El Comité Noruego del Nobel anunció el pasado viernes que otorgaría el Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado “por su trabajo incansable en la promoción de los derechos democráticos en Venezuela y por su esfuerzo para lograr una transición justa y pacífica de una dictadura hacia la democracia”.
El galardón recae sobre Machado en un momento de alta tensión política en Venezuela. Desde 2024, la líder opositora vive en la clandestinidad luego de haber sido inhabilitada por el sistema judicial para participar en las elecciones presidenciales contra Nicolás Maduro.
En su decisión, el Comité Nobel señaló que Machado representa “un símbolo de resistencia frente al autoritarismo” y que ha mantenido “la llama de la democracia encendida en medio de una creciente oscuridad”.
Este Nobel podría catapultar la relevancia internacional de la oposición venezolana, otorgándole mayor legitimidad en escenarios diplomáticos y mediáticos. Sin embargo, el reconocimiento también podría intensificar la represión interna: gobiernos autoritarios tienden a responder con mayor dureza a opositores que adquieren visibilidad global.
Además, Machado deberá enfrentar la dificultad de movilizar al país desde el exilio político y la clandestinidad, mantener cohesión en un bloque opositor fragmentado y transformar un reconocimiento simbólico en presión concreta para el cambio.
Finalmente, el comité ha subrayado que la decisión se basó en los principios establecidos por Alfred Nobel: promover fraternidad entre las naciones, la reducción de fuerzas armadas, y la celebración de congresos de paz.
La iniciativa “Diálogos con Claudia Dobles” llegará el próximo jueves 23 de octubre, con un encuentro abierto al público que busca promover la conversación sobre temas de interés nacional y local.
La actividad se llevará a cabo en el restaurante Pastas Quiero Más, ubicado en Santa Ana, de 6:30 p.m. a 8:30 p.m., bajo la organización de la Coalición Agenda Ciudadana.
El evento tiene un formato de conversación cercana con la ex primera dama Claudia Dobles, donde los asistentes podrán intercambiar ideas y reflexionar sobre los principales desafíos del país.
La participación requiere una donación de ₡25.000 colones, que puede realizarse mediante SINPE Móvil al número 8757-9153. Además, los organizadores recuerdan que el cupo es limitado, por lo que se recomienda confirmar la asistencia al 8681-0437.
Del 11 al 21 de diciembre, el cantón de Santa Ana se llenará de música, color y tradición con la llegada de las esperadas Fiestas Populares Santa Ana 2025, un evento que promete once días de diversión y convivencia familiar.
La agenda incluye una variada oferta de actividades para todos los gustos y edades. Las corridas de toros se realizarán todos los días, conservando la emoción y el espíritu de las tradiciones costarricenses. Además, habrá conciertos gratuitos al aire libre con artistas nacionales, que pondrán el ritmo y la alegría en el corazón del cantón.
Los visitantes también podrán disfrutar de una zona de artesanos, donde emprendedores locales ofrecerán productos únicos hechos a mano; así como una zona de comida y food trucks, con una amplia oferta gastronómica. No faltará la zona de bares y espacios de entretenimiento para compartir con amigos, ni los juegos mecánicos e inflables para los más pequeños.
Entre los momentos más esperados destacan el Desfile Navideño, programado para el sábado 20 de diciembre, que llenará las calles de luces, carrozas, bandas y colorido festivo; y el gran cierre el domingo 21 de diciembre, con el Tope Nacional, que reunirá a caballistas de todo el país en un ambiente familiar y lleno de alegría.
Las Fiestas Populares Santa Ana 2025 invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de once días de celebración, tradición y unión comunitaria, en una de las festividades más queridas del cantón.
La Policía Municipal en coordinación con la Fuerza Pública, informó este sábado que durante un dispositivo realizado la noche del jueves, las autoridades lograron el decomiso de un arma de fuego y la detención de dos personas con órdenes de captura pendientes por diferentes delitos.
En el patrullaje conjunto se logró decomisar una pistola con municiones, además de dinero en efectivo y otros artículos que fueron puestos como evidencia ante las autoridades judiciales competentes.
