Contraloría alerta sobre riesgos de corrupción en la gestión de cuerpos policiales municipales del país

La integridad y transparencia en los procesos de contratación de policías municipales están en entredicho, según un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), que alerta sobre la falta de controles robustos y prácticas estandarizadas en seis gobiernos locales evaluados. Sus hallazgos generan preocupación sobre un modelo extendido en 31 municipalidades del país.

El análisis abarcó los cantones de Barva, Flores, Heredia, Limón, San Carlos y Santa Cruz, donde la Contraloría identificó graves deficiencias en la contratación de oficiales. Se señalaron procesos débiles, ausencia de manuales, fallas en la validación de antecedentes, falta de control ciudadano y un riesgo latente de decisiones sesgadas que abren espacio a la corrupción. A pesar de que la Ley 9542 establece el marco legal de estas policías, la normativa se aplica con desigualdad y sin supervisión sistemática.

Este panorama por supuesto es de gran importancia en Santa Ana, donde la Policía Municipal de nuestro cantón nació en 2008 y fue formalizada hasta 2019 mediante acuerdo del Concejo Municipal. Desde entonces ha evolucionado, pero su transformación más reciente ocurrió en 2024, cuando la estructura de mando pasó directamente al despacho del alcalde Juan José Vargas. Esta decisión según comunicados oficiales busca fortalecer la gobernanza y el alineamiento institucional.

Aunque el cuerpo policial santaneño ha sido clave en operativos conjuntos con Fuerza Pública y el OIJ como la clausura de bares ilegales o el control sobre piques nocturnos, la percepción ciudadana aún es mixta. Algunos vecinos reconocen avances, especialmente en patrullajes nocturnos y presencia en parques; otros, en cambio, cuestionan la efectividad o las labores que realizan.

La Contraloría insiste en que se requiere estandarizar los procesos de reclutamiento, establecer evaluaciones éticas, revisar antecedentes judiciales y administrativos, e instaurar periodos de prueba documentados. Además, señala la urgente necesidad de promover mecanismos de participación ciudadana que permitan a los habitantes emitir quejas o sugerencias sobre el actuar de los oficiales.

En Santa Ana bajo el mando del Lic. Luis Moncada director de la Policía Municipal, se ha venido trabajando en profesionalizar el cuerpo policial además de brindar capacitaciones para sus oficiales y dotarlos de mejores equipos para sus funciones.

A medida que crece el cantón y aumentan los desafíos en materia de seguridad desde el control del espacio público hasta el combate de nuevas formas delictivas la confianza en la Policía Municipal se vuelve un factor clave. Solo con procesos transparentes, rendición de cuentas y participación ciudadana activa se podrá construir una institución sólida, ética y verdaderamente al servicio de los santaneños.

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Grave error en cobros de AyA afecta a casi 39.000 abonados, según el ARESEP

Un fallo en la interpretación de una resolución tarifaria ha provocado cobros excesivos en los recibos de agua de cerca de 38.900 servicios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), según confirmó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El regulador general, Eric Bogantes Cabezas, calificó la situación como un «grave error» en la lectura del consumo mensual, que estaría aplicando cargos desproporcionados a usuarios residenciales, especialmente en condominios o propiedades con múltiples viviendas que cuentan con un solo medidor.

La raíz del problema
Según explicó Bogantes, desde hace dos meses el AyA estaría tratando estos medidores compartidos como si pertenecieran a grandes consumidores comerciales o industriales. Esto genera que el consumo acumulado de varias unidades habitacionales se cobre como si se tratara de un solo servicio, disparando los montos a pagar.

El problema surge a pesar de que la Aresep ajustó en marzo los rangos de consumo en su estructura tarifaria, sin modificar los precios. La resolución RE-0008-IA-2025 indicaba que, en casos de medidores compartidos, el consumo debía dividirse entre las unidades habitacionales antes de aplicar la tarifa. Sin embargo, esa metodología no habría sido implementada correctamente por el AyA.

Reacciones y consecuencias
La afectación ya se tradujo en al menos 85 reclamos formales presentados ante la Aresep y ha generado molestia entre los usuarios, quienes han acudido masivamente a las oficinas del AyA en busca de respuestas.

