Regidora del PUSC cuestiona imparcialidad de la presidenta del Concejo Municipal Wendy Mora

Durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal celebrada ayer, la regidora suplente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Sofía Álvarez, realizó una intervención crítica dirigida a la presidenta del Concejo, Wendy Mora, en la que expresó una serie de reflexiones relacionadas con el ejercicio del poder, la transparencia institucional, la conducción de las sesiones y el rol de la mujer en la política.

Álvarez señaló que declaraciones realizadas por la presidenta en las sesiones ordinarias 89 y 90, correspondientes al 13 y 20 de enero, respectivamente, la motivaron a manifestar su preocupación. En su exposición, cuestionó lo que calificó como una falta de transparencia en la comunicación institucional y reprochó comentarios que consideró burlescos hacia su persona, particularmente en relación con su participación en la política y su eventual llegada a cargos de elección.

Como primer eje de su intervención, la regidora suplente hizo referencia al clima de confrontación en la política nacional, al que describió como un “proyecto institucionalizado de odio”, alimentado —según indicó— por la intolerancia y la descalificación de quienes piensan diferente. Afirmó que este fenómeno ha tenido efectos negativos sobre la democracia costarricense.

En un segundo punto, Álvarez se refirió al rol de la presidencia del Concejo Municipal, señalando que dicha función exige imparcialidad, mesura y respeto, más allá de las diferencias políticas. En este contexto, recordó su voto en contra de una moción presentada para crear una comisión especial encargada de la reestructuración de la Policía Municipal, al considerar que el plazo de seis meses propuesto retrasaría respuestas urgentes ante la situación de seguridad que enfrenta el cantón.

Finalmente, la regidora abordó el tema de la participación de la mujer en la política, advirtiendo sobre lo que denominó una utilización indebida del concepto de violencia política. Sostuvo que, tanto hombres como mujeres, deben ser medidos bajo los mismos principios de responsabilidad y coherencia, y señaló que el victimismo, a su criterio, debilita el debate democrático y la institucionalidad.

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Síndicos llaman a la unión y al respeto ante desinformación sobre proyecto vial en Piedades

Durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Santa Ana, celebrada la noche de este martes, los síndicos Marlon Jiménez, del distrito de Piedades, y José Pablo Guadamuz, del distrito de Brasil, realizaron un llamado público a la unión, al respeto y a la responsabilidad en el manejo de la información relacionada con proyectos de interés cantonal, particularmente el proyecto vial en la Ruta 22, en el cruce entre Piedades y Brasil.

En su intervención, Jiménez expresó su preocupación por el tono de los mensajes y ataques que se han difundido recientemente en redes sociales, los cuales —según indicó— desvirtúan el trabajo institucional y generan divisiones innecesarias. El síndico señaló que, más allá de intereses partidarios, lo fundamental es que las obras se concreten en beneficio de las comunidades. “No importa quién haga las cosas, lo importante es que se hagan”, afirmó, al tiempo que instó a dejar de lado la confrontación política y priorizar el bienestar del cantón.

Por su parte, Guadamuz respaldó estas manifestaciones y denunció señalamientos públicos que calificó como irrespetuosos y carentes de fundamento, realizados desde redes sociales por una funcionaria municipal. El síndico defendió su labor y la de su compañero, subrayando que su gestión ha estado marcada por el control político responsable, el apego a la verdad y la documentación de cada trámite realizado en favor de la seguridad vial.

Durante su exposición, Guadamuz detalló una extensa cronología de gestiones relacionadas con el proyecto de la Ruta 22, que se remonta al año 2013, incluyendo oficios, estudios técnicos, audiencias ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y coordinaciones con asociaciones de desarrollo, diputaciones y autoridades municipales. Indicó que el seguimiento continuo al proyecto ha sido una labor colectiva, pero enfatizó su participación constante tanto desde la Asociación de Desarrollo Integral de Brasil de Santa Ana como en su actual rol de síndico.

Asimismo, reconoció el respaldo de distintas fuerzas políticas y el trabajo de la actual Administración Municipal, destacando la disposición del alcalde Juan José Vargas para dar seguimiento al proyecto mediante visitas de campo y coordinaciones interinstitucionales. “Esto no se trata de quién inició el proceso, sino de quién le ha dado seguimiento responsable hasta su concreción”, puntualizó.

