¿Conveniencia? Policía Municipal debe coordinar con Depto. de Comunicación antes de brindar declaraciones

Una medida burocrática o dan declaraciones a medios o personas según su conveniencia.

El Gobierno Local confirmó esta mañana a Santa Ana Actual que desde el año 2021 mantiene una disposición interna que obliga a los medios de comunicación a canalizar cualquier consulta o entrevista a través del Departamento de Comunicación, sin que los jefes o encargados de área —como el de la Policía Municipal puedan responder directamente a la prensa.

La respuesta oficial fue emitida por Kattia Castro Badilla, encargada del Proceso de Comunicación del Gobierno Local, tras una consulta enviada por Santa Ana Actual. La solicitud se originó luego de que el jefe de la Policía Municipal, el Sr. Luis Moncada, no brindara declaraciones sobre recientes detenciones realizadas por ese cuerpo policial, indicando que las preguntas debían ser dirigidas al Departamento de Comunicación de la Municipalidad.

En su respuesta, la funcionaria explicó que “toda solicitud proveniente de un medio de comunicación debe ser dirigida a mi persona, en calidad de encargada del Proceso de Comunicación del Gobierno Local de Santa Ana”, con el fin de coordinar la atención con la Alcaldía, que funge como vocería oficial, o bien designar a la parte técnica que corresponda.

Según la funcionaria, esta disposición está establecida desde 2021 mediante el documento MSA-GAD-COM-02-021-2021, el cual regula los lineamientos de vocería institucional, y fue ratificada nuevamente en julio de 2025 por la nueva administración municipal con Juan José Vargas como alcalde.

Castro aclaró que la directriz no impide que funcionarios como el jefe policial puedan hablar con la prensa, sino que toda entrevista o solicitud de información debe ser previamente coordinada con Comunicación.

No obstante, esta medida genera cuestionamientos sobre la transparencia y el libre acceso a la información pública, ya que limita el contacto directo con quienes manejan los hechos operativos, como las detenciones municipales. Para los medios, en algunas ocasiones este procedimiento puede dificultar la respuesta oportuna e inmediata y la publicación de información de interés ciudadano. En ocasiones anteriores logramos optener una respuesta oportuna con información sobre detenciones por parte del Sr. Moncada.

Desde Santa Ana Actual, se insistió en la necesidad de que la ciudadanía reciba información completa, clara y veraz sobre actuaciones policiales y de seguridad cantonal, sin que estos procesos administrativos se conviertan en una barrera informativa.

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Reuniones entre la Alcaldía y Tapachula dejan compromisos, pero persisten las quejas ciudadanas

La Alcaldía Municipal respondió a una consulta del medio Santa Ana Actual sobre las gestiones realizadas ante las constantes denuncias ciudadanas respecto al servicio de transporte público brindado por la empresa Compañía de Inversiones La Tapachula al cantón desde hace 25 años.

De acuerdo con la información suministrada por Melissa Quesada, asistente de la alcaldía municipal, se han alcanzado diversos acuerdos entre la Municipalidad y la empresa con el propósito de mejorar la atención a las personas usuarias y dar seguimiento a las inconformidades reportadas.

Se menciona que entre las acciones destacadas se encuentra la conformación de un comité de comunicación y articulación entre ambas partes, mediante un grupo de WhatsApp, que permite trasladar denuncias y recibir respuestas de forma directa y oportuna. Esto a pesar de que algunos vecinos se siguen quejando del servicio que ofrece dicha concesionaria.

Asimismo, según la respuesta ofrecida, la empresa se comprometió a remitir los horarios y recorridos de las rutas que operan en cada distrito, conforme a lo autorizado por el Consejo de Transporte Público (CTP), información que se encuentra pendiente de entrega.

El documento menciona que tanto la Municipalidad como Tapachula desarrollan un análisis conjunto de las paradas de autobús que generan mayores conflictos en el cantón, con el objetivo de identificar puntos críticos y proponer soluciones para el ordenamiento vial. Dicho documento será remitido al CTP para su valoración, mientras la Junta Vial Cantonal ya analiza la lista de paradas oficiales y ha programado giras de verificación en sitio.

Como parte del proceso de supervisión, funcionarios municipales realizaron una visita a los planteles de la empresa en Escazú y Brasil de Santa Ana, el pasado 29 de noviembre de 2024, con el fin de observar las condiciones operativas y de mantenimiento de las unidades, así como los procedimientos internos de la compañía. No obstante, aún se perciben problemas en las unidades y algunas denuncias han llegado al Concejo Municipal.

