Más de 2.000 taxis dejaron de circular desde el pasado 5 de julio, luego de que venciera el plazo para renovar las concesiones sin que el Gobierno aprobara una nueva prórroga. La medida provocó una reducción significativa en la flota nacional de este servicio de transporte.

De acuerdo con datos del Consejo de Transporte Público (CTP), la cantidad de taxis habilitados pasó de 8.581 a 6.521 unidades, lo que significa que 2.060 concesionarios quedaron fuera de operación por no completar el proceso de renovación dentro del plazo establecido.

La disminución de la flota genera preocupación en el sector, que advierte sobre un posible impacto en la disponibilidad del servicio para los usuarios y en la situación económica de cientos de familias que dependen de esta actividad.

Gobierno busca alternativas

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que trabaja en medidas para apoyar a los concesionarios y evitar una reducción aún mayor de la flotilla.

La viceministra de Transportes, Sofía Fallas, señaló que la institución analiza flexibilizar algunos requisitos para facilitar la modernización de las unidades y brindar opciones de financiamiento que permitan a los operadores cumplir con las condiciones exigidas.

Además, indicó que el Gobierno impulsa el proyecto de ley, expediente 23.736, que permitiría a los taxistas ofrecer sus servicios mediante plataformas digitales, combinando el modelo tradicional con aplicaciones móviles.

Sector pide una prórroga

Mientras el proyecto avanza en la Asamblea Legislativa, la Unión de Taxistas Costarricenses solicitó una prórroga de seis meses para las concesiones vencidas, con el fin de que más operadores puedan regularizar su situación y evitar que continúe disminuyendo la cantidad de taxis en circulación.

Una reducción que viene desde hace años

El exrepresentante del sector ante el CTP, Gilbert Ureña, explicó que la reducción en la flotilla no responde únicamente al vencimiento de las concesiones, sino que forma parte de un proceso que se ha venido desarrollando durante la última década.

Según indicó, factores como la llegada de plataformas de transporte, las consecuencias económicas de la pandemia y las dificultades para cumplir con obligaciones como las cuotas ante la Caja Costarricense de Seguro Social han provocado que numerosos concesionarios abandonen la actividad o no puedan renovar sus permisos.