La Fundación GAD, organización que tuvo a su cargo la realización de las Fiestas Populares de Santa Ana 2025, presentó este jueves un informe de rendición de cuentas ante el Concejo Municipal, en medio de cuestionamientos por pagos pendientes de la empresa productora que organizó el evento.

Durante la audiencia, el director de la fundación, Andrés Vargas Fallas, explicó que la organización recibió ingresos por ₡5.415.000, producto del contrato con la productora y de la venta de alimentos en una cocina instalada durante los festejos.

Según detalló Vargas, esos recursos se utilizaron principalmente para cubrir gastos operativos de la fundación, como pago de salarios, servicios públicos, compra de alimentos, fumigación y actividades recreativas para las personas adultas con discapacidad que atiende la organización.

La fundación explicó que su financiamiento depende en gran medida de distintas fuentes: cerca de un 30% proviene del Gobierno Local de Santa Ana, otro 30% de la Junta de Protección Social, y el restante 40% debe recaudarse mediante actividades y donaciones.

Productora mantiene deuda pendiente

El informe también reveló que la empresa encargada de producir los festejos, JK Entertainment, representada por Juan Carlos Cárdenas Estrada, aún mantiene una deuda pendiente con la fundación.

De acuerdo con el contrato firmado, la productora debía cancelar ₡10 millones a la Fundación GAD por la organización completa de las fiestas. Sin embargo, hasta la fecha solo se han recibido ₡4.650.000, por lo que queda pendiente un saldo de ₡5.350.000.

A esto se suma ₡407.000 por alimentos que la fundación proporcionó durante el evento para personal de seguridad, ambulancias y mantenimiento, lo que eleva el monto total adeudado a ₡5.757.000.

“Las fiestas quedaron muy bonitas, el pueblo de Santa Ana quedó satisfecho. El único fallo fue que al final no se cumplieron con los pagos finales de la productora”, indicó Vargas ante el Concejo.

Reclamos de proveedores y artistas

El tema generó preocupación entre regidores y autoridades municipales, ya que varios proveedores y agrupaciones culturales también han reportado pagos pendientes por parte de la productora.

Entre ellos figuran agrupaciones locales como mascaradas y cimarronas que participaron en las actividades tradicionales de las fiestas.

La regidora Cynthia Chávez y otros regidores como Emmanuel Morales, Danny Ureña y Esteban Blanco cuestionaron la falta de acciones legales y señalaron que, aunque la fundación no haya contratado directamente a los proveedores, existe una responsabilidad moral con quienes brindaron sus servicios durante el evento y que debe existir un mejor control y fiscalización de las fiestas que se realizan en el cantón.

Alcaldía cuestiona incumplimiento del contrato

Por su parte, el alcalde de Santa Ana, Juan José Vargas, recordó que el contrato establecía fechas claras de pago antes de iniciar las fiestas, por lo que cuestionó por qué no se exigió el cumplimiento en ese momento.

“El contrato decía claramente que antes de iniciar las fiestas ustedes debían tener los 10 millones. Si era una empresa sólida, ese dinero tenía que estar”, señaló.

Según explicó la fundación, la productora realizó varios depósitos parciales durante diciembre con la promesa de completar el pago posteriormente, lo cual finalmente no ocurrió.

Posibles acciones legales

Vargas indicó que la organización esperó primero presentar el informe ante el Concejo Municipal antes de tomar medidas legales, pero adelantó que buscarán asesoría jurídica para valorar una demanda civil por incumplimiento de contrato.

“Siempre actuamos de buena fe. Nosotros nos dedicamos a atender personas con discapacidad, no a producir fiestas, por eso contratamos una empresa especializada”, afirmó.

Mientras tanto, regidores plantearon la posibilidad de solicitar informes adicionales sobre los ingresos generados por la productora, incluyendo lo cobrado a chinamos, juegos mecánicos y otros espacios comerciales durante los festejos.

El Concejo Municipal también señaló que este caso deja lecciones para la organización de futuras fiestas populares, especialmente en lo referente a los tiempos de adjudicación y la supervisión de las empresas encargadas de realizar las fiestas.