Santa Ana Actual Noticias | Las noticias del cantón de Santa Ana
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El Concejo Municipal aprobó por unanimidad la moción 009-2026, presentada por la regidora Sofía Álvarez, con el objetivo de solicitar información y acciones institucionales ante preocupaciones vecinales relacionadas con el manejo de gas licuado de petróleo (GLP) en el sector de Lindora.
La iniciativa surge tras denuncias de residentes de zonas cercanas a las plantas envasadoras de gas, quienes han reportado movimientos constantes de camiones cisterna identificados con la empresa Blue Flame, pese a que esta se encuentra bajo una orden de suspensión total e inertización emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), debido a fallas críticas en sus sistemas de seguridad.
Según lo expuesto en la sesión municipal, los vecinos incluso sostuvieron recientemente una reunión virtual con autoridades de la Dirección de Transporte y Comercialización de Combustibles del MINAE, lo que motivó la presentación formal de la moción.
El documento aprobado solicita a múltiples instituciones, entre ellas el Ministerio de Ambiente y Energía, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el Ministerio de Salud y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, remitir en un plazo de 30 días hábiles información detallada sobre permisos, inspecciones, licencias y condiciones de seguridad de las instalaciones operadas por NanoGas.
Entre los aspectos más sensibles señalados en la moción destaca la posible utilización de la planta de NanoGas por parte de cisternas de Blue Flame, lo que, según el criterio planteado, podría desnaturalizar los permisos originalmente otorgados para la operación de hidrocarburos, al mezclar actividades bajo condiciones no contempladas en las autorizaciones vigentes.
Asimismo, se pide verificar si las pólizas de responsabilidad civil han sido ampliadas para cubrir eventuales riesgos derivados de esta situación, así como confirmar el cumplimiento de todas las normativas técnicas, ambientales, sanitarias y de seguridad contra incendios.
Durante la discusión, el regidor Gonzalo Rojas respaldó la iniciativa y solicitó el apoyo del Concejo, calificándola como “precisa y oportuna” ante los hechos reportados en el distrito de Pozos.
La moción fue aprobada con dispensa de trámite, así como en su fondo y firmeza, con siete votos a favor, lo que refleja el consenso del órgano municipal ante la preocupación por la seguridad comunitaria y la protección de la vida humana en las zonas aledañas.
Autoridades aseguran que la medida responde a análisis de Bomberos, Salud y MINAE; vecinos reciben mensaje de tranquilidad
La municipalidad anunció la suspensión de la patente comercial de la empresa Blue Flame, luego de un proceso de revisión basado en informes técnicos elaborados por distintas instituciones del Estado.
Según indicaron las autoridades, la decisión se tomó tras un análisis “previo y profundo” de las investigaciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en relación con la situación presentada en las operaciones de la empresa.
“Esta no es una medida antojadiza”, señalaron desde la alcaldía Juan José Vargas y Marielos Rivera, al tiempo que destacaron que las observaciones emitidas por el MINAE fueron clave dentro del proceso de evaluación. No obstante, recalcaron que el caso no podía resolverse únicamente con recomendaciones técnicas, sino que requería acciones concretas por parte del gobierno local.
En ese sentido, la municipalidad confirmó que ya se notificó formalmente a la empresa sobre la suspensión temporal de su patente. Aunque el proceso administrativo continúa, las autoridades fueron enfáticas en que la medida se mantendrá vigente hasta que la compañía cumpla con todos los requisitos establecidos en los informes técnicos.
“La suspensión es y será definitiva hasta que no se atiendan las disposiciones señaladas”, indicaron.
El Concejo Municipal de Santa Ana rechazó este martes la dispensa de trámite de una moción presentada por la regidora suplente Debbie Zamora, la cual buscaba consultar a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) sobre posibles implicaciones de modificar la zonificación en el sector de Pozos noreste, en las cercanías de comunidades residenciales.
La iniciativa, acogida por el regidor Roberto Spesny del Partido del Sol, planteaba solicitar un criterio técnico a Setena sobre si un eventual cambio de uso de suelo —de zona comercial y logística a zona de recuperación— requeriría la elaboración de un plan de reajuste de incentivos, conforme a la normativa vigente.
Argumentos de la moción
Durante su intervención, Zamora destacó que el plan regulador es el principal instrumento de ordenamiento territorial del cantón, al definir aspectos clave como el uso de suelo, el desarrollo urbano, la infraestructura y la protección ambiental.
Asimismo, subrayó que el Concejo Municipal tiene la potestad y la responsabilidad de ajustar o rechazar elementos del plan cuando estos no respondan al interés público, basándose en criterios técnicos y en la participación ciudadana.
