La vicealcaldesa la Dra. Marielos Rivera Sibaja mencionó ayer un informe ante el Concejo Municipal sobre su participación en el evento MuniWorld 2025 en Israel. El reporte se centró en la adquisición de conocimientos técnicos y buscó aclarar la polémica generada por el viaje, reiterando que fue de carácter estrictamente municipal y administrativo, y que los gastos fueron cubiertos por la Embajada de Israel.
Este es un resumen de lo que mencionó la vicealcaldesa sobre su participación en dicho evento.
Meses atrás desde el sitio web del Gobierno Local, se hizo una publicación donde se mencionaban los temas a tratar en dicho evento mundial. En ese entonces algunos vecinos santaneños se habían opuesto al viaje de la vicealcaldesa a Israel, debido al conflicto bélico que estaba ocurriendo precisamente entre el pueblo de Gaza o Palestino con el Gobierno de Israel, lamentablemente murieron muchas personas entre ellas mujeres y niños. El gobierno de Israel acusó al grupo terrorista Hamás de haber comenzado la guerra.
La Asociación Cívica del Valle de Santa Ana manifestó este jueves, durante una audiencia ante el Concejo Municipal, su malestar por haber sido según ellos excluida de la organización de la edición número 18 del tradicional Desfile Ilusión de la Navidad, previsto para diciembre de 2025. La agrupación aseguró que, por primera vez en casi dos décadas, no fueron tomados en cuenta para coordinar uno de los eventos comunitarios más importantes del cantón.
Durante la sesión extraordinaria, los representantes Humberto Aguilar, Cristian Fallas y Noemí Mejía relataron que desde julio solicitaron por escrito la autorización y coordinación para celebrar el desfile, pero —según expresaron— nunca recibieron respuesta del Concejo Municipal. Posteriormente, afirmaron haberse enterado de que la Alcaldía había trasladado la organización del evento a una comisión creada desde enero de este año, sin que la Asociación fuera invitada como organizadora.
“Esta es la primera vez que nos ocurre esto. Llevamos 17 años organizando el desfile —exceptuando la pandemia— y nunca se nos había dejado por fuera”, expresó Aguilar al inicio de la audiencia. Los representantes señalaron que tradicionalmente comienzan el trabajo logístico desde abril de cada año, y que incluso ya habían avanzado en la planificación para la edición 2025 cuando conocieron que la Municipalidad estaba manejando el proceso por aparte.
Fallas y Mejía detallaron que la Asociación Cívica fue fundadora del desfile hace casi 20 años, con el objetivo de unir a las familias del cantón mediante un evento cultural que ha servido también para visibilizar a agrupaciones locales de folclor, deporte y artes, “creando identidad santaneña” y fortaleciendo el tejido comunitario.
Los voceros expresaron sentirse “irrespetados” por la decisión de excluirlos, y afirmaron que la Alcaldía nunca les notificó sobre la comisión organizadora ni les extendió una invitación formal para integrarse. También señalaron que la Administración justificó la decisión alegando que el desfile estaba siendo gestionado desde inicios del año por una comisión organizadora, y que solamente les había hecho llegar mensajes donde se les invitaba a dar opiniones sobre la organización del mismo.
El regidor Danny Ureña admitió no haber dado el debido seguimiento a las notas enviadas por la Asociación, pero destacó que históricamente esta ha sido la encargada del evento. Ureña insistió en que el desfile “siempre ha sido un aporte cultural invaluable” y llamó a la Alcaldía a reconsiderar la exclusión del grupo.
Por su parte, la regidora Debbie Zamora lamentó la falta de información hacia el Concejo y cuestionó qué ocurrirá con el trabajo de meses que la Asociación tenía avanzado. Además, pidió al alcalde explicar el procedimiento que seguirán para autorizar cierres de calles y logística general, dado que el Concejo también debe aprobar estos trámites.
