Santa Ana Actual - Las noticias del cantón de Santa Ana
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El futuro del emblemático edificio Jorge Manuel Dengo Obregón, sede histórica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), podría definirse en las próximas semanas. El presidente ejecutivo de la institución, Marco Acuña, confirmó que se analiza la posibilidad de demoler la estructura tras determinarse que no reúne las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores.
Según explicó el jerarca, dos informes técnicos independientes concluyeron que el inmueble presenta fallas estructurales significativas, motivo por el cual los funcionarios que laboraban en el lugar ya fueron trasladados a la Torre ICE, ubicada en Sabana Sur.
Acuña señaló que la principal prioridad de la institución es proteger la integridad del personal, por lo que cualquier decisión estará fundamentada en criterios de seguridad y viabilidad técnica.
Además, indicó que desde una perspectiva financiera considera más conveniente destinar los recursos institucionales a proyectos eléctricos y de infraestructura para beneficio de la ciudadanía, en lugar de invertir en la construcción de una nueva torre de oficinas administrativas.
En caso de concretarse la demolición, el terreno donde actualmente se ubica el edificio, en Sabana Norte, podría tener nuevos usos. Entre las opciones que se valoran figuran el desarrollo de espacios comerciales o proyectos complementarios al entorno del Estadio Nacional.
La decisión final sobre el futuro de la estructura será tomada por el Consejo Directivo del ICE durante el presente mes de junio, luego de analizar los informes técnicos y las alternativas planteadas por la administración.
El edificio Jorge Manuel Dengo Obregón ha sido durante más de cinco décadas uno de los inmuebles más representativos del ICE y un referente arquitectónico en la capital.
Costa Rica registra un aumento de aproximadamente un 24,6% en los casos de enfermedad diarreica aguda (EDA) durante este año, según datos del Ministerio de Salud. Hasta mediados de mayo se contabilizaron 185.792 casos, frente a los 149.065 reportados en el mismo periodo de 2025.
Aunque las autoridades aseguran que el comportamiento se mantiene dentro del patrón estacional esperado y que no existe evidencia de una epidemia generalizada, mantienen una vigilancia intensificada debido a factores ambientales, climáticos y de higiene que favorecen la transmisión de virus y bacterias.
Especialistas señalan que las altas temperaturas aceleran el deterioro de los alimentos, mientras que las lluvias pueden afectar la calidad del agua y facilitar la propagación de microorganismos como el rotavirus y el norovirus. Además, advierten que problemas en el abastecimiento de agua pueden dificultar prácticas básicas de higiene y aumentar el riesgo de contagio.
Entre los principales factores asociados al incremento de casos figuran la calidad del agua, la manipulación inadecuada de alimentos, la contaminación cruzada y las deficiencias en la conservación de productos perecederos.
Los cantones con mayores tasas de incidencia incluyen Flores, Vásquez de Coronado, Orotina, Puntarenas, Esparza, San José, Alajuelita, Goicoechea, Santa Cruz, Mora y Naranjo, entre otros. Los niños menores de cinco años continúan siendo la población más afectada, aunque también se observa una importante incidencia entre adultos jóvenes de 20 a 39 años.
Ante esta situación, los expertos recomiendan consumir agua potable o hervida, mantener una adecuada higiene de manos, desinfectar frutas y vegetales, cocinar completamente los alimentos y conservar correctamente los productos que requieren refrigeración.
a Asamblea Legislativa de Costa Rica dio un paso decisivo en la lucha contra las estafas electrónicas. Con 15 votos a favor, la Comisión con Potestad Legislativa Plena III aprobó en primer debate el expediente 23.908, denominado “Ley de Protección a las Personas Consumidoras de su Dinero”, una iniciativa que obligará a las entidades financieras a responder por los fondos sustraídos mediante fraude.
El proyecto, presentado por el diputado Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional, establece un marco de responsabilidad objetiva para bancos públicos y privados, lo que implica que deberán asumir los daños ocasionados por la sustracción o inadecuada custodia de dinero, independientemente de que exista o no culpa directa.
“Hoy dimos un paso fundamental para miles de personas que han vivido uno de los momentos más angustiosos de su vida: abrir su cuenta bancaria y descubrir que sus ahorros desaparecieron. No es solo una reforma legal. Es una respuesta humana ante una realidad que golpea a familias, trabajadoras y adultos mayores en todo el país”, afirmó Izquierdo tras la votación.