Entre los argumentos expuestos, la regidora mencionó que previo a la audiencia pública, el sector de Pozos noreste estaba clasificado como zona de recuperación, respaldado por estudios técnicos. Sin embargo, posteriormente se introdujo un cambio que lo define como zona comercial y logística, lo que permitiría la instalación de actividades potencialmente incompatibles con áreas residenciales cercanas.
También hizo referencia a la reciente explosión de tanques de gas en una industria de la zona, señalando que este hecho evidencia riesgos reales asociados a la cercanía entre actividades industriales y comunidades habitadas como Bosques de Santa Ana y Residencial Montana.
Votación y traslado a comisión
La solicitud de dispensa de trámite —que habría permitido votar la moción de forma inmediata— fue rechazada con cuatro votos en contra y tres a favor. Votaron a favor los regidores Danny Ureña (Partido Republicano), Roberto Spesny y Wendy Mora (Partido Del Sol), mientras que se opusieron Cinthya Chávez, Gonzalo Rojas, Milena Blen y Walter Herrera (Partido PLN).
Tras el rechazo, la moción fue remitida a la comisión de plan regulador para su análisis.
Postura en contra
El regidor Walter Herrera justificó su voto negativo argumentando que el proceso del plan regulador ya superó etapas clave de discusión y análisis, y que actualmente se encuentra en una fase avanzada tras más de diez años de trabajo.
Herrera reconoció la preocupación de los vecinos, pero insistió en que reabrir discusiones en esta etapa podría atrasar la aprobación de un instrumento que considera necesario para ordenar el desarrollo del cantón y regularizar situaciones urbanísticas existentes.
No obstante, señaló que existe apertura para revisar y actualizar el plan regulador en un futuro, una vez aprobado, tomando en cuenta cambios y nuevas necesidades del cantón.
Reacción de vecinos
En paralelo a la discusión en el Concejo, vecinos de Bosques de Santa Ana emitieron un comunicado público en el que manifestaron su inconformidad con la decisión de no aprobar la dispensa de trámite, señalando preocupaciones por el impacto que la zonificación podría tener en la seguridad y calidad de vida de la comunidad.
El tema de la zonificación en Pozos se mantiene como uno de los puntos sensibles dentro del proceso del plan regulador, en medio de tensiones entre el desarrollo urbano, la actividad económica y la protección de las zonas residenciales ante desarrollos comerciales que pueden ser peligrosos para los residentes del cantón.
Nosotros conversamos hace una semana con el alcalde Juan José Vargas precisamente sobre la situación que vivieron los vecinos cercanos a Blue Flame el día del la explosición de un contenedor de gas y esto fue lo que nos dijo:
La investigación por el incendio ocurrido el pasado 7 de marzo en la planta de gas Blue Flame, en Pozos en el sector de Lindora, entró en una fase determinante luego de que la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental recibiera el informe técnico preliminar del Cuerpo de Bomberos.
El caso, que se tramita bajo la figura de presunto desastre culposo, ahora se enfoca en esclarecer la dinámica del siniestro y determinar posibles responsabilidades. Según informaron los periodistas de Álvaro Sánchez y Carlos Castro, el Ministerio Público ya instruyó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a profundizar las diligencias a partir de los hallazgos contenidos en el informe.
De acuerdo con la cobertura publicada por el medio digital CRHoy, el documento técnico representa un insumo clave para reconstruir lo ocurrido durante la emergencia, que generó alta preocupación debido a la naturaleza de la actividad de la empresa, dedicada a la comercialización de gas.
“El informe revela hallazgos de interés para la investigación”, indicó la Fiscalía, sin detallar por ahora el contenido específico del documento.
Reconstrucción del incendio y posibles fallas
Con base en este informe, el OIJ deberá determinar cómo se originó el incendio, cuál fue su comportamiento y si existieron fallas humanas, técnicas o estructurales que contribuyeran al evento.
Uno de los puntos bajo análisis es la hipótesis de una fuga de gas durante labores de trasiego desde un camión cisterna, lo que habría generado una nube inflamable que posteriormente se encendió.
Este escenario, que forma parte de las primeras líneas investigativas, será clave para establecer si hubo negligencia o incumplimientos en protocolos de seguridad.
Búsqueda de responsables
En esta etapa, las autoridades buscan individualizar posibles responsables, ya sean personas físicas o jurídicas, vinculadas a la operación de la planta o a los procedimientos realizados el día del incidente.
El incendio obligó a un amplio despliegue del Cuerpo de Bomberos, cuyos equipos trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar una emergencia de mayor magnitud, considerando el alto riesgo de explosión.
