Santa Ana Actual - Las noticias del cantón de Santa Ana
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El Partido del Sol anunció la incorporación de Wendy Mora Castro como nueva regidora propietaria en el cantón en sustitución de la anterior regidora María Paula Villareal que renunció como regidora hace algunos días atrás, compromiso que asume con la consigna de fortalecer la participación ciudadana y promover un gobierno local más transparente y sostenible.
Mora Castro es ingeniera en Sistemas y consultora SAP FICO, con amplia experiencia en el sector público y privado. Su trayectoria política incluye ocho años como Concejala de Distrito en Pozos, donde los últimos cuatro se desempeñó como secretaria del Concejo de Distrito.
Además de su labor política, ha estado vinculada al trabajo comunal, sumando seis años de voluntariado en las Guías y Scouts de Santa Ana, en donde ejerció como tesorera en dos ocasiones.
Dentro de sus objetivos como regidora destaca:
Impulsar la participación ciudadana.
Fortalecer el sentido de comunidad.
Trabajar por un cantón más solidario, transparente y sostenible.
Wendy Mora domina los idiomas español, inglés y portugués, y se presenta con el lema: “Compromiso y liderazgo para Santa Ana”.
En sesión extraordinaria número 36-2025, celebrada este jueves 18 de setiembre, el Concejo Municipal aprobó de manera unánime y definitiva el presupuesto ordinario 2026, junto con su respectivo Plan Anual Operativo (PAO) y la proyección plurianual de ingresos y gastos para el período 2026-2029.
El monto aprobado asciende a ₡18.666 millones, con todos sus anexos, cuadros y justificaciones, y será remitido a la Contraloría General de la República para su revisión y aval.
Durante la sesión, se contó con la participación de la directora de Gestión Financiera y Tributaria, María Pérez Angulo, y de la encargada de la parte presupuestaria, Rebeca Vázquez Herrera, quienes aclararon consultas relacionadas con los indicadores de gestión y los procedimientos administrativos vinculados al PAO.
Previo a la votación del presupuesto, el Concejo aprobó de forma unánime una serie de puntos relacionados, entre ellos:
La creación y recalificación de plazas para el 2026.
El estudio de viabilidad financiera de dichas plazas y de los aumentos salariales.
La actualización del manual de puestos.
La proyección plurianual de ingresos y gastos 2026-2029.
El cambio en el organigrama municipal, conforme a la estructura programática solicitada por la Contraloría.
En el transcurso de la sesión también se conocieron dos mociones presentadas por la regidora Debbie Zamora Leitón. La primera proponía la readecuación de la tasa de seguridad municipal ante la no aprobación de plazas para la Policía Municipal; y la segunda, la reasignación de recursos por ₡200 millones para la contratación externa de docentes del EMAI (Escuela Municipal de Artes Integradas). Ambas mociones fueron rechazadas por mayoría.
Finalmente, el presidente municipal, Gonzalo Rojas Rojas, sometió a votación la aprobación definitiva del presupuesto ordinario 2026, que fue avalado de manera unánime, consolidando así el proceso de análisis y discusión iniciado semanas atrás.
En la sesión del Concejo Municipal de este martes, la regidora Debbie Zamora planteó una extensa interpelación dirigida al alcalde Juan José Vargas, solicitando respuestas claras sobre la gestión del director de la Policía Municipal, el Sr. Luis Moncada.
Debbie Zamora expuso una serie de preocupaciones relacionadas con denuncias internas y posibles irregularidades en el cuerpo de la Policía Municipal, las cuales, según indicó, no han sido atendidas con la debida transparencia. Entre los puntos consultados, mencionó si el Sr. Moncada fue suspendido este año por acoso laboral, si existen procesos abiertos en su contra, presuntas filtraciones de exámenes a subalternos para concursos de plazas, el uso ilegal de servicios de cable en la institución y la supuesta eliminación de videos del sistema de monitoreo que podrían comprometer a funcionarios.
Asimismo, cuestionó los procedimientos de contratación de nuevos oficiales, el reglamento de las fuerzas de tarea impulsadas por la jefatura policial y el manejo de las cámaras de videovigilancia en el cantón.
“Este Concejo no puede cumplir de manera efectiva con su deber de fiscalización si se oculta o retiene información de interés público”, señaló Zamora, quien adelantó que remitirá la documentación a la Auditoría Interna para su análisis.