Inversión de la carga de la prueba
Uno de los cambios más relevantes del texto es la inversión de la carga de la prueba a favor del consumidor. Esto significa que, en procesos administrativos o judiciales, serán las entidades financieras las que deberán demostrar que sus sistemas de seguridad no fueron vulnerados y que cumplen con los controles exigidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
La iniciativa también crea un procedimiento formal de reclamo con plazos estrictos: las entidades tendrán 30 días naturales para resolver las denuncias, deberán contar con canales de atención disponibles las 24 horas y estarán obligadas a implementar protocolos de emergencia para víctimas de estafa.
En caso de incumplimiento, se contemplan mecanismos de resarcimiento como la devolución automática de los fondos si no hay resolución en un plazo de 120 días, compensaciones por atrasos y la restitución de intereses cobrados tras el fraude.
Ajustes y exclusiones
Durante la discusión en comisión se aprobaron mociones que modificaron el texto original. Entre ellas, la eliminación de un artículo transitorio que obligaba a reintegrar montos a víctimas que hubieran presentado reclamos antes de la entrada en vigencia de la ley.
El proyecto aclara que las entidades deberán devolver los recursos cuando existan pruebas suficientes del carácter ilegítimo de la transacción, pero no serán responsables en casos de “auto estafa”, figura que contempla situaciones de fraude simulado por parte del propio usuario.
Asimismo, se descartó que la SUGEF supervise directamente el protocolo de emergencia que deberán implementar los bancos. No obstante, las entidades sí estarán obligadas a reportar a la Superintendencia las cuentas y titulares identificados como receptores de fondos provenientes de fraudes electrónicos.
La normativa también endurece las sanciones al establecer penas de prisión por autofraude y exigir a la SUGEF la actualización anual de las normas de seguridad cibernética.
Reacciones del sector bancario
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) se pronunció desde setiembre de 2025 sobre la iniciativa. En un comunicado oficial, la organización sostuvo que cualquier marco normativo debe mantener un equilibrio entre derechos y deberes de todas las partes involucradas.
Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC, señaló que las estafas bancarias son un fenómeno del crimen organizado que requiere un frente común y advirtió que una regulación desbalanceada podría afectar el acceso a servicios financieros.
Por su parte, Mario Gómez, asesor jurídico de la entidad, insistió en que en la mayoría de los casos los sistemas bancarios no son vulnerados, sino que los usuarios son engañados por delincuentes, por lo que consideró clave reforzar la educación financiera y digital.
Contexto y próximos pasos
Costa Rica registró 13.000 casos de estafas informáticas durante el 2025, una cifra que ha encendido las alarmas sobre la protección de los ahorros de los ciudadanos.
Tras la aprobación en primer debate, el expediente 23.908 deberá someterse a una segunda y última votación en la Comisión Plena III el próximo 4 de marzo. De recibir el respaldo final, se convertirá en ley de la República, marcando un cambio significativo en la responsabilidad de las entidades financieras frente al creciente fenómeno de las estafas electrónicas.
Este jueves 9 de octubre, la organización Aldeas Infantiles SOS llevará a cabo la feria de empleo “YouthCan! Innovando para el futuro”, una iniciativa que busca conectar a adolescentes y jóvenes con más de 1.800 oportunidades laborales en distintas áreas del mercado costarricense.
El evento se realizará de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. en la Antigua Aduana, en San José, con entrada gratuita, y reunirá a más de 40 empresas que ofrecerán vacantes tanto en áreas administrativas como operativas.
La actividad está dirigida principalmente a jóvenes entre 18 y 24 años, especialmente aquellos que buscan su primera experiencia laboral. Los asistentes podrán entregar su currículum, conversar con reclutadores y postularse directamente a las plazas disponibles.
Para participar, se recomienda llevar documento de identidad vigente, currículum vitae actualizado, hoja de delincuencia y copia de la cédula.
Según datos oficiales, la feria llega en un contexto donde el desempleo juvenil sigue siendo uno de los principales desafíos del país. En el periodo marzo-abril-mayo de 2025, la tasa de desempleo nacional fue de 6,9%, una ligera mejora respecto al 7,3% registrado entre septiembre y noviembre de 2024.
