Santa Ana Actual Noticias | Las noticias del cantón de Santa Ana
Santa Ana Actual Noticias, es un medio informativo digital del cantón de Santa Ana. Desarrollamos entrevistas, reportajes, noticias, en vivos, publicidad de negocios.
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Ayer durante la sesión del Concejo Municipal, el alcalde Juan José Vargas se refirió a un posible proyecto de vivienda destinado a las familias que residen en el sector de Chirracal, luego de que el regidor Danny Ureña solicitara aclarar información entre un oficio municipal y videos grabados por el propio alcalde.
El regidor leyó en el concejo municipal un correo enviado por Sofía Mena, funcionaria de la Municipalidad, en el que se señalaba que actualmente la institución “no cuenta con algún proyecto habitacional para atender la reubicación” solicitada por el Comité Cantonal de Deportes. No obstante, el regidor contrastó esa afirmación con videos recientes en los que el alcalde Vargas aseguraba a los vecinos de Chirracal que se estaban incluyendo en un proyecto de vivienda con unas 80 unidades habitacionales en el sector de Río Oro.
En los videos, Vargas explicaba que “las familias que la Magister Sofía Mena ha venido chequeando las estamos incluyendo en un proyecto de vivienda que, si Dios lo permite, vamos a comenzar a comprar el lote en Río Oro”, y mostraba planos del desarrollo para garantizar a los vecinos que “nadie va a ser movido hasta no tener las cosas bien ciertas”.
Ante las consultas del regidor Ureña sobre la falta de presupuesto aprobado y la inexistencia de un expediente formal, el alcalde aclaró que el video fue enviado de manera privada a un chat de las 16 familias que habitan en Chirracal, y no como una publicación oficial.
Vargas reconoció que no se trata aún de un proyecto municipal formalmente establecido, sino de una propuesta en elaboración, impulsada en conjunto con dos asociaciones de vivienda del cantón. Según el alcalde, los planos mostrados fueron elaborados “sin recursos de la municipalidad” y buscan sentar las bases para un futuro proyecto habitacional que permita reubicar a las familias asentadas sobre una calle pública.
“Lo que estamos haciendo es elaborando la propuesta, y no me interesa que se concluya en este gobierno, sino sentar las bases para que pueda haber un proyecto de vivienda aquí en Santa Ana, fuera de toda acción politiquera”, afirmó Vargas durante la sesión.
El alcalde añadió que el objetivo es abrir la vía de Chirracal, actualmente ocupada por viviendas, para conectarla con la nueva calle asfaltada que comunica hacia Escazú y San José. Mientras tanto, los vecinos censados por la funcionaria Sofía Mena son los únicos que, según el alcalde, serían considerados en esta eventual reubicación.
La sesión ordinaria del Concejo Municipal de este martes estuvo marcada por un fuerte intercambio entre el alcalde Juan José Vargas y la regidora Debbie Zamora, luego de que el jerarca solicitara espacio para que dos ciudadanos se refirieran a una denuncia contra algunos funcionarios de la Policía Municipal.
Juan José Vargas pidió alterar el orden del día para que los señores Rodrigo Alberto Salazar Miranda y el abogado Jorge Cordero Víctor (carnet 22426) pudieran exponer una situación que, según explicó, ya había mencionado en la sesión anterior y que involucraba una aparente comunicación con la regidora Debbie Zamora. La moción fue aprobada por el Concejo, y ambos hombres fueron recibidos en audiencia.
Durante su intervención, Salazar relató haber sido detenido injustamente por efectivos de la Policía Municipal de Santa Ana y afirmó haber pasado más de un año en prisión por un delito que asegura no cometió. Según dijo, actualmente impulsa procesos judiciales en distintas instancias por los hechos ocurridos y denunció irregularidades en la actuación policial en aquel momento.
Su abogado, Cordero, respaldó las declaraciones y anunció que llevará el caso por la vía penal. De hecho el día 24 de octubre habría pedido documentación a la Policía Municipal, pero indicó que la información no le fué suministrada tal como él la solicitó. Ambos señalaron que, en el marco de esa situación, su representado habría recibido en apariencia una llamada de parte de la regidora Debbie Zamora, algo que la funcionaria negó rotundamente en la sesión.