Ante estas consultas, el alcalde confirmó que el año pasado el Sr. Luis Moncada fue sancionado sin goce de salario tras una denuncia por acoso laboral presentada por una funcionaria, pero rechazó otras acusaciones al considerarlas rumores provenientes de redes sociales.
“Lo que ha dicho la señora Debbie hoy aquí son afirmaciones muy serias y deben tener fundamentos claros. Todo lo demás ha salido en redes sociales y cuando uno pide pruebas, no aparecen”, afirmó.
El alcalde también reiteró que la Policía Municipal atraviesa una situación difícil, producto de errores acumulados durante la última década, y recalcó la necesidad de una reestructuración profunda del cuerpo policial. “No tengo ningún compadrazgo con Luis Moncada. Si se equivoca, hay que corregirlo”, agregó Juan José Vargas, quien destacó la experiencia del director, pero insistió en la urgencia de cambios estructurales.
La sesión cerró con la confirmación de que la Auditoría Interna recibirá el caso para dar seguimiento a las denuncias, en medio de un ambiente marcado por la división de criterios y la exigencia de mayor transparencia en el manejo de la Policía Municipal.
El Concejo Municipal rechazó este martes una moción presentada por el regidor Esteban Blanco Herrera, la cual buscaba la conformación de una comisión especial para dar seguimiento a la restauración de la calle Empedrada, conocida como calle Las Lajas, declarada “calle centenaria” en 2007.
La iniciativa pretendía que en un plazo de dos meses se presentara un calendario de obras y una propuesta paisajística para rescatar este camino histórico, bajo un esquema de cooperación público-privada con el condominio Bee-Liv, cuyos desarrolladores habían manifestado disposición de aportar la mano de obra.
Durante la sesión, Blanco defendió la moción señalando la importancia cultural, histórica y natural de la calle Las Lajas. Argumentó que la comisión permitiría coordinar esfuerzos y garantizar que la restauración se ejecutara de manera ordenada y con visión comunitaria.
Sin embargo, la propuesta generó cuestionamientos. El alcalde José Vargas Fallas y otros regidores advirtieron que el supuesto acuerdo con el desarrollador era solo verbal y que no existían documentos que lo respaldaran.
La regidora Milena Blen justificó su voto negativo al considerar que ya existen suficientes comisiones y que el tema podía canalizarse a través de la Comisión de Obras. Finalmente, la moción fue rechazada con cuatro votos en contra (Cynthia Chaves, Gonzalo Rojas, Milena Blen y Walter Herrera) y tres a favor (Danny Ureña, Debbie Zamora y Esteban Blanco).
La calle Las Lajas, ubicada al este del cantón, fue uno de los caminos más transitados a inicios del siglo XX y en 2007 fue declarada de interés histórico por el propio Concejo Municipal. Pese a ello, 18 años después no se han concretado las obras de restauración.
El Concejo Municipal de Santa Ana rechazó este martes 2 de septiembre el veto interpuesto por el alcalde Juan José Vargas Fallas contra el acuerdo número 28 de la sesión ordinaria celebrada el pasado 19 de agosto, relacionado con la anulación del aumento en las tasas de servicios municipales para el periodo fiscal 2026.
La discusión se dio en la sesión ordinaria número 70-2025, en la cual el presidente del Concejo sometió a votación la propuesta de acoger el veto. La moción fue rechazada con mayoría de votos: solamente la regidora Cintia Chávez Robles y el presidente Gonzalo Rojas del PUSC lo apoyaron, mientras que cinco regidores votaron en contra, entre ellos Danny Ureña del Republicano, Esteban Blanco Herrera y Roberto Spesny del Sol y finalmente José Roberto Castro y Milena Ablen del PLN.
Con este resultado, el veto será elevado al Tribunal Contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 167 del Código Municipal.
Durante la sesión, el regidor José Roberto Castro (PLN) justificó el voto negativo y lamentó la decisión del alcalde de frenar el acuerdo del Concejo.
“El señor alcalde presentó este veto sin escuchar al pueblo de Santa Ana. Se perdió la oportunidad de plantear propuestas más justas y mesuradas para los contribuyentes”, expresó.
Por su parte, el regidor Esteban Blanco señaló que se debe dejar en actas una resolución detallada de rechazo al veto, argumentando que los aumentos aprobados en julio carecen de motivación técnica suficiente y lesionan principios de legalidad y proporcionalidad en materia tributaria.
