¿Conveniencia? Policía Municipal debe coordinar con Depto. de Comunicación antes de brindar declaraciones

Una medida burocrática o dan declaraciones a medios o personas según su conveniencia.

El Gobierno Local confirmó esta mañana a Santa Ana Actual que desde el año 2021 mantiene una disposición interna que obliga a los medios de comunicación a canalizar cualquier consulta o entrevista a través del Departamento de Comunicación, sin que los jefes o encargados de área —como el de la Policía Municipal puedan responder directamente a la prensa.

La respuesta oficial fue emitida por Kattia Castro Badilla, encargada del Proceso de Comunicación del Gobierno Local, tras una consulta enviada por Santa Ana Actual. La solicitud se originó luego de que el jefe de la Policía Municipal, el Sr. Luis Moncada, no brindara declaraciones sobre recientes detenciones realizadas por ese cuerpo policial, indicando que las preguntas debían ser dirigidas al Departamento de Comunicación de la Municipalidad.

En su respuesta, la funcionaria explicó que “toda solicitud proveniente de un medio de comunicación debe ser dirigida a mi persona, en calidad de encargada del Proceso de Comunicación del Gobierno Local de Santa Ana”, con el fin de coordinar la atención con la Alcaldía, que funge como vocería oficial, o bien designar a la parte técnica que corresponda.

Según la funcionaria, esta disposición está establecida desde 2021 mediante el documento MSA-GAD-COM-02-021-2021, el cual regula los lineamientos de vocería institucional, y fue ratificada nuevamente en julio de 2025 por la nueva administración municipal con Juan José Vargas como alcalde.

Castro aclaró que la directriz no impide que funcionarios como el jefe policial puedan hablar con la prensa, sino que toda entrevista o solicitud de información debe ser previamente coordinada con Comunicación.

No obstante, esta medida genera cuestionamientos sobre la transparencia y el libre acceso a la información pública, ya que limita el contacto directo con quienes manejan los hechos operativos, como las detenciones municipales. Para los medios, en algunas ocasiones este procedimiento puede dificultar la respuesta oportuna e inmediata y la publicación de información de interés ciudadano. En ocasiones anteriores logramos optener una respuesta oportuna con información sobre detenciones por parte del Sr. Moncada.

Desde Santa Ana Actual, se insistió en la necesidad de que la ciudadanía reciba información completa, clara y veraz sobre actuaciones policiales y de seguridad cantonal, sin que estos procesos administrativos se conviertan en una barrera informativa.

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“Mentiras y mentiras”: alcalde Juan José Vargas responde a críticas por operativos de tránsito

El alcalde Juan José Vargas, se refirió recientemente en un video de su perfil personal en Facebook a los comentarios que circulan en redes sociales sobre los operativos y multas realizados por la Policía de Tránsito en la ruta 121, en el distrito central del cantón.

Vargas calificó como “mentiras” las publicaciones que lo relacionan con dichas acciones y aseguró que no tiene ninguna vinculación con los operativos, los cuales —según indicó— son competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) al tratarse de una vía nacional.

“Mentiras y mentiras y mentiras, siguen mintiendo. No tengo que ver nada con esos operativos porque son del MOPT y son en calles nacionales”, expresó el alcalde.

Además, el jerarca municipal atribuyó las críticas en redes sociales a personas que ya no laboran en la Municipalidad y que, según dijo, estarían actuando por resentimiento.

“Este perfil falso debe ser alguno de los que ya no están en la municipalidad por algo grave. Los fumigamos y están muy resentidos porque se les acabó el estar chupando a costas del pueblo”, manifestó Vargas.

Los operativos de tránsito sobre la ruta 121 han generado diversos comentarios de vecinos y conductores en los últimos días, algunos cuestionando el número de multas aplicadas y otros solicitando mayor control vehicular en la zona.

