Alcalde cuestiona al CTP y eleva denuncia ante ARESEP por mal servicio de Tapachula

El alcalde, Juan José Vargas, lanzó fuertes cuestionamientos contra el Consejo de Transporte Público (CTP) por el manejo de denuncias relacionadas con el servicio de transporte público en el cantón, operado por la empresa Compañía de Inversiones La Tapachula.

Durante una intervención ante el Concejo Municipal este martes, el jerarca municipal calificó la situación como “sumamente delicada” y detalló una serie de gestiones realizadas por la alcaldía en los primeros meses del año para canalizar las quejas de los usuarios.

Reunión con el CTP y reclamos por falta de transparencia

Según expuso Vargas, el pasado 11 de febrero la alcaldía sostuvo una reunión con el director ejecutivo a.i. del CTP, Rafael Herrera García, tras solicitar formalmente una audiencia días antes. Sin embargo, la delegación municipal se encontró con la presencia no informada de representantes de la empresa concesionaria, entre ellos su gerente general, Rodrigo Castro Oriamuno, y su asesor legal.

El alcalde manifestó su molestia por esta situación, al considerar que se trataba de una reunión solicitada directamente con el ente regulador. A pesar de ello, indicó que decidieron continuar con el encuentro.

Durante la sesión, afirmó, funcionarios del CTP sostuvieron que la empresa cumplía con sus obligaciones, pese a los múltiples señalamientos presentados por la municipalidad sobre deficiencias en el servicio.

Denuncias desestimadas y críticas al proceso

Uno de los puntos que más generó preocupación, según el alcalde, fue la afirmación de una funcionaria del CTP de que todas las denuncias de usuarios habían sido atendidas satisfactoriamente. Asimismo, se indicó que se realizarían inspecciones durante marzo, las cuales —según Vargas— no se concretaron ni fueron notificadas al gobierno local.

El 17 de febrero, la municipalidad formalizó una denuncia ante el CTP. No obstante, el proceso permitió registrar únicamente una unidad específica, aunque se incluyeron múltiples incidentes en la descripción.

La respuesta llegó el 6 de marzo, cuando la empresa rechazó los señalamientos y el CTP resolvió dar por atendida la denuncia, concluyendo que no existía una infracción en curso.

Vargas cuestionó duramente esta resolución, señalando que no se analizaron todos los alegatos presentados. “Es una vergüenza de institución”, expresó, al tiempo que instó a las autoridades nacionales a investigar el funcionamiento del Consejo.

ARESEP abre investigación

Ante la inconformidad con la resolución del CTP, la alcaldía presentó el caso ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), que ya dio trámite a la denuncia mediante el oficio OF-0921.

De acuerdo con el informe expuesto, la ARESEP inició un proceso que incluye recolección de información del ente rector, inspecciones de campo y análisis técnico para determinar eventuales medidas.

“Los ciudadanos no pueden seguir siendo transportados en estas condiciones”, afirmó. Además, vinculó la situación con afectaciones a la salud mental de los usuarios, al describir la frustración de esperar transporte sin ser atendidos.

Denuncias de usuarios se vienen acumulando desde el 2019

Ya desde el año 2019 varios vecinos de Escazú y Santa Ana, habían creado un grupo fiscalizador de transporte público para recoger denuncias de vecinos de ambos cantones y acudir a los Concejos Municipales, además de sostener reuniones con el MOPT y la Defensoría de los Habitantes.

Pese a las diferentes gestiones, la empresa Tapachula ha venido con los constantes atropellos al servicio de transporte público y un pésimo servicio al cliente, sin que exista una entidad reguladora que les llame realmente la atención. Vecinos y usuarios han mencionado que se ponen las quejas ante el CTP y estos simplemente responden que todo se investigó y señalan que no hay faltas al servicio que se brinda.

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CTP da resolución sobre queja de una usuaria en servicio de transporte público de ruta 09 Escazú-Santa Ana

El Consejo de Transporte Público (CTP) ha resuelto una denuncia presentada por la usuaria Paola Vanessa Mejía Keith contra la empresa Compañía de Inversiones La Tapachula S.A., operadora de la ruta 09. La queja se centraba en las deficiencias del servicio, incluyendo el mal estado de una unidad de bus y el incumplimiento de horarios.

Según los documentos oficiales, la denuncia, ingresada al módulo de inconformidades, alegaba que la unidad 32 se encontraba en «visiblemente vieja y en mal estado» y que había «quedado varada» en un punto del recorrido. Adicionalmente, se señalaba un «incumplimiento de horarios» por parte de la empresa.

En respuesta, la Compañía de Inversiones La Tapachula S.A. presentó un descargo argumentando que la unidad cuenta con los permisos y autorizaciones vigentes, y que el incidente de la «unidad varada» fue debido a un acto del conductor y no a una falla mecánica. La empresa también señaló que la condición de las vías contribuía a las demoras en el servicio.

Tras analizar los probatorios presentados por ambas partes, el CTP dictaminó que, si bien la denuncia era legítima, la «conducta denunciada ha concluido y no representa una violación en curso de las normas vigentes». Sin embargo, la institución manifestó que si se constata la persistencia de estas conductas, se darán los pasos para una fiscalización exhaustiva.

El CTP ha comunicado su decisión a la denunciante y ha otorgado un plazo de tres días hábiles para apelar la resolución. El caso se da por atendido y archivado, sujeto a un posible seguimiento en caso de nuevas quejas.

Es importante que si usted es usuario del servicio de transporte público y se ve afectado por el servicio, haga las denuncias aportando documentación de prueba ante el CTP para que investiguen su caso o denuncia.

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Preocupan controles débiles en el CTP contra la corrupción que afectaría el servicio de transporte público en todo el país.

Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) lanzó una advertencia que podría tener implicaciones a mediano plazo: el Consejo de Transporte Público (CTP) presenta “débiles controles” para prevenir actos de corrupción, particularmente en los procesos de concesión y regulación del servicio de transporte público.

Según el informe de auditoría, la falta de acciones eficaces para fortalecer el control interno, la ausencia de políticas claras para prevenir conflictos de interés, y la inexistencia de canales adecuados para gestionar denuncias, podrían abrir espacio a prácticas irregulares que comprometan la calidad y seguridad del servicio.

La CGR subraya que la corrupción en el transporte público no solo afecta la eficiencia del servicio, sino que también deteriora la confianza ciudadana y pone en riesgo la seguridad de los usuarios. En el caso de Santa Ana, donde miles de personas dependen a diario del servicio brindado por la empresa La Tapachula, cualquier irregularidad podría impactar significativamente la movilidad del cantón.

Además, se alertó sobre el desactualizado estado de la información pública del CTP y la falta de definición de sistemas informáticos críticos, lo que limita la transparencia institucional.

La Contraloría instruyó al CTP a tomar medidas inmediatas para incorporar el riesgo de corrupción en su modelo de gestión y fortalecer los mecanismos de control y denuncia.

Vecinos y actores comunales de diferentes comunidades afectadas por el mal servicio del transporte público hacen un llamado a las autoridades a garantizar que el servicio se mantenga bajo estricta vigilancia y con los más altos estándares de integridad.

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