Comité ciudadano denunció desde 2019 fallas en buses de Tapachula que opera ruta 9

Vecinos de los cantones de Escazú y Santa Ana han venido alzando la voz casi todos los días por el servicio de transporte público de la empresa Compañía de Inversiones La Tapachula en la ruta 9. Estas irregularidades no son recientes, sino que se arrastran desde al menos el año 2019 sin una solución efectiva por parte de las autoridades.

Las quejas incluyen unidades en mal estado, fallas mecánicas, asientos deteriorados y situaciones que comprometen la seguridad de los usuarios. En redes sociales han circulado imágenes de accidentes los últimos años, entre ellos colisiones y casos donde pasajeros resultaron golpeados, como el de una mujer que cayó dentro de una unidad mientras viajaba con un bebé en brazos.

Estas denuncias coinciden con lo expuesto en una carta pública emitida en octubre del 2022 por el Comité de Lucha y Fiscalización Ciudadana para el Transporte Público de la ruta 9, donde se documentan años de inconformidades contra la empresa. El documento señala incumplimientos reiterados en la calidad del servicio, así como tarifas consideradas elevadas en comparación con otras rutas del país.

Según los usuarios, múltiples reportes han sido presentados ante el Consejo de Transporte Público (CTP), sin que se perciban cambios sustanciales. Incluso, algunos vecinos cuestionan si parte de estas denuncias han sido archivadas sin el debido seguimiento, lo que ha incrementado la desconfianza hacia el ente regulador.

La situación también ha escalado al ámbito político local. El actual alcalde de la Municipalidad, Juan José Vargas, se refirió recientemente al tema en el Concejo Municipal, calificándolo como “delicado” y reconociendo la gravedad de las constantes quejas ciudadanas. Sus declaraciones evidencian que el problema ha alcanzado un nivel que exige acciones concretas por parte de instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Entre las principales preocupaciones de los usuarios destacan:

  • El deterioro visible de las unidades.
  • Falta de mantenimiento adecuado.
  • Deficiencias en la atención de denuncias.
  • Riesgos para la seguridad de los pasajeros.
  • Buses en mal estado, algunos se quedan barados.

Pese a que la empresa Tapachula cuenta con más de dos décadas operando en ambos cantones, vecinos aseguran que el servicio “ha venido en decadencia”, mientras que las tarifas no reflejan una mejora en la calidad.

El tema continúa generando presión ciudadana y política, en un contexto donde se exige mayor fiscalización, transparencia en el manejo de denuncias y medidas contundentes que garanticen un transporte público seguro y digno para quienes dependen diariamente de esta ruta.

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BCR anuncia monedero digital para pagar transporte público con SINPE

El Banco de Costa Rica (BCR) anunció el lanzamiento de un nuevo monedero digital vinculado al sistema SINPE Móvil que permitirá a los usuarios pagar el transporte público de forma electrónica, sin necesidad de utilizar dinero en efectivo.

El nuevo instrumento, denominado SINPE-TP, funcionará como una tarjeta o medio prepago que los pasajeros podrán acercar a un lector instalado en autobuses y trenes para cancelar el pasaje de forma rápida y sencilla.

Este sistema forma parte del proyecto nacional SINPE‑TP, impulsado por el Banco Central de Costa Rica con el objetivo de modernizar el sistema de cobro en el transporte público del país y avanzar hacia un modelo de pagos electrónicos.

Según detallaron las autoridades, el monedero permitirá recargar saldo en puntos autorizados y, en etapas posteriores, también mediante SINPE Móvil. Esta modalidad facilitará el acceso al servicio incluso para personas que no cuentan con cuentas bancarias.

Con la implementación de esta herramienta tecnológica, las instituciones esperan agilizar el abordaje de pasajeros, reducir el uso de efectivo y mejorar la experiencia de pago en autobuses y trenes, como parte de los esfuerzos de digitalización del sistema de transporte público en Costa Rica.

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CTP da resolución sobre queja de una usuaria en servicio de transporte público de ruta 09 Escazú-Santa Ana

El Consejo de Transporte Público (CTP) ha resuelto una denuncia presentada por la usuaria Paola Vanessa Mejía Keith contra la empresa Compañía de Inversiones La Tapachula S.A., operadora de la ruta 09. La queja se centraba en las deficiencias del servicio, incluyendo el mal estado de una unidad de bus y el incumplimiento de horarios.

Según los documentos oficiales, la denuncia, ingresada al módulo de inconformidades, alegaba que la unidad 32 se encontraba en «visiblemente vieja y en mal estado» y que había «quedado varada» en un punto del recorrido. Adicionalmente, se señalaba un «incumplimiento de horarios» por parte de la empresa.

En respuesta, la Compañía de Inversiones La Tapachula S.A. presentó un descargo argumentando que la unidad cuenta con los permisos y autorizaciones vigentes, y que el incidente de la «unidad varada» fue debido a un acto del conductor y no a una falla mecánica. La empresa también señaló que la condición de las vías contribuía a las demoras en el servicio.

Tras analizar los probatorios presentados por ambas partes, el CTP dictaminó que, si bien la denuncia era legítima, la «conducta denunciada ha concluido y no representa una violación en curso de las normas vigentes». Sin embargo, la institución manifestó que si se constata la persistencia de estas conductas, se darán los pasos para una fiscalización exhaustiva.

El CTP ha comunicado su decisión a la denunciante y ha otorgado un plazo de tres días hábiles para apelar la resolución. El caso se da por atendido y archivado, sujeto a un posible seguimiento en caso de nuevas quejas.

Es importante que si usted es usuario del servicio de transporte público y se ve afectado por el servicio, haga las denuncias aportando documentación de prueba ante el CTP para que investiguen su caso o denuncia.

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Preocupan controles débiles en el CTP contra la corrupción que afectaría el servicio de transporte público en todo el país.

Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) lanzó una advertencia que podría tener implicaciones a mediano plazo: el Consejo de Transporte Público (CTP) presenta “débiles controles” para prevenir actos de corrupción, particularmente en los procesos de concesión y regulación del servicio de transporte público.

Según el informe de auditoría, la falta de acciones eficaces para fortalecer el control interno, la ausencia de políticas claras para prevenir conflictos de interés, y la inexistencia de canales adecuados para gestionar denuncias, podrían abrir espacio a prácticas irregulares que comprometan la calidad y seguridad del servicio.

La CGR subraya que la corrupción en el transporte público no solo afecta la eficiencia del servicio, sino que también deteriora la confianza ciudadana y pone en riesgo la seguridad de los usuarios. En el caso de Santa Ana, donde miles de personas dependen a diario del servicio brindado por la empresa La Tapachula, cualquier irregularidad podría impactar significativamente la movilidad del cantón.

Además, se alertó sobre el desactualizado estado de la información pública del CTP y la falta de definición de sistemas informáticos críticos, lo que limita la transparencia institucional.

La Contraloría instruyó al CTP a tomar medidas inmediatas para incorporar el riesgo de corrupción en su modelo de gestión y fortalecer los mecanismos de control y denuncia.

Vecinos y actores comunales de diferentes comunidades afectadas por el mal servicio del transporte público hacen un llamado a las autoridades a garantizar que el servicio se mantenga bajo estricta vigilancia y con los más altos estándares de integridad.

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