Según la respuesta de la alcaldía a este medio, se logró que la empresa conceda 20 becas de transporte dirigidas a estudiantes en condición de vulnerabilidad para el curso lectivo 2025, y ha promovido un proyecto de ordenamiento del espacio público frente al plantel de buses en Brasil, actualmente en valoración por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Esto lo estaremos confirmando si efectivamente las becas se han dado a dichos estudiantes.

En cuanto al trato del personal hacia los usuarios, la empresa Tapachula se comprometió a realizar capacitaciones en servicio al cliente y relaciones humanas, dado el déficit nacional de choferes y la incorporación de personal extranjero que requiere adaptación cultural.

Finalmente, la alcaldía reiteró que, aunque la concesión y fiscalización del servicio dependen del Consejo de Transporte Público CTP, ha solicitado una audiencia ante ese órgano para exponer las reiteradas quejas ciudadanas relacionadas con malos tratos, incumplimientos de paradas, desperfectos mecánicos y otras irregularidades. Este medio estará pendiente a esta audiencia ya que los vecinos siguen con la queja del servicio especialmente el estado de las unidades.

El correo electrónico enviado a Santa Ana Actual, cierra con esto “La Alcaldía ha sido clara en exigir a la empresa que realice los esfuerzos necesarios para mejorar el servicio. Estamos comprometidos con la ciudadanía y hemos documentado todos los reportes de quejas y denuncias recibidas”, concluye la respuesta oficial.

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Diez días hábiles sin cumplir, denuncia anónima y tiempo perdido en el Concejo Municipal

Durante la sesión ordinaria de este martes, el Concejo Municipal abordó la existencia de una denuncia anónima presentada ante la Auditoría Interna Municipal, cuya atención habría sido trasladada al despacho del alcalde Juan José Vargas Fallas desde el pasado 7 de octubre, sin que, según se indicó en la sesión, el denunciante haya recibido una respuesta hasta la fecha.

El tema fue presentado por la presidenta del Concejo, Wendy Mora, quien explicó que minutos antes del inicio de la sesión recibió el documento entregado por la persona denunciante. Según detalló, se trata de un oficio firmado por la auditora interna Ana Cecilia Díaz Ruiz (MSA-AUI-02-128-2025), en el cual se comunica al ciudadano que la Auditoría no puede resolver el fondo de la denuncia y que esta fue remitida al alcalde Vargas, en su condición de jerarca a cargo de la Policía Municipal.

“El documento tiene fecha del 7 de octubre y hasta el momento el denunciante no ha recibido ninguna respuesta. Por tratarse de un asunto de la Policía Municipal, quise trasladarlo como trámite urgente para conocer qué acciones ha tomado la Alcaldía”, expresó Wendy Mora durante la sesión.

Sin embargo, el alcalde Juan José Vargas manifestó no tener conocimiento específico del caso.

“No sé cuál denuncia es, ni el número de expediente. Todo lo que la Auditoría nos envía lo contestamos, pero no recuerdo haber recibido algo relacionado con este tema”, afirmó el jerarca municipal, quien también señaló que el procedimiento correcto es que el ciudadano se dirija directamente a la Alcaldía para solicitar información sobre su gestión.

El regidor José Roberto Castro también intervino, sugiriendo que el Concejo debía conocer el documento antes de discutirlo, y recordó que las instituciones públicas disponen de diez días hábiles para responder a los oficios, según la normativa administrativa vigente.

Ante las diferentes posturas, Mora insistió en que su intención no era cuestionar al alcalde, sino garantizar que el ciudadano reciba respuesta.

“No se trata de un tema inquisidor, sino de velar porque los procesos de denuncia se atiendan oportunamente”, aclaró.

La sesión concluyó con el compromiso del alcalde Vargas de revisar el asunto junto a sus asesores para verificar si la denuncia fue efectivamente recibida y atendida. Pero eso sí, transcurrieron aproximadamente 13 minutos de tiempo perdido en un tema que ha generado mucha controversia en el cantón.

Cabe recordar que, conforme al artículo 30 de la Ley General de la Administración Pública, las instituciones están obligadas a responder las gestiones de los ciudadanos en un plazo máximo de diez días hábiles. En caso de incumplimiento, los interesados pueden acudir a la Sala Constitucional (Sala IV) para reclamar su derecho de petición y pronta respuesta.

