Durante la sesión ordinaria de este martes, el Concejo Municipal abordó la existencia de una denuncia anónima presentada ante la Auditoría Interna Municipal, cuya atención habría sido trasladada al despacho del alcalde Juan José Vargas Fallas desde el pasado 7 de octubre, sin que, según se indicó en la sesión, el denunciante haya recibido una respuesta hasta la fecha.
El tema fue presentado por la presidenta del Concejo, Wendy Mora, quien explicó que minutos antes del inicio de la sesión recibió el documento entregado por la persona denunciante. Según detalló, se trata de un oficio firmado por la auditora interna Ana Cecilia Díaz Ruiz (MSA-AUI-02-128-2025), en el cual se comunica al ciudadano que la Auditoría no puede resolver el fondo de la denuncia y que esta fue remitida al alcalde Vargas, en su condición de jerarca a cargo de la Policía Municipal.
“El documento tiene fecha del 7 de octubre y hasta el momento el denunciante no ha recibido ninguna respuesta. Por tratarse de un asunto de la Policía Municipal, quise trasladarlo como trámite urgente para conocer qué acciones ha tomado la Alcaldía”, expresó Wendy Mora durante la sesión.
Sin embargo, el alcalde Juan José Vargas manifestó no tener conocimiento específico del caso.
“No sé cuál denuncia es, ni el número de expediente. Todo lo que la Auditoría nos envía lo contestamos, pero no recuerdo haber recibido algo relacionado con este tema”, afirmó el jerarca municipal, quien también señaló que el procedimiento correcto es que el ciudadano se dirija directamente a la Alcaldía para solicitar información sobre su gestión.
El regidor José Roberto Castro también intervino, sugiriendo que el Concejo debía conocer el documento antes de discutirlo, y recordó que las instituciones públicas disponen de diez días hábiles para responder a los oficios, según la normativa administrativa vigente.
Ante las diferentes posturas, Mora insistió en que su intención no era cuestionar al alcalde, sino garantizar que el ciudadano reciba respuesta.
“No se trata de un tema inquisidor, sino de velar porque los procesos de denuncia se atiendan oportunamente”, aclaró.
La sesión concluyó con el compromiso del alcalde Vargas de revisar el asunto junto a sus asesores para verificar si la denuncia fue efectivamente recibida y atendida. Pero eso sí, transcurrieron aproximadamente 13 minutos de tiempo perdido en un tema que ha generado mucha controversia en el cantón.
Cabe recordar que, conforme al artículo 30 de la Ley General de la Administración Pública, las instituciones están obligadas a responder las gestiones de los ciudadanos en un plazo máximo de diez días hábiles. En caso de incumplimiento, los interesados pueden acudir a la Sala Constitucional (Sala IV) para reclamar su derecho de petición y pronta respuesta.
Ayer en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, la presidenta de la Asociación Manos Amigas de Brasil y actual miembro del Concejo de Distrito de esa localidad, Idaly Elizondo Muñoz, expuso su preocupación por la falta de participación de algunos miembros del Concejo de Distrito, situación que, según explicó, ha afectado el desarrollo de proyectos y el seguimiento de acuerdos en la comunidad de La Promesa.
El punto, incluido como artículo 1 de la agenda, fue anunciado por la presidenta del Concejo Municipal, Wendy Mora, quien dio la bienvenida a la Sra. Elizondo para que abordara los temas relevantes del distrito. Durante su intervención, la representante comunal hizo un llamado tanto a los miembros del Concejo de Distrito para que se retome la continuidad en las sesiones y se garantice la asistencia de los representantes juramentados.
“Ya tenemos más de cuatro o cinco sesiones que no se pueden avanzar. Las ausencias no son buenas; hay un distrito que confió en nosotros. Necesitamos seguir trabajando y que los proyectos no se detengan”, expresó Elizondo.
La dirigente comunal también señaló que la comunidad ha debido grabar las sesiones como medida de respaldo ante la falta de quórum y pidió apoyo institucional para resolver la situación.