La regidora Debbie Zamora respondió de inmediato, asegurando que no conoce a los denunciantes y calificando lo ocurrido como una injuria y calumnia en su contra. “Es la primera vez que veo a estos señores. Lo que se ha dicho carece de pruebas y constituye una afectación a mi buen nombre”, dijo, exigiendo al alcalde que se retracte públicamente. Además, señaló que la situación refleja una persecución personal en su contra. El Partido del Sol había manifestado en redes sociales que no estaban de acuerdo en las declaraciones del alcalde sobre lo que dijo de su regidora.
El alcalde Vargas, por su parte, defendió su actuación y reiteró que no tiene “nada personal” contra la regidora. “Ellos vinieron a reafirmar lo que ya habían manifestado. No soy yo quien tiene que traer las pruebas, ellos lo confirmaron aquí”, manifestó.
La regidora Sofía Álvarez intervino para aclarar que una eventual retractación pública o disculpa solo podría ordenarse mediante una resolución judicial, en caso de que un tribunal determine la existencia de difamación o calumnia.
Que dicé el Código Penal sobre las «disculpas públicas»
En el Código Penal de Costa Rica, no existe un artículo que mencione literalmente “disculpa pública”, pero sí hay artículos que la permiten o la implican indirectamente, especialmente en los delitos contra el honor.
1. Delitos contra el honor (artículos 145–152 del Código Penal)
Estos artículos regulan injuria, calumnia y difamación. En estos casos, el Código Penal y la práctica judicial admiten la retractación o disculpa pública como una forma de reparación o atenuante de la pena.
Ejemplo de conexión:
Artículo 151 (Difamación) establece que si el acusado reconoce la falsedad de lo dicho y se retracta antes de la sentencia, puede reducirse la pena.
Esa retractación suele hacerse de forma pública, especialmente si la ofensa fue pública.
En la práctica, el juez puede ordenar o aceptar una disculpa pública como modo de reparación.
2. Código Procesal Penal – artículos 36 y 37
Estos artículos permiten los acuerdos reparatorios y conciliaciones en delitos menores. Allí se pueden pactar formas de reparación simbólica o moral, entre ellas:
La disculpa pública o privada a la víctima.
La rectificación de una declaración falsa.
3. En la práctica judicial costarricense
Los tribunales han aceptado disculpas públicas como:
Reparación simbólica del daño moral.
Medida restaurativa (según la Ley 9582 de Justicia Restaurativa).
Condición de acuerdos conciliatorios o reparatorios.
4. Por la vía extrajudicial (voluntaria o privada)
Esta es la más común fuera de los tribunales, y no requiere proceso penal.
Se da cuando:
Una persona, empresa, institución o figura pública decide pedir disculpas de forma voluntaria, por ejemplo en redes, medios de comunicación o comunicados oficiales.
O cuando la persona afectada solicita una disculpa, y la otra parte accede sin que medie un juez.
En este caso:
La disculpa no tiene valor jurídico directo, pero sí valor moral, reputacional o político.
Puede evitar que la víctima presente una denuncia o demanda, si considera que la reparación fue suficiente.
También puede servir como acto de buena fe o prevención.
El ambiente en la sesión se mantuvo tenso hasta el cierre de la audiencia. El alcalde concluyó señalando que espera que el caso siga su curso judicial y reiteró su interés en que la Policía Municipal “actúe de manera profesional y justa”.
El alcalde Juan José Vargas, anunció este viernes la suspensión temporal de todas las notificaciones y avalúos de propiedades que se están realizando en el cantón, luego de recibir múltiples quejas de vecinos que aseguran haber sido notificados con valores que no reflejan la realidad de sus inmuebles.
En un video difundido en redes sociales del Gobierno Local, Vargas explicó que el proceso no fue ordenado por su administración, sino que proviene de una contratación realizada en 2023, antes de asumir el cargo.
“No damos ninguna indicación al respecto; simplemente soy el administrador y me preocupo por los intereses de los ciudadanos”, dijo el alcalde, al tiempo que pidió calma y transparencia en el manejo del tema.