Las acciones forman parte de los esfuerzos conjuntos entre la Policía Municipal y la Fuerza Pública para reforzar la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos en el cantón.
Las personas detenidas fueron trasladadas a las celdas judiciales correspondientes, mientras que el arma y el dinero quedaron bajo custodia del Ministerio Público.
Del 15 al 25 de octubre se celebrará la XXVI edición del Festival Internacional de Música Barroca, una cita que reúne a destacados intérpretes nacionales e internacionales dedicados a rescatar y difundir el arte musical de los siglos XVII y XVIII. El festival es en memoria de don Jorge Luis Acevedo Vargas.
Los conciertos se llevarán a cabo en distintas sedes, entre ellas el Auditorio y la Galería EMAI, en el distrito centro de Santa Ana.
Este festival se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del país en su género, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de la riqueza sonora y estética del período barroco en escenarios emblemáticos del Valle Central.
Ayer en el Concejo Municipal, el regidor Gonzalo Rojas del PUSC, llevó a discusión las quejas vecinales sobre el deficiente servicio de transporte público que brinda la empresa Tapachula, encargada de la concesión de la ruta 9 (Escazú y Santa Ana).
Gonzalo Rojas indicó que la vecina Teresita Arroyo le hizo llegar imágenes y audios que evidencian el deterioro de las unidades que prestan el servicio a los santaneños. En las fotografías se observan asientos rotos y estructuras en mal estado, mientras que en el audio la usuaria describe cómo una de las unidades “sonaba absolutamente todo” durante el recorrido.
“El mal estado y la calidad de las unidades siguen siendo las mismas, y los usuarios continúan preocupados por el servicio que se les brinda”, expresó el regidor ante el Concejo, solicitando dar seguimiento a las observaciones que en su momento la municipalidad había remitido a la empresa.
En reiteradas ocasiones varios vecinos han manifestado su molestia por el mal servicio que ofrece la empresa Tapachula en nuestro cantón. Esta empresa tiene ya más de 25 años operando las rutas de Santa Ana, en reiteradas ocasiones los usuarios han presentado malestar por las unidades.
El alcalde Juan José Vargas, ha dicho que se viene hablando con la empresa para buscar mejoras, pero pareciera que todo queda en eso, porque es evidente que el servicio no ha mejorado desde que el alcalde asumió su cargo e inició con las gestiones con dicha empresa consesionaria de la ruta 9.
Ninguno de alcaldes de Santa Ana y Escazú que han pasado por dichas administraciones se han preocupado realmente por esta situación y deberán ser los vecinos quienes finalmente sean los que se preocupen porque este servicio cambie o mejore, e inclusive se ha hablado que hay otros empresarios que estarían dispuestos a tomar la ruta de Santa Ana si el mismo CTP lo solicita y los vecinos presionan al MOPT para que el servicio finalmente tenga un mejor rumbo.
Durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal celebrada este martes 7 de octubre, los regidores discutieron la propuesta presentada por el alcalde Juan José Vargas Fallas para la reestructuración de la Policía Municipal, moción que finalmente fue rechazada por mayoría, según el dictamen N.° 58-2025 de la Comisión de Gobierno y Administración.
La secretaria del Concejo, Adriana Herrera Quirós, dio lectura al acuerdo en el que se rechaza la moción del alcalde, pero se instruye a la Administración Municipal retomar el proyecto posteriormente, una vez que se resuelvan los procesos administrativos y laborales actualmente en curso.
Durante el debate, la regidora Cynthia Chávez Robles cuestionó esa condición, indicando que los procesos en curso “nada tienen que ver con la reestructuración” y defendió la necesidad de fortalecer el cuerpo policial ante el aumento de los problemas de seguridad en el cantón.
“No entiendo por qué ponen este tipo de instrucción. Lo que buscamos es mejorar el sistema de seguridad. No se trata de personas, sino de fortalecer una institución que Santa Ana necesita con urgencia”, expresó la regidora.
Por su parte, el regidor Danny Ureña, quien integró la comisión que analizó el proyecto, explicó que su recomendación de posponer la aprobación se debe a los conflictos laborales internos que atraviesa actualmente la Policía Municipal.