Tras la exposición, varios regidores y autoridades locales respaldaron el llamado. El regidor Walter Herrera destacó que las personas electas popularmente deben honrar el compromiso adquirido con sus comunidades.
“El pueblo los eligió para representarles. Deben asumir ese compromiso para lograr una mejor comunidad en el cantón de Santa Ana”, afirmó.
Por su parte, el alcalde Juan José Vargas calificó como “lamentable” el panorama descrito y reconoció que es necesario hacer un “mea culpa” dentro del Concejo de Distrito de Brasil para retomar su funcionamiento.
“Hay que analizar profundamente y retomar el trabajo. Todos debemos ceder un poco para que la comunidad gane”, comentó.
La presidenta del Concejo Municipal, Wendy Mora, indicó que solicitará al síndico del distrito el Sr. José Pablo Guadamúz un reporte oficial sobre las ausencias de los miembros titulares y suplentes, y advirtió que, de ser necesario, podrían removerse credenciales conforme lo establece el reglamento municipal.
“Si una persona no se presenta y su suplente tampoco, ambos fueron juramentados y deben asumir sus responsabilidades”, enfatizó.
Finalmente, el regidor Danny Ureña planteó una observación sobre el alcance de las competencias entre el Concejo Municipal y los Concejos de Distrito, señalando que estos últimos no dependen jerárquicamente de la presidencia municipal. Propuso que, de ser necesario, el tema se aclare mediante una moción formal.
El Concejo Municipal acordó esperar el informe y la documentación oficial de la Asociación Manos Amigas para valorar internamente las acciones correspondientes y garantizar la continuidad del trabajo comunal en el distrito de Brasil.
Ayer en el Concejo Municipal, el regidor Gonzalo Rojas del PUSC, llevó a discusión las quejas vecinales sobre el deficiente servicio de transporte público que brinda la empresa Tapachula, encargada de la concesión de la ruta 9 (Escazú y Santa Ana).
Gonzalo Rojas indicó que la vecina Teresita Arroyo le hizo llegar imágenes y audios que evidencian el deterioro de las unidades que prestan el servicio a los santaneños. En las fotografías se observan asientos rotos y estructuras en mal estado, mientras que en el audio la usuaria describe cómo una de las unidades “sonaba absolutamente todo” durante el recorrido.
“El mal estado y la calidad de las unidades siguen siendo las mismas, y los usuarios continúan preocupados por el servicio que se les brinda”, expresó el regidor ante el Concejo, solicitando dar seguimiento a las observaciones que en su momento la municipalidad había remitido a la empresa.
En reiteradas ocasiones varios vecinos han manifestado su molestia por el mal servicio que ofrece la empresa Tapachula en nuestro cantón. Esta empresa tiene ya más de 25 años operando las rutas de Santa Ana, en reiteradas ocasiones los usuarios han presentado malestar por las unidades.
El alcalde Juan José Vargas, ha dicho que se viene hablando con la empresa para buscar mejoras, pero pareciera que todo queda en eso, porque es evidente que el servicio no ha mejorado desde que el alcalde asumió su cargo e inició con las gestiones con dicha empresa consesionaria de la ruta 9.
Ninguno de alcaldes de Santa Ana y Escazú que han pasado por dichas administraciones se han preocupado realmente por esta situación y deberán ser los vecinos quienes finalmente sean los que se preocupen porque este servicio cambie o mejore, e inclusive se ha hablado que hay otros empresarios que estarían dispuestos a tomar la ruta de Santa Ana si el mismo CTP lo solicita y los vecinos presionan al MOPT para que el servicio finalmente tenga un mejor rumbo.
Durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal celebrada este martes 7 de octubre, los regidores discutieron la propuesta presentada por el alcalde Juan José Vargas Fallas para la reestructuración de la Policía Municipal, moción que finalmente fue rechazada por mayoría, según el dictamen N.° 58-2025 de la Comisión de Gobierno y Administración.
La secretaria del Concejo, Adriana Herrera Quirós, dio lectura al acuerdo en el que se rechaza la moción del alcalde, pero se instruye a la Administración Municipal retomar el proyecto posteriormente, una vez que se resuelvan los procesos administrativos y laborales actualmente en curso.