El jerarca agregó que consultó con los departamentos de Valoraciones y Finanzas, y ordenó detener las notificaciones hasta tener información clara sobre cómo se están efectuando los avalúos.
Según el Código Municipal, los avalúos y notificaciones deben gestionarse conforme a reglamentos aprobados por el Concejo Municipal, mientras que la alcaldía ejerce funciones administrativas y de supervisión, pero no puede modificar ni imponer tributos directamente.
Vargas llamó a los vecinos a acudir a la municipalidad para revisar sus casos y presentar reclamos si consideran que los avalúos no son correctos.
“No vamos a permitir que se hagan cosas que vienen de atrás y que afecten a nuestra administración ni a los ciudadanos”, concluyó.
Una medida burocrática o dan declaraciones a medios o personas según su conveniencia.
El Gobierno Local confirmó esta mañana a Santa Ana Actual que desde el año 2021 mantiene una disposición interna que obliga a los medios de comunicación a canalizar cualquier consulta o entrevista a través del Departamento de Comunicación, sin que los jefes o encargados de área —como el de la Policía Municipal puedan responder directamente a la prensa.
La respuesta oficial fue emitida por Kattia Castro Badilla, encargada del Proceso de Comunicación del Gobierno Local, tras una consulta enviada por Santa Ana Actual. La solicitud se originó luego de que el jefe de la Policía Municipal, el Sr. Luis Moncada, no brindara declaraciones sobre recientes detenciones realizadas por ese cuerpo policial, indicando que las preguntas debían ser dirigidas al Departamento de Comunicación de la Municipalidad.
En su respuesta, la funcionaria explicó que “toda solicitud proveniente de un medio de comunicación debe ser dirigida a mi persona, en calidad de encargada del Proceso de Comunicación del Gobierno Local de Santa Ana”, con el fin de coordinar la atención con la Alcaldía, que funge como vocería oficial, o bien designar a la parte técnica que corresponda.
Según la funcionaria, esta disposición está establecida desde 2021 mediante el documento MSA-GAD-COM-02-021-2021, el cual regula los lineamientos de vocería institucional, y fue ratificada nuevamente en julio de 2025 por la nueva administración municipal con Juan José Vargas como alcalde.
Castro aclaró que la directriz no impide que funcionarios como el jefe policial puedan hablar con la prensa, sino que toda entrevista o solicitud de información debe ser previamente coordinada con Comunicación.
No obstante, esta medida genera cuestionamientos sobre la transparencia y el libre acceso a la información pública, ya que limita el contacto directo con quienes manejan los hechos operativos, como las detenciones municipales. Para los medios, en algunas ocasiones este procedimiento puede dificultar la respuesta oportuna e inmediata y la publicación de información de interés ciudadano. En ocasiones anteriores logramos optener una respuesta oportuna con información sobre detenciones por parte del Sr. Moncada.
Desde Santa Ana Actual, se insistió en la necesidad de que la ciudadanía reciba información completa, clara y veraz sobre actuaciones policiales y de seguridad cantonal, sin que estos procesos administrativos se conviertan en una barrera informativa.
La Alcaldía Municipal respondió a una consulta del medio Santa Ana Actual sobre las gestiones realizadas ante las constantes denuncias ciudadanas respecto al servicio de transporte público brindado por la empresa Compañía de Inversiones La Tapachula al cantón desde hace 25 años.
De acuerdo con la información suministrada por Melissa Quesada, asistente de la alcaldía municipal, se han alcanzado diversos acuerdos entre la Municipalidad y la empresa con el propósito de mejorar la atención a las personas usuarias y dar seguimiento a las inconformidades reportadas.
Se menciona que entre las acciones destacadas se encuentra la conformación de un comité de comunicación y articulación entre ambas partes, mediante un grupo de WhatsApp, que permite trasladar denuncias y recibir respuestas de forma directa y oportuna. Esto a pesar de que algunos vecinos se siguen quejando del servicio que ofrece dicha concesionaria.
Asimismo, según la respuesta ofrecida, la empresa se comprometió a remitir los horarios y recorridos de las rutas que operan en cada distrito, conforme a lo autorizado por el Consejo de Transporte Público (CTP), información que se encuentra pendiente de entrega.