Esto dijo el alcalde mediante video difundido en su perfil personal:

https://www.facebook.com/reel/796043033196539

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Reuniones entre la Alcaldía y Tapachula dejan compromisos, pero persisten las quejas ciudadanas

La Alcaldía Municipal respondió a una consulta del medio Santa Ana Actual sobre las gestiones realizadas ante las constantes denuncias ciudadanas respecto al servicio de transporte público brindado por la empresa Compañía de Inversiones La Tapachula al cantón desde hace 25 años.

De acuerdo con la información suministrada por Melissa Quesada, asistente de la alcaldía municipal, se han alcanzado diversos acuerdos entre la Municipalidad y la empresa con el propósito de mejorar la atención a las personas usuarias y dar seguimiento a las inconformidades reportadas.

Se menciona que entre las acciones destacadas se encuentra la conformación de un comité de comunicación y articulación entre ambas partes, mediante un grupo de WhatsApp, que permite trasladar denuncias y recibir respuestas de forma directa y oportuna. Esto a pesar de que algunos vecinos se siguen quejando del servicio que ofrece dicha concesionaria.

Asimismo, según la respuesta ofrecida, la empresa se comprometió a remitir los horarios y recorridos de las rutas que operan en cada distrito, conforme a lo autorizado por el Consejo de Transporte Público (CTP), información que se encuentra pendiente de entrega.

El documento menciona que tanto la Municipalidad como Tapachula desarrollan un análisis conjunto de las paradas de autobús que generan mayores conflictos en el cantón, con el objetivo de identificar puntos críticos y proponer soluciones para el ordenamiento vial. Dicho documento será remitido al CTP para su valoración, mientras la Junta Vial Cantonal ya analiza la lista de paradas oficiales y ha programado giras de verificación en sitio.

Como parte del proceso de supervisión, funcionarios municipales realizaron una visita a los planteles de la empresa en Escazú y Brasil de Santa Ana, el pasado 29 de noviembre de 2024, con el fin de observar las condiciones operativas y de mantenimiento de las unidades, así como los procedimientos internos de la compañía. No obstante, aún se perciben problemas en las unidades y algunas denuncias han llegado al Concejo Municipal.

Según la respuesta de la alcaldía a este medio, se logró que la empresa conceda 20 becas de transporte dirigidas a estudiantes en condición de vulnerabilidad para el curso lectivo 2025, y ha promovido un proyecto de ordenamiento del espacio público frente al plantel de buses en Brasil, actualmente en valoración por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Esto lo estaremos confirmando si efectivamente las becas se han dado a dichos estudiantes.

En cuanto al trato del personal hacia los usuarios, la empresa Tapachula se comprometió a realizar capacitaciones en servicio al cliente y relaciones humanas, dado el déficit nacional de choferes y la incorporación de personal extranjero que requiere adaptación cultural.

Finalmente, la alcaldía reiteró que, aunque la concesión y fiscalización del servicio dependen del Consejo de Transporte Público CTP, ha solicitado una audiencia ante ese órgano para exponer las reiteradas quejas ciudadanas relacionadas con malos tratos, incumplimientos de paradas, desperfectos mecánicos y otras irregularidades. Este medio estará pendiente a esta audiencia ya que los vecinos siguen con la queja del servicio especialmente el estado de las unidades.

El correo electrónico enviado a Santa Ana Actual, cierra con esto “La Alcaldía ha sido clara en exigir a la empresa que realice los esfuerzos necesarios para mejorar el servicio. Estamos comprometidos con la ciudadanía y hemos documentado todos los reportes de quejas y denuncias recibidas”, concluye la respuesta oficial.

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Diez días hábiles sin cumplir, denuncia anónima y tiempo perdido en el Concejo Municipal

Durante la sesión ordinaria de este martes, el Concejo Municipal abordó la existencia de una denuncia anónima presentada ante la Auditoría Interna Municipal, cuya atención habría sido trasladada al despacho del alcalde Juan José Vargas Fallas desde el pasado 7 de octubre, sin que, según se indicó en la sesión, el denunciante haya recibido una respuesta hasta la fecha.