Durante el debate, la regidora Cynthia Chávez Robles cuestionó esa condición, indicando que los procesos en curso “nada tienen que ver con la reestructuración” y defendió la necesidad de fortalecer el cuerpo policial ante el aumento de los problemas de seguridad en el cantón.
“No entiendo por qué ponen este tipo de instrucción. Lo que buscamos es mejorar el sistema de seguridad. No se trata de personas, sino de fortalecer una institución que Santa Ana necesita con urgencia”, expresó la regidora.
Por su parte, el regidor Danny Ureña, quien integró la comisión que analizó el proyecto, explicó que su recomendación de posponer la aprobación se debe a los conflictos laborales internos que atraviesa actualmente la Policía Municipal.
“Desde lo técnico, no considero que el proyecto esté mal, pero no es oportuno aprobarlo mientras haya procesos sancionatorios y laborales en curso. Sería irresponsable no tomar en cuenta eso”, señaló.
El alcalde Juan José Vargas intervino para defender la labor de la Policía Municipal y destacar el trabajo conjunto con la Fuerza Pública mediante las denominadas fuerzas de tarea, una estrategia que, según afirmó, ha permitido reducir los índices de delincuencia en Santa Ana.
“Somos el único cantón donde la Policía Municipal y la Fuerza Pública realizan retenes y rondas conjuntas durante toda la noche. Gracias a ese esfuerzo, se han decomisado drogas, motos y se ha detenido a sospechosos. La reestructuración no tiene que ver con personas ni con plazas, sino con ordenar y mejorar el funcionamiento interno”, explicó Vargas.
Finalmente, el regidor Gonzalo Rojas Rojas lamentó que el tema, tras varias horas de discusión en comisión, terminara resolviéndose con criterios políticos más que técnicos.
“El tema fue ampliamente discutido. Sabemos que la Policía Municipal no da abasto para un cantón de más de 62 mil habitantes. Ojalá se logre avanzar, porque la seguridad es una necesidad urgente”, manifestó.
La votación final arrojó cinco votos a favor del dictamen (rechazo de la moción) y dos en contra, correspondientes a los regidores Cintia Chávez y Gonzalo Rojas, quienes defendieron la propuesta del alcalde.
Este martes en la sesión ordinaria del Concejo Municipal, se generó ciertas discrepancias entre el alcalde Juan José Vargas, y la presidenta del concejo, Wendy Mora, además también la secretaria del órgano municipal, Adriana Herrera Quirós, tuvo que salir a explicar dicha situación a raíz de un oficio relacionado con el uso del salón de sesiones y las oficinas anexas al Concejo Municipal.
El debate inició cuando el alcalde Vargas leyó el oficio MSAL-0269-25, mediante el cual la Alcaldía respondió a un documento previamente emitido por la Presidencia del Concejo. En su lectura, el alcalde manifestó su sorpresa por la instrucción girada desde la Presidencia hacia la Alcaldía, considerando que tal acción “podría interpretarse como un desconocimiento involuntario de las competencias establecidas en el artículo 34 del Código Municipal”, que no le otorga a la presidencia la potestad de emitir órdenes a la Alcaldía.
Vargas argumentó que, conforme al artículo 17 del mismo código, la organización del edificio municipal es competencia exclusiva de la Alcaldía, y que, en consecuencia, el salón de sesiones puede ser utilizado por la administración cuando no esté siendo ocupado por el Concejo ni sus comisiones.
“Cuando el salón de sesiones no esté siendo utilizado por el Consejo, corresponde al alcalde disponer de dicho espacio…”, leyó el jerarca, agregando que este tipo de temas “no deben distraer los esfuerzos de la institución en asuntos menores”.
Ante esto, la presidenta del Concejo, Wendy Mora, solicitó la palabra para responder, indicando que el oficio de la Presidencia no constituye una orden, sino una gestión amparada en criterios jurídicos y dictámenes de la Procuraduría General de la República.