Mario Rodríguez Bonilla, secretario general del Sindicato de Trabajadores del AyA (Sitraa), atribuye el error a una falta de infraestructura tecnológica y capacidad contable en la institución. “Los cobros de abril en adelante no se ejecutan bien porque el Instituto carece de la estructura para hacerlo como es debido”, afirmó.

El presidente ejecutivo del AyA, Juan Manuel Quesada Espinoza, solicitó a la Aresep una aclaración formal sobre cómo debe realizarse el cobro en propiedades con múltiples unidades y un solo medidor, reconociendo una “incertidumbre jurídica” al respecto. En un oficio enviado el pasado 30 de mayo, Quesada admitió que el caso es complejo y afecta directamente al equilibrio financiero de la institución.

Testimonio: la historia de Lucía
Lucía Téllez Quirós, vecina de Colonia Kennedy en San Sebastián, es una de las muchas afectadas por la situación. Durante los primeros meses del año, sus recibos eran de entre ¢13.000 y ¢14.000 por consumos similares. Sin embargo, en marzo recibió un cobro de ¢72.500, y en mayo la cifra se disparó a ¢393.621 por 123 m³ de agua.

“Llamé a reclamar, pero me exigieron pagar el monto para evitar el corte del servicio. Hice revisar el medidor por una empresa privada y por inspectores del AyA, y ambos confirmaron que no había fugas ni errores en el aparato. Aun así, no me rebajaron nada”, relató.

Téllez sigue a la espera de una solución mientras enfrenta la posibilidad de quedarse sin agua si no paga sumas que considera desproporcionadas.

En espera de respuestas
Pese a las solicitudes de devolución y ajuste, el AyA no se ha pronunciado oficialmente sobre cómo resolverá los casos ya afectados ni si procederá con reembolsos. La Aresep, por su parte, estudia el caso a fondo, aunque advierte que se trata de una situación compleja que requiere más que una simple aclaración.

Mientras tanto, decenas de miles de abonados permanecen en incertidumbre, enfrentando montos impagables por un servicio esencial y exigiendo una pronta solución.

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ARESEP detecta que 6 de cada 10 cilindros de gas están en mal estado

Fugas, faltante de producto y envases defectuosos siguen siendo comunes; el consumo de GLP crece más del 9% al año.

Un alarmante 60% de los cilindros de gas listos para la venta en el país presentan condiciones que los hacen inseguros o deficientes, según reveló la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Entre los principales problemas detectados están fugas de gas, envases dañados o sin identificación, y cilindros con menor cantidad de producto del que se cobra.

ARESEP inspeccionó 540 puntos de venta durante el último año, revisando un total de 3.615 cilindros. De ellos, 2.159 (59,7%) fueron marchamados, es decir, se les colocó un sello que impide su comercialización debido a condiciones de riesgo o incumplimientos técnicos.

Los defectos más comunes incluyen faltantes de hasta 900 gramos por cilindro, lo que representa un 8% menos de gas del que el usuario paga. Aunque este dato muestra una leve mejoría respecto a 2023 —cuando el 69% de los cilindros presentaban faltantes de más de un kilo—, el problema sigue siendo crítico.

También preocupa la falta de identificación en los envases: el 60% no tiene número de serie, el 53% carece de la tara (peso del cilindro vacío) y el 26% presenta fugas. ARESEP advierte que estas condiciones representan un riesgo directo para la seguridad de las personas, especialmente porque en 2024 se reportaron 2.222 emergencias relacionadas con GLP, la mayoría en la provincia de San José. No obstante, estas cifras muestran una reducción del 13% con respecto a 2023.

Avances y recomendaciones

En el lado positivo, ARESEP destaca que durante 2024 se incorporaron 89.848 cilindros nuevos, un aumento del 28,4% respecto al año anterior. Además, el uso de cilindros de aluminio —considerados más peligrosos— se redujo al 5%, frente al 9% de años anteriores.