El tema fue presentado por la presidenta del Concejo, Wendy Mora, quien explicó que minutos antes del inicio de la sesión recibió el documento entregado por la persona denunciante. Según detalló, se trata de un oficio firmado por la auditora interna Ana Cecilia Díaz Ruiz (MSA-AUI-02-128-2025), en el cual se comunica al ciudadano que la Auditoría no puede resolver el fondo de la denuncia y que esta fue remitida al alcalde Vargas, en su condición de jerarca a cargo de la Policía Municipal.

“El documento tiene fecha del 7 de octubre y hasta el momento el denunciante no ha recibido ninguna respuesta. Por tratarse de un asunto de la Policía Municipal, quise trasladarlo como trámite urgente para conocer qué acciones ha tomado la Alcaldía”, expresó Wendy Mora durante la sesión.

Sin embargo, el alcalde Juan José Vargas manifestó no tener conocimiento específico del caso.

“No sé cuál denuncia es, ni el número de expediente. Todo lo que la Auditoría nos envía lo contestamos, pero no recuerdo haber recibido algo relacionado con este tema”, afirmó el jerarca municipal, quien también señaló que el procedimiento correcto es que el ciudadano se dirija directamente a la Alcaldía para solicitar información sobre su gestión.

El regidor José Roberto Castro también intervino, sugiriendo que el Concejo debía conocer el documento antes de discutirlo, y recordó que las instituciones públicas disponen de diez días hábiles para responder a los oficios, según la normativa administrativa vigente.

Ante las diferentes posturas, Mora insistió en que su intención no era cuestionar al alcalde, sino garantizar que el ciudadano reciba respuesta.

“No se trata de un tema inquisidor, sino de velar porque los procesos de denuncia se atiendan oportunamente”, aclaró.

La sesión concluyó con el compromiso del alcalde Vargas de revisar el asunto junto a sus asesores para verificar si la denuncia fue efectivamente recibida y atendida. Pero eso sí, transcurrieron aproximadamente 13 minutos de tiempo perdido en un tema que ha generado mucha controversia en el cantón.

Cabe recordar que, conforme al artículo 30 de la Ley General de la Administración Pública, las instituciones están obligadas a responder las gestiones de los ciudadanos en un plazo máximo de diez días hábiles. En caso de incumplimiento, los interesados pueden acudir a la Sala Constitucional (Sala IV) para reclamar su derecho de petición y pronta respuesta.

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Vecina de Brasil denuncia falta de participación de algunos miembros en ese Concejo de Distrito

Ayer en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, la presidenta de la Asociación Manos Amigas de Brasil y actual miembro del Concejo de Distrito de esa localidad, Idaly Elizondo Muñoz, expuso su preocupación por la falta de participación de algunos miembros del Concejo de Distrito, situación que, según explicó, ha afectado el desarrollo de proyectos y el seguimiento de acuerdos en la comunidad de La Promesa.

El punto, incluido como artículo 1 de la agenda, fue anunciado por la presidenta del Concejo Municipal, Wendy Mora, quien dio la bienvenida a la Sra. Elizondo para que abordara los temas relevantes del distrito. Durante su intervención, la representante comunal hizo un llamado tanto a los miembros del Concejo de Distrito para que se retome la continuidad en las sesiones y se garantice la asistencia de los representantes juramentados.

“Ya tenemos más de cuatro o cinco sesiones que no se pueden avanzar. Las ausencias no son buenas; hay un distrito que confió en nosotros. Necesitamos seguir trabajando y que los proyectos no se detengan”, expresó Elizondo.

La dirigente comunal también señaló que la comunidad ha debido grabar las sesiones como medida de respaldo ante la falta de quórum y pidió apoyo institucional para resolver la situación.