Otro punto que generó inquietud entre los regidores fue el anuncio de que el presupuesto para el desfile pasó de los históricos ₡5 millones a ₡19,5 millones, lo que motivó dudas sobre quién ejecutará esos recursos y si será la Municipalidad o la Fundación GAD la encargada de la organización de los Festejos Populares. El alcalde indicó que se pretendía hacer decoraciones navideñas en ambos parques municipales (Santa Ana y Piedades) así como la puesta de los «pasitos» en esos espacios.
Reconocen trayectoria y aportes culturales de la Asociación
Varios regidores recordaron el impacto positivo del desfile desde sus orígenes, destacando que la iniciativa ha contribuido al rescate del arte, el deporte, la convivencia familiar y la identidad santaneña. También agradecieron a la Asociación Cívica su labor voluntaria durante casi dos décadas.
En sus intervenciones, señalaron que el crecimiento acelerado del cantón ha hecho más difíciles los espacios de encuentro comunitario, y que el desfile se convirtió justamente en uno de los eventos que logró mantener viva la cohesión social.
Alcalde responde y defiende trabajo de la comisión municipal
Al cierre del intercambio, el alcalde Juan José Vargas reaccionó señalando que la Fundación GAD ha enfrentado “trabas” en su labor organizativa, y cuestionó la magnitud de la polémica generada alrededor del evento.
Administración de Fundación GAD no quizo referirse a este medio
Le consultamos vía whatsapp al Sr. Andrés Vargas quien es el Administrador de la Fundación GAD, para que nos confirmara si este desfile estaba siendo organizado directamente por la alcaldía, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta, en ocasiones anteriores las respuestas erán rápidas a nuestras consultas, desconocemos porqué no se quizo referir esta vez a nuestras consultas.
Finalmente La Asociación Cívica anunció a través de sus voceros, que NO participarán en la organización del desfile de este año y que esperan que vuelvan a ser valorados por el Concejo Municipal para el 2026.
La sesión extraordinaria del Concejo Municipal realizada este jueves estuvo marcada por la contundente intervención de los vecinos de Calle El Tajo en Lindora, quienes denunciaron nuevamente la inacción municipal frente a las inundaciones recurrentes que afectan a esta comunidad desde hace más de un año.
La audiencia, que encabezó el orden del día, permitió exponer en detalle las causas, daños y dificultades que enfrenta el sector cada vez que se registran lluvias de moderadas a fuertes. Los vecinos recordaron que la inundación más severa se presentó el 19 de septiembre de 2024, y desde entonces se han generado otros eventos adicionales.
El origen del problema: un alcantarillado sepultado y rellenos ilegales
Según explicaron, el informe 7-2024 de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) determinó que la raíz del colapso es la obstrucción severa del alcantarillado pluvial, cuya tubería atraviesa una propiedad de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI). En ese terreno –señalan los documentos– se realizaron rellenos ilegales que sepultaron la tubería a una profundidad cercana a los 10 metros, provocando su hundimiento y afectando los pozos pluviales.
Los vecinos también denunciaron aportes de agua provenientes de Hacienda Lindora, así como un desfogue ilegal de aguas pluviales desde Tajo Lindora, lo que ha aumentado la saturación del sistema y las condiciones de riesgo sanitario y ambiental.
“Lo hemos perdido todo dos veces”
Durante la intervención, la vocera del grupo, relató el impacto humano y material que han sufrido: pérdida total de muebles, electrodomésticos y enseres; ingreso de agua hasta las rodillas dentro de las viviendas; y la angustia constante de vivir bajo amenaza de un nuevo desbordamiento.
Aseguró que la comunidad documentó cada evento y presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual fue resuelto a su favor y obliga a la municipalidad a ejecutar una solución en un plazo de 12 meses.
Reclamos por atrasos y falta de respuestas
Los vecinos afirmaron que la municipalidad ha actuado con lentitud y que los procesos administrativos han retrasado decisiones clave, como el estudio hidrogeológico y la compra de una tubería de 100 metros que consideran urgente para aliviar la presión del sistema.
Señalaron, además, que los trabajos paliativos recientes –realizados el 25 y 26 de octubre– surgieron gracias a la iniciativa de un funcionario operativo, y no como parte de una planificación institucional adecuada.