El documento menciona que tanto la Municipalidad como Tapachula desarrollan un análisis conjunto de las paradas de autobús que generan mayores conflictos en el cantón, con el objetivo de identificar puntos críticos y proponer soluciones para el ordenamiento vial. Dicho documento será remitido al CTP para su valoración, mientras la Junta Vial Cantonal ya analiza la lista de paradas oficiales y ha programado giras de verificación en sitio.
Como parte del proceso de supervisión, funcionarios municipales realizaron una visita a los planteles de la empresa en Escazú y Brasil de Santa Ana, el pasado 29 de noviembre de 2024, con el fin de observar las condiciones operativas y de mantenimiento de las unidades, así como los procedimientos internos de la compañía. No obstante, aún se perciben problemas en las unidades y algunas denuncias han llegado al Concejo Municipal.
Según la respuesta de la alcaldía a este medio, se logró que la empresa conceda 20 becas de transporte dirigidas a estudiantes en condición de vulnerabilidad para el curso lectivo 2025, y ha promovido un proyecto de ordenamiento del espacio público frente al plantel de buses en Brasil, actualmente en valoración por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Esto lo estaremos confirmando si efectivamente las becas se han dado a dichos estudiantes.
En cuanto al trato del personal hacia los usuarios, la empresa Tapachula se comprometió a realizar capacitaciones en servicio al cliente y relaciones humanas, dado el déficit nacional de choferes y la incorporación de personal extranjero que requiere adaptación cultural.
Finalmente, la alcaldía reiteró que, aunque la concesión y fiscalización del servicio dependen del Consejo de Transporte PúblicoCTP, ha solicitado una audiencia ante ese órgano para exponer las reiteradas quejas ciudadanas relacionadas con malos tratos, incumplimientos de paradas, desperfectos mecánicos y otras irregularidades. Este medio estará pendiente a esta audiencia ya que los vecinos siguen con la queja del servicio especialmente el estado de las unidades.
El correo electrónico enviado a Santa Ana Actual, cierra con esto “La Alcaldía ha sido clara en exigir a la empresa que realice los esfuerzos necesarios para mejorar el servicio. Estamos comprometidos con la ciudadanía y hemos documentado todos los reportes de quejas y denuncias recibidas”, concluye la respuesta oficial.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el Concejo Municipal abordó la existencia de una denuncia anónima presentada ante la Auditoría Interna Municipal, cuya atención habría sido trasladada al despacho del alcalde Juan José Vargas Fallas desde el pasado 7 de octubre, sin que, según se indicó en la sesión, el denunciante haya recibido una respuesta hasta la fecha.
El tema fue presentado por la presidenta del Concejo, Wendy Mora, quien explicó que minutos antes del inicio de la sesión recibió el documento entregado por la persona denunciante. Según detalló, se trata de un oficio firmado por la auditora interna Ana Cecilia Díaz Ruiz (MSA-AUI-02-128-2025), en el cual se comunica al ciudadano que la Auditoría no puede resolver el fondo de la denuncia y que esta fue remitida al alcalde Vargas, en su condición de jerarca a cargo de la Policía Municipal.
“El documento tiene fecha del 7 de octubre y hasta el momento el denunciante no ha recibido ninguna respuesta. Por tratarse de un asunto de la Policía Municipal, quise trasladarlo como trámite urgente para conocer qué acciones ha tomado la Alcaldía”, expresó Wendy Mora durante la sesión.
Sin embargo, el alcalde Juan José Vargas manifestó no tener conocimiento específico del caso.
“No sé cuál denuncia es, ni el número de expediente. Todo lo que la Auditoría nos envía lo contestamos, pero no recuerdo haber recibido algo relacionado con este tema”, afirmó el jerarca municipal, quien también señaló que el procedimiento correcto es que el ciudadano se dirija directamente a la Alcaldía para solicitar información sobre su gestión.
El regidor José Roberto Castro también intervino, sugiriendo que el Concejo debía conocer el documento antes de discutirlo, y recordó que las instituciones públicas disponen de diez días hábiles para responder a los oficios, según la normativa administrativa vigente.