El regulador también insta a la población a revisar las condiciones de los cilindros antes de comprarlos. «Se recomienda pesar el cilindro, que debe marcar al menos 21 kilogramos, y revisar con agua jabonosa si hay fugas», señaló la entidad. Dado que las mujeres son las principales usuarias de este combustible, ARESEP subraya la importancia de capacitarlas para un uso seguro.

Crecimiento sostenido del mercado

El consumo de gas licuado de petróleo (GLP) en el país creció un 9,4% durante 2024, manteniendo una tendencia superior al 8% anual desde 2021. Este aumento se da principalmente en el sector comercial (16%) y en vehículos (21%). Actualmente, el 63,5% del gas se vende a granel y el 36,5% en cilindros.

El precio del GLP se mantuvo relativamente estable entre 2023 y 2024.

Capacidad de Recope, al límite
La ARESEP también fiscalizó la infraestructura de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en la Terminal de Moín, en Limón, donde detectó que la capacidad de almacenamiento y distribución es insuficiente para enfrentar el crecimiento de la demanda en el corto y mediano plazo.

Ante esto, el regulador urge priorizar inversiones estratégicas en infraestructura de GLP para garantizar la seguridad del suministro.

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Policías municipales del país fuera del sistema 911 tras dos décadas de gestiones

A pesar de contar con la infraestructura, el personal y la disposición para atender emergencias, las policías municipales de Costa Rica siguen excluidas del sistema 911, una situación que persiste desde hace más de 20 años. Mientras los delincuentes perfeccionan sus estrategias para cometer delitos, el país continúa sin aprovechar plenamente los recursos policiales municipales para responder a las emergencias que afectan a miles de personas a diario.

En un reciente informe, se evidenció que ninguna de las 34 policías municipales distribuidas en las siete provincias del país tiene interconexión con el sistema nacional de emergencias. Como consecuencia, cuando un ciudadano realiza una llamada al 911, la respuesta siempre proviene de la Fuerza Pública, incluso si una unidad municipal está más cerca del incidente.

En enero de 2025, el sistema 911 envió una comunicación a todas las policías municipales del país, informándoles sobre un criterio jurídico emitido por la Procuraduría General de la República (Oficio PGRC 287-024), el cual reconoce la oportunidad de integrar a estas fuerzas locales al sistema. Bajo este nuevo panorama, las autoridades del 911 abrieron la puerta para que las policías municipales se inscriban formalmente, y se comprometieron a brindarles apoyo técnico en el proceso.

No obstante, a la fecha, ninguna policía municipal ha dado el paso para formalizar su integración. “Estamos totalmente anuentes a que ellos sean parte de la atención de emergencias, porque al final eso es un beneficio para la ciudadanía”, concluyó un vocero del sistema 911.

La integración plena de las policías municipales no solo permitiría una respuesta más rápida y eficiente, sino que fortalecería la seguridad ciudadana mediante una red coordinada y moderna de atención de emergencias. El reto ahora está en manos de los gobiernos locales.

La Policía Municipal de Santa Ana

En el caso de la Policía Municipal en Santa Ana, el director Luis Moncada nos explicó que la idea es que los cuerpos policiales tengan la capacidad del llamado de respuesta ante el sistema 911, según indicó la mayoría de los cuerpos policiales municipales no son despachadores y que se ha venido trabajando en la incorporación al 911. Al menos en Santa Ana, existe una línea directa marcando 1200 donde es atendida por la Policía Municipal. Según el licenciado Moncada, esta línea ha tenido una acogida donde se han recibido bastantes llamadas, pero si enfatizó que es importante incorporar a los cuerpos policiales municipales a la central de llamadas de emergencias 911.

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Diputados aprueban la “Ley Alerta Kimberly” para fortalecer la respuesta ante desapariciones de mujeres

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el pasado 29 de abril la “Ley Alerta Kimberly”, una iniciativa que establece un protocolo de acción inmediata ante la desaparición o no localización de mujeres mayores de edad. El proyecto, tramitado bajo el expediente 24.311, recibió 44 votos a favor y fue impulsado por la diputada María Marta Carballo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La ley lleva el nombre de Kimberly Araya, una joven madre de tres hijos que desapareció en abril de 2024 y cuyo cuerpo fue hallado días después en la ruta 32. Su esposo es el principal sospechoso del crimen.