Pese a estas intervenciones, indicaron que se formó una nueva laguna en la zona, que ya fue reportada al Ministerio de Salud ante el riesgo de proliferación de mosquitos y enfermedades.
El Concejo Municipal pide soluciones integrales
Regidores como José Roberto Castro expresaron su preocupación por la situación e insistieron en que el Concejo está dispuesto a apoyar presupuestariamente y a fiscalizar los procesos para que la solución definitiva llegue cuanto antes.
Los vecinos solicitaron ser incluidos en el próximo presupuesto municipal para asegurar recursos que permitan ejecutar las obras estructurales necesarias.
Alcalde responde: “Estamos resolviendo problemas acumulados por años”
El alcalde Juan José Vargas reconoció la gravedad del caso, pero afirmó que muchas de las causas se originaron en administraciones pasadas, incluso desde hace más de 10 años.
Vargas señaló que parte del retraso se debe a que la tubería requerida tiene un diámetro que los proveedores nacionales no manejan, por lo que se debe traer del exterior. También defendió el trabajo del personal técnico y de cuadrillas municipales, destacando su respuesta durante las emergencias.
No obstante, evitó comprometer fechas exactas, argumentando que los plazos dependen de licitaciones, disponibilidad de materiales y estudios técnicos obligatorios.
Vecinos piden no ser olvidados
Al finalizar, los residentes insistieron en que no pueden esperar otro invierno y que no desean repetir un episodio de inundación “que pudo evitarse si las acciones se hubieran ejecutado a tiempo”.
Solicitaron una fiscalización estricta del Concejo hacia la Alcaldía y sus departamentos, y advirtieron que continuarán exigiendo soluciones para garantizar un ambiente sano y seguro, tal como lo ordena la Sala Constitucional.
Otra situación que afecta a los vecinos: El Tajo Lindora
Otra situación que viene afectando a estos vecinos es sobre el funcionamiento del Tajo Lindora, el cual ellos aducen que actualmente el tajo no viene realizando dicha actividad y que más bien se ha visto recientemente a muchas vagonetas llegar a dejar tierra donde aparentemente se esta haciendo un relleno en ese tajo, los vecinos dicen que esta actividad no está autorizada por el Ministerio de Salud ni la Municipalidad, además se crearon estructuras ilegales para desviar aguas a terrenos privados y luego caer a la alcantarilla que viene afectando a los vecinos los últimos meses.
Este medio trató de comunicarse con la administración del Tajo Lindora desde hace algunos días atrás para conversar sobre este tema, pero al cierre de esta nota, no se logró obtener respuesta alguna.
Ayer durante la sesión del Concejo Municipal, el alcalde Juan José Vargas se refirió a un posible proyecto de vivienda destinado a las familias que residen en el sector de Chirracal, luego de que el regidor Danny Ureña solicitara aclarar información entre un oficio municipal y videos grabados por el propio alcalde.
El regidor leyó en el concejo municipal un correo enviado por Sofía Mena, funcionaria de la Municipalidad, en el que se señalaba que actualmente la institución “no cuenta con algún proyecto habitacional para atender la reubicación” solicitada por el Comité Cantonal de Deportes. No obstante, el regidor contrastó esa afirmación con videos recientes en los que el alcalde Vargas aseguraba a los vecinos de Chirracal que se estaban incluyendo en un proyecto de vivienda con unas 80 unidades habitacionales en el sector de Río Oro.
En los videos, Vargas explicaba que “las familias que la Magister Sofía Mena ha venido chequeando las estamos incluyendo en un proyecto de vivienda que, si Dios lo permite, vamos a comenzar a comprar el lote en Río Oro”, y mostraba planos del desarrollo para garantizar a los vecinos que “nadie va a ser movido hasta no tener las cosas bien ciertas”.
Ante las consultas del regidor Ureña sobre la falta de presupuesto aprobado y la inexistencia de un expediente formal, el alcalde aclaró que el video fue enviado de manera privada a un chat de las 16 familias que habitan en Chirracal, y no como una publicación oficial.