En el cierre del debate, se reiteró la importancia de combatir la desinformación, reconocer el trabajo realizado por diferentes actores a lo largo del tiempo y mantener como eje central el bien común, la seguridad vial y el desarrollo del cantón de Santa Ana y zonas aledañas. Las autoridades coincidieron en que la crítica es válida, pero debe ejercerse con respeto y responsabilidad, sin caer en la difamación o el ataque personal.

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Alcalde y regidores acusan a la empresa Tapachula de fallarles a los santaneños

La problemática en el servicio de transporte público que brinda la empresa Tapachula en el cantón de Santa Ana volvió a ocupar la agenda del Concejo Municipal durante la sesión ordinaria de este martes, tras una intervención del regidor Gonzalo Rojas, quien expuso múltiples quejas vecinales por la reducción y supuesta eliminación de rutas, así como por la calidad del servicio.

Rojas señaló que, según denuncias de vecinos del distrito de Pozos, desde el pasado 23 de diciembre se habría eliminado la ruta Santa Ana – Pozos, situación que se ha extendido durante el inicio de este año. El regidor también consultó si existió una renuncia masiva de choferes en diciembre, lo cual estaría afectando la regularidad y eficiencia del servicio de buses en el cantón.

Ante la consulta, la presidenta del Concejo Municipal, Wendy Mora, explicó que previamente se había valorado la posibilidad de convocar a representantes de la empresa Tapachula a una sesión extraordinaria.

Por su parte, el alcalde Juan José Vargas confirmó que la Municipalidad ha recibido varias denuncias similares, no solo en Pozos, sino también en otros sectores como Salitral, donde —según indicó— la ruta ha sido prácticamente eliminada desde hace más de un año. Vargas advirtió que la inestabilidad en los horarios y la reducción de servicios han obligado a muchos vecinos a recurrir a transporte no oficial, con los riesgos que ello implica.

El jerarca municipal también hizo referencia a quejas relacionadas con el mal estado de algunas unidades, incluso aquellas que trasladan estudiantes universitarios hacia la Universidad de Costa Rica, lo cual —dijo— resulta especialmente preocupante. Si bien reconoció que existe un déficit nacional de conductores de transporte público, estimado en unos 2.500 choferes, enfatizó que Tapachula no puede usar esta situación como justificación para incumplir con el servicio.

“El cantón está llegando a un punto de no retorno con esta empresa”, advirtió Vargas, al señalar que la Municipalidad ha sido paciente y respetuosa de la empresa privada, pero que exige unidades en buen estado, conductores respetuosos, cumplimiento de horarios y continuidad en las rutas. De lo contrario, aseguró que se tomarán las acciones correspondientes ante las instancias competentes.

Empresa Tapachula tiene decenas de denuncias ante el CTP por mal servicio y problema con las unidades de transporte público

La empresa concesionaria de la ruta 9 ha venido presentando una serie de quejas por parte de los usuarios ante el CTP por problemas en las unidades o mal servicio. Vecinos de Escazú y Santa Ana han venido presentando su disconformidad por el servicio que ofrece esta empresa.

En el año 2019 un grupo de vecinos de ambos cantones habian creado un grupo de lucha denominado «Comité Fiscalizador del Transporte Público de ruta 9», donde tuvieron varias reuniones en los concejos municipales de ambos cantones asi como ante el MOPT para buscar una solución pero ante la falta de apoyo de los vecinos, se dejaron de asistir a las reuniones y este grupo finalmente se desintegró.

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Gobierno Local aclara en el Concejo alcances del censo de basura y nuevas tarifas para el 2026

Durante la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, realizada el pasado jueves 15 de enero, se desarrolló una extensa audiencia con la Licda. María Pérez Angulo, directora de Gestión Financiera y Tributaria de la Municipalidad, con el objetivo de aclarar dudas relacionadas con el censo de desechos sólidos, la aplicación de nuevas tarifas y el contrato vigente para el tratamiento y disposición final de la basura.

