Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) lanzó una advertencia que podría tener implicaciones a mediano plazo: el Consejo de Transporte Público (CTP) presenta “débiles controles” para prevenir actos de corrupción, particularmente en los procesos de concesión y regulación del servicio de transporte público.

Según el informe de auditoría, la falta de acciones eficaces para fortalecer el control interno, la ausencia de políticas claras para prevenir conflictos de interés, y la inexistencia de canales adecuados para gestionar denuncias, podrían abrir espacio a prácticas irregulares que comprometan la calidad y seguridad del servicio.

La CGR subraya que la corrupción en el transporte público no solo afecta la eficiencia del servicio, sino que también deteriora la confianza ciudadana y pone en riesgo la seguridad de los usuarios. En el caso de Santa Ana, donde miles de personas dependen a diario del servicio brindado por la empresa La Tapachula, cualquier irregularidad podría impactar significativamente la movilidad del cantón.

Además, se alertó sobre el desactualizado estado de la información pública del CTP y la falta de definición de sistemas informáticos críticos, lo que limita la transparencia institucional.

La Contraloría instruyó al CTP a tomar medidas inmediatas para incorporar el riesgo de corrupción en su modelo de gestión y fortalecer los mecanismos de control y denuncia.

Vecinos y actores comunales de diferentes comunidades afectadas por el mal servicio del transporte público hacen un llamado a las autoridades a garantizar que el servicio se mantenga bajo estricta vigilancia y con los más altos estándares de integridad.