informes técnicos.
“La suspensión es y será definitiva hasta que no se atiendan las disposiciones señaladas”, indicaron.
Aunque los alcaldes de los respectivos cantones en Costa Rica están obligados por ley a rendir cuentas de su gestión, actualmente no existe una normativa que los obligue a hacerlo en un espacio abierto y participativo dirigido directamente a la ciudadanía, sino solamente para los regidores de un Concejo Municipal.
De acuerdo con el marco vigente del Código Municipal, los jerarcas locales deben presentar un informe anual de labores ante el Concejo Municipal. Este ejercicio, sin embargo, suele realizarse en sesiones formales, con limitada interacción ciudadana y sin mecanismos estandarizados que garanticen el acceso amplio de la población.
El tema ha cobrado relevancia en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y la cercanía de los gobiernos locales con sus comunidades. Especialistas en gestión pública coinciden en que, si bien existen figuras como audiencias públicas o cabildos abiertos, estas no sustituyen una rendición de cuentas estructurada, periódica y accesible para todos los habitantes del cantón.
Incluso, la propia línea jurisprudencial de la Sala Constitucional de Costa Rica ha reforzado principios como la transparencia, la participación ciudadana y el control democrático sobre la función pública, aunque sin establecer una obligación específica sobre el formato de rendición de cuentas a nivel municipal.
En esa misma línea, el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el Artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica, así como los principios de acceso a la información pública, han sido interpretados como pilares de una democracia participativa, donde la ciudadanía no solo recibe información, sino que también puede cuestionar y fiscalizar a sus autoridades.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa se han presentado iniciativas orientadas a fortalecer estos mecanismos. Un ejemplo es el expediente 23.817, que propone garantizar una rendición de cuentas más efectiva por parte de las autoridades municipales, incluyendo mayores niveles de transparencia y cercanía con la población.
Propósito del Expediente 23,817
La presente propuesta tiene como objetivo establecer ciertos contenidos mínimos en los informes de las autoridades municipales. Estos contenidos abarcan aspectos como los recursos financieros, humanos y materiales disponibles, la estructura organizativa actualizada y una lista de los funcionarios junto con sus respectivas clasificaciones de puestos. Asimismo, se espera que se incluyan las metas establecidas para el período en análisis, detallando los resultados concretos obtenidos para cada una de ellas tanto en el marco del Plan Anual Operativo como en el programa de gobierno presentado al inicio de la administración. También se sugiere que se describan y justifiquen los créditos adquiridos, las modificaciones salariales acordadas, así como los procesos o demandas legales enfrentadas o promovidas.
Puede ver el proyecto de ley en el siguiente enlace:
Sin embargo, mientras no exista una obligación legal concreta, la realización de espacios abiertos de rendición de cuentas dependerá de la voluntad política de cada alcalde o alcaldesa, lo que genera diferencias significativas entre cantones, es decir, los ciudadanos no tienen el espacio para poder preguntar a los alcaldes o en su momento cuestionarles públicamente .
Para analistas, el vacío normativo deja abierta la discusión sobre la necesidad de una reforma que establezca, de forma clara, la obligación de realizar informes públicos en espacios accesibles, con posibilidad de participación ciudadana y mecanismos de consulta directa.
Una serie de testimonios incluidos en el expediente judicial del caso de Junieysis Merlo sacan a la luz un presunto historial de violencia, control y vigilancia que la joven habría sufrido por parte de su expareja, hoy principal sospechoso de su asesinato.
El caso, que es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), conmocionó al cantón de Santa Ana tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de Merlo el pasado 9 de abril, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el 31 de marzo.
Según la investigación, la víctima habría vivido durante años en un entorno marcado por conflictos con su expareja, Gustavo Ramírez Calvo, quien actualmente se encuentra detenido y cumple un año de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial por el presunto femicidio.
Testimonios apuntan a control y agresividad
Entre las declaraciones clave figura la del hermano de la víctima, quien aseguró que desde su llegada a Costa Rica, Merlo enfrentó diversas situaciones conflictivas con Ramírez, al punto de existir una orden de alejamiento en su contra. De acuerdo con el testimonio, el hombre la ofendía constantemente y la relación estaba deteriorada.
Incluso, semanas antes de su desaparición, la joven habría manifestado temor por conductas de vigilancia. Según su hermano, Ramírez poseía varios teléfonos con los que presuntamente monitoreaba sus comunicaciones.
