Mientras los cantones del Gran Área Metropolitana continúan creciendo con nuevos centros comerciales, oficinas, supermercados y proyectos habitacionales, una deficiencia de planificación urbana se hace cada vez más evidente: la ausencia de bahías para autobuses en muchos de estos desarrollos.

La consecuencia es visible todos los días. Cada vez que un autobús realiza una parada para subir o bajar pasajeros, debe permanecer detenido sobre el carril de circulación, obligando a los vehículos que vienen detrás a detenerse o cambiar de carril. En vías de alto tránsito, esta situación provoca largas filas, aumenta los tiempos de viaje y eleva el riesgo de accidentes.

Un problema que se repite

En cantones con un acelerado crecimiento urbano, como Santa Ana, es común observar nuevos comercios y complejos de oficinas que atraen diariamente a cientos de personas. Sin embargo, en varios casos las paradas de autobús permanecen prácticamente iguales a como estaban antes del desarrollo de estos proyectos, sin espacios adecuados para que las unidades de transporte público salgan temporalmente del flujo vehicular.

El resultado es que el autobús termina convirtiéndose, por necesidad, en un obstáculo para el tránsito, aunque en realidad el problema radica en la infraestructura disponible.

¿Quién tiene la responsabilidad?

La planificación de las paradas de autobús involucra a varias instituciones.

La legislación costarricense establece que las municipalidades tienen responsabilidades en el desarrollo de la infraestructura de paradas de autobús en rutas cantonales y cuando existen convenios con el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). Además, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es el encargado de planificar un sistema de transporte integrado y coordinar la infraestructura relacionada.

Por otra parte, la normativa urbanística contempla que las bahías para transporte público tienen como objetivo mantener condiciones de seguridad para los pasajeros y evitar congestionamientos viales. Incluso establece que, en determinadas zonas comerciales, industriales e institucionales con alta afluencia de visitantes, estas pueden ser obligatorias.

El caso de Santa Ana

En Santa Ana, vecinos y conductores han comenzado a señalar que algunos desarrollos comerciales fueron aprobados sin contemplar bahías de autobús o espacios adecuados para el ascenso y descenso de pasajeros, como el caso de la ruta nacional 121 conocida popularmente como «Calle Vieja».

Esto provoca que, durante las horas pico, los autobuses deban detenerse directamente sobre el carril, especialmente en rutas con un importante flujo vehicular. Cada parada representa varios segundos de bloqueo que, multiplicados por decenas de autobuses durante el día, terminan generando importantes retrasos.

Aunque cada proyecto debe cumplir con los requisitos establecidos al momento de su aprobación, la situación abre el debate sobre si la infraestructura vial se está planificando de forma integral, considerando no solo el acceso de vehículos particulares, sino también las necesidades del transporte público.

Falta de coordinación institucional

Especialistas en movilidad coinciden en que el crecimiento urbano debe ir acompañado por mejoras en la infraestructura vial.

Sin embargo, en la práctica, muchas veces las competencias se distribuyen entre municipalidades, MOPT, CONAVI, COSEVI, CTP y otras instituciones, lo que puede retrasar soluciones o generar vacíos en la planificación.

La propia guía técnica del MOPT señala que cualquier intervención para construir bahías sobre rutas nacionales requiere estudios y coordinación entre distintas entidades competentes.

Un impacto que afecta a todos

La ausencia de bahías no solo perjudica a quienes viajan en automóvil.

También afecta a los usuarios del transporte público, quienes abordan el autobús en condiciones menos seguras; a los peatones, cuando las paradas carecen de espacio suficiente; y a los propios operadores de autobuses, que deben reincorporarse al flujo vehicular en medio de presas constantes.

En un caso reciente en el distrito de Piedades, el alcalde Juan José Vargas había mencionado que se quitarían las paradas ubicadas frente a la Escuela Ezequiel Morales, ya que según dijo el alcalde, estas paradas eran ilegales, por lo que se procedió a quitar la rotulación, pero los vecinos insistieron que esas paradas eran oficiales por lo que tuvieron que acudir al CTP del MOPT para revisar si era cierto que eran ilegales. Finalmente, el CTP le dió la razón a los vecinos y las paradas tuvieron que volver a habilitarse. Ahora se deberá pensar en hacer un estudio para crear una bahía en ese sector para evitar congestionamientos y acelerar el flujo vehicular para los que pasan por esa zona.

Mientras los cantones continúan creciendo, la pregunta sigue abierta: ¿deberían las municipalidades exigir que todo nuevo desarrollo comercial de alta afluencia contemple infraestructura adecuada para el transporte público, incluyendo bahías donde las condiciones técnicas lo permitan?