“Desde lo técnico, no considero que el proyecto esté mal, pero no es oportuno aprobarlo mientras haya procesos sancionatorios y laborales en curso. Sería irresponsable no tomar en cuenta eso”, señaló.
El alcalde Juan José Vargas intervino para defender la labor de la Policía Municipal y destacar el trabajo conjunto con la Fuerza Pública mediante las denominadas fuerzas de tarea, una estrategia que, según afirmó, ha permitido reducir los índices de delincuencia en Santa Ana.
“Somos el único cantón donde la Policía Municipal y la Fuerza Pública realizan retenes y rondas conjuntas durante toda la noche. Gracias a ese esfuerzo, se han decomisado drogas, motos y se ha detenido a sospechosos. La reestructuración no tiene que ver con personas ni con plazas, sino con ordenar y mejorar el funcionamiento interno”, explicó Vargas.
Finalmente, el regidor Gonzalo Rojas Rojas lamentó que el tema, tras varias horas de discusión en comisión, terminara resolviéndose con criterios políticos más que técnicos.
“El tema fue ampliamente discutido. Sabemos que la Policía Municipal no da abasto para un cantón de más de 62 mil habitantes. Ojalá se logre avanzar, porque la seguridad es una necesidad urgente”, manifestó.
La votación final arrojó cinco votos a favor del dictamen (rechazo de la moción) y dos en contra, correspondientes a los regidores Cintia Chávez y Gonzalo Rojas, quienes defendieron la propuesta del alcalde.
Este martes en la sesión ordinaria del Concejo Municipal, se generó ciertas discrepancias entre el alcalde Juan José Vargas, y la presidenta del concejo, Wendy Mora, además también la secretaria del órgano municipal, Adriana Herrera Quirós, tuvo que salir a explicar dicha situación a raíz de un oficio relacionado con el uso del salón de sesiones y las oficinas anexas al Concejo Municipal.
El debate inició cuando el alcalde Vargas leyó el oficio MSAL-0269-25, mediante el cual la Alcaldía respondió a un documento previamente emitido por la Presidencia del Concejo. En su lectura, el alcalde manifestó su sorpresa por la instrucción girada desde la Presidencia hacia la Alcaldía, considerando que tal acción “podría interpretarse como un desconocimiento involuntario de las competencias establecidas en el artículo 34 del Código Municipal”, que no le otorga a la presidencia la potestad de emitir órdenes a la Alcaldía.
Vargas argumentó que, conforme al artículo 17 del mismo código, la organización del edificio municipal es competencia exclusiva de la Alcaldía, y que, en consecuencia, el salón de sesiones puede ser utilizado por la administración cuando no esté siendo ocupado por el Concejo ni sus comisiones.
“Cuando el salón de sesiones no esté siendo utilizado por el Consejo, corresponde al alcalde disponer de dicho espacio…”, leyó el jerarca, agregando que este tipo de temas “no deben distraer los esfuerzos de la institución en asuntos menores”.
Ante esto, la presidenta del Concejo, Wendy Mora, solicitó la palabra para responder, indicando que el oficio de la Presidencia no constituye una orden, sino una gestión amparada en criterios jurídicos y dictámenes de la Procuraduría General de la República.
Mora citó específicamente el dictamen C-083-2011, el cual concluye que la ley no asigna de forma expresa la administración del salón de sesiones a ninguno de los órganos municipales, por lo que debe aplicarse el principio de competencia residual. Según dicho criterio, las potestades no atribuidas expresamente corresponden al órgano de mayor legitimidad democrática, es decir, al Concejo Municipal.
“Por tanto, al no existir norma que asigne expresamente al alcalde la administración del salón de sesiones, esta materia corresponde al Concejo Municipal como órgano deliberativo”, afirmó Mora.
La presidenta agregó que los espacios destinados al Concejo y a su secretaría “no pueden ser utilizados para fines distintos de los propios del órgano deliberativo, ni por funcionarios adscritos a la Alcaldía sin autorización expresa del Concejo”. También anunció que la Secretaría del Concejo llevará una bitácora para registrar los casos en que se autorice el uso del salón por parte de otras dependencias.