La funcionaria explicó que las nuevas tarifas por recolección y tratamiento de residuos se encuentran vigentes desde el 1.º de enero de 2026, tras haber sido aprobadas por el Concejo Municipal y publicadas en La Gaceta el 31 de julio de 2025. Asimismo, detalló que, desde el 1.º de diciembre de 2025, los desechos recolectados en el cantón se trasladan al sitio de transferencia en La Carpio, donde reciben tratamiento previo antes de su disposición final en Limón, lo que justifica el incremento en el costo del servicio.

En cuanto al contrato con la empresa EVI, Pérez Angulo indicó que el aumento tarifario comenzó a aplicarse a partir de la primera tonelada tratada en diciembre de 2025, luego de obtener la autorización del Ministerio de Salud para trasladar los residuos fuera del cantón.

Uno de los puntos más discutidos fue el censo de basura residencial, mediante el cual la municipalidad identificó aproximadamente 5.000 unidades habitacionales que no estaban registradas ni pagaban el servicio, pese a recibirlo. La directora fue enfática en señalar que este proceso no constituye un aumento del servicio, sino una medida para visibilizar evasores y promover justicia tributaria, de modo que la carga no recaiga únicamente sobre quienes sí cumplían con el pago.

Según explicó, el censo se realizó utilizando fotografías aéreas, información catastral, bases de datos municipales e inspecciones en campo. En los casos donde no se permitió el ingreso a las propiedades, se recurrió a indicadores externos como la cantidad de medidores eléctricos y estructuras visibles, dejando abierta la posibilidad de rectificación mediante solicitud de inspección. De las 5.000 nuevas unidades registradas, únicamente 106 propietarios han solicitado revisión, lo que representa un margen mínimo de reclamos.

Respecto al impacto financiero, Pérez Zángulo aclaró que los superávits de un servicio no pueden utilizarse para financiar otros, ya que por ley cada tasa debe ser autosuficiente. Cualquier superávit generado en 2025 se reflejaría eventualmente en la tarifa de 2027, una vez calculada con base en la ejecución real del período anterior. Además, señaló que la incorporación de estas nuevas unidades habitacionales podría reducir la carga tarifaria en años futuros, al distribuir el costo entre más contribuyentes.

Durante la audiencia, también se abordaron inquietudes sobre la comunicación del aumento a la población. La funcionaria sostuvo que, al tratarse de una tasa obligatoria, la publicación en La Gaceta constituye la notificación legal válida, además de que el tema fue discutido en sesiones públicas, audiencias y comisiones desde mayo de 2025.

Finalmente, se reiteró que los adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad cuentan con mecanismos legales de exoneración, siempre que realicen el trámite correspondiente ante la municipalidad, donde se brinda acompañamiento a quienes tengan dificultades para gestionar los procesos administrativos.

La sesión evidenció un amplio intercambio de criterios entre regidores y administración, así como la preocupación del Concejo por garantizar transparencia, equidad tributaria y claridad hacia la ciudadanía en la aplicación del nuevo esquema tarifario del servicio de recolección de residuos.

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Diferencias entre partidos del PUSC y el SOL por nombramiento de asesora Marianela Lobo

El nombramiento de asesores del Concejo Municipal de Santa Ana provocó una diferencia política y jurídica durante la sesión celebrada este martes, especialmente por la designación de la señora Marianela Lobo Cabezas como asesora del Partido del Sol, lo que generó la molestia y oposición de los regidores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La discusión se dio tras la presentación de una moción por parte del regidor Roberto Spesny, quien solicitó formalmente que el alcalde acoja las solicitudes de nombramiento de asesores presentadas por las distintas jefaturas de fracción, con carácter retroactivo al 2 de enero de 2026. Además, la moción plantea elevar una consulta a la Procuraduría General de la República para definir con claridad a cuál órgano corresponde legalmente realizar dichos nombramientos.

Durante el análisis del fondo, varios regidores como Danny Ureña mencionaron en que los asesores son puestos de confianza política y que, según el manual de puestos vigente, la supervisión directa recae en las jefaturas de fracción y no en el Concejo Municipal en pleno. No obstante, surgieron interpretaciones encontradas sobre si el acto administrativo del nombramiento corresponde al Concejo o a la Administración Municipal.