Tras la exposición, varios regidores y autoridades locales respaldaron el llamado. El regidor Walter Herrera destacó que las personas electas popularmente deben honrar el compromiso adquirido con sus comunidades.

“El pueblo los eligió para representarles. Deben asumir ese compromiso para lograr una mejor comunidad en el cantón de Santa Ana”, afirmó.

Por su parte, el alcalde Juan José Vargas calificó como “lamentable” el panorama descrito y reconoció que es necesario hacer un “mea culpa” dentro del Concejo de Distrito de Brasil para retomar su funcionamiento.

“Hay que analizar profundamente y retomar el trabajo. Todos debemos ceder un poco para que la comunidad gane”, comentó.

La presidenta del Concejo Municipal, Wendy Mora, indicó que solicitará al síndico del distrito el Sr. José Pablo Guadamúz un reporte oficial sobre las ausencias de los miembros titulares y suplentes, y advirtió que, de ser necesario, podrían removerse credenciales conforme lo establece el reglamento municipal.

“Si una persona no se presenta y su suplente tampoco, ambos fueron juramentados y deben asumir sus responsabilidades”, enfatizó.

Finalmente, el regidor Danny Ureña planteó una observación sobre el alcance de las competencias entre el Concejo Municipal y los Concejos de Distrito, señalando que estos últimos no dependen jerárquicamente de la presidencia municipal. Propuso que, de ser necesario, el tema se aclare mediante una moción formal.

El Concejo Municipal acordó esperar el informe y la documentación oficial de la Asociación Manos Amigas para valorar internamente las acciones correspondientes y garantizar la continuidad del trabajo comunal en el distrito de Brasil.

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Gobierno Local refuerza su gestión de residuos y avanza con nuevo servicio de relleno sanitario

Ayer en la sesión del Concejo Municipal, los regidores aprobaron —aunque sin firmeza todavía — la adjudicación del nuevo servicio de relleno sanitario para el cantón, tras un extenso debate sobre costos, gestión ambiental y educación ciudadana en el manejo de residuos.

La propuesta fue presentada por el alcalde Juan José Vargas, quien explicó que el proceso forma parte de la licitación mayor N.° MSA-GAD-PRV-02043-2025, solicitada por el departamento de Proveeduría y avalada recientemente por el Ministerio de Salud, con admisibilidad válida hasta abril de 2026.

“Hemos venido trabajando desde años atrás en la gestión de residuos. Esta admisibilidad nos permite seguir avanzando, pero bajo estricta supervisión. Las municipalidades que no actúen podrían recibir ‘tarjeta roja’ del Ministerio”, advirtió el alcalde Vargas.

El alcalde también destacó los esfuerzos de la administración en la ampliación del centro de acopio, la adquisición de nuevos camiones recolectores y una máquina compactadora, así como la preparación de un nuevo reglamento para los ciudadanos con el fin de reducir la producción de basura y promover la clasificación de desechos.

Debate por el costo del servicio

El regidor Dani Ureña fue el único voto en contra y manifestó sus reservas sobre el monto adjudicado de ₡43.500 por tonelada, cifra superior a los valores de referencia establecidos en el estudio de mercado municipal, que iban de ₡20.000 a ₡38.000.

“Hubiera preferido que este tema pasara por comisión. La única empresa oferente es la misma que participó en la definición del estudio financiero. Me parece importante analizar si este precio está bien sustentado”, señaló Ureña.

Educación y tecnología para mejorar el reciclaje

Otros regidores coincidieron en la necesidad de reforzar la cultura del reciclaje en el cantón. Walter Herrera propuso retomar un proyecto anterior para crear una aplicación web que permita a los vecinos conocer las rutas y horarios de los camiones recolectores de materiales valorizables.

“La gente no sabe cuándo pasa el camión del reciclaje. Con una aplicación podríamos aumentar la recuperación de residuos y disminuir los costos del relleno sanitario”, argumentó Herrera.