Principales disposiciones de la ley:

  1. Difusión obligatoria y gratuita de alertas: Medios de comunicación y redes sociales deben emitir alertas con información detallada sobre la mujer desaparecida, incluyendo nombre completo, fotografía, vestimenta al momento de la desaparición, último lugar donde fue vista y contactos para reportar información relevante.
  2. Intervención de comunicaciones: Se autoriza al juez penal competente a permitir la intervención de comunicaciones y revisión de documentos privados de personas sospechosas o con información relevante para la localización de la desaparecida.
  3. Registro actualizado: Se crea un registro obligatorio y actualizado diariamente de mujeres mayores de edad desaparecidas o no localizadas en Costa Rica.
  4. Sanciones: Se establecen penas de uno a cuatro años de inhabilitación para funcionarios públicos que retrasen los procedimientos de esta ley, y multas de cinco a treinta días para quienes omitan la obligación de denunciar una desaparición.

La aprobación de la “Ley Alerta Kimberly” representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la violencia de género en Costa Rica. Se espera que esta legislación permita una respuesta más eficiente y coordinada por parte de las autoridades y la sociedad ante casos de desaparición de mujeres.

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Defensoría alerta que el 82% de rutas de autobús operan sin plan de mantenimiento

Solo 110 de las 632 rutas de autobuses concesionadas en el país cuentan con un plan de mantenimiento, según reveló este martes la Defensoría de los Habitantes. La entidad encendió las alarmas ante la falta de control del Consejo de Transporte Público (CTP), responsable de fiscalizar esta obligación, incluso tras varios casos recientes de incendios en unidades.

Los datos oficiales indican que 522 rutas —equivalente al 82.6%— operan sin presentar dicho plan. De estas, 139 están pendientes de refrendo y 292 cuentan con permisos provisionales o provisionalísimos, lo que, según el CTP, les impide exigir el cumplimiento del requisito.

La Defensoría calificó este panorama como un “grave problema que evidencia las deficiencias sistémicas del CTP en la gestión y regulación del transporte público”, advirtiendo que la falta de mantenimiento representa un riesgo directo para la seguridad de las personas usuarias.

La preocupación aumenta con la brecha entre los reportes de incendios: en lo que va del 2024, el CTP apenas ha contabilizado seis incidentes, mientras que el Cuerpo de Bomberos registró 32, de los cuales 15 corresponden a unidades de servicio público. En 2023, la diferencia fue aún mayor: Bomberos reportó 43 casos, pero el CTP solo reconoció nueve.

El órgano defensor también cuestionó la falta de un procedimiento claro para investigar estos siniestros. Actualmente, el CTP solo emite un acto administrativo conocido como “prevención o derecho de defensa”, sin que haya una etapa de cierre ni sanciones. “Es un acto único sin propósito claro ni efecto alguno”, denunció la Defensoría.

Además, la entidad señaló que la inacción del CTP podría constituir una omisión grave de sus responsabilidades, al no garantizar la seguridad de las personas usuarias ni investigar si los incendios pudieron ser producto de fallas mecánicas evitables.

Entre las recomendaciones emitidas al CTP, la Defensoría solicitó:

  • Elaborar un protocolo formal de investigación y seguimiento de todos los incendios en autobuses.
  • Coordinar con Tránsito, Bomberos y aseguradoras para el intercambio de información y prevención de riesgos.
  • Establecer una mesa de trabajo con Seguridad Vial para revisar los requisitos de operación.
  • Divulgar los canales para presentar denuncias sobre seguridad en unidades.
  • Lanzar una campaña sobre mantenimiento preventivo dirigida a las empresas autobuseras.
  • Definir un plan de inspecciones periódicas con fines de control.

El CTP respondió con una lista de responsables y plazos para atender cada recomendación. La Defensoría, por su parte, anunció que dará seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas.

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Empresa aérea denuncia por homicidio culposo a funcionarios de Aviación Civil tras accidente en Pico Blanco

La empresa AeroCaribe Air Charter presentó una denuncia penal por homicidio culposo contra varios funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), a quienes responsabiliza por el accidente de la avioneta TI-GER ocurrido el pasado 25 de noviembre cerca del cerro Pico Blanco, en Escazú, y que dejó cinco personas fallecidas.