Vargas reconoció que no se trata aún de un proyecto municipal formalmente establecido, sino de una propuesta en elaboración, impulsada en conjunto con dos asociaciones de vivienda del cantón. Según el alcalde, los planos mostrados fueron elaborados “sin recursos de la municipalidad” y buscan sentar las bases para un futuro proyecto habitacional que permita reubicar a las familias asentadas sobre una calle pública.
“Lo que estamos haciendo es elaborando la propuesta, y no me interesa que se concluya en este gobierno, sino sentar las bases para que pueda haber un proyecto de vivienda aquí en Santa Ana, fuera de toda acción politiquera”, afirmó Vargas durante la sesión.
El alcalde añadió que el objetivo es abrir la vía de Chirracal, actualmente ocupada por viviendas, para conectarla con la nueva calle asfaltada que comunica hacia Escazú y San José. Mientras tanto, los vecinos censados por la funcionaria Sofía Mena son los únicos que, según el alcalde, serían considerados en esta eventual reubicación.
La sesión ordinaria del Concejo Municipal de este martes estuvo marcada por un fuerte intercambio entre el alcalde Juan José Vargas y la regidora Debbie Zamora, luego de que el jerarca solicitara espacio para que dos ciudadanos se refirieran a una denuncia contra algunos funcionarios de la Policía Municipal.
Juan José Vargas pidió alterar el orden del día para que los señores Rodrigo Alberto Salazar Miranda y el abogado Jorge Cordero Víctor (carnet 22426) pudieran exponer una situación que, según explicó, ya había mencionado en la sesión anterior y que involucraba una aparente comunicación con la regidora Debbie Zamora. La moción fue aprobada por el Concejo, y ambos hombres fueron recibidos en audiencia.
Durante su intervención, Salazar relató haber sido detenido injustamente por efectivos de la Policía Municipal de Santa Ana y afirmó haber pasado más de un año en prisión por un delito que asegura no cometió. Según dijo, actualmente impulsa procesos judiciales en distintas instancias por los hechos ocurridos y denunció irregularidades en la actuación policial en aquel momento.
Su abogado, Cordero, respaldó las declaraciones y anunció que llevará el caso por la vía penal. De hecho el día 24 de octubre habría pedido documentación a la Policía Municipal, pero indicó que la información no le fué suministrada tal como él la solicitó. Ambos señalaron que, en el marco de esa situación, su representado habría recibido en apariencia una llamada de parte de la regidora Debbie Zamora, algo que la funcionaria negó rotundamente en la sesión.
La regidora Debbie Zamora respondió de inmediato, asegurando que no conoce a los denunciantes y calificando lo ocurrido como una injuria y calumnia en su contra. “Es la primera vez que veo a estos señores. Lo que se ha dicho carece de pruebas y constituye una afectación a mi buen nombre”, dijo, exigiendo al alcalde que se retracte públicamente. Además, señaló que la situación refleja una persecución personal en su contra. El Partido del Sol había manifestado en redes sociales que no estaban de acuerdo en las declaraciones del alcalde sobre lo que dijo de su regidora.
El alcalde Vargas, por su parte, defendió su actuación y reiteró que no tiene “nada personal” contra la regidora. “Ellos vinieron a reafirmar lo que ya habían manifestado. No soy yo quien tiene que traer las pruebas, ellos lo confirmaron aquí”, manifestó.
La regidora Sofía Álvarez intervino para aclarar que una eventual retractación pública o disculpa solo podría ordenarse mediante una resolución judicial, en caso de que un tribunal determine la existencia de difamación o calumnia.
Que dicé el Código Penal sobre las «disculpas públicas»
En el Código Penal de Costa Rica, no existe un artículo que mencione literalmente “disculpa pública”, pero sí hay artículos que la permiten o la implican indirectamente, especialmente en los delitos contra el honor.
1. Delitos contra el honor (artículos 145–152 del Código Penal)
Estos artículos regulan injuria, calumnia y difamación. En estos casos, el Código Penal y la práctica judicial admiten la retractación o disculpa pública como una forma de reparación o atenuante de la pena.