La presidenta del Concejo, Wendy Mora Castro, y el alcalde coincidieron en la importancia de reeducar a la población sobre la separación de desechos, recordando que en los últimos años el cantón ha crecido considerablemente y muchas familias nuevas desconocen las prácticas adecuadas.

Vargas informó además que más de 2.500 estudiantes ya han sido capacitados por el departamento de Gestión Ambiental con apoyo del Cuerpo de Paz, y anunció nuevas campañas dirigidas a adultos y hogares para fomentar el compostaje y el reciclaje.

Vigilancia y control

Como parte de las acciones complementarias, la Municipalidad anunció la instalación de cámaras de seguridad en puntos críticos donde se han detectado botaderos ilegales, como en las cercanías de Rancho Tico y sobre la ruta 27.

Finalmente, la moción fue aprobada con seis votos a favor y uno en contra, pero no quedó en firme, por lo que deberá ratificarse en la próxima sesión municipal.

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Gobierno Local organiza Caminata Rosa por la lucha contra el cáncer de mama

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Gobierno Local invita a toda la comunidad a participar en la Caminata Rosa, una actividad que busca promover la prevención, la detección temprana y la sensibilización sobre esta enfermedad que afecta a miles de mujeres cada año.

El evento se llevará a cabo el viernes 17 de octubre de 2025, a partir de las 8:00 a.m. La caminata saldrá desde las instalaciones de la Escuela Municipal de Artes Integradas (EMAI) y concluirá en el Parque de Santa Ana, donde se desarrollarán actividades informativas, rifas y se ofrecerá una merienda a las personas participantes.

La organización recomienda asistir con camisa rosada, símbolo internacional de la lucha contra el cáncer de mama. La inscripción se puede realizar de forma digital mediante un formulario disponible a través del código QR incluido en la convocatoria oficial.

La actividad es coordinada por la Oficina Municipal de la Persona con Discapacidad (OPAMDIS) y el programa Ensueños de Oro, con el apoyo de la Iniciativa PAZ para Santa Ana y el Gobierno Local.

Con este esfuerzo, las autoridades municipales buscan fomentar una cultura de prevención y acompañamiento, recordando la importancia de realizarse los chequeos médicos periódicos y de apoyar a quienes enfrentan el cáncer con esperanza y solidaridad.

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Usuaria reclama el mal estado de las unidades de Tapachula en el Concejo Municipal

Ayer en el Concejo Municipal, el regidor Gonzalo Rojas del PUSC, llevó a discusión las quejas vecinales sobre el deficiente servicio de transporte público que brinda la empresa Tapachula, encargada de la concesión de la ruta 9 (Escazú y Santa Ana).

Gonzalo Rojas indicó que la vecina Teresita Arroyo le hizo llegar imágenes y audios que evidencian el deterioro de las unidades que prestan el servicio a los santaneños. En las fotografías se observan asientos rotos y estructuras en mal estado, mientras que en el audio la usuaria describe cómo una de las unidades “sonaba absolutamente todo” durante el recorrido.

“El mal estado y la calidad de las unidades siguen siendo las mismas, y los usuarios continúan preocupados por el servicio que se les brinda”, expresó el regidor ante el Concejo, solicitando dar seguimiento a las observaciones que en su momento la municipalidad había remitido a la empresa.

En reiteradas ocasiones varios vecinos han manifestado su molestia por el mal servicio que ofrece la empresa Tapachula en nuestro cantón. Esta empresa tiene ya más de 25 años operando las rutas de Santa Ana, en reiteradas ocasiones los usuarios han presentado malestar por las unidades.

El alcalde Juan José Vargas, ha dicho que se viene hablando con la empresa para buscar mejoras, pero pareciera que todo queda en eso, porque es evidente que el servicio no ha mejorado desde que el alcalde asumió su cargo e inició con las gestiones con dicha empresa consesionaria de la ruta 9.