Otra testigo, identificada como su mejor amiga de apellido Gómez, describió al sospechoso como una persona “muy agresiva y de trato brusco”. Señaló además que, aunque ya no mantenían una relación sentimental, continuaban viviendo bajo el mismo techo por sus dos hijas en común.
La mujer relató que el último contacto que tuvo con Merlo fue el domingo 29 de marzo. Al día siguiente, logró comunicarse con el sospechoso a través del teléfono de la víctima y aseguró haberla escuchado de fondo. Posteriormente, no volvió a tener noticias de ella hasta que fue reportada como desaparecida.
Celos, vigilancia y ruptura
El expediente judicial también incluye el testimonio de Marjorie Merlo, hermana de la víctima, quien afirmó que la relación terminó tras un episodio de presunto acoso por parte de Ramírez hacia una empleada de su panadería, captado por cámaras de seguridad.
“Gustavo es una persona acosadora”, declaró, al indicar que este hecho motivó la separación.
Asimismo, se detalla un patrón de celos y control. En una ocasión, tras un viaje a Nicaragua en diciembre de 2025, la víctima habría encontrado en posesión de su expareja un celular con grabaciones de conversaciones privadas suyas.
Movimientos sospechosos y hallazgo clave
Las diligencias del OIJ también apuntan a movimientos realizados por el sospechoso en fechas cercanas a la desaparición. El 5 de abril, durante una entrevista con agentes judiciales, Ramírez habría mostrado propiedades de su propiedad, incluyendo un lote ubicado en el residencial Los Pericos, en Salitral.
En ese sitio, los investigadores detectaron un movimiento de tierra significativo. Posteriormente, se determinó que el sospechoso realizó pagos en efectivo por ¢220.000 y ¢232.000 los días 30 y 31 de marzo, respectivamente, para trabajos con maquinaria.
Estas fechas coinciden con el periodo en que se perdió el rastro de Merlo, lo que reforzó las sospechas y permitió dirigir la investigación hacia ese punto, donde finalmente se ubicó la fosa en la que habrían sido enterrados sus restos.
Investigación en curso
El caso continúa en desarrollo bajo la dirección del Ministerio Público, mientras las autoridades profundizan en la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El alcalde Juan José Vargas, informó este martes en sesión del Concejo Municipal sobre una serie de proyectos e intervenciones viales que se encuentran en gestión o próximos a ejecutarse en distintos puntos del cantón.
Durante su intervención, el jerarca destacó una reunión reciente con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), en la que participaron cerca de 25 funcionarios, incluyendo representantes del despacho ministerial.
Entre los temas abordados, Vargas mencionó problemáticas históricas relacionadas con rutas nacionales clave como la Ruta 27, la Ruta 22 y la Ruta 32, así como la rotonda ubicada en el sector de Brasil de Santa Ana.
Intervenciones en Río Oro y AutoStart
El alcalde anunció el inicio de trabajos pluviales en Río Oro, proyecto que —según indicó— ha sido impulsado por la municipalidad en coordinación con el MOPT.
Asimismo, señaló avances en una propuesta conjunta con el sector privado para intervenir el punto de Autostart, donde se plantea habilitar un carril adicional para reducir la congestión vehicular generada tras la ampliación de la radial.
“Está el dinero por parte de la empresa privada y la voluntad de la municipalidad”, afirmó Vargas, quien aseguró que este proyecto se encuentra en análisis tras el acercamiento con las autoridades nacionales.
Estudios para semáforo en La Chispa
Otro de los puntos destacados fue el semáforo de La Chispa, una solicitud histórica de la comunidad. El alcalde explicó que la municipalidad iniciará estudios de conteo vehicular para respaldar técnicamente la petición ante el MOPT.
Además, funcionarios municipales ya comenzaron procesos de capacitación en coordinación con otras municipalidades como Mora y Escazú, con el fin de agilizar estos estudios.
Puente Cañas y salida hacia la Ruta 27
Entre los proyectos de infraestructura, Vargas mencionó la construcción del puente Cañas, el cual permitiría mejorar la conexión de comunidades hacia la Ruta 27 mediante una vía cantonal.
También se refirió a la intervención en el sector de Santana 2000, donde se busca ampliar un punto crítico de acceso mediante negociaciones con propietarios privados para facilitar el tránsito.