A una semana del siniestro ocurrido el sábado 7 de marzo en la planta de gas de la empresa Blue Flame, en el sector de Lindora, vecinos del Residencial Montana y comunidades cercanas continúan manifestando su preocupación y reiterando el llamado a las autoridades para que la empresa cese definitivamente sus operaciones en la zona y se traslade a otro sector más seguro para operar.
El incidente, que involucró la explosión de un contenedor de gas, provocó momentos de pánico entre los residentes de comunidades cercanas. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos indicó que el hecho se debió a un error humano. Días después del suceso, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ordenó una suspensión temporal de las operaciones de la planta mientras se revisan aspectos de seguridad y para su funcionamiento.
En entrevista con Santa Ana Actual, vecinos del Residencial Montana relataron la angustia vivida durante el incidente y explicaron por qué consideran que la planta no debería seguir operando cerca de zonas residenciales.
Marlen Ibañez, vecina del residencial, explicó que la medida cautelar del MINAE genera cierta tranquilidad, pero insistió en que se trata solo de una solución momentánea.
“Como familias en esta comunidad estamos muy preocupados. Sabemos el riesgo que corremos y que estamos prácticamente en la zona cero de riesgo. El cierre temporal nos da cierta seguridad, pero sigue siendo temporal. Como vecinos necesitamos vivir con tranquilidad y saber que nuestras familias están seguras”, señaló.
La vecina también pidió a las autoridades revisar los procesos mediante los cuales se otorgaron los permisos a la empresa, así como evaluar nuevamente los riesgos que enfrenta la comunidad.
Según explicó, en el sector viven alrededor de mil familias, a las que se suman nuevos desarrollos habitacionales en construcción. Además, expresó preocupación por la propuesta del nuevo plan regulador del cantón, que plantea declarar la zona como industrial, cuando históricamente ha sido residencial de alta densidad.
“Si esa zona se declara industrial, empresas como esta podrían extenderse, y eso aumentaría el riesgo para quienes vivimos aquí”, advirtió.
Otra de las residentes, doña Elvira, describió la explosión como una experiencia traumática para quienes estaban en sus casas el día del incidente.
“La experiencia fue terrible. En mis años de vida nunca había escuchado una explosión así. No sabíamos si correr, si sacar a los vecinos, qué hacer con los adultos mayores o con las mascotas. Fue algo espantoso”, relató.
La vecina hizo un llamado a la empresa para que considere trasladar sus operaciones a un lugar donde no represente un peligro para miles de familias.
“La vida está por encima de cualquier actividad comercial o industrial. Aquí viven niños, bebés, mujeres embarazadas y adultos mayores. No pedimos que se vayan mañana, pero sí que reubiquen esta actividad fuera de un área donde vivimos tantas personas”, afirmó.
Por su parte, Jaime, otro de los vecinos entrevistados, indicó que la comunidad continuará organizándose para exigir mayores medidas de prevención y atención por parte de las autoridades.
“El cierre es temporal y no sabemos qué va a pasar después. Por eso hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Emergencias para que nos ayude a establecer un plan preventivo. Nosotros también vamos a organizarnos como comunidad para saber cómo actuar ante una emergencia”, indicó.
Añadió que hasta el momento la empresa no se ha acercado a dialogar con los vecinos, aunque aseguró que la comunidad estaría dispuesta a participar en un proceso de conciliación.
“Estamos abiertos a conversar. Somos seres humanos y podemos dialogar, pero necesitamos respuestas y garantías”, agregó.
Otro residente, José Antonio, relató que el día del incidente muchas personas salieron apresuradamente de sus viviendas sin saber qué estaba ocurriendo, mientras otras, especialmente adultos mayores o personas con discapacidad, no pudieron evacuar.
“Si el evento hubiera sido de mayor magnitud, esas personas que no pudieron salir habrían quedado atrapadas. Lo que estuvo en riesgo fue la vida de más de mil personas entre Montana y las comunidades cercanas”, afirmó.
También cuestionó la reacción de la empresa durante la emergencia, señalando que la respuesta principal provino de los cuerpos de socorro.
“Fueron los bomberos quienes prácticamente solucionaron la situación. Si esto hubiera dependido únicamente de la empresa, el resultado pudo haber sido una tragedia mucho mayor”, dijo.
Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades nacionales y locales para que revisen la compatibilidad de este tipo de actividades industriales cerca de zonas habitadas.
“Les pedimos a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones que pongan por encima de todo la vida de las personas”, concluyó con la entrevista doña Patricia Orellanos.
Mientras tanto, la comunidad mantiene gestiones ante distintas instancias para que se analice la posibilidad de un cierre definitivo o el traslado de la planta a un lugar que no represente riesgo para los residentes del sector.
Santa Ana Actual Informa