Mora citó específicamente el dictamen C-083-2011, el cual concluye que la ley no asigna de forma expresa la administración del salón de sesiones a ninguno de los órganos municipales, por lo que debe aplicarse el principio de competencia residual. Según dicho criterio, las potestades no atribuidas expresamente corresponden al órgano de mayor legitimidad democrática, es decir, al Concejo Municipal.
“Por tanto, al no existir norma que asigne expresamente al alcalde la administración del salón de sesiones, esta materia corresponde al Concejo Municipal como órgano deliberativo”, afirmó Mora.
La presidenta agregó que los espacios destinados al Concejo y a su secretaría “no pueden ser utilizados para fines distintos de los propios del órgano deliberativo, ni por funcionarios adscritos a la Alcaldía sin autorización expresa del Concejo”. También anunció que la Secretaría del Concejo llevará una bitácora para registrar los casos en que se autorice el uso del salón por parte de otras dependencias.
El alcalde Vargas, por su parte, replicó señalando que en el espacio anexo al salón de sesiones se han colocado electrodomésticos y equipos que, según dijo, “no responden al uso institucional del área”.
“Cuando iniciamos esta administración, ese espacio era un comedor… ahora veo microondas, refrigeradora y una bodega. No sé qué uso se le está dando a esa salita”, expresó Vargas, indicando que el tema será remitido al Departamento Legal para su valoración.
Finalmente, la secretaria del Concejo, Adriana Herrera Quirós, intervino para aclarar la situación. Explicó que los equipos y utensilios mencionados cuentan con autorización y registro contable, y que el espacio se utiliza, entre otros fines, para soporte técnico de las transmisiones del Concejo.
“Esa oficina está destinada para el compañero de LESCO en caso de que no pueda hacer la transmisión desde cabina. También hay una refri y un microondas, como en otras oficinas de la municipalidad. Si no los pudiéramos tener, sería una discriminación”, indicó Herrera.
La secretaria agregó que parte del equipo y material se trasladó al salón luego de que la bodega anterior fuera reasignada a otra dependencia municipal.
Es claro decir que, la construcción del edificio municipal al parecer nunca contempló suficiente espacio para el salón de sesiones de dicho Concejo Municipal, donde inclusive no existe ni espacio suficiente para que el público o vecinos del cantón puedan llegar a escuchar las sesiones que por sí ya son públicas.
De hecho según la misma administración municipal para las sesiones del concejo municipal solamente pueden asistir 10 personas de público, una cantidad muy poca comparado con otros concejos municipales en otros cantones.
Ayer en la sesión del Concejo Municipal, el regidor del PUSC el Sr. Gonzalo Rojas Rojas destacó la importancia de las gestiones realizadas por la Alcaldía para garantizar la conservación del Parque Lorne Ross, uno de los principales pulmones verdes del cantón y de la Gran Área Metropolitana.
Gonzalo Rojas agradeció al alcalde por la emisiva enviada el pasado 19 de septiembre al ministro de Ambiente y Energía el Sr. Franz Tattenbach, en la que se solicitó con carácter urgente la implementación de medidas de protección que aseguren el mantenimiento y preservación de este espacio natural.
La solicitud incluye la asignación de una partida presupuestaria por parte del MINAE, así como la definición de una proyección conjunta entre dicha institución y la Municipalidad de Santa Ana, con el fin de establecer un plan de conservación a mediano y largo plazo.
Además, se reiteró la importancia de concretar las cartas de intención que permanecen pendientes, lo cual permitiría avanzar en proyectos de voluntariado comunitario. Según explicó Rojas, este tipo de iniciativas abriría la posibilidad de que vecinos y organizaciones locales participen activamente en las labores de mantenimiento del parque.
“El rescate de este espacio es un tema de gran importancia para nuestro municipio. Se trata de un patrimonio que le corresponde y pertenece a todos los santaneños”, señaló Rojas al concluir su intervención.