Ante las diferentes posturas, Mora insistió en que su intención no era cuestionar al alcalde, sino garantizar que el ciudadano reciba respuesta.
“No se trata de un tema inquisidor, sino de velar porque los procesos de denuncia se atiendan oportunamente”, aclaró.
La sesión concluyó con el compromiso del alcalde Vargas de revisar el asunto junto a sus asesores para verificar si la denuncia fue efectivamente recibida y atendida. Pero eso sí, transcurrieron aproximadamente 13 minutos de tiempo perdido en un tema que ha generado mucha controversia en el cantón.
Cabe recordar que, conforme al artículo 30 de la Ley General de la Administración Pública, las instituciones están obligadas a responder las gestiones de los ciudadanos en un plazo máximo de diez días hábiles. En caso de incumplimiento, los interesados pueden acudir a la Sala Constitucional (Sala IV) para reclamar su derecho de petición y pronta respuesta.
Este martes en la sesión ordinaria del Concejo Municipal, se generó ciertas discrepancias entre el alcalde Juan José Vargas, y la presidenta del concejo, Wendy Mora, además también la secretaria del órgano municipal, Adriana Herrera Quirós, tuvo que salir a explicar dicha situación a raíz de un oficio relacionado con el uso del salón de sesiones y las oficinas anexas al Concejo Municipal.
El debate inició cuando el alcalde Vargas leyó el oficio MSAL-0269-25, mediante el cual la Alcaldía respondió a un documento previamente emitido por la Presidencia del Concejo. En su lectura, el alcalde manifestó su sorpresa por la instrucción girada desde la Presidencia hacia la Alcaldía, considerando que tal acción “podría interpretarse como un desconocimiento involuntario de las competencias establecidas en el artículo 34 del Código Municipal”, que no le otorga a la presidencia la potestad de emitir órdenes a la Alcaldía.
Vargas argumentó que, conforme al artículo 17 del mismo código, la organización del edificio municipal es competencia exclusiva de la Alcaldía, y que, en consecuencia, el salón de sesiones puede ser utilizado por la administración cuando no esté siendo ocupado por el Concejo ni sus comisiones.
“Cuando el salón de sesiones no esté siendo utilizado por el Consejo, corresponde al alcalde disponer de dicho espacio…”, leyó el jerarca, agregando que este tipo de temas “no deben distraer los esfuerzos de la institución en asuntos menores”.
Ante esto, la presidenta del Concejo, Wendy Mora, solicitó la palabra para responder, indicando que el oficio de la Presidencia no constituye una orden, sino una gestión amparada en criterios jurídicos y dictámenes de la Procuraduría General de la República.
Mora citó específicamente el dictamen C-083-2011, el cual concluye que la ley no asigna de forma expresa la administración del salón de sesiones a ninguno de los órganos municipales, por lo que debe aplicarse el principio de competencia residual. Según dicho criterio, las potestades no atribuidas expresamente corresponden al órgano de mayor legitimidad democrática, es decir, al Concejo Municipal.
“Por tanto, al no existir norma que asigne expresamente al alcalde la administración del salón de sesiones, esta materia corresponde al Concejo Municipal como órgano deliberativo”, afirmó Mora.
La presidenta agregó que los espacios destinados al Concejo y a su secretaría “no pueden ser utilizados para fines distintos de los propios del órgano deliberativo, ni por funcionarios adscritos a la Alcaldía sin autorización expresa del Concejo”. También anunció que la Secretaría del Concejo llevará una bitácora para registrar los casos en que se autorice el uso del salón por parte de otras dependencias.
El alcalde Vargas, por su parte, replicó señalando que en el espacio anexo al salón de sesiones se han colocado electrodomésticos y equipos que, según dijo, “no responden al uso institucional del área”.
“Cuando iniciamos esta administración, ese espacio era un comedor… ahora veo microondas, refrigeradora y una bodega. No sé qué uso se le está dando a esa salita”, expresó Vargas, indicando que el tema será remitido al Departamento Legal para su valoración.