Ninguno de alcaldes de Santa Ana y Escazú que han pasado por dichas administraciones se han preocupado realmente por esta situación y deberán ser los vecinos quienes finalmente sean los que se preocupen porque este servicio cambie o mejore, e inclusive se ha hablado que hay otros empresarios que estarían dispuestos a tomar la ruta de Santa Ana si el mismo CTP lo solicita y los vecinos presionan al MOPT para que el servicio finalmente tenga un mejor rumbo.

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Concejo Municipal rechaza moción del alcalde sobre reestructuración de la Policía Municipal

Durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal celebrada este martes 7 de octubre, los regidores discutieron la propuesta presentada por el alcalde Juan José Vargas Fallas para la reestructuración de la Policía Municipal, moción que finalmente fue rechazada por mayoría, según el dictamen N.° 58-2025 de la Comisión de Gobierno y Administración.

La secretaria del Concejo, Adriana Herrera Quirós, dio lectura al acuerdo en el que se rechaza la moción del alcalde, pero se instruye a la Administración Municipal retomar el proyecto posteriormente, una vez que se resuelvan los procesos administrativos y laborales actualmente en curso.

Durante el debate, la regidora Cynthia Chávez Robles cuestionó esa condición, indicando que los procesos en curso “nada tienen que ver con la reestructuración” y defendió la necesidad de fortalecer el cuerpo policial ante el aumento de los problemas de seguridad en el cantón.

“No entiendo por qué ponen este tipo de instrucción. Lo que buscamos es mejorar el sistema de seguridad. No se trata de personas, sino de fortalecer una institución que Santa Ana necesita con urgencia”, expresó la regidora.

Por su parte, el regidor Danny Ureña, quien integró la comisión que analizó el proyecto, explicó que su recomendación de posponer la aprobación se debe a los conflictos laborales internos que atraviesa actualmente la Policía Municipal.

“Desde lo técnico, no considero que el proyecto esté mal, pero no es oportuno aprobarlo mientras haya procesos sancionatorios y laborales en curso. Sería irresponsable no tomar en cuenta eso”, señaló.

El alcalde Juan José Vargas intervino para defender la labor de la Policía Municipal y destacar el trabajo conjunto con la Fuerza Pública mediante las denominadas fuerzas de tarea, una estrategia que, según afirmó, ha permitido reducir los índices de delincuencia en Santa Ana.

“Somos el único cantón donde la Policía Municipal y la Fuerza Pública realizan retenes y rondas conjuntas durante toda la noche. Gracias a ese esfuerzo, se han decomisado drogas, motos y se ha detenido a sospechosos. La reestructuración no tiene que ver con personas ni con plazas, sino con ordenar y mejorar el funcionamiento interno”, explicó Vargas.

Finalmente, el regidor Gonzalo Rojas Rojas lamentó que el tema, tras varias horas de discusión en comisión, terminara resolviéndose con criterios políticos más que técnicos.

“El tema fue ampliamente discutido. Sabemos que la Policía Municipal no da abasto para un cantón de más de 62 mil habitantes. Ojalá se logre avanzar, porque la seguridad es una necesidad urgente”, manifestó.

La votación final arrojó cinco votos a favor del dictamen (rechazo de la moción) y dos en contra, correspondientes a los regidores Cintia Chávez y Gonzalo Rojas, quienes defendieron la propuesta del alcalde.

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Alcalde y presidenta del Concejo Municipal discrepan sobre quién administra el salón de sesiones

Este martes en la sesión ordinaria del Concejo Municipal, se generó ciertas discrepancias entre el alcalde Juan José Vargas, y la presidenta del concejo, Wendy Mora, además también la secretaria del órgano municipal, Adriana Herrera Quirós, tuvo que salir a explicar dicha situación a raíz de un oficio relacionado con el uso del salón de sesiones y las oficinas anexas al Concejo Municipal.

