Un fallo en la interpretación de una resolución tarifaria ha provocado cobros excesivos en los recibos de agua de cerca de 38.900 servicios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), según confirmó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
El regulador general, Eric Bogantes Cabezas, calificó la situación como un «grave error» en la lectura del consumo mensual, que estaría aplicando cargos desproporcionados a usuarios residenciales, especialmente en condominios o propiedades con múltiples viviendas que cuentan con un solo medidor.
La raíz del problema
Según explicó Bogantes, desde hace dos meses el AyA estaría tratando estos medidores compartidos como si pertenecieran a grandes consumidores comerciales o industriales. Esto genera que el consumo acumulado de varias unidades habitacionales se cobre como si se tratara de un solo servicio, disparando los montos a pagar.
El problema surge a pesar de que la Aresep ajustó en marzo los rangos de consumo en su estructura tarifaria, sin modificar los precios. La resolución RE-0008-IA-2025 indicaba que, en casos de medidores compartidos, el consumo debía dividirse entre las unidades habitacionales antes de aplicar la tarifa. Sin embargo, esa metodología no habría sido implementada correctamente por el AyA.
Reacciones y consecuencias
La afectación ya se tradujo en al menos 85 reclamos formales presentados ante la Aresep y ha generado molestia entre los usuarios, quienes han acudido masivamente a las oficinas del AyA en busca de respuestas.
Mario Rodríguez Bonilla, secretario general del Sindicato de Trabajadores del AyA (Sitraa), atribuye el error a una falta de infraestructura tecnológica y capacidad contable en la institución. “Los cobros de abril en adelante no se ejecutan bien porque el Instituto carece de la estructura para hacerlo como es debido”, afirmó.
El presidente ejecutivo del AyA, Juan Manuel Quesada Espinoza, solicitó a la Aresep una aclaración formal sobre cómo debe realizarse el cobro en propiedades con múltiples unidades y un solo medidor, reconociendo una “incertidumbre jurídica” al respecto. En un oficio enviado el pasado 30 de mayo, Quesada admitió que el caso es complejo y afecta directamente al equilibrio financiero de la institución.
Testimonio: la historia de Lucía
Lucía Téllez Quirós, vecina de Colonia Kennedy en San Sebastián, es una de las muchas afectadas por la situación. Durante los primeros meses del año, sus recibos eran de entre ¢13.000 y ¢14.000 por consumos similares. Sin embargo, en marzo recibió un cobro de ¢72.500, y en mayo la cifra se disparó a ¢393.621 por 123 m³ de agua.
“Llamé a reclamar, pero me exigieron pagar el monto para evitar el corte del servicio. Hice revisar el medidor por una empresa privada y por inspectores del AyA, y ambos confirmaron que no había fugas ni errores en el aparato. Aun así, no me rebajaron nada”, relató.
Téllez sigue a la espera de una solución mientras enfrenta la posibilidad de quedarse sin agua si no paga sumas que considera desproporcionadas.
En espera de respuestas
Pese a las solicitudes de devolución y ajuste, el AyA no se ha pronunciado oficialmente sobre cómo resolverá los casos ya afectados ni si procederá con reembolsos. La Aresep, por su parte, estudia el caso a fondo, aunque advierte que se trata de una situación compleja que requiere más que una simple aclaración.
Mientras tanto, decenas de miles de abonados permanecen en incertidumbre, enfrentando montos impagables por un servicio esencial y exigiendo una pronta solución.
Corresponsal