La fracción del PUSC, representada por los regidores Gonzalo Rojas y Cinthia Chávez, manifestó su desacuerdo específicamente con el nombramiento de la señora Marianela Lobo Cabezas, argumentando dudas sobre el apego al principio de legalidad, inconsistencias en el procedimiento y la necesidad de contar con mayor claridad jurídica antes de aprobar su designación. Ambos regidores insistieron en que no se trata de un ataque político, sino de una obligación como funcionarios públicos de garantizar el uso correcto de los fondos municipales.

“Ante la duda, no podemos incurrir en un posible error”, señalaron, indicando que estarían dispuestos a avalar el nombramiento de otros asesores que cumplen con el perfil legal, pero no el de la asesora del Partido del Sol hasta contar con un criterio definitivo.

Por su parte, el regidor Esteban Blanco, del Partido del Sol, calificó la oposición como un “ataque directo” contra su fracción y defendió la legalidad del nombramiento, asegurando que existe respaldo previo del Concejo para las plazas de asesores y que el perfil no se limita exclusivamente a profesionales en Derecho.

Tras un extenso intercambio de argumentos, la moción fue finalmente aprobada con cinco votos a favor y dos en contra, estos últimos correspondientes a los regidores del PUSC. El acuerdo solicita al alcalde proceder con los trámites administrativos y avanzar con la consulta ante la Procuraduría, con el fin de despejar cualquier eventual nulidad y establecer un criterio definitivo sobre el procedimiento de nombramiento de asesores.

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Cobro por recolección de residuos provoca roce entre presidenta del Concejo y el Alcalde

La sesión ordinaria del Concejo Municipal, celebrada la noche del martes 13 de enero, estuvo marcada por un extenso y tenso intercambio entre la presidenta del Concejo Municipal, Wendy Mora, y el alcalde, Juan José Vargas, en torno al aumento en la tarifa del servicio de recolección de residuos para el año 2026.

Durante el artículo número 3, asuntos de trámite urgente de la Presidencia, la regidora y presidenta del Concejo interpeló formalmente al alcalde ante las múltiples quejas ciudadanas surgidas en las últimas semanas, especialmente en redes sociales y en las oficinas municipales, por un incremento cercano al 46% en el cobro del servicio de basura, calificado por vecinos como excesivo y poco claro.

Mora planteó una serie de diez preguntas dirigidas a la Administración Municipal, solicitando aclaraciones sobre la vigencia de las nuevas tarifas, el momento en que la Municipalidad empezó a pagar el aumento a la empresa encargada del servicio, el destino del presupuesto no ejecutado en 2025 para saneamiento ambiental, así como la posibilidad de utilizar el superávit para mitigar el impacto económico del nuevo contrato.

Asimismo, cuestionó la falta de comunicación oportuna a la población sobre los aumentos, el nuevo contrato y su entrada en vigencia, señalando que el anuncio oficial se dio hasta inicios de enero y de forma confusa, al mencionar un incremento del 300% en costos y un traslado parcial del 46 % a los contribuyentes. También solicitó explicaciones detalladas sobre el censo de basura residencial, el cual ha derivado en cobros múltiples a una misma propiedad, afectando —según indicó— a familias de bajos ingresos, adultos mayores y pequeños productores del cantón.

En su respuesta, el alcalde Juan José Vargas defendió las decisiones adoptadas por la Administración y recordó que el Concejo Municipal aprobó en julio de 2025 las tasas de servicios municipales para 2026, incluyendo el ajuste en la recolección de residuos, el cual pasó de ₡5.000 a ₡7.360 mensuales. Vargas atribuyó el aumento a los cambios en la normativa nacional del Ministerio de Salud sobre la gestión regionalizada de residuos, lo que obligó al traslado de la basura hasta el relleno sanitario El Tomatal, en Limón, elevando el costo por tonelada de ₡15.000 a ₡43.500.

El jerarca municipal afirmó que, pese a que el incremento real en los costos ronda entre un 500% y 600%, el gobierno local decidió aplicar solo un 46 % al usuario final para amortiguar el impacto económico. Además, señaló que el censo de residuos fue aprobado por el Concejo y permitió identificar evasión en el pago del servicio, especialmente en propiedades con múltiples unidades habitacionales que cancelaban una sola tarifa.