Finalmente, la secretaria del Concejo, Adriana Herrera Quirós, intervino para aclarar la situación. Explicó que los equipos y utensilios mencionados cuentan con autorización y registro contable, y que el espacio se utiliza, entre otros fines, para soporte técnico de las transmisiones del Concejo.
“Esa oficina está destinada para el compañero de LESCO en caso de que no pueda hacer la transmisión desde cabina. También hay una refri y un microondas, como en otras oficinas de la municipalidad. Si no los pudiéramos tener, sería una discriminación”, indicó Herrera.
La secretaria agregó que parte del equipo y material se trasladó al salón luego de que la bodega anterior fuera reasignada a otra dependencia municipal.
Es claro decir que, la construcción del edificio municipal al parecer nunca contempló suficiente espacio para el salón de sesiones de dicho Concejo Municipal, donde inclusive no existe ni espacio suficiente para que el público o vecinos del cantón puedan llegar a escuchar las sesiones que por sí ya son públicas.
De hecho según la misma administración municipal para las sesiones del concejo municipal solamente pueden asistir 10 personas de público, una cantidad muy poca comparado con otros concejos municipales en otros cantones.
En medio de la creciente crisis nacional por la gestión de residuos sólidos, alcaldes de 14 municipalidades del Gran Área Metropolitana (GAM) alzaron la voz contra el decreto impulsado por la ministra de Salud, Mari Munibe, que busca obligar a los gobiernos locales a asumir de inmediato nuevas responsabilidades en el manejo de la basura.
El tema fue analizado en el programa Matices de Radio Monumental con el director del programa Randall Rivera, donde participaron los alcaldes de Montes de Oca, Domingo Argüello y Juan José Vargas, alcalde del cantón de Santa Ana. Ambos coincidieron en que, aunque las municipalidades deben comprometerse con la gestión integral de residuos, el decreto coloca a las alcaldías “contra la pared” al imponer plazos y condiciones que califican como inviables.
Juan José Vargas recordó que el problema no es reciente, sino heredado:
“Prácticamente los que estamos ahora en las alcaldías hemos heredado una ineficiencia de 20 años atrás. La población en Santa Ana crece en mil personas por año, ya tenemos más de 63 mil habitantes y seguimos con los mismos mecanismos de recolección”, señaló.
El alcalde de nuestro cantón explicó que actualmente el cantón genera entre 78 y 80 toneladas de basura diarias (unas 24 mil toneladas al año), y que el costo por tonelada de recolección pasará de ₡15.000 en 2019 a ₡43.500 a partir de abril del 2026, un aumento que obliga a la municipalidad a ajustar tasas y buscar soluciones más sostenibles.
Entre las acciones locales destacó la ampliación del centro de acopio, proyectos de compostaje en la comunidad y la posibilidad de instalar una planta de tratamiento en un terreno de tres hectáreas en Santa Ana, con apoyo de empresarios internacionales. Sin embargo, Vargas insistió en que la implementación de plantas de este tipo requiere al menos de uno a dos años, no ocho meses como plantea el decreto.
“Nosotros estamos trabajando, pero pedimos diálogo. Este no es solo un problema municipal, es un problema país. La rectoría la tiene el Ministerio de Salud, y necesitamos que se siente con nosotros para definir soluciones reales”, enfatizó el alcalde.
Los alcaldes solicitan una moratoria de dos años para la aplicación del decreto, tiempo que consideran necesario para desarrollar alternativas técnicas y financieras que permitan atender la crisis sin poner en riesgo la salud pública ni el funcionamiento municipal.
Vargas advirtió que, si no se alcanza un acuerdo antes de abril, Santa Ana podría enfrentar un escenario crítico:
“Si no tenemos un convenio para el traslado de los residuos, simplemente no tendremos dónde dejar la basura”.
Mientras tanto, las autoridades locales aseguran que continuarán impulsando programas de educación ambiental, reciclaje y compostaje para reducir la cantidad de residuos enviados a rellenos sanitarios, al tiempo que mantienen abiertos los canales de negociación con el Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo.