En el documento de justificación, los regidores que promovieron el rechazo sostienen que el acuerdo aprobado en julio fijaba incrementos de hasta un 46% en las tasas, cuando originalmente se planteaba un 36%, sin contar con el debido respaldo técnico. También se cuestiona la falta de transparencia en el procedimiento, la ausencia de documentación completa y la afectación directa a los santaneños con mayores cargas económicas.
El alcalde, en su veto, había alegado nulidades tanto de forma como de fondo, defendiendo que el acuerdo de julio estaba debidamente sustentado y que los aumentos respondían al principio de costo efectivo. Sin embargo, la mayoría de regidores consideró que la ausencia de motivación constituía un vicio de nulidad.
Ahora será el Tribunal Contencioso Administrativo el que resuelva el futuro de las tasas municipales para el periodo 2026, en un proceso que definirá si se mantiene o se anula el incremento aprobado en la sesión extraordinaria número 32 del pasado 17 de julio.
Durante la sesión de ayer en el Concejo Municipal de Santa Ana, el regidor del Partido del Sol, Esteban Blanco Herrera, planteó una inquietud al alcalde Juan José Vargas Fallas sobre el uso del título de doctor en documentos oficiales de la Municipalidad.
Blanco señaló que, según la información que maneja, el alcalde no posee un grado académico que respalde esa denominación y solicitó aclarar el punto. “Al parecer al señor alcalde se le ha estado poniendo doctor, cuando en principio no tiene esa mención, ese grado académico. Sería hacer esa corrección”, manifestó el regidor.
Ante la consulta, el alcalde Vargas explicó que desde hace dos años ostenta un doctorado honoris causa otorgado por el Claustro Académico FIAT-LUX de México, en reconocimiento a su trayectoria de más de cuatro décadas con la obra social La Puerta Abierta, institución que brinda alimentación, atención psicológica y acompañamiento a personas en condición de calle.
Según Vargas, el título fue concedido por su labor humanitaria y la creación de un hospital y un dormitorio para indigentes, además de convenios con universidades para la atención de esta población vulnerable. “Uno puede usar el título de doctor, aunque no sea un título académico. Sin embargo, para evitar incomodidades, se puede consignar como DHC, Doctor Honoris Causa, junto a mi nombre, y no hay problema”, afirmó el alcalde.
Días atrás un vecino habría interpuesto una denuncia ante la Contraloría de Servicios sobre este tema, aduciendo el error que cometía el alcalde, finalmente la resolución recomendó al alcalde abstenerse de usar esta prefijo.
El Concejo Municipal recibió el día de ayer un veto formal del alcalde Juan José Vargas Fallas, contra el acuerdo 28 de la sesión ordinaria 68, celebrado el pasado 19 de agosto. Ahora su validez será revisada por los regidores en la próxima sesión ordinaria la próxima semana. La medida del alcalde busca la anulación absoluta del acuerdo 28 y la confirmación del acuerdo 02 de la sesión extraordinaria 32-2025.
En la pasada sesión del Concejo Municipal el regidor Walter Herrera Cantillo, explicó sobre la documentación enviada por varios vecinos del cantón aduciendo que este aumento era improcedente.
Alguna de las razones que se destacan contra el alza de los impuestos municipales para el 2026:
Ilegalidad en el aumento de la tasa de recolección de residuos: Se señala que el incremento de un 46% en la tasa de recolección de residuos sólidos no está fundamentado en un procedimiento de contratación que aún no ha sido adjudicado, haciendo el aumento ilegal.
Aumento de la tasa de policía municipal: Los vecinos que interpusieron el documento de revisión indica que el aumento de esta tasa no está justificado, ya que las 14 plazas de policías que motivarían el incremento aún no han sido creadas.
El documento también menciona recursos de revisión previos presentados por los ciudadanos Marcelo Vargas Lobo y Nancy Cubero Sibaja, que también señalaban la falta de motivación y el aumento del 46% en la tasa de recolección como principal argumento.
En las pasadas sesiones del Concejo Municipal, un grupo de vecinos del cantón se situaron molestos frente al Edificio Municipal con la decisión del aumento en las tasas de los impuestos municipales, algunos mencionaron ir a hasta las últimas consecuencias si se aprueban este aumento en los impuestos para el año 2026.