“Con esta feria de empleo queremos ofrecer a los jóvenes más que una oportunidad laboral: buscamos abrir un espacio donde puedan descubrir su potencial, conectarse con empresas comprometidas y dar un paso firme hacia su proyecto de vida”, señaló Jair Porras, director del programa YouthCan! de Aldeas Infantiles SOS.
Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional presente en más de 130 países y territorios, dedicada a garantizar el derecho de la niñez y la juventud a crecer en un entorno familiar protector y acceder a oportunidades de desarrollo.
Para más información sobre la feria o el programa YouthCan!, se puede contactar a Quiriat Sánchez Oviedo, encargada de comunicación, al correo quiriat.sanchez@aldeasinfantiles.or.cr o al teléfono +506 8367-4161.
La gestión de residuos atraviesa una crisis que amenaza con convertirse en un problema de salud pública y sostenibilidad. El Ministerio de Salud presentó el nuevo Reglamento para la Gestión Regionalizada de Residuos Sólidos Ordinarios, que busca transformar la forma en que los gobiernos locales recolectan y disponen los desechos.
El modelo introduce la regionalización, lo que significa que los municipios deberán coordinarse entre sí en regiones establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Con ello se pretende mejorar la eficiencia, reducir costos y minimizar los impactos ambientales y sociales.
Entre las disposiciones destacan:
Los residuos deben gestionarse dentro de la misma región donde se generan.
La distancia máxima de transporte hasta el sitio final no puede superar los 80 kilómetros.
Si se excede esta distancia, será obligatorio usar estaciones de transferencia.
Los parques ambientales deberán ubicarse a más de 500 metros de centros educativos, de salud e industrias alimentarias.
“Ya no podemos permitirnos que cada municipio gestione sus residuos de manera aislada. El trabajo conjunto es la clave para reducir impactos en el ambiente y la salud pública”, declaró la ministra de Salud, Mary Munive.
El reglamento también establece sanciones para los gobiernos locales que incumplan, entre ellas órdenes sanitarias, multas que alcanzan los ₡462.200 y, en casos graves, la clausura de municipalidades.
Municipalidades bajo la lupa
El Ministerio de Salud cuestionó a varios gobiernos locales por no haber actuado con anticipación ante el vencimiento de contratos de disposición final. Entre ellos, las municipalidades de Jiménez, Alvarado, Heredia y Paraíso, que solicitaron una excepción temporal.
“La Ley para la Gestión Integral de Residuos es clara. Conocían los plazos y aun así decidieron no actuar”, advirtió Munive, recordando que se realizaron mesas de trabajo y advertencias desde meses atrás.
Una crisis en aumento
Expertos advierten que el país está al borde de quedarse sin espacios para disponer la basura. El ingeniero ambiental Erick Silesky señaló que el 94% de los residuos en Costa Rica termina en botaderos, mientras menos del 4% se recicla o recupera.
Cada año se generan más de 2 millones de toneladas de desechos, lo que equivale a 1,2 kilos por persona al día, cifra que podría rondar actualmente 1,5 kilos. Sin embargo, solo siete rellenos sanitarios siguen activos en el país y se estima que tienen entre dos y ocho años de vida útil.
“Ya llegamos al límite de la crisis”, afirmó Gilberto Monge, director ejecutivo de la Federación Metropolitana de Municipalidades (Femetron), quien considera que el decreto que limita el traslado de basura a 80 kilómetros complica aún más la situación.
Llamado a voluntad política y educación
La diputada independiente Kattia Cambronero sostuvo que la crisis se agrava por la falta de voluntad política del Gobierno y las municipalidades. A su criterio, es urgente establecer normas más claras y alianzas con el sector privado.
Por su parte, Geovanny Castillo, director ejecutivo de la Cámara de Gestores Ambientales, subrayó que más del 50% de los desechos son orgánicos y podrían aprovecharse para producir abono o biocombustibles, mientras otro 35% es valorizable.
“El costarricense tiene empatía por lo ambiental, pero hay un divorcio entre esa conciencia y lo que realmente hace”, dijo, destacando la importancia de fortalecer la educación desde edades tempranas.
Una oportunidad en medio del colapso
Aunque el panorama es crítico, el Ministerio de Salud insiste en que el reglamento no es solo un conjunto de normas técnicas, sino una oportunidad para transformar la cultura ambiental y ampliar la vida útil de los rellenos sanitarios restantes.