Ejemplo de conexión:
Artículo 151 (Difamación) establece que si el acusado reconoce la falsedad de lo dicho y se retracta antes de la sentencia, puede reducirse la pena.
Esa retractación suele hacerse de forma pública, especialmente si la ofensa fue pública.
En la práctica, el juez puede ordenar o aceptar una disculpa pública como modo de reparación.
2. Código Procesal Penal – artículos 36 y 37
Estos artículos permiten los acuerdos reparatorios y conciliaciones en delitos menores. Allí se pueden pactar formas de reparación simbólica o moral, entre ellas:
La disculpa pública o privada a la víctima.
La rectificación de una declaración falsa.
3. En la práctica judicial costarricense
Los tribunales han aceptado disculpas públicas como:
Reparación simbólica del daño moral.
Medida restaurativa (según la Ley 9582 de Justicia Restaurativa).
Condición de acuerdos conciliatorios o reparatorios.
4. Por la vía extrajudicial (voluntaria o privada)
Esta es la más común fuera de los tribunales, y no requiere proceso penal.
Se da cuando:
Una persona, empresa, institución o figura pública decide pedir disculpas de forma voluntaria, por ejemplo en redes, medios de comunicación o comunicados oficiales.
O cuando la persona afectada solicita una disculpa, y la otra parte accede sin que medie un juez.
En este caso:
La disculpa no tiene valor jurídico directo, pero sí valor moral, reputacional o político.
Puede evitar que la víctima presente una denuncia o demanda, si considera que la reparación fue suficiente.
También puede servir como acto de buena fe o prevención.
El ambiente en la sesión se mantuvo tenso hasta el cierre de la audiencia. El alcalde concluyó señalando que espera que el caso siga su curso judicial y reiteró su interés en que la Policía Municipal “actúe de manera profesional y justa”.
El alcalde Juan José Vargas, anunció este viernes la suspensión temporal de todas las notificaciones y avalúos de propiedades que se están realizando en el cantón, luego de recibir múltiples quejas de vecinos que aseguran haber sido notificados con valores que no reflejan la realidad de sus inmuebles.
En un video difundido en redes sociales del Gobierno Local, Vargas explicó que el proceso no fue ordenado por su administración, sino que proviene de una contratación realizada en 2023, antes de asumir el cargo.
“No damos ninguna indicación al respecto; simplemente soy el administrador y me preocupo por los intereses de los ciudadanos”, dijo el alcalde, al tiempo que pidió calma y transparencia en el manejo del tema.
El jerarca agregó que consultó con los departamentos de Valoraciones y Finanzas, y ordenó detener las notificaciones hasta tener información clara sobre cómo se están efectuando los avalúos.
Según el Código Municipal, los avalúos y notificaciones deben gestionarse conforme a reglamentos aprobados por el Concejo Municipal, mientras que la alcaldía ejerce funciones administrativas y de supervisión, pero no puede modificar ni imponer tributos directamente.
Vargas llamó a los vecinos a acudir a la municipalidad para revisar sus casos y presentar reclamos si consideran que los avalúos no son correctos.
“No vamos a permitir que se hagan cosas que vienen de atrás y que afecten a nuestra administración ni a los ciudadanos”, concluyó.
Una medida burocrática o dan declaraciones a medios o personas según su conveniencia.
El Gobierno Local confirmó esta mañana a Santa Ana Actual que desde el año 2021 mantiene una disposición interna que obliga a los medios de comunicación a canalizar cualquier consulta o entrevista a través del Departamento de Comunicación, sin que los jefes o encargados de área —como el de la Policía Municipal puedan responder directamente a la prensa.
La respuesta oficial fue emitida por Kattia Castro Badilla, encargada del Proceso de Comunicación del Gobierno Local, tras una consulta enviada por Santa Ana Actual. La solicitud se originó luego de que el jefe de la Policía Municipal, el Sr. Luis Moncada, no brindara declaraciones sobre recientes detenciones realizadas por ese cuerpo policial, indicando que las preguntas debían ser dirigidas al Departamento de Comunicación de la Municipalidad.
