Vecinos de los cantones de Escazú y Santa Ana han venido alzando la voz casi todos los días por el servicio de transporte público de la empresa Compañía de Inversiones La Tapachula en la ruta 9. Estas irregularidades no son recientes, sino que se arrastran desde al menos el año 2019 sin una solución efectiva por parte de las autoridades.

Las quejas incluyen unidades en mal estado, fallas mecánicas, asientos deteriorados y situaciones que comprometen la seguridad de los usuarios. En redes sociales han circulado imágenes de accidentes los últimos años, entre ellos colisiones y casos donde pasajeros resultaron golpeados, como el de una mujer que cayó dentro de una unidad mientras viajaba con un bebé en brazos.

Estas denuncias coinciden con lo expuesto en una carta pública emitida en octubre del 2022 por el Comité de Lucha y Fiscalización Ciudadana para el Transporte Público de la ruta 9, donde se documentan años de inconformidades contra la empresa. El documento señala incumplimientos reiterados en la calidad del servicio, así como tarifas consideradas elevadas en comparación con otras rutas del país.

Según los usuarios, múltiples reportes han sido presentados ante el Consejo de Transporte Público (CTP), sin que se perciban cambios sustanciales. Incluso, algunos vecinos cuestionan si parte de estas denuncias han sido archivadas sin el debido seguimiento, lo que ha incrementado la desconfianza hacia el ente regulador.

La situación también ha escalado al ámbito político local. El actual alcalde de la Municipalidad, Juan José Vargas, se refirió recientemente al tema en el Concejo Municipal, calificándolo como “delicado” y reconociendo la gravedad de las constantes quejas ciudadanas. Sus declaraciones evidencian que el problema ha alcanzado un nivel que exige acciones concretas por parte de instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Entre las principales preocupaciones de los usuarios destacan:

• El deterioro visible de las unidades.
• Falta de mantenimiento adecuado.
• Deficiencias en la atención de denuncias.
• Riesgos para la seguridad de los pasajeros.
• Buses en mal estado, algunos se quedan barados.

Pese a que la empresa Tapachula cuenta con más de dos décadas operando en ambos cantones, vecinos aseguran que el servicio “ha venido en decadencia”, mientras que las tarifas no reflejan una mejora en la calidad.

El tema continúa generando presión ciudadana y política, en un contexto donde se exige mayor fiscalización, transparencia en el manejo de denuncias y medidas contundentes que garanticen un transporte público seguro y digno para quienes dependen diariamente de esta ruta.