“El manejo de residuos no puede seguir tratándose con indiferencia”, recalcó la ministra Munive.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el pasado 29 de abril la “Ley Alerta Kimberly”, una iniciativa que establece un protocolo de acción inmediata ante la desaparición o no localización de mujeres mayores de edad. El proyecto, tramitado bajo el expediente 24.311, recibió 44 votos a favor y fue impulsado por la diputada María Marta Carballo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
La ley lleva el nombre de Kimberly Araya, una joven madre de tres hijos que desapareció en abril de 2024 y cuyo cuerpo fue hallado días después en la ruta 32. Su esposo es el principal sospechoso del crimen.
Principales disposiciones de la ley:
Difusión obligatoria y gratuita de alertas: Medios de comunicación y redes sociales deben emitir alertas con información detallada sobre la mujer desaparecida, incluyendo nombre completo, fotografía, vestimenta al momento de la desaparición, último lugar donde fue vista y contactos para reportar información relevante.
Intervención de comunicaciones: Se autoriza al juez penal competente a permitir la intervención de comunicaciones y revisión de documentos privados de personas sospechosas o con información relevante para la localización de la desaparecida.
Registro actualizado: Se crea un registro obligatorio y actualizado diariamente de mujeres mayores de edad desaparecidas o no localizadas en Costa Rica.
Sanciones: Se establecen penas de uno a cuatro años de inhabilitación para funcionarios públicos que retrasen los procedimientos de esta ley, y multas de cinco a treinta días para quienes omitan la obligación de denunciar una desaparición.
La aprobación de la “Ley Alerta Kimberly” representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la violencia de género en Costa Rica. Se espera que esta legislación permita una respuesta más eficiente y coordinada por parte de las autoridades y la sociedad ante casos de desaparición de mujeres.
Solo 110 de las 632 rutas de autobuses concesionadas en el país cuentan con un plan de mantenimiento, según reveló este martes la Defensoría de los Habitantes. La entidad encendió las alarmas ante la falta de control del Consejo de Transporte Público (CTP), responsable de fiscalizar esta obligación, incluso tras varios casos recientes de incendios en unidades.
Los datos oficiales indican que 522 rutas —equivalente al 82.6%— operan sin presentar dicho plan. De estas, 139 están pendientes de refrendo y 292 cuentan con permisos provisionales o provisionalísimos, lo que, según el CTP, les impide exigir el cumplimiento del requisito.
La Defensoría calificó este panorama como un “grave problema que evidencia las deficiencias sistémicas del CTP en la gestión y regulación del transporte público”, advirtiendo que la falta de mantenimiento representa un riesgo directo para la seguridad de las personas usuarias.
La preocupación aumenta con la brecha entre los reportes de incendios: en lo que va del 2024, el CTP apenas ha contabilizado seis incidentes, mientras que el Cuerpo de Bomberos registró 32, de los cuales 15 corresponden a unidades de servicio público. En 2023, la diferencia fue aún mayor: Bomberos reportó 43 casos, pero el CTP solo reconoció nueve.
El órgano defensor también cuestionó la falta de un procedimiento claro para investigar estos siniestros. Actualmente, el CTP solo emite un acto administrativo conocido como “prevención o derecho de defensa”, sin que haya una etapa de cierre ni sanciones. “Es un acto único sin propósito claro ni efecto alguno”, denunció la Defensoría.
Además, la entidad señaló que la inacción del CTP podría constituir una omisión grave de sus responsabilidades, al no garantizar la seguridad de las personas usuarias ni investigar si los incendios pudieron ser producto de fallas mecánicas evitables.
Entre las recomendaciones emitidas al CTP, la Defensoría solicitó:
Elaborar un protocolo formal de investigación y seguimiento de todos los incendios en autobuses.
Coordinar con Tránsito, Bomberos y aseguradoras para el intercambio de información y prevención de riesgos.
Establecer una mesa de trabajo con Seguridad Vial para revisar los requisitos de operación.
Divulgar los canales para presentar denuncias sobre seguridad en unidades.
Lanzar una campaña sobre mantenimiento preventivo dirigida a las empresas autobuseras.
Definir un plan de inspecciones periódicas con fines de control.
El CTP respondió con una lista de responsables y plazos para atender cada recomendación. La Defensoría, por su parte, anunció que dará seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas.
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