En su respuesta, la funcionaria explicó que “toda solicitud proveniente de un medio de comunicación debe ser dirigida a mi persona, en calidad de encargada del Proceso de Comunicación del Gobierno Local de Santa Ana”, con el fin de coordinar la atención con la Alcaldía, que funge como vocería oficial, o bien designar a la parte técnica que corresponda.
Según la funcionaria, esta disposición está establecida desde 2021 mediante el documento MSA-GAD-COM-02-021-2021, el cual regula los lineamientos de vocería institucional, y fue ratificada nuevamente en julio de 2025 por la nueva administración municipal con Juan José Vargas como alcalde.
Castro aclaró que la directriz no impide que funcionarios como el jefe policial puedan hablar con la prensa, sino que toda entrevista o solicitud de información debe ser previamente coordinada con Comunicación.
No obstante, esta medida genera cuestionamientos sobre la transparencia y el libre acceso a la información pública, ya que limita el contacto directo con quienes manejan los hechos operativos, como las detenciones municipales. Para los medios, en algunas ocasiones este procedimiento puede dificultar la respuesta oportuna e inmediata y la publicación de información de interés ciudadano. En ocasiones anteriores logramos optener una respuesta oportuna con información sobre detenciones por parte del Sr. Moncada.
Desde Santa Ana Actual, se insistió en la necesidad de que la ciudadanía reciba información completa, clara y veraz sobre actuaciones policiales y de seguridad cantonal, sin que estos procesos administrativos se conviertan en una barrera informativa.
La Alcaldía Municipal respondió a una consulta del medio Santa Ana Actual sobre las gestiones realizadas ante las constantes denuncias ciudadanas respecto al servicio de transporte público brindado por la empresa Compañía de Inversiones La Tapachula al cantón desde hace 25 años.
De acuerdo con la información suministrada por Melissa Quesada, asistente de la alcaldía municipal, se han alcanzado diversos acuerdos entre la Municipalidad y la empresa con el propósito de mejorar la atención a las personas usuarias y dar seguimiento a las inconformidades reportadas.
Se menciona que entre las acciones destacadas se encuentra la conformación de un comité de comunicación y articulación entre ambas partes, mediante un grupo de WhatsApp, que permite trasladar denuncias y recibir respuestas de forma directa y oportuna. Esto a pesar de que algunos vecinos se siguen quejando del servicio que ofrece dicha concesionaria.
Asimismo, según la respuesta ofrecida, la empresa se comprometió a remitir los horarios y recorridos de las rutas que operan en cada distrito, conforme a lo autorizado por el Consejo de Transporte Público (CTP), información que se encuentra pendiente de entrega.
El documento menciona que tanto la Municipalidad como Tapachula desarrollan un análisis conjunto de las paradas de autobús que generan mayores conflictos en el cantón, con el objetivo de identificar puntos críticos y proponer soluciones para el ordenamiento vial. Dicho documento será remitido al CTP para su valoración, mientras la Junta Vial Cantonal ya analiza la lista de paradas oficiales y ha programado giras de verificación en sitio.
Como parte del proceso de supervisión, funcionarios municipales realizaron una visita a los planteles de la empresa en Escazú y Brasil de Santa Ana, el pasado 29 de noviembre de 2024, con el fin de observar las condiciones operativas y de mantenimiento de las unidades, así como los procedimientos internos de la compañía. No obstante, aún se perciben problemas en las unidades y algunas denuncias han llegado al Concejo Municipal.
Según la respuesta de la alcaldía a este medio, se logró que la empresa conceda 20 becas de transporte dirigidas a estudiantes en condición de vulnerabilidad para el curso lectivo 2025, y ha promovido un proyecto de ordenamiento del espacio público frente al plantel de buses en Brasil, actualmente en valoración por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Esto lo estaremos confirmando si efectivamente las becas se han dado a dichos estudiantes.
