La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió para estudio un recurso de amparo presentado contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), debido a los problemas de abastecimiento de agua potable que enfrentan vecinos de Barrio Bella Vista, en el distrito de Piedades.

El expediente N.° 26-019578-0007-CO fue interpuesto por la vecina Grettel Lilliana Murillo Monge, quien denunció ante el máximo tribunal constitucional una situación que califica como un grave y constante faltante de agua potable, afectando a numerosas familias de la comunidad durante varias horas al día.

Según se desprende del recurso, los vecinos han realizado diversas gestiones y reclamos ante el AyA desde finales de abril de este año, solicitando explicaciones y soluciones a las interrupciones recurrentes del servicio. Sin embargo, la recurrente asegura que no han recibido respuestas satisfactorias por parte de la institución. Además esta comunidad ya se encuentra realizando gestiones ante el Concejo Municipal solicitando una audiencia sobre dicha problemática, la cual seguirán luchando por una solución definitiva.

Señalamientos sobre distribución del recurso hídrico

Entre los aspectos expuestos en la acción constitucional figura la preocupación de los habitantes por supuestos desvíos en la distribución del agua hacia otros sectores, situación que, según la denuncia, estaría impactando directamente el abastecimiento en Barrio Bella Vista.

La gestión judicial señala que más de 80 familias se estarían viendo afectadas por los cortes y la escasez del servicio, incluyendo adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y familias con niños pequeños.

Además, algunos vecinos afirman haber experimentado aumentos en sus recibos de agua durante los últimos meses, pese a las dificultades para contar con un suministro continuo del recurso.

Sala solicita informe al AyA

Tras analizar la gestión presentada, la Sala Constitucional dio curso al recurso y ordenó al gerente general del AyA presentar un informe detallado sobre los hechos denunciados en un plazo improrrogable de tres días hábiles.

La resolución también recuerda que el informe solicitado deberá rendirse bajo juramento y que el incumplimiento de las órdenes emitidas por la jurisdicción constitucional puede acarrear las sanciones establecidas por la legislación vigente.

El caso quedó bajo la instrucción del magistrado Paul Rueda Leal, quien tendrá a su cargo el análisis de fondo del expediente.

Mientras se desarrolla el proceso judicial, los vecinos de Bella Vista esperan que la intervención de la Sala Constitucional permita esclarecer las causas de la escasez de agua y propiciar soluciones para garantizar un suministro estable a la comunidad.

Fallo de la Sala IV