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Alcalde y presidenta del Concejo Municipal discrepan sobre quién administra el salón de sesiones

Este martes en la sesión ordinaria del Concejo Municipal, se generó ciertas discrepancias entre el alcalde Juan José Vargas, y la presidenta del concejo, Wendy Mora, además también la secretaria del órgano municipal, Adriana Herrera Quirós, tuvo que salir a explicar dicha situación a raíz de un oficio relacionado con el uso del salón de sesiones y las oficinas anexas al Concejo Municipal.

El debate inició cuando el alcalde Vargas leyó el oficio MSAL-0269-25, mediante el cual la Alcaldía respondió a un documento previamente emitido por la Presidencia del Concejo. En su lectura, el alcalde manifestó su sorpresa por la instrucción girada desde la Presidencia hacia la Alcaldía, considerando que tal acción “podría interpretarse como un desconocimiento involuntario de las competencias establecidas en el artículo 34 del Código Municipal”, que no le otorga a la presidencia la potestad de emitir órdenes a la Alcaldía.

Vargas argumentó que, conforme al artículo 17 del mismo código, la organización del edificio municipal es competencia exclusiva de la Alcaldía, y que, en consecuencia, el salón de sesiones puede ser utilizado por la administración cuando no esté siendo ocupado por el Concejo ni sus comisiones.

“Cuando el salón de sesiones no esté siendo utilizado por el Consejo, corresponde al alcalde disponer de dicho espacio…”, leyó el jerarca, agregando que este tipo de temas “no deben distraer los esfuerzos de la institución en asuntos menores”.

Ante esto, la presidenta del Concejo, Wendy Mora, solicitó la palabra para responder, indicando que el oficio de la Presidencia no constituye una orden, sino una gestión amparada en criterios jurídicos y dictámenes de la Procuraduría General de la República.

Mora citó específicamente el dictamen C-083-2011, el cual concluye que la ley no asigna de forma expresa la administración del salón de sesiones a ninguno de los órganos municipales, por lo que debe aplicarse el principio de competencia residual. Según dicho criterio, las potestades no atribuidas expresamente corresponden al órgano de mayor legitimidad democrática, es decir, al Concejo Municipal.

“Por tanto, al no existir norma que asigne expresamente al alcalde la administración del salón de sesiones, esta materia corresponde al Concejo Municipal como órgano deliberativo”, afirmó Mora.

La presidenta agregó que los espacios destinados al Concejo y a su secretaría “no pueden ser utilizados para fines distintos de los propios del órgano deliberativo, ni por funcionarios adscritos a la Alcaldía sin autorización expresa del Concejo”. También anunció que la Secretaría del Concejo llevará una bitácora para registrar los casos en que se autorice el uso del salón por parte de otras dependencias.

El alcalde Vargas, por su parte, replicó señalando que en el espacio anexo al salón de sesiones se han colocado electrodomésticos y equipos que, según dijo, “no responden al uso institucional del área”.

“Cuando iniciamos esta administración, ese espacio era un comedor… ahora veo microondas, refrigeradora y una bodega. No sé qué uso se le está dando a esa salita”, expresó Vargas, indicando que el tema será remitido al Departamento Legal para su valoración.

Finalmente, la secretaria del Concejo, Adriana Herrera Quirós, intervino para aclarar la situación. Explicó que los equipos y utensilios mencionados cuentan con autorización y registro contable, y que el espacio se utiliza, entre otros fines, para soporte técnico de las transmisiones del Concejo.

“Esa oficina está destinada para el compañero de LESCO en caso de que no pueda hacer la transmisión desde cabina. También hay una refri y un microondas, como en otras oficinas de la municipalidad. Si no los pudiéramos tener, sería una discriminación”, indicó Herrera.

La secretaria agregó que parte del equipo y material se trasladó al salón luego de que la bodega anterior fuera reasignada a otra dependencia municipal.

Es claro decir que, la construcción del edificio municipal al parecer nunca contempló suficiente espacio para el salón de sesiones de dicho Concejo Municipal, donde inclusive no existe ni espacio suficiente para que el público o vecinos del cantón puedan llegar a escuchar las sesiones que por sí ya son públicas.

De hecho según la misma administración municipal para las sesiones del concejo municipal solamente pueden asistir 10 personas de público, una cantidad muy poca comparado con otros concejos municipales en otros cantones.