El veto, firmado y entregado ayer por el alcalde Juan José Vargas Fallas, pide la nulidad absoluta del acuerdo 28 y la validación del acuerdo 02, el cual, según el texto, sí se basa en el estudio de la Dirección Financiera. En caso de que el Concejo Municipal no acoja el veto, se elevará el caso al Tribunal Contencioso Administrativo.
Este es el documento del veto entregado al Concejo Municipal por el alcalde Juan José Vargas:
La Asociación de la Escuela Municipal de Artes Integradas (EMAI) compareció este martes ante el Concejo Municipal para exponer sus responsabilidades en la administración de la institución y responder a inquietudes relacionadas con un reciente informe de auditoría.
La presidenta de la Asociación, Emilia Calvo Vargas, junto a otros miembros de la junta directiva y del cuerpo académico, defendió el papel de la organización en los más de 25 años de trayectoria del proyecto, al que calificó como “insigne y modelo de cultura y educación artística en todo el país”.
Calvo advirtió que las recomendaciones del informe de auditoría presentado en diciembre de 2024 “no se apegan al debido proceso” y, según dijo, incluyen sanciones “extremas y desproporcionadas”. Aseguró que ninguno de los hallazgos apunta a actos de corrupción, sino a situaciones de mejora en la gestión tanto de la Asociación como de la Municipalidad.
Durante su intervención, la Asociación solicitó al Concejo que valore el impacto de sus decisiones, ya que cualquier alteración en la estructura administrativa podría afectar a los 1.200 estudiantes actuales y a los 100 beneficiarios de programas de extensión en comunidades como Matinilla, Ciudadela El Triunfo, Honduras, Lindora, Brasil y La Mina.
Asimismo, propuso la redacción de un nuevo convenio entre la Municipalidad, el Concejo y la Asociación EMAI, con el acompañamiento de expertos, para garantizar la sostenibilidad de la escuela mientras se atienden las observaciones de la Contraloría General de la República.
Los regidores aprovecharon la sesión para plantear múltiples consultas. La regidora Debbie ZamoraLeitón cuestionó, entre otros puntos, el proceso de contratación de docentes, la administración de planillas, los criterios de matrícula y la organización de festivales culturales. A estas inquietudes, Calvo respondió que más del 90% del alumnado proviene de Santa Ana y aclaró que los límites de edad en cursos para adultos mayores corresponden a programas municipales, no al EMAI.
Por su parte, el director de la escuela, destacó que la malla curricular se construyó con base en la experiencia del fundador, el doctor Jorge Luis Acevedo, y en lineamientos del Ministerio de Educación Pública, además de inspirarse en modelos académicos de universidades públicas y conservatorios del país.
Otros regidores, como Danny Ureña y Esteban Blanco, subrayaron la importancia de garantizar la continuidad del proyecto, reconociendo el valor del EMAI como motor cultural de Santa Ana. Blanco, en particular, transmitió consultas de vecinos relacionadas con el uso de la Casa de la Cultura, la apertura de talleres de verano y la participación de artistas locales en la galería.
Por su parte, el alcalde enfatizó en que al EMAI se debe «pulirlo porque es como un diamante» y que está consciente las mejoras que deben existir y apegarse a las recomendaciones de la auditoría.
La Asociación insistió en que la EMAI no rechaza los procesos de auditoría ni la fiscalización, pero pidió un diálogo “oportuno, recíproco y formal” con las autoridades municipales para evitar que los hallazgos afecten el funcionamiento de la escuela y la vida cultural del cantón.
Ayer en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, la diputada independiente Katia Cambronero presentó un detallado informe sobre el estado del proyecto de ley 23.645, que busca la creación del Parque Natural Urbano Lorne Ross, considerado por distintos sectores como un motor de desarrollo social, ambiental y económico para el cantón.
Durante su intervención, la diputada Cambronero recordó que la iniciativa fue presentada en marzo de 2023 y ha atravesado un complejo proceso legislativo, marcado por el apoyo de la mayoría de fracciones políticas y el bloqueo sostenido de parte del oficialismo. El proyecto ya superó la etapa de comisión y actualmente se encuentra en el orden del día del plenario legislativo para su discusión en primer debate.
