El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) expuso este martes ante el Concejo Municipal una serie de hallazgos derivados de un proceso de fiscalización al Centro Diurno Joaquín y Ana, que evidencian inconsistencias en el reporte de personas beneficiarias y el uso de recursos públicos.

La intervención estuvo a cargo de Yolanda Benavides, representante del CONAPAM, quien explicó el marco legal y operativo de la institución, creada mediante la Ley 7935 como ente rector en materia de envejecimiento y vejez en Costa Rica. Durante su exposición, subrayó que los fondos que administra la entidad provienen, en gran medida, de aportes solidarios de la ciudadanía a través de la Ley de Asignaciones Familiares (DESAF) y otros tributos específicos.

Más de ₡100 millones bajo análisis

Uno de los puntos más sensibles de la presentación fue el detalle financiero del centro diurno. Según datos aportados por CONAPAM, el Centro Joaquín y Ana manejó en el último año un presupuesto superior a los ₡102 millones, provenientes de distintas fuentes:

  • Aproximadamente ₡47 millones anuales del CONAPAM
  • Más de ₡31 millones de la Junta de Protección Social
  • Cerca de ₡24 millones provenientes de la Municipalidad

Esto representaba ingresos mensuales cercanos a los ₡8,5 millones.

Sin embargo, durante una visita de fiscalización, se detectó que de las 37 personas adultas mayores reportadas como beneficiarias del subsidio estatal, 23 no asistían regularmente al centro, lo que implica que se estaban girando recursos con base en información que no correspondía a la realidad.

Tras la depuración, únicamente 5 personas cumplen actualmente con los requisitos para recibir el subsidio, mientras que otros casos requieren actualización o no califican, lo que limitaría significativamente los futuros desembolsos.

Proceso en investigación

Benavides aclaró que el caso se encuentra en proceso de investigación, por lo que no se pueden detallar eventuales sanciones. No obstante, explicó que, ante inconsistencias, el CONAPAM emite informes técnicos que pueden derivar en ajustes, suspensiones de fondos o procesos administrativos contra las organizaciones responsables.

“Los recursos no provienen de un impuesto cualquiera, sino del bolsillo de todos los trabajadores del país. Por eso es fundamental garantizar su uso adecuado”, enfatizó.

Llamado a fortalecer la fiscalización

El alcalde, Juan José Vargas, respaldó la labor de fiscalización y señaló que su administración ha impulsado mayores controles sobre el uso de fondos públicos por parte de organizaciones.

“Cuando no hay controles, suceden situaciones lamentables como esta. Ninguna organización que reciba recursos públicos debería oponerse a ser fiscalizada”, afirmó.

En esa línea, varios regidores coincidieron en la necesidad de reforzar la supervisión y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las personas adultas mayores que más lo necesitan.

Envejecimiento: un reto país

Durante su intervención, CONAPAM también advirtió sobre el acelerado envejecimiento de la población costarricense. Se estima que en los próximos 25 años el país pasará de más de 600 mil a 1,3 millones de personas adultas mayores, lo que obliga a fortalecer políticas públicas y modelos de atención a nivel local.