En cuanto al trato del personal hacia los usuarios, la empresa Tapachula se comprometió a realizar capacitaciones en servicio al cliente y relaciones humanas, dado el déficit nacional de choferes y la incorporación de personal extranjero que requiere adaptación cultural.
Finalmente, la alcaldía reiteró que, aunque la concesión y fiscalización del servicio dependen del Consejo de Transporte PúblicoCTP, ha solicitado una audiencia ante ese órgano para exponer las reiteradas quejas ciudadanas relacionadas con malos tratos, incumplimientos de paradas, desperfectos mecánicos y otras irregularidades. Este medio estará pendiente a esta audiencia ya que los vecinos siguen con la queja del servicio especialmente el estado de las unidades.
El correo electrónico enviado a Santa Ana Actual, cierra con esto “La Alcaldía ha sido clara en exigir a la empresa que realice los esfuerzos necesarios para mejorar el servicio. Estamos comprometidos con la ciudadanía y hemos documentado todos los reportes de quejas y denuncias recibidas”, concluye la respuesta oficial.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el Concejo Municipal abordó la existencia de una denuncia anónima presentada ante la Auditoría Interna Municipal, cuya atención habría sido trasladada al despacho del alcalde Juan José Vargas Fallas desde el pasado 7 de octubre, sin que, según se indicó en la sesión, el denunciante haya recibido una respuesta hasta la fecha.
El tema fue presentado por la presidenta del Concejo, Wendy Mora, quien explicó que minutos antes del inicio de la sesión recibió el documento entregado por la persona denunciante. Según detalló, se trata de un oficio firmado por la auditora interna Ana Cecilia Díaz Ruiz (MSA-AUI-02-128-2025), en el cual se comunica al ciudadano que la Auditoría no puede resolver el fondo de la denuncia y que esta fue remitida al alcalde Vargas, en su condición de jerarca a cargo de la Policía Municipal.
“El documento tiene fecha del 7 de octubre y hasta el momento el denunciante no ha recibido ninguna respuesta. Por tratarse de un asunto de la Policía Municipal, quise trasladarlo como trámite urgente para conocer qué acciones ha tomado la Alcaldía”, expresó Wendy Mora durante la sesión.
Sin embargo, el alcalde Juan José Vargas manifestó no tener conocimiento específico del caso.
“No sé cuál denuncia es, ni el número de expediente. Todo lo que la Auditoría nos envía lo contestamos, pero no recuerdo haber recibido algo relacionado con este tema”, afirmó el jerarca municipal, quien también señaló que el procedimiento correcto es que el ciudadano se dirija directamente a la Alcaldía para solicitar información sobre su gestión.
El regidor José Roberto Castro también intervino, sugiriendo que el Concejo debía conocer el documento antes de discutirlo, y recordó que las instituciones públicas disponen de diez días hábiles para responder a los oficios, según la normativa administrativa vigente.
Ante las diferentes posturas, Mora insistió en que su intención no era cuestionar al alcalde, sino garantizar que el ciudadano reciba respuesta.
“No se trata de un tema inquisidor, sino de velar porque los procesos de denuncia se atiendan oportunamente”, aclaró.
La sesión concluyó con el compromiso del alcalde Vargas de revisar el asunto junto a sus asesores para verificar si la denuncia fue efectivamente recibida y atendida. Pero eso sí, transcurrieron aproximadamente 13 minutos de tiempo perdido en un tema que ha generado mucha controversia en el cantón.
Cabe recordar que, conforme al artículo 30 de la Ley General de la Administración Pública, las instituciones están obligadas a responder las gestiones de los ciudadanos en un plazo máximo de diez días hábiles. En caso de incumplimiento, los interesados pueden acudir a la Sala Constitucional (Sala IV) para reclamar su derecho de petición y pronta respuesta.
Este martes en la sesión ordinaria del Concejo Municipal, se generó ciertas discrepancias entre el alcalde Juan José Vargas, y la presidenta del concejo, Wendy Mora, además también la secretaria del órgano municipal, Adriana Herrera Quirós, tuvo que salir a explicar dicha situación a raíz de un oficio relacionado con el uso del salón de sesiones y las oficinas anexas al Concejo Municipal.