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Crisis de residuos: Santa Ana y Montes de Oca levantan la voz en el programa Matices

En medio de la creciente crisis nacional por la gestión de residuos sólidos, alcaldes de 14 municipalidades del Gran Área Metropolitana (GAM) alzaron la voz contra el decreto impulsado por la ministra de Salud, Mari Munibe, que busca obligar a los gobiernos locales a asumir de inmediato nuevas responsabilidades en el manejo de la basura.

El tema fue analizado en el programa Matices de Radio Monumental con el director del programa Randall Rivera, donde participaron los alcaldes de Montes de Oca, Domingo Argüello y Juan José Vargas, alcalde del cantón de Santa Ana. Ambos coincidieron en que, aunque las municipalidades deben comprometerse con la gestión integral de residuos, el decreto coloca a las alcaldías “contra la pared” al imponer plazos y condiciones que califican como inviables.

Juan José Vargas recordó que el problema no es reciente, sino heredado:

“Prácticamente los que estamos ahora en las alcaldías hemos heredado una ineficiencia de 20 años atrás. La población en Santa Ana crece en mil personas por año, ya tenemos más de 63 mil habitantes y seguimos con los mismos mecanismos de recolección”, señaló.

El alcalde de nuestro cantón explicó que actualmente el cantón genera entre 78 y 80 toneladas de basura diarias (unas 24 mil toneladas al año), y que el costo por tonelada de recolección pasará de ₡15.000 en 2019 a ₡43.500 a partir de abril del 2026, un aumento que obliga a la municipalidad a ajustar tasas y buscar soluciones más sostenibles.

Entre las acciones locales destacó la ampliación del centro de acopio, proyectos de compostaje en la comunidad y la posibilidad de instalar una planta de tratamiento en un terreno de tres hectáreas en Santa Ana, con apoyo de empresarios internacionales. Sin embargo, Vargas insistió en que la implementación de plantas de este tipo requiere al menos de uno a dos años, no ocho meses como plantea el decreto.

“Nosotros estamos trabajando, pero pedimos diálogo. Este no es solo un problema municipal, es un problema país. La rectoría la tiene el Ministerio de Salud, y necesitamos que se siente con nosotros para definir soluciones reales”, enfatizó el alcalde.

Los alcaldes solicitan una moratoria de dos años para la aplicación del decreto, tiempo que consideran necesario para desarrollar alternativas técnicas y financieras que permitan atender la crisis sin poner en riesgo la salud pública ni el funcionamiento municipal.

Vargas advirtió que, si no se alcanza un acuerdo antes de abril, Santa Ana podría enfrentar un escenario crítico:

“Si no tenemos un convenio para el traslado de los residuos, simplemente no tendremos dónde dejar la basura”.

Mientras tanto, las autoridades locales aseguran que continuarán impulsando programas de educación ambiental, reciclaje y compostaje para reducir la cantidad de residuos enviados a rellenos sanitarios, al tiempo que mantienen abiertos los canales de negociación con el Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo.

Puede observar el video del programa Matices, en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/Noticias.Monumental/videos/2364953550573588

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Juan José Vargas destaca con video avances en asfaltado y obras de infraestructura

Esta mañana mediante un video como es habitual, el alcalde Juan José Vargas destacó que durante la última semana, la Municipalidad de Santa Ana ejecutó diversas labores de mantenimiento vial, coordinación de obras y atención de reportes vecinales en distintos distritos del cantón.

Entre las acciones más relevantes destacan los trabajos de asfaltado y perfilado en sectores como Río Oro, Lindora, Bosques de Santa Ana, Alto de las Palomas, Piedades, Brasil, Quintas Don Lalo y Real de Pereira. En el caso del EMAI, cuadrillas municipales realizaron labores específicas de mejoramiento en las vías de acceso.

Asimismo, se informó que en coordinación con el Conavi se atendieron accesos a viviendas cercanas a Plaza Coros, con el fin de garantizar que los vecinos no se vieran afectados por la intervención en la zona.

Otro de los puntos de atención fue la inspección y toma de decisiones respecto a tuberías del AyA que se encuentran muy superficiales, con el objetivo de prevenir daños durante las obras. Además, se recibieron reportes ciudadanos sobre problemas de inundaciones de aguas negras, los cuales ya están siendo abordados por el equipo municipal.

En el sector del INVU, se inició con el trabajo en las aceras de la cancha, mientras que en la calle Los Gavilanes se resolvió un problema en la salida hacia la zona de la agencia Land Rover, con planes de asfaltar el acceso próximamente.