Pero qué ha pasado con esta propiedad los últimos meses
En reiteradas ocasiones algunos vecinos han manifestado que las instalaciones se encuentran en total abandono por parte del MINAE desde que FUNDAZOO entregó las instalaciones al ente estatal. Inclusive hace algunas semanas atrás, se denunció que personas inescrupulosas usan los terrenos ubicados al lado de la ruta 27 para tirar basura o materiales como cemento o pedazos de varillas entre otros.
Recordemos que hace algunos meses se presentó un incendio en ese sector, donde se pudo haber afectado la flora y fauna, algo que pasa frecuentemente o todos los años, pero que nunca ha tenido un mantenimiento adecuado por parte de las autoridades. Existe el peligro de que algunas edificaciones declaradas como Patrimonio Histórico y Arquitectónico desaparezcan o presenten daños por hechos vandálicos o bien que personas ingresen a los inmuebles para desmantelar dichas instalaciones.
En la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Santa Ana, celebrada el pasado 12 de septiembre, se oficializó la cancelación de la credencial de la regidora propietaria María Paula Villarreal Galera, de acuerdo con la resolución número 5896-M-2025 emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
En su lugar fue juramentada Wendy Mora Castro el pasado 23 de septiembre en una sesión del Concejo Municipal, quien asumirá el cargo hasta el 30 de abril de 2028.
Tras la juramentación, Mora Castro dirigió unas palabras a sus compañeros regidores, síndicos y al público que seguía la sesión a través de redes sociales. En su intervención, destacó sus ocho años de trabajo en el Consejo de Distrito de Pozos y reafirmó su compromiso de servir a la comunidad santaneña. Además, hizo un llamado a dejar de lado las diferencias partidarias para concentrarse en proyectos que beneficien al cantón:
“Quisiera pedir el voto de confianza para todos dentro del consejo, tanto regidores como síndicos, que nos quitemos la camiseta de nuestros colores políticos para poder trabajar por este cantón. […] Quiero que nos pongamos la camiseta del cantón y no de nuestros partidos”, expresó la nueva regidora.
Acto seguido, se procedió a la elección de la presidencia del Concejo Municipal, de conformidad con lo establecido en el Código Municipal. El regidor Roberto propuso la candidatura de Mora Castro para ocupar el puesto, destacando su trayectoria en la comunidad y su honestidad. La moción fue aceptada por la propia postulada y sometida a votación secreta.
Con la participación de los regidores propietarios y la supervisión de fiscales designados, el proceso concluyó con una votación unánime que proclamó a Wendy Mora Castro como la nueva presidenta del Concejo Municipal de Santa Ana.
Tras el resultado, los miembros del Concejo celebraron su elección con un aplauso, y la nueva presidenta tomó asiento en la mesa principal para continuar con la agenda de la sesión.
El Partido del Sol anunció la incorporación de Wendy Mora Castro como nueva regidora propietaria en el cantón en sustitución de la anterior regidora María Paula Villareal que renunció como regidora hace algunos días atrás, compromiso que asume con la consigna de fortalecer la participación ciudadana y promover un gobierno local más transparente y sostenible.
Mora Castro es ingeniera en Sistemas y consultora SAP FICO, con amplia experiencia en el sector público y privado. Su trayectoria política incluye ocho años como Concejala de Distrito en Pozos, donde los últimos cuatro se desempeñó como secretaria del Concejo de Distrito.
Además de su labor política, ha estado vinculada al trabajo comunal, sumando seis años de voluntariado en las Guías y Scouts de Santa Ana, en donde ejerció como tesorera en dos ocasiones.
Dentro de sus objetivos como regidora destaca:
Impulsar la participación ciudadana.
Fortalecer el sentido de comunidad.
Trabajar por un cantón más solidario, transparente y sostenible.
Wendy Mora domina los idiomas español, inglés y portugués, y se presenta con el lema: “Compromiso y liderazgo para Santa Ana”.
En sesión extraordinaria número 36-2025, celebrada este jueves 18 de setiembre, el Concejo Municipal aprobó de manera unánime y definitiva el presupuesto ordinario 2026, junto con su respectivo Plan Anual Operativo (PAO) y la proyección plurianual de ingresos y gastos para el período 2026-2029.