Atención a puentes y rutas cantonales
El alcalde informó que ya se determinó que la empresa concesionaria Globalvia es responsable del mantenimiento del puente ubicado en Fórum, el cual será objeto de revisión estructural y mejoras en el asfalto.
En cuanto a la Ruta 311, que conecta con Salitral, Vargas indicó que se avanza en gestiones para que el CONAVI ejecute un asfaltado completo, mientras la municipalidad asumiría obras complementarias como cunetas y aceras.
Donaciones y soluciones a parqueo municipal
Finalmente, el alcalde destacó la recepción de donaciones de terrenos por parte de vecinos para ampliar calles en sectores como Chirracal y Momany.
Además, anunció que una ciudadana ofreció un lote bajo la figura de comodato para habilitar un espacio de parqueo para aproximadamente 100 vehículos municipales, lo que aliviaría la presión sobre los espacios actuales.
Ayer en el Concejo Municipal se discutió y aprobó una moción orientada a mejorar el acceso a los servicios de salud en el cantón, mediante la ampliación de horarios de atención y el fortalecimiento del recurso humano, especialmente en el área de pediatría.
La iniciativa, presentada por el regidor Ricardo Alfaro del PUSC, plantea la necesidad de gestionar ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acciones concretas para responder al crecimiento poblacional y a la creciente demanda de atención médica, en particular de personas adultas mayores.
Durante su exposición, Alfaro subrayó que la salud es un derecho fundamental respaldado por la Constitución Política, y que el Estado debe garantizar servicios oportunos y de calidad. Asimismo, señaló que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Santa Ana experimenta un acelerado proceso de envejecimiento demográfico, con una población estimada de más de 61 mil habitantes para 2025, de los cuales entre un 10% y un 12% corresponde a personas mayores de 65 años.
La moción advierte sobre limitaciones actuales en la prestación de servicios de salud en el cantón, administrados por la CCSS a través del modelo de gestión delegada de la cooperativa Copesana. Entre los principales problemas señalados destacan los horarios restringidos y la falta de especialistas, particularmente en pediatría, lo que incide directamente en la calidad de vida de los usuarios.
En ese sentido, el acuerdo aprobado solicita formalmente a la Gerencia Médica de la CCSS valorar y autorizar la ampliación de horarios en los centros de salud del cantón, así como la asignación o contratación de profesionales en pediatría para garantizar una atención integral.
El debate en el plenario se centró principalmente en la redacción del tercer punto de la moción, que inicialmente instaba directamente a Copesana a implementar mejoras. El regidor Walter Herrera advirtió que, debido a las condiciones contractuales vigentes, la cooperativa no puede realizar cambios sin la autorización previa de la CCSS.
“Copesana tiene limitaciones claras establecidas en su contrato, por lo que cualquier ampliación de servicios debe ser aprobada por la Gerencia Médica”, señaló Herrera, quien propuso ajustar el texto para evitar interpretaciones erróneas.
La presidenta del Concejo, Wendy Mora, respaldó esta posición, recordando que representantes de la cooperativa ya habían explicado previamente las restricciones operativas derivadas de su contrato con la Caja.
Tras el intercambio de criterios, la regidora Cynthia Chávez propuso una modificación al punto en discusión, de modo que se inste a Copesana a “continuar con las gestiones administrativas necesarias” en coordinación con la CCSS, en lugar de atribuirle directamente la implementación de cambios.
Con esta enmienda, la moción fue sometida a votación y aprobada por unanimidad, con siete votos a favor, tanto en el fondo como en firmeza.
El acuerdo será notificado a la Gerencia Médica de la CCSS y a Copesana, con el objetivo de avanzar en la mejora de los servicios de salud para la población santaneña.
El problema de inundaciones en Calle El Tajo en Lindora distrito de Pozos, volvió a la mesa del Concejo Municipal durante la sesión de este martes, donde se evidenció la preocupación de los vecinos ante los retrasos en las obras prometidas desde octubre de 2025.
La presidenta del Concejo Municipal, Wendy Mora, expuso que, pese a que la municipalidad instaló una tubería de carácter temporal para mitigar la situación, esta no cuenta con la capacidad necesaria, quedando pendiente su reemplazo definitivo.
Según detalló, durante meses los vecinos han recibido distintas justificaciones por parte de la administración sobre el atraso en el inicio de los trabajos, entre ellas problemas con especificaciones de la tubería, devoluciones al proveedor, falta de maquinaria y retrasos de la empresa constructora.