La municipalidad destacó que estas labores buscan no solo atender las necesidades inmediatas, sino también recuperar calles que han estado sin inversión durante años, avanzando en un plan integral de mejora de infraestructura cantonal.

Puede ver el video municipal en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/valledelsol/videos/1426468331743824

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Mayoría de regidores rechazó veto del alcalde al aumento de impuestos municipales

El Concejo Municipal de Santa Ana rechazó este martes 2 de septiembre el veto interpuesto por el alcalde Juan José Vargas Fallas contra el acuerdo número 28 de la sesión ordinaria celebrada el pasado 19 de agosto, relacionado con la anulación del aumento en las tasas de servicios municipales para el periodo fiscal 2026.

La discusión se dio en la sesión ordinaria número 70-2025, en la cual el presidente del Concejo sometió a votación la propuesta de acoger el veto. La moción fue rechazada con mayoría de votos: solamente la regidora Cintia Chávez Robles y el presidente Gonzalo Rojas del PUSC lo apoyaron, mientras que cinco regidores votaron en contra, entre ellos Danny Ureña del Republicano, Esteban Blanco Herrera y Roberto Spesny del Sol y finalmente José Roberto Castro y Milena Ablen del PLN.

Con este resultado, el veto será elevado al Tribunal Contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 167 del Código Municipal.

Durante la sesión, el regidor José Roberto Castro (PLN) justificó el voto negativo y lamentó la decisión del alcalde de frenar el acuerdo del Concejo.

“El señor alcalde presentó este veto sin escuchar al pueblo de Santa Ana. Se perdió la oportunidad de plantear propuestas más justas y mesuradas para los contribuyentes”, expresó.

Por su parte, el regidor Esteban Blanco señaló que se debe dejar en actas una resolución detallada de rechazo al veto, argumentando que los aumentos aprobados en julio carecen de motivación técnica suficiente y lesionan principios de legalidad y proporcionalidad en materia tributaria.

En el documento de justificación, los regidores que promovieron el rechazo sostienen que el acuerdo aprobado en julio fijaba incrementos de hasta un 46% en las tasas, cuando originalmente se planteaba un 36%, sin contar con el debido respaldo técnico. También se cuestiona la falta de transparencia en el procedimiento, la ausencia de documentación completa y la afectación directa a los santaneños con mayores cargas económicas.

El alcalde, en su veto, había alegado nulidades tanto de forma como de fondo, defendiendo que el acuerdo de julio estaba debidamente sustentado y que los aumentos respondían al principio de costo efectivo. Sin embargo, la mayoría de regidores consideró que la ausencia de motivación constituía un vicio de nulidad.

Ahora será el Tribunal Contencioso Administrativo el que resuelva el futuro de las tasas municipales para el periodo 2026, en un proceso que definirá si se mantiene o se anula el incremento aprobado en la sesión extraordinaria número 32 del pasado 17 de julio.

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Alcalde mediante video vuelve a justificar aumento en tasas de basura y seguridad

El alcalde, Juan José Vargas, se dirigió este miércoles a la ciudadanía para explicar las razones detrás del reciente ajuste en las tasas municipales de recolección de basura y seguridad ciudadana, decisión que generó debate en el Concejo Municipal.

Según el alcalde, el incremento responde a la necesidad de garantizar la continuidad de dos servicios esenciales para la comunidad. En el caso de la recolección de residuos, el jerarca advirtió que los costos de transporte y disposición final han aumentado drásticamente, pasando de ¢17.500 a ¢43.500 por tonelada. De no realizarse el ajuste, dijo, en pocos meses el cantón enfrentaría una crisis ambiental y de salud pública.

“Si no ajustamos las tasas, no tendremos dónde disponer la basura del cantón, lo que generaría contaminación, proliferación de plagas y graves riesgos para la salud de la población”, afirmó.

Sobre la seguridad, Vargas reconoció que la Policía Municipal no cuenta con los recursos suficientes para atender todas las necesidades del territorio. Explicó que con el incremento se busca financiar más patrullas, cámaras de vigilancia, capacitación para funcionarios y mayor presencia policial en barrios afectados por la inseguridad y el problema de las drogas.

El alcalde cuestionó que algunos sectores políticos promovieran, según dijo, un cambio de posición del Partido del Sol tras haber votado inicialmente a favor de las medidas junto al PUSC. Finalmente, el Partido Liberación Nacional y el Partido Republicano se manifestaron en contra de los aumentos.