La denuncia, interpuesta ante la Fiscalía de Pavas, señala supuestas fallas en la gestión del espacio aéreo y en los protocolos de atención de emergencia que, según la compañía, influyeron directamente en el siniestro de la aeronave Cessna 206 Stationair. La avioneta volaba de regreso desde Barra del Tortuguero, en Limón, con destino al aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, el cual estaba cerrado por mal tiempo.

“Existieron acciones y omisiones por parte del personal del centro de control del radar de la DGAC, que conllevaron al desastre aéreo”, indicó la firma a través de un comunicado firmado por su representante legal, el abogado penalista Federico Campos Calderón. Según el documento, los funcionarios del control de tránsito aéreo dieron instrucciones bajo reglas de vuelo por instrumentos (IFR) que no consideraron la altitud mínima de seguridad en la zona montañosa.

De acuerdo con la denuncia, el piloto fue instruido a mantener una altitud de 6.500 pies, pese a que el mapa oficial de vectores exige un mínimo de 10.000 pies para ese sector. La aeronave desapareció del radar cerca de las 12:30 p. m. y fue localizada horas después en una empinada ladera entre los cerros Cedral y Rabo de Mico, a más de 2.100 metros de altitud.

Entre las víctimas mortales se encontraban el piloto Mario Miranda Ramírez (40), la copiloto Ruth García Chavarría (26), el empresario Enrique Arturo Castillo Incera (56), Jean Franco Segura Prendas (28) y Gabriela López Calleja Montealegre (64), directora de la Fundación Horizontes. La única sobreviviente fue Paola de los Ángeles Amador Segura (31), quien estuvo hospitalizada durante varias semanas.

El abogado Campos afirmó que también representa legalmente a las familias de tres de las víctimas, quienes exigen el reconocimiento de responsabilidades penales y civiles, así como una indemnización por los daños sufridos.

Consultado sobre la denuncia, el subdirector general de Aviación Civil, Luis Miranda Muñoz, aseguró no tener conocimiento del proceso y se abstuvo de dar declaraciones sobre el caso por encontrarse en investigación.

La operación de búsqueda del TI-GER se realizó con el apoyo de aeronaves privadas de AeroCaribe y CarmonAir. Fue precisamente un avión de esta última empresa, pilotado por Everardo Carmona, el que avistó los restos del aparato siniestrado cerca de las 2:00 p. m.

Este trágico accidente conmocionó a la comunidad aeronáutica nacional y reabrió el debate sobre los protocolos de control aéreo en condiciones climáticas adversas.

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Preocupan controles débiles en el CTP contra la corrupción que afectaría el servicio de transporte público en todo el país.

Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) lanzó una advertencia que podría tener implicaciones a mediano plazo: el Consejo de Transporte Público (CTP) presenta “débiles controles” para prevenir actos de corrupción, particularmente en los procesos de concesión y regulación del servicio de transporte público.

Según el informe de auditoría, la falta de acciones eficaces para fortalecer el control interno, la ausencia de políticas claras para prevenir conflictos de interés, y la inexistencia de canales adecuados para gestionar denuncias, podrían abrir espacio a prácticas irregulares que comprometan la calidad y seguridad del servicio.

La CGR subraya que la corrupción en el transporte público no solo afecta la eficiencia del servicio, sino que también deteriora la confianza ciudadana y pone en riesgo la seguridad de los usuarios. En el caso de Santa Ana, donde miles de personas dependen a diario del servicio brindado por la empresa La Tapachula, cualquier irregularidad podría impactar significativamente la movilidad del cantón.

Además, se alertó sobre el desactualizado estado de la información pública del CTP y la falta de definición de sistemas informáticos críticos, lo que limita la transparencia institucional.

La Contraloría instruyó al CTP a tomar medidas inmediatas para incorporar el riesgo de corrupción en su modelo de gestión y fortalecer los mecanismos de control y denuncia.

Vecinos y actores comunales de diferentes comunidades afectadas por el mal servicio del transporte público hacen un llamado a las autoridades a garantizar que el servicio se mantenga bajo estricta vigilancia y con los más altos estándares de integridad.

