En medio de la creciente crisis nacional por la gestión de residuos sólidos, alcaldes de 14 municipalidades del Gran Área Metropolitana (GAM) alzaron la voz contra el decreto impulsado por la ministra de Salud, Mari Munibe, que busca obligar a los gobiernos locales a asumir de inmediato nuevas responsabilidades en el manejo de la basura.
El tema fue analizado en el programa Matices de Radio Monumental con el director del programa Randall Rivera, donde participaron los alcaldes de Montes de Oca, Domingo Argüello y Juan José Vargas, alcalde del cantón de Santa Ana. Ambos coincidieron en que, aunque las municipalidades deben comprometerse con la gestión integral de residuos, el decreto coloca a las alcaldías “contra la pared” al imponer plazos y condiciones que califican como inviables.
Juan José Vargas recordó que el problema no es reciente, sino heredado:
“Prácticamente los que estamos ahora en las alcaldías hemos heredado una ineficiencia de 20 años atrás. La población en Santa Ana crece en mil personas por año, ya tenemos más de 63 mil habitantes y seguimos con los mismos mecanismos de recolección”, señaló.
El alcalde de nuestro cantón explicó que actualmente el cantón genera entre 78 y 80 toneladas de basura diarias (unas 24 mil toneladas al año), y que el costo por tonelada de recolección pasará de ₡15.000 en 2019 a ₡43.500 a partir de abril del 2026, un aumento que obliga a la municipalidad a ajustar tasas y buscar soluciones más sostenibles.
Entre las acciones locales destacó la ampliación del centro de acopio, proyectos de compostaje en la comunidad y la posibilidad de instalar una planta de tratamiento en un terreno de tres hectáreas en Santa Ana, con apoyo de empresarios internacionales. Sin embargo, Vargas insistió en que la implementación de plantas de este tipo requiere al menos de uno a dos años, no ocho meses como plantea el decreto.
“Nosotros estamos trabajando, pero pedimos diálogo. Este no es solo un problema municipal, es un problema país. La rectoría la tiene el Ministerio de Salud, y necesitamos que se siente con nosotros para definir soluciones reales”, enfatizó el alcalde.
Los alcaldes solicitan una moratoria de dos años para la aplicación del decreto, tiempo que consideran necesario para desarrollar alternativas técnicas y financieras que permitan atender la crisis sin poner en riesgo la salud pública ni el funcionamiento municipal.
Vargas advirtió que, si no se alcanza un acuerdo antes de abril, Santa Ana podría enfrentar un escenario crítico:
“Si no tenemos un convenio para el traslado de los residuos, simplemente no tendremos dónde dejar la basura”.
Mientras tanto, las autoridades locales aseguran que continuarán impulsando programas de educación ambiental, reciclaje y compostaje para reducir la cantidad de residuos enviados a rellenos sanitarios, al tiempo que mantienen abiertos los canales de negociación con el Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo.
Puede observar el video del programa Matices, en el siguiente enlace:
Esta mañana mediante un video como es habitual, el alcalde Juan José Vargas destacó que durante la última semana, la Municipalidad de Santa Ana ejecutó diversas labores de mantenimiento vial, coordinación de obras y atención de reportes vecinales en distintos distritos del cantón.
Entre las acciones más relevantes destacan los trabajos de asfaltado y perfilado en sectores como Río Oro, Lindora, Bosques de Santa Ana, Alto de las Palomas, Piedades, Brasil, Quintas Don Lalo y Real de Pereira. En el caso del EMAI, cuadrillas municipales realizaron labores específicas de mejoramiento en las vías de acceso.
Asimismo, se informó que en coordinación con el Conavi se atendieron accesos a viviendas cercanas a Plaza Coros, con el fin de garantizar que los vecinos no se vieran afectados por la intervención en la zona.
Otro de los puntos de atención fue la inspección y toma de decisiones respecto a tuberías del AyA que se encuentran muy superficiales, con el objetivo de prevenir daños durante las obras. Además, se recibieron reportes ciudadanos sobre problemas de inundaciones de aguas negras, los cuales ya están siendo abordados por el equipo municipal.
En el sector del INVU, se inició con el trabajo en las aceras de la cancha, mientras que en la calle Los Gavilanes se resolvió un problema en la salida hacia la zona de la agencia Land Rover, con planes de asfaltar el acceso próximamente.
La municipalidad destacó que estas labores buscan no solo atender las necesidades inmediatas, sino también recuperar calles que han estado sin inversión durante años, avanzando en un plan integral de mejora de infraestructura cantonal.