“Mis decisiones no son politiqueras ni populistas, son por el bien del cantón”, enfatizó el alcalde, al señalar que entiende la preocupación de los vecinos, pero considera que el ajuste es “una necesidad urgente” para proteger la salud y la seguridad de la población.

Puede observar el video en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/reel/1425988815366052

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Vecinos indignados protestan contra alza de impuestos municipales

Santa Ana vive un clima de tensión entre autoridades y vecinos, luego de que el Concejo Municipal aprobara un significativo aumento en las tasas de servicios municipales que empezaría a regir en el 2026.

La noche de ayer, mientras se desarrollaba la sesión del Concejo, alrededor de aproximadamente unos 100 santaneños se concentraron en la entrada del edificio municipal para manifestar su indignación. Los vecinos reclamaron a regidores y al alcalde que salieran a dar explicaciones, pero esto nunca ocurrió.

Entre los principales señalamientos está el alza del 46% en la tasa de recolección y disposición de desechos sólidos, así como la creación de nuevos cobros que antes no existían: ¢0,94 por cada ¢100.000 del valor de la propiedad para el servicio de Policía y ¢0,19 para mantenimiento de Parques y Zonas Verdes.

Algunos manifestantes expresaron que el aumento es “confiscatorio” y que, de seguir así, “en pocos años no se podrá comer por tener que pagar impuestos”. También cuestionaron que la municipalidad recurra constantemente a aumentar cargas en lugar de buscar alternativas para generar ingresos propios.

La inconformidad no quedó solo en las calles. Los ciudadanos Marcelo Vargas Lobo y Ana Virginia Esquirrel presentaron recursos extraordinarios de revisión contra el “Acuerdo Número 02, Artículo III” de la sesión extraordinaria N.º 32-2025, celebrada el 17 de julio. Alegan que el procedimiento tuvo vicios que provocan “nulidad absoluta, evidente y manifiesta”, amparándose en el Artículo 166 del Código Municipal.

Los documentos, entregados el 8 y 11 de agosto, obligan al Concejo Municipal a revisar su decisión y resolver sobre la validez de los argumentos vecinales.

Mientras se espera una resolución oficial y según manifestó el asesor del Concejo Municipal el Sr. Jorge Sánchez del Partido Republicano, esto supuestamente se conocerá en una comisión el próximo jueves, el aumento en los impuestos municipales promete seguir en el centro del debate político local, con una ciudadanía cada vez más activa y crítica de las decisiones que afectan su economía.

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Alcalde aclara situación del EMAI y anuncia propuestas para mejorarlo

El alcalde de Santa Ana, Juan José Vargas, se dirigió ayer viernes en horas de la noche a la comunidad para desmentir lo que calificó como “otra mentira” sobre la gestión municipal y, en particular, sobre el futuro del Escuela Municipal de Artes Integradas (EMAI).

Vargas explicó que la auditoría interna de la Municipalidad ha emitido informes desde años atrás señalando deficiencias administrativas y de evaluación dentro del EMAI. Según el más reciente reporte, la institución no podría seguir recibiendo fondos públicos en su condición actual para el año 2026, por lo que la administración municipal está obligada a buscar nuevos modelos de gestión.

“Hay muchas quejas de niños, jóvenes y vecinos que no logran ingresar al EMAI o que no reciben becas, así como de otros problemas que debemos vigilar”, indicó el alcalde.

Ante esta situación, la Municipalidad elaboró un estudio y presentó tres posibles soluciones al Concejo Municipal. Una de las propuestas contempla que la malla curricular sea administrada por una institución de educación superior acreditada como la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) o la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) con el fin de que los estudiantes obtengan títulos con reconocimiento académico oficial.

Vargas recalcó que el cuerpo docente del EMAI, al que calificó como “de altísima calidad”, se mantendría en sus puestos, mientras que la administración general continuaría bajo la Municipalidad. La asociación actual seguiría teniendo un rol importante, aunque sin manejar fondos públicos, tal como lo exige la auditoría.

“El EMAI no se cierra. Lo vamos a fortalecer y mejorar para bien de todos los santanecos”, afirmó el alcalde, instando a la ciudadanía a no dejarse llevar por rumores.

Puede ver el video en este enlace:

https://www.facebook.com/valledelsol/videos/745159078403275

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