El intercambio subió de tono cuando el alcalde cuestionó la línea del control político ejercido por la presidenta del Concejo, calificando algunas de sus observaciones como apreciaciones subjetivas, mientras que Mora respondió que su intervención buscaba dar claridad a la ciudadanía, no a nivel personal, ante la creciente preocupación reflejada en consultas masivas y filas en la municipalidad.

Otros regidores, como Esteban Blanco, intervinieron para respaldar la necesidad de un comunicado oficial más claro, que permita a los contribuyentes comprender el origen de los cobros y los mecanismos de revisión disponibles.

La sesión dejó en evidencia el malestar ciudadano por las nuevas tarifas, la complejidad del contexto nacional en materia de residuos sólidos y la urgencia de mejorar la comunicación institucional. El alcalde anunció que responderá por escrito, punto por punto, el documento presentado por la Presidencia del Concejo, mientras que desde el órgano deliberativo se insistió en que la información debe llegar de forma clara y accesible a toda la población de Santa Ana.

Molestia de vecinos por cobros de basuras en los inmuebles

Algunos vecinos han venido manifestando en las redes sociales su molestia ya que algunas familias mencionan que el incremento en las basuras ha sido de manera exagerada, y que no se ajustan a la realidad. Ellos le achacan al censo realizado recientemente por el Gobierno Local donde algunos mencionan que estos cambios más bien vienen a empobrecer más a los vecinos del cantón.

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Concejo Municipal abre el 2026 con consulta a la Procuraduría sobre espacio en salón de sesiones

El Concejo Municipal de Santa Ana celebró este martes 6 de enero su primera sesión extraordinaria del año 2026, correspondiente a la sesión número 88.

Uno de los temas centrales de la noche se abordó en el apartado de asuntos urgentes de la presidencia, con la recepción del oficio 101-2026 del Partido Unidad Social Cristiana, relacionado con el trámite de nombramiento del señor Audrys Esquivel Jiménez para el periodo 2026 como asesor del Partido Unidad Social Cristiana, el cual fue trasladado a la Alcaldía para lo correspondiente.

En el apartado de correspondencia, el Concejo conoció y aprobó una moción para elevar una consulta formal a la Procuraduría General de la República sobre el uso, administración y destino de las oficinas y cubículos ubicados dentro del recinto del salón de sesiones municipales. La propuesta, respaldada por criterios jurídicos de asesores de fracción, plantea seis interrogantes relacionadas con la competencia del Concejo sobre dichos espacios, la autonomía funcional del órgano deliberativo y la eventual reasignación de oficinas ocupadas por dependencias administrativas.

La moción fue aprobada por unanimidad en sus tres etapas —dispensa de trámite, fondo y firmeza— tras un espacio de discusión en el que el alcalde Juan José Vargas Fallas respaldó la iniciativa, destacando su importancia para brindar claridad jurídica no solo a Santa Ana, sino también a otras municipalidades que enfrentan situaciones similares.

El síndico del distrito de Pozos, Mauricio Agüero, expuso varias preocupaciones comunitarias, entre ellas una consulta ciudadana sobre el futuro del parque de Pozos, problemas viales en Calle El Tajo ante la cercanía de la época lluviosa y la necesidad de ejecutar proyectos pendientes como techados comunales, mejoras en Azobosques y la donación de terrenos para uso municipal.

La sesión también estuvo marcada por mensajes de reconocimiento y solidaridad. El alcalde felicitó al equipo de prensa municipal por la elaboración del calendario institucional 2026 y expresó su pésame por el fallecimiento de don Vito Castro, figura ampliamente reconocida en el cantón, sentimiento que fue compartido por varios miembros del Concejo y que se extendió a su familia.

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Concejo Municipal cierra el año con palabras de unión y respeto para el 2026

El Concejo Municipal celebró este lunes la sesión ordinaria número 87, última del año 2025, que marcó un cierre cargado de reflexiones, llamados al respeto institucional y mensajes de esperanza de cara al 2026.

Uno de los momentos relevantes de la noche se dio cuando la presidenta del Concejo Municipal, Wendy Mora, leyó una comunicación dirigida al alcalde Juan José Vargas, solicitándole públicamente retractarse o reformular declaraciones recientes en las que calificó al régimen municipal como “un pozo de corrupción”.

