Santa Ana Actual Noticias | Las noticias del cantón de Santa Ana
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Aunque los alcaldes de los respectivos cantones en Costa Rica están obligados por ley a rendir cuentas de su gestión, actualmente no existe una normativa que los obligue a hacerlo en un espacio abierto y participativo dirigido directamente a la ciudadanía, sino solamente para los regidores de un Concejo Municipal.
De acuerdo con el marco vigente del Código Municipal, los jerarcas locales deben presentar un informe anual de labores ante el Concejo Municipal. Este ejercicio, sin embargo, suele realizarse en sesiones formales, con limitada interacción ciudadana y sin mecanismos estandarizados que garanticen el acceso amplio de la población.
El tema ha cobrado relevancia en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y la cercanía de los gobiernos locales con sus comunidades. Especialistas en gestión pública coinciden en que, si bien existen figuras como audiencias públicas o cabildos abiertos, estas no sustituyen una rendición de cuentas estructurada, periódica y accesible para todos los habitantes del cantón.
Incluso, la propia línea jurisprudencial de la Sala Constitucional de Costa Rica ha reforzado principios como la transparencia, la participación ciudadana y el control democrático sobre la función pública, aunque sin establecer una obligación específica sobre el formato de rendición de cuentas a nivel municipal.
En esa misma línea, el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el Artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica, así como los principios de acceso a la información pública, han sido interpretados como pilares de una democracia participativa, donde la ciudadanía no solo recibe información, sino que también puede cuestionar y fiscalizar a sus autoridades.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa se han presentado iniciativas orientadas a fortalecer estos mecanismos. Un ejemplo es el expediente 23.817, que propone garantizar una rendición de cuentas más efectiva por parte de las autoridades municipales, incluyendo mayores niveles de transparencia y cercanía con la población.
Propósito del Expediente 23,817
La presente propuesta tiene como objetivo establecer ciertos contenidos mínimos en los informes de las autoridades municipales. Estos contenidos abarcan aspectos como los recursos financieros, humanos y materiales disponibles, la estructura organizativa actualizada y una lista de los funcionarios junto con sus respectivas clasificaciones de puestos. Asimismo, se espera que se incluyan las metas establecidas para el período en análisis, detallando los resultados concretos obtenidos para cada una de ellas tanto en el marco del Plan Anual Operativo como en el programa de gobierno presentado al inicio de la administración. También se sugiere que se describan y justifiquen los créditos adquiridos, las modificaciones salariales acordadas, así como los procesos o demandas legales enfrentadas o promovidas.
Puede ver el proyecto de ley en el siguiente enlace:
Sin embargo, mientras no exista una obligación legal concreta, la realización de espacios abiertos de rendición de cuentas dependerá de la voluntad política de cada alcalde o alcaldesa, lo que genera diferencias significativas entre cantones, es decir, los ciudadanos no tienen el espacio para poder preguntar a los alcaldes o en su momento cuestionarles públicamente .
Para analistas, el vacío normativo deja abierta la discusión sobre la necesidad de una reforma que establezca, de forma clara, la obligación de realizar informes públicos en espacios accesibles, con posibilidad de participación ciudadana y mecanismos de consulta directa.
El Ministerio de Salud anunció que no respalda los cambios consensuados en la Asamblea Legislativa al proyecto de ley Expediente N.º 24.251, “Ley de Fortalecimiento de la Rectoría del Ministerio de Salud en la Gestión y Disposición Final de Residuos Sólidos”, pese al apoyo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Federación Metropolitana de Municipalidades de San José (FEMETROM).
El pasado 24 de octubre, representantes municipales, gestores ambientales y asesores legislativos participaron en una mesa de trabajo con la Comisión de Ambiente del Congreso para afinar un texto sustitutivo al proyecto, que busca equilibrar la autonomía municipal con la rectoría técnica del Ministerio de Salud en el manejo de los residuos sólidos.