Puede ver el video municipal en el siguiente enlace:
El Concejo Municipal de Santa Ana rechazó este martes 2 de septiembre el veto interpuesto por el alcalde Juan José Vargas Fallas contra el acuerdo número 28 de la sesión ordinaria celebrada el pasado 19 de agosto, relacionado con la anulación del aumento en las tasas de servicios municipales para el periodo fiscal 2026.
La discusión se dio en la sesión ordinaria número 70-2025, en la cual el presidente del Concejo sometió a votación la propuesta de acoger el veto. La moción fue rechazada con mayoría de votos: solamente la regidora Cintia Chávez Robles y el presidente Gonzalo Rojas del PUSC lo apoyaron, mientras que cinco regidores votaron en contra, entre ellos Danny Ureña del Republicano, Esteban Blanco Herrera y Roberto Spesny del Sol y finalmente José Roberto Castro y Milena Ablen del PLN.
Con este resultado, el veto será elevado al Tribunal Contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 167 del Código Municipal.
Durante la sesión, el regidor José Roberto Castro (PLN) justificó el voto negativo y lamentó la decisión del alcalde de frenar el acuerdo del Concejo.
“El señor alcalde presentó este veto sin escuchar al pueblo de Santa Ana. Se perdió la oportunidad de plantear propuestas más justas y mesuradas para los contribuyentes”, expresó.
Por su parte, el regidor Esteban Blanco señaló que se debe dejar en actas una resolución detallada de rechazo al veto, argumentando que los aumentos aprobados en julio carecen de motivación técnica suficiente y lesionan principios de legalidad y proporcionalidad en materia tributaria.
En el documento de justificación, los regidores que promovieron el rechazo sostienen que el acuerdo aprobado en julio fijaba incrementos de hasta un 46% en las tasas, cuando originalmente se planteaba un 36%, sin contar con el debido respaldo técnico. También se cuestiona la falta de transparencia en el procedimiento, la ausencia de documentación completa y la afectación directa a los santaneños con mayores cargas económicas.
El alcalde, en su veto, había alegado nulidades tanto de forma como de fondo, defendiendo que el acuerdo de julio estaba debidamente sustentado y que los aumentos respondían al principio de costo efectivo. Sin embargo, la mayoría de regidores consideró que la ausencia de motivación constituía un vicio de nulidad.
Ahora será el Tribunal Contencioso Administrativo el que resuelva el futuro de las tasas municipales para el periodo 2026, en un proceso que definirá si se mantiene o se anula el incremento aprobado en la sesión extraordinaria número 32 del pasado 17 de julio.
El alcalde, Juan José Vargas, se dirigió este miércoles a la ciudadanía para explicar las razones detrás del reciente ajuste en las tasas municipales de recolección de basura y seguridad ciudadana, decisión que generó debate en el Concejo Municipal.
Según el alcalde, el incremento responde a la necesidad de garantizar la continuidad de dos servicios esenciales para la comunidad. En el caso de la recolección de residuos, el jerarca advirtió que los costos de transporte y disposición final han aumentado drásticamente, pasando de ¢17.500 a ¢43.500 por tonelada. De no realizarse el ajuste, dijo, en pocos meses el cantón enfrentaría una crisis ambiental y de salud pública.
“Si no ajustamos las tasas, no tendremos dónde disponer la basura del cantón, lo que generaría contaminación, proliferación de plagas y graves riesgos para la salud de la población”, afirmó.
Sobre la seguridad, Vargas reconoció que la Policía Municipal no cuenta con los recursos suficientes para atender todas las necesidades del territorio. Explicó que con el incremento se busca financiar más patrullas, cámaras de vigilancia, capacitación para funcionarios y mayor presencia policial en barrios afectados por la inseguridad y el problema de las drogas.
El alcalde cuestionó que algunos sectores políticos promovieran, según dijo, un cambio de posición del Partido del Sol tras haber votado inicialmente a favor de las medidas junto al PUSC. Finalmente, el Partido Liberación Nacional y el Partido Republicano se manifestaron en contra de los aumentos.
“Mis decisiones no son politiqueras ni populistas, son por el bien del cantón”, enfatizó el alcalde, al señalar que entiende la preocupación de los vecinos, pero considera que el ajuste es “una necesidad urgente” para proteger la salud y la seguridad de la población.
Santa Ana vive un clima de tensión entre autoridades y vecinos, luego de que el Concejo Municipal aprobara un significativo aumento en las tasas de servicios municipales que empezaría a regir en el 2026.