La presidenta enfatizó que dichas expresiones generalizan y afectan la honra de funcionarios, regidores, síndicos, colaboradores y sus familias, y recordó que, de existir denuncias concretas, estas deben presentarse por las vías correspondientes y con las pruebas respectivas.

Además regidores de distintas fracciones coincidieron en reiterar su compromiso con el trabajo transparente, el diálogo, la unidad y el bienestar del cantón, dejando de lado diferencias políticas para priorizar el interés común. Los mensajes incluyeron deseos de paz, salud y prosperidad para las familias santaneñas, así como reconocimiento a la labor diaria de los funcionarios municipales.

La sesión cerró con un emotivo mensaje de la presidenta del Concejo, quien expresó su solidaridad con la familia del niño Emiliano Escalante Ramírez, vecino de Santa Ana fallecido en un accidente el pasado 25 de diciembre, y deseó que el nuevo año traiga mayor seguridad y unión para las familias del cantón.

A las 7:34 p. m., se dio por clausurada oficialmente la última sesión del Concejo Municipal de Santa Ana del año 2025, dejando abierta la expectativa de un 2026 marcado por el trabajo conjunto, el respeto institucional y el compromiso con la comunidad.

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Concejo Municipal aborda conflicto entre feria del agricultor y fiestas populares por carruseles

El Concejo Municipal abordó este martes el conflicto surgido entre la feria del agricultor, organizada por el Centro Agrícola Cantonal de Santa Ana todos los domingos, y la instalación de juegos mecánicos como parte de los festejos populares organizados por la Fundación GAD y un empresario.

La discusión se dio en el marco de una visita de representantes del Centro Agrícola, quienes expusieron las dificultades enfrentadas el pasado fin de semana debido a la colocación de carruseles y estructuras en calles tradicionalmente destinadas a la feria dominical.

El alcalde Juan José Vargas señaló que desde la aprobación de los festejos se tenía claro que se trataba de un modelo distinto al de años anteriores, al estar a cargo de una fundación y no de una comisión municipal. Reconoció que hubo confusión en el proceso de planificación, especialmente por la presentación de mapas y propuestas distintas para el uso de las calles, lo que generó traslapes entre ambas actividades.

El alcalde destacó el papel de la vicealcaldesa Marielos Rivera —quien actuó como mediadora— en el diálogo con los organizadores de las fiestas populares y representantes de la feria, incluido el sector religioso, con el fin de resolver el conflicto sin afectar la realización de las eucaristías ni la actividad agrícola.

El alcalde subrayó la sensibilidad de la situación para los agricultores, quienes preparan con antelación sus productos y logística, y reiteró que el acuerdo del Concejo debe cumplirse, garantizando que para el próximo domingo el espacio esté libre para la feria, tal como fue determinado.

Por su parte, don Edgar Delgado, representante del Centro Agrícola Cantonal, explicó que la feria dominical está plenamente posicionada y que su traslado a otro día o lugar no resulta viable por razones económicas y logísticas. Señaló que no hubo intención de confrontación, pero sí preocupación por el incumplimiento de acuerdos previos y por el impacto que las estructuras y juegos mecánicos generan tanto en los agricultores como en comercios y vecinos de la zona.

Durante la sesión, varios regidores manifestaron su inquietud por el aparente incumplimiento del acuerdo municipal, señalando que no basta con girar instrucciones, sino que debe garantizarse su ejecución. Otros destacaron la importancia del diálogo y la mediación como mecanismos para resolver conflictos cuando surgen imprevistos, aunque coincidieron en que los acuerdos del Concejo deben respetarse y comunicarse oportunamente.

También se abordaron temas adicionales derivados de los festejos, como el ruido en horas nocturnas y las afectaciones a vecinos del casco central. El alcalde indicó que estos aspectos han sido remitidos al Ministerio de Salud, entidad competente para medir niveles de ruido y aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

La sesión concluyó con el compromiso de las autoridades municipales de asegurar que la Feria del Agricultor se realice en el espacio que históricamente le corresponde, así como de tomar en cuenta las lecciones aprendidas para futuros eventos de gran magnitud, reforzando la planificación, la coordinación previa y el respeto a los acuerdos municipales.