Un consenso sin el respaldo del Ministerio
Según la directora ejecutiva de la UNGL, Karen Porras Arguedas, el principal avance del documento consensuado fue “garantizar el equilibrio entre la autonomía municipal y la rectoría técnica del Ministerio de Salud”. Por su parte, Gilberto Monge, director de FEMETROM, destacó que el texto “acelera la apertura de parques ambientales sin sacrificar los más altos estándares ambientales y sociales”.
El acuerdo mantiene la potestad municipal sobre el uso de suelo, pero otorga al Ministerio de Salud la capacidad de definir zonas aptas para parques ambientales o plantas de tratamiento, lo que pretende dar seguridad jurídica a las inversiones privadas en reciclaje y tecnología ambiental.
Además, el texto mantiene mecanismos de participación ciudadana y espacios de observación técnica para comunidades potencialmente afectadas.
La diputada Katherine Moreira Brown, presidenta de la Comisión de Ambiente, defendió la iniciativa y afirmó que “el manejo de los residuos no puede seguir viéndose como un asunto local o aislado; es un desafío nacional que exige voluntad política y coordinación entre todos los sectores”.
El Ministerio marca distancia
Pese a los acuerdos logrados, el Ministerio de Salud manifestó su oposición al nuevo texto. La institución aseguró que ya cuenta con su propia propuesta legislativa y que seguirá defendiéndola ante los diputados.
En paralelo, el ministerio informó que conformó una Mesa Técnica Nacional para la Gestión Integral de Residuos, integrada —según indicó— por representantes de quince municipalidades del Gran Área Metropolitana, con el fin de generar soluciones de largo plazo. Sin embargo, no detalló cuáles gobiernos locales participan en ese espacio.
El Ministerio insistió en que la decisión final está en manos de los legisladores:
“Ahora dependerá de los diputados decidir si siguen postergando, como lo han hecho desde 2010, o le ofrecen una verdadera solución a los costarricenses”, señaló la entidad en una declaración enviada a la prensa.
Lo que viene
El texto acordado entre los gobiernos locales y la Comisión de Ambiente se espera sea dictaminado en los próximos días para su eventual convocatoria en el periodo de sesiones extraordinarias.
Mientras tanto, el país continúa enfrentando una crisis por el cierre de rellenos sanitarios como La Carpio y El Huazo, y las municipalidades urgen soluciones inmediatas para evitar un colapso en la gestión de residuos.
Un reciente análisis sobre la gestión de las municipalidades en Costa Rica revela un panorama poco alentador. Un estudio, basado en el Modelo Ciudades Inteligentes SCL (Smart Cities Latam), ha arrojado una calificación promedio de 3.1 sobre 10 para los gobiernos locales del país, una nota que, según los expertos, se clasifica como «medio-bajo».
El estudio, comisionado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), evaluó la gestión municipal en cinco dimensiones clave: gobernanza, desarrollo humano, competitividad, ambiente y planeamiento urbano. Marlen Luna, presidenta ejecutiva del IFAM, destacó que aunque la gobernanza (3.8), el desarrollo humano (3.4) y el ambiente (3.2) obtuvieron las notas más altas, las áreas de competitividad (2.7) y planeamiento urbano (2.6) se ubicaron en los últimos lugares, evidenciando grandes debilidades en la capacidad de las municipalidades para impulsar el desarrollo económico y ordenar su crecimiento.
Estos hallazgos se presentaron en el I Congreso Nacional de Planificadores Municipales, un evento que reunió a funcionarios de todo el país en el auditorio de la Universidad Nacional (UNA). Durante el congreso, se abordaron temas cruciales para el fortalecimiento de la planificación local, incluyendo la fiscalización, la generación de políticas públicas y la innovación.
Retos críticos para el desarrollo cantonal
Carlos Ulate, director de la Escuela de Planificación de la UNA, señaló que los resultados del estudio del IFAM no son aislados. Hizo referencia al Índice de Gestión de Servicios Municipales de la Contraloría de 2023, que mostró que la mayoría de las municipalidades se encuentran en un nivel de madurez «básico» o «intermedio», y ninguna ha alcanzado un nivel «avanzado».
Ulate detalló una serie de desafíos urgentes que las municipalidades deben afrontar:
Fortalecer redes empresariales: Apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son el motor económico de muchos distritos.