La noche de ayer, mientras se desarrollaba la sesión del Concejo, alrededor de aproximadamente unos 100 santaneños se concentraron en la entrada del edificio municipal para manifestar su indignación. Los vecinos reclamaron a regidores y al alcalde que salieran a dar explicaciones, pero esto nunca ocurrió.
Entre los principales señalamientos está el alza del 46% en la tasa de recolección y disposición de desechos sólidos, así como la creación de nuevos cobros que antes no existían: ¢0,94 por cada ¢100.000 del valor de la propiedad para el servicio de Policía y ¢0,19 para mantenimiento de Parques y Zonas Verdes.
Algunos manifestantes expresaron que el aumento es “confiscatorio” y que, de seguir así, “en pocos años no se podrá comer por tener que pagar impuestos”. También cuestionaron que la municipalidad recurra constantemente a aumentar cargas en lugar de buscar alternativas para generar ingresos propios.
La inconformidad no quedó solo en las calles. Los ciudadanos Marcelo Vargas Lobo y Ana Virginia Esquirrel presentaron recursos extraordinarios de revisión contra el “Acuerdo Número 02, Artículo III” de la sesión extraordinaria N.º 32-2025, celebrada el 17 de julio. Alegan que el procedimiento tuvo vicios que provocan “nulidad absoluta, evidente y manifiesta”, amparándose en el Artículo 166 del Código Municipal.
Los documentos, entregados el 8 y 11 de agosto, obligan al Concejo Municipal a revisar su decisión y resolver sobre la validez de los argumentos vecinales.
Mientras se espera una resolución oficial y según manifestó el asesor del Concejo Municipal el Sr. Jorge Sánchez del Partido Republicano, esto supuestamente se conocerá en una comisión el próximo jueves, el aumento en los impuestos municipales promete seguir en el centro del debate político local, con una ciudadanía cada vez más activa y crítica de las decisiones que afectan su economía.
El alcalde de Santa Ana, Juan José Vargas, se dirigió ayer viernes en horas de la noche a la comunidad para desmentir lo que calificó como “otra mentira” sobre la gestión municipal y, en particular, sobre el futuro del Escuela Municipal de Artes Integradas (EMAI).
Vargas explicó que la auditoría interna de la Municipalidad ha emitido informes desde años atrás señalando deficiencias administrativas y de evaluación dentro del EMAI. Según el más reciente reporte, la institución no podría seguir recibiendo fondos públicos en su condición actual para el año 2026, por lo que la administración municipal está obligada a buscar nuevos modelos de gestión.
“Hay muchas quejas de niños, jóvenes y vecinos que no logran ingresar al EMAI o que no reciben becas, así como de otros problemas que debemos vigilar”, indicó el alcalde.
Ante esta situación, la Municipalidad elaboró un estudio y presentó tres posibles soluciones al Concejo Municipal. Una de las propuestas contempla que la malla curricular sea administrada por una institución de educación superior acreditada como la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) o la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) con el fin de que los estudiantes obtengan títulos con reconocimiento académico oficial.
Vargas recalcó que el cuerpo docente del EMAI, al que calificó como “de altísima calidad”, se mantendría en sus puestos, mientras que la administración general continuaría bajo la Municipalidad. La asociación actual seguiría teniendo un rol importante, aunque sin manejar fondos públicos, tal como lo exige la auditoría.
“El EMAI no se cierra. Lo vamos a fortalecer y mejorar para bien de todos los santanecos”, afirmó el alcalde, instando a la ciudadanía a no dejarse llevar por rumores.
El alcalde, Juan José Vargas, se dirigió este lunes por la tarde al cantón para aclarar los recientes comentarios en redes sociales sobre el incremento en varias tasas municipales, calificando algunos de ellos como “malintencionados y desinformados”.
Según explicó el alcalde, los ajustes aprobados corresponden a los servicios de recolección de basura, seguridad y mantenimiento de parques, y responden a necesidades reales del cantón y a situaciones nacionales que afectan a todas las municipalidades.
En cuanto al servicio de recolección de desechos, Vargas indicó que el aumento de ¢2.320 por mes para disposición residencial se debe al alza en el costo por tonelada de basura, que pasará de ¢15.184 a ¢43.500, un incremento de más del 280%. El cambio obedece al cierre de rellenos en la Gran Área Metropolitana, lo que obligará a trasladar los residuos hasta la provincia de Limón.