El debate inició cuando el alcalde Vargas leyó el oficio MSAL-0269-25, mediante el cual la Alcaldía respondió a un documento previamente emitido por la Presidencia del Concejo. En su lectura, el alcalde manifestó su sorpresa por la instrucción girada desde la Presidencia hacia la Alcaldía, considerando que tal acción “podría interpretarse como un desconocimiento involuntario de las competencias establecidas en el artículo 34 del Código Municipal”, que no le otorga a la presidencia la potestad de emitir órdenes a la Alcaldía.
Vargas argumentó que, conforme al artículo 17 del mismo código, la organización del edificio municipal es competencia exclusiva de la Alcaldía, y que, en consecuencia, el salón de sesiones puede ser utilizado por la administración cuando no esté siendo ocupado por el Concejo ni sus comisiones.
“Cuando el salón de sesiones no esté siendo utilizado por el Consejo, corresponde al alcalde disponer de dicho espacio…”, leyó el jerarca, agregando que este tipo de temas “no deben distraer los esfuerzos de la institución en asuntos menores”.
Ante esto, la presidenta del Concejo, Wendy Mora, solicitó la palabra para responder, indicando que el oficio de la Presidencia no constituye una orden, sino una gestión amparada en criterios jurídicos y dictámenes de la Procuraduría General de la República.
Mora citó específicamente el dictamen C-083-2011, el cual concluye que la ley no asigna de forma expresa la administración del salón de sesiones a ninguno de los órganos municipales, por lo que debe aplicarse el principio de competencia residual. Según dicho criterio, las potestades no atribuidas expresamente corresponden al órgano de mayor legitimidad democrática, es decir, al Concejo Municipal.
“Por tanto, al no existir norma que asigne expresamente al alcalde la administración del salón de sesiones, esta materia corresponde al Concejo Municipal como órgano deliberativo”, afirmó Mora.
La presidenta agregó que los espacios destinados al Concejo y a su secretaría “no pueden ser utilizados para fines distintos de los propios del órgano deliberativo, ni por funcionarios adscritos a la Alcaldía sin autorización expresa del Concejo”. También anunció que la Secretaría del Concejo llevará una bitácora para registrar los casos en que se autorice el uso del salón por parte de otras dependencias.
El alcalde Vargas, por su parte, replicó señalando que en el espacio anexo al salón de sesiones se han colocado electrodomésticos y equipos que, según dijo, “no responden al uso institucional del área”.
“Cuando iniciamos esta administración, ese espacio era un comedor… ahora veo microondas, refrigeradora y una bodega. No sé qué uso se le está dando a esa salita”, expresó Vargas, indicando que el tema será remitido al Departamento Legal para su valoración.
Finalmente, la secretaria del Concejo, Adriana Herrera Quirós, intervino para aclarar la situación. Explicó que los equipos y utensilios mencionados cuentan con autorización y registro contable, y que el espacio se utiliza, entre otros fines, para soporte técnico de las transmisiones del Concejo.
“Esa oficina está destinada para el compañero de LESCO en caso de que no pueda hacer la transmisión desde cabina. También hay una refri y un microondas, como en otras oficinas de la municipalidad. Si no los pudiéramos tener, sería una discriminación”, indicó Herrera.
La secretaria agregó que parte del equipo y material se trasladó al salón luego de que la bodega anterior fuera reasignada a otra dependencia municipal.
Es claro decir que, la construcción del edificio municipal al parecer nunca contempló suficiente espacio para el salón de sesiones de dicho Concejo Municipal, donde inclusive no existe ni espacio suficiente para que el público o vecinos del cantón puedan llegar a escuchar las sesiones que por sí ya son públicas.
De hecho según la misma administración municipal para las sesiones del concejo municipal solamente pueden asistir 10 personas de público, una cantidad muy poca comparado con otros concejos municipales en otros cantones.
Daniel González G.
