Proyecto legislativo encendería alarmas a los usuarios del transporte público
Dirección
- diciembre 2, 2025
Los usuarios del transporte público han venido expresado los últimos años una creciente preocupación sobre el servicio que ha venido ofreciendo la empresa Tapachula quien tiene a cargo la ruta 9 (Escazú y Santa Ana) durante más de 20 años, un servicio que en lugar de mejorar se ha venido estancando.
Recientemente hubo un dictamen afirmativo que aprobó la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley que elimina el plazo máximo de siete años para las concesiones de rutas de autobús. La medida, podría profundizar el mal servicio que actualmente brinda esta empresa, encargada de operar la mayoría de rutas del cantón.
El expediente 24.911, presentado por el diputado oficialista Daniel Vargas Quirós, propone que el plazo de las concesiones ya no sea fijo, sino que se establezca según lo que determine cada contrato, tomando en cuenta las inversiones y su amortización. Actualmente, la ley fija un máximo de siete años renovables.
Aunque la reforma pretende generar seguridad jurídica para que las empresas accedan a créditos de mayor plazo y así modernizar sus flotillas, en Santa Ana la lectura es distinta: la preocupación es que existen reiteradas quejas por atrasos, buses en mal estado y escasa frecuencia donde esta medida termine asegurando concesiones más largas sin mejorar la calidad del servicio.
Durante años, los usuarios del servicio de transporte público han denunciado que la empresa presta un servicio deficiente que afecta la movilidad de los usuarios, especialmente en horas pico. Usuarios reportan buses saturados, esperas prolongadas y fallas mecánicas constantes.
El texto aprobado justifica la reforma afirmando que el plazo actual impide a los concesionarios acceder a créditos adecuados, ya que la vida útil de un autobús es de 15 años, mientras la concesión dura solo siete años. Esto provoca —según la exposición de motivos— que las tarifas aumenten por efectos de depreciación acelerada según la metodología de ARESEP.
Sin embargo, para los santaneños, el problema no es financiero, sino de calidad y control. El Estado debería garantizar que las empresas concesionarias cumplan cabalmente sus obligaciones y brinden un servicio digno a quienes pagan una tarifa.
La reforma modificaría el artículo 21 de la Ley 3503, permitiendo concesiones cuyos plazos dependerán del contrato y serán renovables únicamente si el concesionario cumple a cabalidad sus responsabilidades. No obstante, muchos ciudadanos temen que, en la práctica, esta flexibilidad termine beneficiando a operadores que ya muestran deficiencias inclusive en otras rutas nacionales.
El proyecto ahora pasará al Plenario Legislativo, donde deberá iniciar su discusión y eventual votación.