El monto aprobado asciende a ₡18.666 millones, con todos sus anexos, cuadros y justificaciones, y será remitido a la Contraloría General de la República para su revisión y aval.
Durante la sesión, se contó con la participación de la directora de Gestión Financiera y Tributaria, María Pérez Angulo, y de la encargada de la parte presupuestaria, Rebeca Vázquez Herrera, quienes aclararon consultas relacionadas con los indicadores de gestión y los procedimientos administrativos vinculados al PAO.
Previo a la votación del presupuesto, el Concejo aprobó de forma unánime una serie de puntos relacionados, entre ellos:
La creación y recalificación de plazas para el 2026.
El estudio de viabilidad financiera de dichas plazas y de los aumentos salariales.
La actualización del manual de puestos.
La proyección plurianual de ingresos y gastos 2026-2029.
El cambio en el organigrama municipal, conforme a la estructura programática solicitada por la Contraloría.
En el transcurso de la sesión también se conocieron dos mociones presentadas por la regidora Debbie Zamora Leitón. La primera proponía la readecuación de la tasa de seguridad municipal ante la no aprobación de plazas para la Policía Municipal; y la segunda, la reasignación de recursos por ₡200 millones para la contratación externa de docentes del EMAI (Escuela Municipal de Artes Integradas). Ambas mociones fueron rechazadas por mayoría.
Finalmente, el presidente municipal, Gonzalo Rojas Rojas, sometió a votación la aprobación definitiva del presupuesto ordinario 2026, que fue avalado de manera unánime, consolidando así el proceso de análisis y discusión iniciado semanas atrás.
En la sesión del Concejo Municipal de este martes, la regidora Debbie Zamora planteó una extensa interpelación dirigida al alcalde Juan José Vargas, solicitando respuestas claras sobre la gestión del director de la Policía Municipal, el Sr. Luis Moncada.
Debbie Zamora expuso una serie de preocupaciones relacionadas con denuncias internas y posibles irregularidades en el cuerpo de la Policía Municipal, las cuales, según indicó, no han sido atendidas con la debida transparencia. Entre los puntos consultados, mencionó si el Sr. Moncada fue suspendido este año por acoso laboral, si existen procesos abiertos en su contra, presuntas filtraciones de exámenes a subalternos para concursos de plazas, el uso ilegal de servicios de cable en la institución y la supuesta eliminación de videos del sistema de monitoreo que podrían comprometer a funcionarios.
Asimismo, cuestionó los procedimientos de contratación de nuevos oficiales, el reglamento de las fuerzas de tarea impulsadas por la jefatura policial y el manejo de las cámaras de videovigilancia en el cantón.
“Este Concejo no puede cumplir de manera efectiva con su deber de fiscalización si se oculta o retiene información de interés público”, señaló Zamora, quien adelantó que remitirá la documentación a la Auditoría Interna para su análisis.
Ante estas consultas, el alcalde confirmó que el año pasado el Sr. Luis Moncada fue sancionado sin goce de salario tras una denuncia por acoso laboral presentada por una funcionaria, pero rechazó otras acusaciones al considerarlas rumores provenientes de redes sociales.
“Lo que ha dicho la señora Debbie hoy aquí son afirmaciones muy serias y deben tener fundamentos claros. Todo lo demás ha salido en redes sociales y cuando uno pide pruebas, no aparecen”, afirmó.
El alcalde también reiteró que la Policía Municipal atraviesa una situación difícil, producto de errores acumulados durante la última década, y recalcó la necesidad de una reestructuración profunda del cuerpo policial. “No tengo ningún compadrazgo con Luis Moncada. Si se equivoca, hay que corregirlo”, agregó Juan José Vargas, quien destacó la experiencia del director, pero insistió en la urgencia de cambios estructurales.
La sesión cerró con la confirmación de que la Auditoría Interna recibirá el caso para dar seguimiento a las denuncias, en medio de un ambiente marcado por la división de criterios y la exigencia de mayor transparencia en el manejo de la Policía Municipal.
Corresponsal