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Candidato del PUSC Juan Carlos Hidalgo visitó Santa Ana el pasado lunes

El candidato a la presidencia por el partido Unidad Social Cristiana el Sr. Juan Carlos Hidalgo visitó el pasado lunes por la noche el cantón de Santa Ana, la actividad se realizó en el Salón Comunal de Río Oro con la participación de vecinos santaneños simpatizantes del partido además de la presencia del Diputado de la República Felipe García y también asistieron los alcaldes Juan José Vargas, Marielos Rivera y Alexander Hernández que pertenecen a esa agrupación política.

Además a dicha actividad asistieron los regidores municipales Gonzalo Rojas, Cynthia Robles y la síndica del distrito Uruca Eileen Castro quienes pertenecen al partido PUSC.

La vicealcaldesa Marielos Rivera mencionó mediante su discurso de la necesidad de mejorar y construir un país más justo, equitativo y próspero para todos, en dicha actividad se dió un minuto de silencio por la muerte del Papa Francisco.

Mientras tanto Juan José Vargas en su discurso mencionó que se ha venido trabajando con diálogo, comunicación y franqueza para mejorar el cantón. Habló que se ha venido trabajando por un mejor cantón y que prevalece es trabajar por un mejor país acabando con la corrupción.

El diputado Felipe García enfatizó en su discurso que actualmente se vive una asamblea legislativa muy polarizada y que lo más importante es sacar al país adelante mediante mejores propuestas y alianzas entre gobiernos locales y diputados dispuestos a ayudar a las comunidades.

Don Juan Carlos Hidalgo en su espacio habló que de llegar a la presidencia pretende mejorar la educación ya que actualmente ese pilar de la democracia ha estado muy deteriorado, además mencionó de crear puentes de diálogo entre todos los actores políticos y buscar una Costa Rica más próspera. Con respecto a la seguridad mencionó que se debe fortalecer más a los policías y que en el caso de crear una Mega cárcel como lo ha dicho el gobierno actual, en nuestro país no funcionaría tal como se está haciendo en El Salvador ya que son escenarios totalmente distintos.

Al final llamó a unir esfuerzos para lograr una Costa Rica más próspera y equitativa.

En nuestra entrevista don Juan Carlos Hidalgo nos respondió 3 preguntas.

  1. ¿Cómo planea diferenciarse de otros candidatos en estas próximas elecciones?
  2. ¿Cómo mejorar el servicio de transporte público de llegar a la presidencia?
  3. ¿Cóomo piensa disminuir la polarización política que actualmente divide al país?

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Vulcanólogos confirman existencia de un cuerpo pequeño de magma dentro del Volcán Poás

Esta mañana mediante conferencia de prensa desde el OVSICORI-UNA, varios expertos en vulcanología mencionaron de la existencia de un cuerpo pequeño de magma ubicado debajo del Volcán Poás, la cual ha venido provocando una serie de erupciones volcánicas las últimas semanas, un proceso que ha venido evolucionando conforme pasan los días.

Debido a la existencia de una red monitoreo dentro del volcán es que se ha venido haciendo todas estas mediciones sobre la actividad del volcán, en las últimas erupciones estos equipos se han dañado y no ha sido posible ingresar nuevamente para poder reemplazarlos. Actualmente existe una alerta naranja por parte del Comisión Nacional de Emergencias la cual prohibe que personas se acerquen al cráter por el peligro que existe, por lo tanto no hay acceso al público al parque nacional.

Desde el día 23 de marzo las erupciones han sido constantes con expulsión de material con hasta 500 metros de altura. De acuerdo de la acumulación de material cerca del cráter los expertos han mencionado que se ha observado alrededor de 12 metros equivalente a un edificio de 3 pisos entre esos materiales hay piedras, lodos y ceniza. Por último los expertos mencionaron a la población que se deben informar solamente por los medios oficiales de los expertos, ya que se mencionaron que hay personas que han venido alarmando a las personas con información falsa.

Conferencia de prensa de este viernes:
https://www.facebook.com/unacomunica.una/videos/533450929807018

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