Tribunal envía señal a municipalidades: no se pueden dividir propiedades religiosas para cobrar impuestos

En una nota publicada por el medio CR Hoy del periodista Daniel Córdoba, se informó que El Tribunal Contencioso Administrativo falló a favor de la Asociación Religiosa Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová y anuló varias resoluciones, esto en la Municipalidad de San Ramón que limitaban la exoneración del impuesto sobre bienes inmuebles a solo una parte de una propiedad utilizada con fines religiosos.

La sentencia, emitida el 21 de febrero de 2025, concluye que el concepto de “culto” no debe interpretarse de manera restrictiva, como lo hizo la administración local, y establece que la exoneración puede abarcar la totalidad del inmueble cuando este esté destinado a actividades religiosas.

Origen del conflicto

El caso surgió luego de que la organización religiosa solicitara la exoneración total del impuesto sobre una finca de su propiedad. Sin embargo, la municipalidad concedió únicamente un 37% del beneficio, correspondiente a unos 160 metros cuadrados donde se ubica el templo.

El resto del terreno —incluyendo parqueos y áreas complementarias— quedó sujeto al pago del tributo, bajo el argumento de que solo el espacio físico donde se realizan ceremonias religiosas califica para la exoneración.

Postura municipal

Las autoridades locales defendieron su decisión basándose en criterios técnicos y jurídicos que promueven una interpretación limitada del término “culto”. Según esta posición:

  • El edificio del templo sí está exento.
  • Áreas como parqueos o zonas comunes deben tributar.

Para respaldar este criterio, citaron pronunciamientos de la Procuraduría General de la República y del Ministerio de Hacienda, que interpretan de forma restrictiva el alcance de la exoneración.

Argumentos de la organización religiosa

La congregación apeló la resolución y sostuvo que toda la propiedad está destinada al culto, no solo el edificio principal. Además, argumentó que las áreas excluidas son indispensables para el funcionamiento del templo y responden a exigencias normativas para la operación de este tipo de infraestructuras.

También señalaron que la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (N° 7509) no establece una definición restrictiva del concepto de culto ni limita la exoneración exclusivamente al espacio donde se realizan ceremonias.

Análisis del Tribunal

El Tribunal realizó un análisis sobre el alcance del inciso g del artículo 4 de la ley, el cual exime de impuestos a los inmuebles destinados al culto religioso.

Entre sus principales conclusiones destacan:

  • Rechazo a la interpretación restrictiva: El Tribunal no comparte el criterio que limita la exoneración únicamente al edificio principal.
  • Concepto amplio de culto: Considera que se trata de un concepto jurídico indeterminado, que varía según las prácticas de cada religión.
  • Respeto a la libertad religiosa: Subraya que el Estado debe garantizar este derecho fundamental sin imponer visiones limitadas.
  • Uso del inmueble como criterio clave: Lo determinante es que el inmueble esté efectivamente destinado a actividades religiosas.
  • Áreas complementarias: Espacios como parqueos o zonas auxiliares no excluyen la exoneración si forman parte del funcionamiento del culto.

Decisión final

Con base en estos argumentos, el Tribunal declaró con lugar el recurso de apelación, anuló las resoluciones emitidas por la Municipalidad de San Ramón y ordenó otorgar la exoneración total del impuesto sobre bienes inmuebles a la propiedad.

Alcance del fallo

Aunque la resolución no constituye jurisprudencia obligatoria, sí establece un criterio relevante que podría influir en otras municipalidades del país.

El fallo marca un cambio hacia una interpretación más amplia del concepto de culto y advierte que no es válido fragmentar inmuebles religiosos para efectos tributarios cuando estos funcionan como una unidad destinada a actividades religiosas.

Este criterio podría obligar a los gobiernos locales a revisar sus políticas fiscales en relación con organizaciones religiosas y evitar interpretaciones excesivamente restrictivas.

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Alcalde mediante video vuelve a justificar aumento en tasas de basura y seguridad

El alcalde, Juan José Vargas, se dirigió este miércoles a la ciudadanía para explicar las razones detrás del reciente ajuste en las tasas municipales de recolección de basura y seguridad ciudadana, decisión que generó debate en el Concejo Municipal.

Según el alcalde, el incremento responde a la necesidad de garantizar la continuidad de dos servicios esenciales para la comunidad. En el caso de la recolección de residuos, el jerarca advirtió que los costos de transporte y disposición final han aumentado drásticamente, pasando de ¢17.500 a ¢43.500 por tonelada. De no realizarse el ajuste, dijo, en pocos meses el cantón enfrentaría una crisis ambiental y de salud pública.

“Si no ajustamos las tasas, no tendremos dónde disponer la basura del cantón, lo que generaría contaminación, proliferación de plagas y graves riesgos para la salud de la población”, afirmó.

Sobre la seguridad, Vargas reconoció que la Policía Municipal no cuenta con los recursos suficientes para atender todas las necesidades del territorio. Explicó que con el incremento se busca financiar más patrullas, cámaras de vigilancia, capacitación para funcionarios y mayor presencia policial en barrios afectados por la inseguridad y el problema de las drogas.