El alcalde Vargas, por su parte, replicó señalando que en el espacio anexo al salón de sesiones se han colocado electrodomésticos y equipos que, según dijo, “no responden al uso institucional del área”.
“Cuando iniciamos esta administración, ese espacio era un comedor… ahora veo microondas, refrigeradora y una bodega. No sé qué uso se le está dando a esa salita”, expresó Vargas, indicando que el tema será remitido al Departamento Legal para su valoración.
Finalmente, la secretaria del Concejo, Adriana Herrera Quirós, intervino para aclarar la situación. Explicó que los equipos y utensilios mencionados cuentan con autorización y registro contable, y que el espacio se utiliza, entre otros fines, para soporte técnico de las transmisiones del Concejo.
“Esa oficina está destinada para el compañero de LESCO en caso de que no pueda hacer la transmisión desde cabina. También hay una refri y un microondas, como en otras oficinas de la municipalidad. Si no los pudiéramos tener, sería una discriminación”, indicó Herrera.
La secretaria agregó que parte del equipo y material se trasladó al salón luego de que la bodega anterior fuera reasignada a otra dependencia municipal.
Es claro decir que, la construcción del edificio municipal al parecer nunca contempló suficiente espacio para el salón de sesiones de dicho Concejo Municipal, donde inclusive no existe ni espacio suficiente para que el público o vecinos del cantón puedan llegar a escuchar las sesiones que por sí ya son públicas.
De hecho según la misma administración municipal para las sesiones del concejo municipal solamente pueden asistir 10 personas de público, una cantidad muy poca comparado con otros concejos municipales en otros cantones.
Durante la sesión del Concejo Municipal celebrada ayer martes 7 de octubre, el alcalde, Juan José Vargas, se refirió a las preocupaciones planteadas por un ciudadano respecto al aumento del transporte informal en el cantón, una situación que —según indicó— se enmarca dentro de un problema de carácter nacional.
El tema surgió a partir del documento número 850-2025, presentado por un ciudadano, el Sr. Rodrigo Castro Oreamuno, quien solicitó la intervención del gobierno local para coordinar operativos en contra de los taxistas informales que circulan en el cantón.
Al ser consultado por la presidenta del Concejo, Wendy Mora, el alcalde Vargas explicó que la administración municipal enfrenta limitaciones operativas debido a la escasez de personal de tránsito. “Tenemos únicamente cuatro tráficos, y lo ideal sería contar con al menos dos en cada distrito”, señaló.
En su respuesta, el alcalde también destacó que el tema debe abordarse con prudencia y sensibilidad social. “No queremos afectar a personas que se ganan la vida de esa forma. No estamos justificando la ilegalidad, pero sí debemos ser sensibles ante la situación económica del país y la realidad de muchas familias”, manifestó.
Vargas informó que próximamente se realizará una reunión con representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y con la Policía Municipal para analizar posibles acciones conjuntas frente a la problemática. Sin embargo, insistió en que el control del transporte informal excede las competencias municipales.
“Si el propio Ministerio de Transporte y el Poder Ejecutivo no han podido controlar las plataformas como Uber, imagínese lo que nos están pidiendo a nosotros”, añadió el jerarca, subrayando la necesidad de un enfoque integral a nivel nacional.
El tema del transporte informal ha generado creciente preocupación entre vecinos y transportistas formales del cantón, quienes demandan mayor control y regulación para garantizar la seguridad vial y la competencia justa en el sector.
Esta mañana, bomberos de la Estación de Santa Ana realizaron un complejo rescate de un manigordo que se encontraba atrapado dentro de una alcantarilla, esto en el sector de El Rodeo, en el cantón de Mora. Las labores se extendieron por cerca de dos horas y media, debido a que el felino, asustado, se ocultaba en el sistema de tuberías al escuchar al personal de rescate.
Finalmente, el animal fue entregado a funcionarios del SINAC, quienes lo trasladaron hasta La Guácima de Alajuela para recibir atención veterinaria. Según informaron las autoridades, el manigordo presentaba un estado de salud crítico al momento del rescate.
Corresponsal