Sobre el servicio de policía municipal, el alcalde detalló que el ajuste permitirá la creación de 14 plazas, la mayoría operativas, para reforzar patrullajes, prevención y control de tránsito. El impacto económico para los contribuyentes será de ¢0,94 por cada ¢100.000 del valor de la propiedad, lo que en un bien de 20 millones de colones representa ¢184,94 mensuales.
En el caso de mantenimiento de parques, el aumento será de ¢0,13 por cada ¢100.000 del valor del inmueble, equivalente a ¢25,17 mensuales para una propiedad de 20 millones. Vargas explicó que estos recursos son necesarios para atender la creciente cantidad de zonas verdes y mejorar el equipo de mantenimiento.
El alcalde enfatizó que todos los ajustes se realizaron con estudios técnicos y financieros, analizados por la Comisión de Hacienda y aprobados en el Concejo Municipal, con el respaldo de regidores de varias fracciones.
Finalmente, Vargas rechazó categóricamente la desinformación en redes sociales y aseguró que la administración trabaja con claridad, transparencia y responsabilidad, con el objetivo de mejorar los servicios municipales, reforzar la seguridad y mantener el orden en el cantón.
Puede ver el video del alcalde en el siguiente enlace:
El día de ayer en la sesión del Concejo Municipal en una sesión bastante extensa para ver el tema de la Policía Municipal, se invitó al Sr. Luis Moncada, quien es el Director de este cuerpo policial para exponer un modelo que cambiaría la estructura actual de la Policía Municipal a un modelo más profesional y capacitado.
En su intervención el Sr. Luis Moncada mencionó que es muy importante transformar el cuerpo policial, además de dotarlo de más equipo e implementar la instalación de más cámaras de vigilancia con inteligencia artificial, por otra parte el alcalde Juan José Vargas indicó en su intervención que hay sectores del cantón muy peligrosos donde según él, la policía municipal está en peligro si llegase a intervenir algún incidente en ese sector.
A través del alcalde se presentó una propuesta al Concejo Municipal de reestructuración de su Policía Municipal y sistema de vigilancia, con el objetivo de enfrentar los crecientes desafíos de seguridad ciudadana en el cantón. La propuesta busca transformar el actual Proceso de Seguridad y Vigilancia Comunal en un nuevo Departamento de Gestión de Seguridad y Vigilancia Cantonal-Vial, con una estructura más moderna, eficiente y jerárquicamente clara.
La iniciativa surge en respuesta a un aumento del 11,07% en los incidentes atendidos entre 2023 y 2024, y en un contexto donde el cantón muestra una contradicción preocupante: a pesar de tener un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,885 —uno de los más altos del país— su Índice de Seguridad Personal (ISP) es apenas de 0,795, lo que refleja una baja percepción y experiencia de seguridad en la comunidad.
Según el informe, esta discrepancia entre desarrollo y seguridad ha generado un fenómeno de migración del crimen desde cantones vecinos como Escazú y Belén, con mejor ISP, hacia Santa Ana, elevando así la presión sobre el sistema local de vigilancia.
Una nueva estructura para una nueva realidad
La propuesta incluye la creación de un director de seguridad, figura que lideraría una organización dividida por procesos estratégicos: prevención policial, seguridad vial, video protección y vigilancia municipal. Esta división estará a cargo de nuevos perfiles denominados «encargados», quienes, junto a supervisores de escuadra y personal técnico-operativo, fortalecerán la cadena de mando y la rendición de cuentas.
Se introducen también perfiles innovadores, como el policleto (oficial en bicicleta), el armero, el operador canino, y el chofer de vehículos especiales, cuyas funciones estarán regidas por protocolos específicos para garantizar su eficacia y legalidad. Además, se propone actualizar todos los perfiles existentes, redefiniendo funciones y requisitos técnicos, académicos y legales. En este caso al menos el regidor Walter Herrera mencionó tener dudas de si era necesario invertir en esta modalidad policial, en lugar de invertir más en vehículos todo terreno para cubrir sectores montañosos como las eólicas, Pabellón o la Ventolera.
Impacto en la comunidad y profesionalización del cuerpo policial
El documento destaca que esta transformación no solo busca reducir la criminalidad, sino también mejorar la percepción de seguridad mediante una atención más cercana, profesional y eficiente. Entre las estrategias señaladas están la capacitación continua del personal, el uso de análisis de datos para inteligencia policial, la mejora de la comunicación jerárquica y la actualización del reglamento operativo vigente.
“La nueva estructura permitirá planificar mejor, dar respuestas más rápidas y aprovechar mejor los recursos humanos y tecnológicos”, indica el informe, que se fundamenta en buenas prácticas de otras municipalidades como Heredia, Alajuela y Puriscal, así como lineamientos del Ministerio de Seguridad Pública.