El alcalde cuestionó que algunos sectores políticos promovieran, según dijo, un cambio de posición del Partido del Sol tras haber votado inicialmente a favor de las medidas junto al PUSC. Finalmente, el Partido Liberación Nacional y el Partido Republicano se manifestaron en contra de los aumentos.

“Mis decisiones no son politiqueras ni populistas, son por el bien del cantón”, enfatizó el alcalde, al señalar que entiende la preocupación de los vecinos, pero considera que el ajuste es “una necesidad urgente” para proteger la salud y la seguridad de la población.

Puede observar el video en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/reel/1425988815366052

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Vecinos indignados protestan contra alza de impuestos municipales

Santa Ana vive un clima de tensión entre autoridades y vecinos, luego de que el Concejo Municipal aprobara un significativo aumento en las tasas de servicios municipales que empezaría a regir en el 2026.

La noche de ayer, mientras se desarrollaba la sesión del Concejo, alrededor de aproximadamente unos 100 santaneños se concentraron en la entrada del edificio municipal para manifestar su indignación. Los vecinos reclamaron a regidores y al alcalde que salieran a dar explicaciones, pero esto nunca ocurrió.

Entre los principales señalamientos está el alza del 46% en la tasa de recolección y disposición de desechos sólidos, así como la creación de nuevos cobros que antes no existían: ¢0,94 por cada ¢100.000 del valor de la propiedad para el servicio de Policía y ¢0,19 para mantenimiento de Parques y Zonas Verdes.

Algunos manifestantes expresaron que el aumento es “confiscatorio” y que, de seguir así, “en pocos años no se podrá comer por tener que pagar impuestos”. También cuestionaron que la municipalidad recurra constantemente a aumentar cargas en lugar de buscar alternativas para generar ingresos propios.

La inconformidad no quedó solo en las calles. Los ciudadanos Marcelo Vargas Lobo y Ana Virginia Esquirrel presentaron recursos extraordinarios de revisión contra el “Acuerdo Número 02, Artículo III” de la sesión extraordinaria N.º 32-2025, celebrada el 17 de julio. Alegan que el procedimiento tuvo vicios que provocan “nulidad absoluta, evidente y manifiesta”, amparándose en el Artículo 166 del Código Municipal.

Los documentos, entregados el 8 y 11 de agosto, obligan al Concejo Municipal a revisar su decisión y resolver sobre la validez de los argumentos vecinales.

Mientras se espera una resolución oficial y según manifestó el asesor del Concejo Municipal el Sr. Jorge Sánchez del Partido Republicano, esto supuestamente se conocerá en una comisión el próximo jueves, el aumento en los impuestos municipales promete seguir en el centro del debate político local, con una ciudadanía cada vez más activa y crítica de las decisiones que afectan su economía.

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Adulto mayor de Calle Machete preocupado por alza en impuestos municipales

La preocupación por el aumento constante en los impuestos municipales y el encarecimiento del costo de vida en Santa Ana fue expresada por don Arnoldo Jiménez Umaña, vecino de calle Machete y santaneño de 81 años, quien alzó la voz en representación de decenas de adultos mayores que sienten que ya no pueden sostener sus hogares en el cantón.

Jiménez, quien nació en Río Oro y ha vivido toda su vida en Santa Ana, asegura que en los últimos años ha recibido la visita de entre 25 y 30 personas adultos mayores que le han compartido su angustia: “Se les han carecido mucho los impuestos y no gozan de un capital como para pagar esos impuestos tan exagerados. Hay gente que me dice que ya no puede vivir en Santa Ana”, manifestó.

Según el vecino, el aumento en la plusvalía ha disparado el valor de los impuestos de bienes inmuebles. “Antes una propiedad podía pagar 50 mil colones al año, ahora puede andar en 150.000, dependiendo del tamaño. Y las pensiones de los adultos mayores no superan en algunos casos los 160 mil colones, lo que apenas alcanza para servicios básicos y alimentación”, explicó.

Jiménez también hizo un llamado a la Municipalidad de Santa Ana para que se realicen estudios y auditorías que revisen los cálculos de impuestos, y que se considere una tarifa especial o algún tipo de subsidio para los adultos mayores. “No podemos copiarnos de otras municipalidades. Santa Ana necesita soluciones propias, con profesionales que realmente analicen la situación”, recalcó.

El vecino denunció que la construcción masiva de condominios y urbanizaciones ha encarecido la calidad de vida y generado problemas viales y de seguridad. “En esta misma calle Machete no hay aceras. La gente se ha adueñado de espacios públicos y los inspectores no han hecho su trabajo. Ya hasta hubo una vecina atropellada por falta de aceras”, lamentó.

Jiménez finalizó con un llamado a la reflexión de las autoridades y de la comunidad: “Estamos sentados comiéndonos nuestro queso sin pensar en el futuro. Si no se toman medidas, muchos santaneños tendrán que irse de su propio cantón porque ya no podrán pagar por vivir en él”.

Hablamos con don Arnoldo Jiménez Umaña, estas fueron sus palabras.

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