Gestión de residuos sólidos: El inminente cierre de los rellenos sanitarios en los próximos tres años genera una presión a corto plazo que requiere una solución estratégica.
Acceso a agua potable y saneamiento: Aún existen comunidades sin acueductos formalizados o con infraestructura obsoleta, lo que representa un riesgo para la salud pública.
Mejorar la infraestructura municipal: La señalización, el estado de los parques y las calles son vitales para el turismo y la economía local.
Gestión de riesgos: Es fundamental avanzar en la planificación para la prevención y atención de desastres naturales.
Alianzas para el futuro
Ante este panorama, tanto el IFAM como la UNA coinciden en la importancia de una colaboración estratégica entre las instituciones académicas y los gobiernos locales. Ulate invitó a las municipalidades a abrir sus puertas a proyectos de extensión universitaria, prácticas profesionales e investigaciones conjuntas para generar «conocimiento útil para la toma de decisiones».
Un ejemplo exitoso de esta colaboración es el plan vial quinquenal, elaborado por la Escuela de Planificación de la UNA y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), que busca guiar las inversiones municipales en infraestructura vial.
En definitiva, las municipalidades enfrentan un camino de mejora significativo. La digitalización, la innovación y el alineamiento con las necesidades del mercado regional son algunos de los pasos que el IFAM identifica como cruciales para que los gobiernos locales puedan superar los desafíos actuales y construir un futuro más próspero para sus comunidades.
La integridad y transparencia en los procesos de contratación de policías municipales están en entredicho, según un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), que alerta sobre la falta de controles robustos y prácticas estandarizadas en seis gobiernos locales evaluados. Sus hallazgos generan preocupación sobre un modelo extendido en 31 municipalidades del país.
El análisis abarcó los cantones de Barva, Flores, Heredia, Limón, San Carlos y Santa Cruz, donde la Contraloría identificó graves deficiencias en la contratación de oficiales. Se señalaron procesos débiles, ausencia de manuales, fallas en la validación de antecedentes, falta de control ciudadano y un riesgo latente de decisiones sesgadas que abren espacio a la corrupción. A pesar de que la Ley 9542 establece el marco legal de estas policías, la normativa se aplica con desigualdad y sin supervisión sistemática.
Este panorama por supuesto es de gran importancia en Santa Ana, donde la Policía Municipal de nuestro cantón nació en 2008 y fue formalizada hasta 2019 mediante acuerdo del Concejo Municipal. Desde entonces ha evolucionado, pero su transformación más reciente ocurrió en 2024, cuando la estructura de mando pasó directamente al despacho del alcalde Juan José Vargas. Esta decisión según comunicados oficiales busca fortalecer la gobernanza y el alineamiento institucional.
Aunque el cuerpo policial santaneño ha sido clave en operativos conjuntos con Fuerza Pública y el OIJ como la clausura de bares ilegales o el control sobre piques nocturnos, la percepción ciudadana aún es mixta. Algunos vecinos reconocen avances, especialmente en patrullajes nocturnos y presencia en parques; otros, en cambio, cuestionan la efectividad o las labores que realizan.
La Contraloría insiste en que se requiere estandarizar los procesos de reclutamiento, establecer evaluaciones éticas, revisar antecedentes judiciales y administrativos, e instaurar periodos de prueba documentados. Además, señala la urgente necesidad de promover mecanismos de participación ciudadana que permitan a los habitantes emitir quejas o sugerencias sobre el actuar de los oficiales.
En Santa Ana bajo el mando del Lic. Luis Moncada director de la Policía Municipal, se ha venido trabajando en profesionalizar el cuerpo policial además de brindar capacitaciones para sus oficiales y dotarlos de mejores equipos para sus funciones.
A medida que crece el cantón y aumentan los desafíos en materia de seguridad desde el control del espacio público hasta el combate de nuevas formas delictivas la confianza en la Policía Municipal se vuelve un factor clave. Solo con procesos transparentes, rendición de cuentas y participación ciudadana activa se podrá construir una institución sólida, ética y verdaderamente al servicio de los santaneños.
Santa Ana Actual Informa