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Concejo Municipal corrige error histórico y avala pago a trabajadores tras sentencia de la Sala II

En una sesión marcada por inhibiciones, posicionamientos políticos y un extenso análisis del proceso judicial que por más de 14 años acompañó a los funcionarios municipales, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la modificación presupuestaria necesaria para cancelar el 2% correspondiente a la inflación acumulada, según lo establecido en la resolución 2025-0024-56.

La sesión contó con la presencia del sindicalista Albino Vargas, secretario general de la ANEP, quien fue recibido por el presidente municipal de turno, Gonzalo Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Varios regidores debieron inhibirse debido a posibles conflictos de interés, por lo que el presidente debió detallar quiénes quedarían habilitados para la discusión y votación del punto.


Una intervención centrada en el respeto al orden constitucional y laboral

Durante su comparecencia, Albino Vargas recordó la relevancia histórica y jurídica del fallo que obliga al gobierno local a cancelar la deuda salarial. Explicó que el conflicto se originó cuando un acuerdo obrero-patronal del 2010 —que elevaba del 2% al 4% el reconocimiento anual de la convención colectiva— fue modificado de forma unilateral.

“No se puede culpar a la clase trabajadora por este resultado; lo que existió fue una ruptura injustificada de un acuerdo convencional que, conforme a la Constitución de 1949, tiene carácter de ley entre partes”, señaló Albino Vargas.

El sindicalista también destacó que el caso escaló hasta la Sala Segunda, máximo órgano en materia laboral, que terminó por confirmar que la municipalidad mantenía una deuda real con sus trabajadores.

Aprovechó además para referirse al contexto político nacional y la importancia de proteger el Estado de Derecho:

“Algunos quieren volarse el orden constitucional, pero este país sigue siendo fuerte. La sentencia es una reafirmación de la vigencia de las convenciones colectivas como derecho humano fundamental”.

Tras la exposición de Vargas, la fracción del PUSC realizó una intervención oficial en la que reafirmó su compromiso con el respeto a la ley, la seguridad jurídica y la defensa de los derechos laborales.

El presidente del Concejo, Gonzalo Rojas, enfatizó:

“La sentencia no solo representa un acto de justicia; también es un recordatorio del valor de los funcionarios que sostienen el servicio público. Nuestro partido apoya la modificación presupuestaria 05-2025 porque creemos en la correcta administración y en la transparencia”.

El alcalde Juan José Vargas: “Hoy Santa Ana hace historia”

El alcalde Juan José Vargas también dirigió un mensaje contundente, celebrando la presencia del líder sindical y aclarando versiones falsas que, según dijo, circularon días atrás entre funcionarios.

El jerarca agradeció la labor de las funcionarias municipales María Pérez y Rebeca Vázquez, representantes de la seccional de ANEP, por su trabajo técnico durante el proceso.

“Desde que llegó la sentencia lo dije: hay que pagar, y hay que pagar este año. No somos irresponsables; actuamos cuando correspondía jurídicamente”, afirmó.

Asimismo, defendió el rol del sindicalismo y la labor del propio Albino Vargas:

“Albino es un hombre que recorre el país defendiendo a los trabajadores. Aunque algunos lo critiquen, yo lo apoyo porque tiene pasión y convicción”.

El alcalde también hizo un llamado a la honradez y al compromiso institucional de los trabajadores municipales:

“Que esta camiseta sea un orgullo. Hoy estamos corrigiendo un error histórico”.

Aprobación unánime y mensaje final

Tras la discusión, el Concejo Municipal procedió a votar el fondo de la moción, aprobándola por unanimidad tanto en firme como en definitivo.

La decisión permitirá cancelar este mismo año los montos adeudados a los funcionarios desde el 2014, consolidando un precedente relevante para las municipalidades del país. El monto a cancelar a los trabajadores municipales ronda aproximadamente unos 7 mil millones de colones.

Antes de cerrar la sesión, el presidente del Concejo destacó:

“Santa Ana está haciendo historia. Somos respetuosos de las sentencias judiciales y hoy damos un ejemplo nacional”.

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