Mora también cuestionó la falta de comunicación hacia la comunidad, señalando que los vecinos no han sido informados sobre avances clave, como la existencia de estudios técnicos ni la inclusión del proyecto dentro de un presupuesto extraordinario.
En ese presupuesto se contempla la compra de una servidumbre para el desfogue de aguas, con una inversión aproximada de 145 millones de colones, monto que incluiría las obras necesarias para atender la problemática.
Ante este panorama, la presidenta solicitó al alcalde que interceda para que, una vez aprobado el presupuesto en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se priorice la adquisición del terreno y la ejecución del proyecto.
Por su parte, el alcalde, Juan José Vargas, reconoció la complejidad del caso y aseguró que la administración es consciente de la situación que enfrentan los vecinos.
El jerarca explicó que, aunque existe voluntad de ejecutar las obras, el proceso se ha visto afectado por requisitos de contratación pública y la necesidad de justificar técnicamente cada intervención. Además, indicó que la solución inicial con tuberías fue una medida temporal ante la emergencia.
Vargas detalló que uno de los principales obstáculos ha sido la intervención en el sector conocido como el Tajo Fecosa, donde las condiciones legales, técnicas y de seguridad han complicado los trabajos. Incluso, mencionó dificultades en la comunicación con los propietarios del terreno y cambios en las condiciones del proyecto que obligaron a replantear la solución.
Como alternativa, la municipalidad optó por impulsar la compra o expropiación de una servidumbre para canalizar adecuadamente las aguas, proceso que actualmente se encuentra en marcha e incluido en la modificación presupuestaria.
El alcalde también enfatizó que este tipo de problemas no son recientes, sino que se arrastran desde administraciones anteriores, y aseguró que se están tomando acciones para darles una solución definitiva.
Mientras tanto, los residentes de Calle El Tajo continúan a la espera de que las gestiones municipales se traduzcan en soluciones concretas, meses atrás vecinos de esa localidad habían interpuesto un recurso de amparo, el cual la Sala IV les dió las razón a los vecinos para que la Municipalidad buscara una solución permanente a esta problemática que aqueja a los vecinos de esa localidad.
El parque de Piedades contará próximamente con servicios sanitarios, luego de que el Concejo Municipal aprobara de forma expedita una moción presentada la semana anterior, donde se destaca la urgencia de atender una necesidad reiterada por la comunidad.
La iniciativa fue impulsada por el síndico del distrito de Piedades, Marlon Jiménez, y el regidor Walter Herrera ambos del PLN, quienes señalaron que la ausencia de baños limita el uso pleno del espacio público por parte de los vecinos.
“Muchas personas llegan al parque, pero no pueden permanecer mucho tiempo porque no hay servicios sanitarios. Es una necesidad que nos han manifestado constantemente”, explicó Jiménez, quien además recordó que el parque fue inaugurado hace aproximadamente cuatro años sin contemplar esta infraestructura.
Por su parte, Walter Herrera enfatizó la importancia de que futuros proyectos en el cantón incorporen este tipo de facilidades desde su diseño inicial. “A veces las necesidades no se detectan en la etapa de planificación, pero surgen con el uso. Por eso es fundamental que los nuevos parques contemplen servicios sanitarios accesibles, conforme a la legislación vigente”, indicó.
La moción, que inicialmente se valoraba enviar a comisión, fue finalmente aprobada de manera inmediata gracias al respaldo del Concejo Municipal y del alcalde, lo que permitirá agilizar el proceso para su ejecución.
Además de los baños, las autoridades señalaron otras necesidades para el parque de Piedades, como el fortalecimiento de la videovigilancia mediante cámaras con altavoces y la eventual instalación de botones de pánico, herramientas que contribuirían a mejorar la seguridad del espacio.
Jiménez también aprovechó el espacio para hacer un llamado a la ciudadanía a cuidar las instalaciones y denunciar actos de vandalismo, al tiempo que reiteró la importancia de la participación comunitaria para identificar y gestionar nuevas mejoras.
En cuanto a otros proyectos para el distrito, el síndico mencionó avances en infraestructura peatonal, intervenciones en calles y el impulso de iniciativas comunales, así como la necesidad de retomar propuestas para mejorar la seguridad vial en puntos críticos como el cruce de Piedades.
Las autoridades coincidieron en que, pese a las limitaciones presupuestarias, continuarán gestionando soluciones para responder a las principales demandas de la comunidad.
Santa Ana Actual Informa