“Este es un proyecto que une a las fuerzas políticas de Santa Ana y que ha demostrado que, con voluntad, se pueden lograr grandes cosas para el bienestar ciudadano”, afirmó la diputada, quien destacó que la propuesta no implica una cesión de terrenos, sino una autorización al gobierno local para administrar el espacio en conjunto con el MINAE bajo criterios de conservación.
Apoyo ciudadano y logros legales
El movimiento “Salvemos al Parque Lorne Ross” ha impulsado la iniciativa desde la comunidad, recolectando más de 15 mil firmas de respaldo y organizando manifestaciones tanto a nivel local como nacional. Además, en 2024 la Sala Constitucional resolvió a favor de un recurso de amparo presentado por líderes comunales, señalando un abandono histórico en la administración del área y ordenando al MINAE asumir responsabilidades de mantenimiento y conservación con reportes periódicos.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) también emitió un informe técnico que confirma la existencia de más de seis hectáreas de humedal dentro del parque, recomendando su protección bajo un régimen de mínima intervención humana.
Retos y obstáculos
Uno de los principales puntos de conflicto ha sido la oposición de la diputada oficialista Pilar Cisneros, quien ha reiterado su intención de bloquear el proyecto mediante la presentación de más de 200 mociones. “Me parece una terquedad y una falta de respeto hacia la mayoría comunal. Este es un proyecto respaldado por Santa Ana y por el país”, señaló Cambronero.
La diputada recordó, además, que en marzo de 2025 un incendio vandálico consumió cerca de 13 hectáreas del terreno, lo que reforzó la urgencia de garantizar su protección legal y ambiental.
Voces de apoyo en el Concejo
Regidores de distintas fracciones aprovecharon el espacio para manifestar su respaldo. La regidora Debbie Zamora Leitón calificó el proyecto como un “legado para las futuras generaciones”, mientras que el regidor Walter Herrera destacó la importancia de la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
El Concejo Municipal acordó enviar el tema a la comisión respectiva para su análisis y dictamen, al tiempo que se planteó la posibilidad de solicitar al MINAE un informe sobre el cumplimiento de las órdenes dictadas por la Sala Constitucional.
Un pulmón verde para Santa Ana
Cambronero subrayó que el proyecto responde a una necesidad urgente del cantón: contar con espacios públicos de calidad para el disfrute de las familias, jóvenes y adultos mayores. “Santa Ana tiene la posibilidad de convertirse en uno de los mejores municipios de Latinoamérica, pero necesitamos rescatar este pulmón verde que hoy está abandonado”, concluyó.
El Concejo Municipal aprobó por unanimidad el día de ayer la autorización para iniciar el proceso de compra de un terreno en el distrito de Pozos, con el objetivo de construir un parque recreativo que beneficiará a los vecinos de esa comunidad.
La propuesta fue presentada en la sesión municipal mediante el oficio MSA-GAD-PRV-04-039-2025, suscrito por la analista de Produría Karla Guerrero Mora. El acuerdo se ampara en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, que permite la adquisición de bienes inmuebles sin necesidad de aplicar el procedimiento ordinario.
El terreno en cuestión corresponde a la finca número 454432, inscrita bajo el plano SJ0370-494 de 1996. La compra busca dotar a la comunidad de Pozos de un espacio público destinado al deporte, la recreación al aire libre y la conservación del medio ambiente.
Durante la discusión, la regidora Cintia Chávez Robles presentó la moción para darle firmeza al acuerdo, la cual recibió el respaldo unánime de los regidores.
El alcalde Juan José Vargas destacó el trabajo de los funcionarios y comisiones municipales que han impulsado la iniciativa, señalando que el proyecto ha sido analizado a profundidad y que responde a una necesidad histórica de la comunidad.
Por su parte, el regidor Walter Herrera recordó que la idea de ampliar y consolidar un parque en Pozos surgió en un cabildo realizado hace algunos años, donde los vecinos plantearon la necesidad de contar con más espacios públicos.
Además, se informó que la Municipalidad destinará ¢30 millones para el diseño y elaboración de los planos del parque, con el fin de garantizar que el proyecto avance en paralelo con la compra del terreno.
Con este acuerdo, se da un paso más hacia la concreción de un proyecto que busca fortalecer la calidad de vida de los habitantes de Pozos, ofreciendo un espacio seguro, inclusivo y accesible para toda la comunidad.
Santa Ana Actual Informa