Finalmente mediante un correo electrónico enviado a este medio se indico que… «Sobre costo adicional que tendrán los contribuyentes con la inclusión de las 14 plazas, la Licda. María Pérez, Directora de la Gestión Financiera y Tributaria, indicó que corresponde a la suma de ₵10,80 por año, por cada 100 mil colones del valor del bien inmueble, su equivalente mensual son noventa céntimos. Y el incremento en la planilla de policías correspondería a la suma de ₵275.557.629.38 (este monto incluye cargas sociales).
Un paso firme hacia una Santa Ana más segura
Con esta propuesta, el Gobierno Local pretende dar un paso firme hacia una seguridad municipal más técnica, planificada y cercana a la ciudadanía.
En un extenso mensaje difundido desde las oficinas municipales, el alcalde de Santa Ana, Juan José Vargas, se dirigió ayer a los vecinos del cantón para rendir cuentas sobre su labor y responder a las críticas que ha recibido por parte de algunos sectores del cantón.
Juan José Vargas comenzó su intervención explicando que, pese a una reciente operación ocular, continúa trabajando horas extra para atender las responsabilidades del municipio. En ese contexto, señaló que había convocado a un grupo de personas que han cuestionado su gestión para aclarar dudas y explicar directamente las acciones de la alcaldía. Sin embargo, afirmó que ninguno de los citados se presentó, lo que, según él, evidencia el uso de perfiles falsos y una falta de voluntad para dialogar sobre dudas que tengan los santaneños.
Uno de los puntos centrales del mensaje fue la defensa de los despidos ejecutados durante su administración, los cuales, aseguró, han sido respaldados por resoluciones del Ministerio de Trabajo y de la Sala Constitucional. “No se trata solo de poner demandas; hay que justificarlas bien. Nosotros actuamos conforme a la ley”, enfatizó.
El alcalde también se refirió al aumento de algunas tasas municipales, particularmente las relacionadas con la recolección de residuos y la seguridad. Justificó estos ajustes en la necesidad de cubrir costos crecientes por disposiciones del Ministerio de Salud y fortalecer la Policía Municipal ante los retos de seguridad que enfrenta el cantón. “Nos están cobrando más caro por llevar la basura a destinos autorizados, y tenemos que responder. Además, necesitamos más oficiales de tránsito y seguridad para atender todos los barrios”, explicó.
Durante su intervención, Vargas denunció conflictos internos en el cuerpo policial debido a cambios en la cultura organizacional: “Ahora se pide rendición de cuentas y resultados, y eso no a todos les gusta”. También advirtió sobre serios problemas de seguridad en algunas zonas del cantón, incluyendo enfrentamientos violentos y distribución de drogas, lo que, según dijo, requiere una policía municipal más robusta y profesional.
El alcalde finalizó su mensaje haciendo un llamado a la educación ciudadana y a la corresponsabilidad en temas como la disposición adecuada de residuos, y reafirmó su compromiso con una administración transparente y apegada a la ley. “No soy un politiquero, ni estoy buscando votos. Me voy a ir con la frente en alto porque estamos haciendo lo correcto por Santa Ana”, concluyó.
La intervención de Vargas se da en un momento en el que crecen las voces críticas por decisiones administrativas y cambios en las tasas, y anticipa un debate fuerte en el Concejo Municipal sobre la reestructuración de servicios como la Policía Municipal.
El alcalde Juan José Vargas indicó en la pasada sesión del Concejo Municipal que la responsabilidad por los constantes atrasos en la entrega de becas estudiantiles no recae sobre la alcaldía ni sobre la administración municipal, sino que obedece a una serie de factores internos que han complicado el proceso.
De acuerdo con lo expuesto, las demoras han generado un cruce de señalamientos entre la comisión de becas y el departamento encargado del proceso, sin que exista una claridad total sobre cuál es el verdadero origen del problema.
En respuesta a la situación, se están promoviendo reuniones para analizar y aplicar modificaciones necesarias al reglamento de becas, y ya se han alcanzado acuerdos importantes que permitirían mejorar el proceso y evitar futuros atrasos.
“No es la alcaldía ni la administración la responsable de estos atrasos”, enfatizó el alcalde, al tiempo que reiteraron el compromiso de continuar buscando soluciones para que las ayudas lleguen en tiempo y forma a quienes más lo necesitan.
Daniel Gonzalez
Raquel Berrocal Sibaja