El debate inició cuando el alcalde Vargas leyó el oficio MSAL-0269-25, mediante el cual la Alcaldía respondió a un documento previamente emitido por la Presidencia del Concejo. En su lectura, el alcalde manifestó su sorpresa por la instrucción girada desde la Presidencia hacia la Alcaldía, considerando que tal acción “podría interpretarse como un desconocimiento involuntario de las competencias establecidas en el artículo 34 del Código Municipal”, que no le otorga a la presidencia la potestad de emitir órdenes a la Alcaldía.

Vargas argumentó que, conforme al artículo 17 del mismo código, la organización del edificio municipal es competencia exclusiva de la Alcaldía, y que, en consecuencia, el salón de sesiones puede ser utilizado por la administración cuando no esté siendo ocupado por el Concejo ni sus comisiones.

“Cuando el salón de sesiones no esté siendo utilizado por el Consejo, corresponde al alcalde disponer de dicho espacio…”, leyó el jerarca, agregando que este tipo de temas “no deben distraer los esfuerzos de la institución en asuntos menores”.

Ante esto, la presidenta del Concejo, Wendy Mora, solicitó la palabra para responder, indicando que el oficio de la Presidencia no constituye una orden, sino una gestión amparada en criterios jurídicos y dictámenes de la Procuraduría General de la República.

Mora citó específicamente el dictamen C-083-2011, el cual concluye que la ley no asigna de forma expresa la administración del salón de sesiones a ninguno de los órganos municipales, por lo que debe aplicarse el principio de competencia residual. Según dicho criterio, las potestades no atribuidas expresamente corresponden al órgano de mayor legitimidad democrática, es decir, al Concejo Municipal.

“Por tanto, al no existir norma que asigne expresamente al alcalde la administración del salón de sesiones, esta materia corresponde al Concejo Municipal como órgano deliberativo”, afirmó Mora.

La presidenta agregó que los espacios destinados al Concejo y a su secretaría “no pueden ser utilizados para fines distintos de los propios del órgano deliberativo, ni por funcionarios adscritos a la Alcaldía sin autorización expresa del Concejo”. También anunció que la Secretaría del Concejo llevará una bitácora para registrar los casos en que se autorice el uso del salón por parte de otras dependencias.

El alcalde Vargas, por su parte, replicó señalando que en el espacio anexo al salón de sesiones se han colocado electrodomésticos y equipos que, según dijo, “no responden al uso institucional del área”.

“Cuando iniciamos esta administración, ese espacio era un comedor… ahora veo microondas, refrigeradora y una bodega. No sé qué uso se le está dando a esa salita”, expresó Vargas, indicando que el tema será remitido al Departamento Legal para su valoración.

Finalmente, la secretaria del Concejo, Adriana Herrera Quirós, intervino para aclarar la situación. Explicó que los equipos y utensilios mencionados cuentan con autorización y registro contable, y que el espacio se utiliza, entre otros fines, para soporte técnico de las transmisiones del Concejo.

“Esa oficina está destinada para el compañero de LESCO en caso de que no pueda hacer la transmisión desde cabina. También hay una refri y un microondas, como en otras oficinas de la municipalidad. Si no los pudiéramos tener, sería una discriminación”, indicó Herrera.

La secretaria agregó que parte del equipo y material se trasladó al salón luego de que la bodega anterior fuera reasignada a otra dependencia municipal.

Es claro decir que, la construcción del edificio municipal al parecer nunca contempló suficiente espacio para el salón de sesiones de dicho Concejo Municipal, donde inclusive no existe ni espacio suficiente para que el público o vecinos del cantón puedan llegar a escuchar las sesiones que por sí ya son públicas.

De hecho según la misma administración municipal para las sesiones del concejo municipal solamente pueden asistir 10 personas de público, una cantidad muy poca comparado con otros concejos municipales en otros cantones.

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