Puede observar el video del programa Matices, en el siguiente enlace:
Esta mañana mediante un video como es habitual, el alcalde Juan José Vargas destacó que durante la última semana, la Municipalidad de Santa Ana ejecutó diversas labores de mantenimiento vial, coordinación de obras y atención de reportes vecinales en distintos distritos del cantón.
Entre las acciones más relevantes destacan los trabajos de asfaltado y perfilado en sectores como Río Oro, Lindora, Bosques de Santa Ana, Alto de las Palomas, Piedades, Brasil, Quintas Don Lalo y Real de Pereira. En el caso del EMAI, cuadrillas municipales realizaron labores específicas de mejoramiento en las vías de acceso.
Asimismo, se informó que en coordinación con el Conavi se atendieron accesos a viviendas cercanas a Plaza Coros, con el fin de garantizar que los vecinos no se vieran afectados por la intervención en la zona.
Otro de los puntos de atención fue la inspección y toma de decisiones respecto a tuberías del AyA que se encuentran muy superficiales, con el objetivo de prevenir daños durante las obras. Además, se recibieron reportes ciudadanos sobre problemas de inundaciones de aguas negras, los cuales ya están siendo abordados por el equipo municipal.
En el sector del INVU, se inició con el trabajo en las aceras de la cancha, mientras que en la calle Los Gavilanes se resolvió un problema en la salida hacia la zona de la agencia Land Rover, con planes de asfaltar el acceso próximamente.
La municipalidad destacó que estas labores buscan no solo atender las necesidades inmediatas, sino también recuperar calles que han estado sin inversión durante años, avanzando en un plan integral de mejora de infraestructura cantonal.
Puede ver el video municipal en el siguiente enlace:
El Concejo Municipal de Santa Ana rechazó este martes 2 de septiembre el veto interpuesto por el alcalde Juan José Vargas Fallas contra el acuerdo número 28 de la sesión ordinaria celebrada el pasado 19 de agosto, relacionado con la anulación del aumento en las tasas de servicios municipales para el periodo fiscal 2026.
La discusión se dio en la sesión ordinaria número 70-2025, en la cual el presidente del Concejo sometió a votación la propuesta de acoger el veto. La moción fue rechazada con mayoría de votos: solamente la regidora Cintia Chávez Robles y el presidente Gonzalo Rojas del PUSC lo apoyaron, mientras que cinco regidores votaron en contra, entre ellos Danny Ureña del Republicano, Esteban Blanco Herrera y Roberto Spesny del Sol y finalmente José Roberto Castro y Milena Ablen del PLN.
Con este resultado, el veto será elevado al Tribunal Contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 167 del Código Municipal.
Durante la sesión, el regidor José Roberto Castro (PLN) justificó el voto negativo y lamentó la decisión del alcalde de frenar el acuerdo del Concejo.
“El señor alcalde presentó este veto sin escuchar al pueblo de Santa Ana. Se perdió la oportunidad de plantear propuestas más justas y mesuradas para los contribuyentes”, expresó.
Por su parte, el regidor Esteban Blanco señaló que se debe dejar en actas una resolución detallada de rechazo al veto, argumentando que los aumentos aprobados en julio carecen de motivación técnica suficiente y lesionan principios de legalidad y proporcionalidad en materia tributaria.
En el documento de justificación, los regidores que promovieron el rechazo sostienen que el acuerdo aprobado en julio fijaba incrementos de hasta un 46% en las tasas, cuando originalmente se planteaba un 36%, sin contar con el debido respaldo técnico. También se cuestiona la falta de transparencia en el procedimiento, la ausencia de documentación completa y la afectación directa a los santaneños con mayores cargas económicas.
El alcalde, en su veto, había alegado nulidades tanto de forma como de fondo, defendiendo que el acuerdo de julio estaba debidamente sustentado y que los aumentos respondían al principio de costo efectivo. Sin embargo, la mayoría de regidores consideró que la ausencia de motivación constituía un vicio de nulidad.
Ahora será el Tribunal Contencioso Administrativo el que resuelva el futuro de las tasas municipales para el periodo 2026, en un proceso que definirá si se mantiene o se anula el incremento aprobado en la sesión extraordinaria número 32 del pasado 17 de julio.
Santa Ana Actual Informa
