La comunidad de Pacuare Nuevo, en Limón, vivió una mañana marcada por la consternación luego de que la Cruz Roja Costarricense (CRC) confirmara el hallazgo de un bebé de tan solo 7 meses de nacido dentro de un camión recolector de basura este lunes.
Según informó Kenneth Cabrera, supervisor de la CRC, la alerta ingresó a las 10:28 a. m. Los trabajadores municipales detectaron un rastro de sangre en el vehículo y, tras detener la máquina para revisar, encontraron al infante ya sin vida.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) envió de inmediato a sus agentes al lugar para realizar las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencia para determinar las circunstancias del suceso.
Pocas horas después del hallazgo, trascendió que las autoridades lograron ubicar a una adolescente de 17 años, vecina de la misma comunidad, quien sería la presunta madre del bebé, de acuerdo con las primeras versiones manejadas por las autoridades.
Oficiales de la Fuerza Pública se trasladaron al sitio para asegurar la zona y resguardar a la menor de edad, mientras que los agentes judiciales iniciarán entrevistas y análisis forenses que permitan establecer cuánto tiempo permaneció el recién nacido en el camión y si existió participación de terceros o un posible caso de abandono.
El lamentable hecho mantiene consternados a los vecinos de Pacuare Nuevo, mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer lo ocurrido.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en conjunto con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), presentó la edición 2025 del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, un estudio que ofrece una radiografía actualizada del bienestar, la equidad y las oportunidades en los 84 cantones de Costa Rica.
El Atlas —que abarca información entre 2010 y 2023, y datos del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para 2024— consolida su papel como una herramienta clave para la planificación de políticas públicas basadas en evidencia, al medir dimensiones como el desarrollo humano, la desigualdad de género, la pobreza, la seguridad ciudadana y la gestión municipal.
Santa Ana entre los cantones con mayor desarrollo humano
De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2023, los cantones con mayor bienestar son Escazú, Santa Ana, Belén y Montes de Oca, mientras que los de menor desarrollo se ubican principalmente fuera del Valle Central, como Talamanca, Los Chiles y Matina.
Cuando el índice se ajusta por desigualdad (IDH-D), Santa Ana se mantiene entre los cinco mejores del país, junto a Belén, Montes de Oca, Curridabat y Santo Domingo. Esto evidencia un nivel de progreso humano elevado y más equitativo dentro de su población.
Desigualdad persistente fuera de la GAM
El informe reitera que la desigualdad territorial sigue siendo un reto estructural: los cantones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) presentan rezagos sostenidos en comparación con los del centro del país.
Según el IPM 2024, los niveles más bajos de pobreza multidimensional se registran en Montes de Oca, Santo Domingo, San Pablo y Belén, mientras que La Cruz, Talamanca y Los Chiles presentan las mayores privaciones.
En total, el 3,8% de la población vive en cantones con alta pobreza multidimensional, concentrados principalmente en zonas fronterizas del norte y sureste del país.
Nuevas dimensiones: seguridad ciudadana y gestión local
Por primera vez, el Atlas incorpora el Índice de Seguridad Ciudadana (ISC), que muestra una relación directa entre bienestar y menores niveles de violencia. Entre 2020 y 2023, un 70% de los cantones experimentaron una reducción en este indicador, confirmando que el desarrollo humano actúa como factor protector frente a la criminalidad.
Además, el análisis sobre gestión municipal y gobernanza local resalta que los cantones con mejores capacidades institucionales logran resultados más sólidos en desarrollo humano, incluso con presupuestos limitados.
Un instrumento para la acción pública
“El Atlas 2025 amplía la mirada sobre el desarrollo humano al vincularlo también con la seguridad ciudadana, la gestión pública y las capacidades territoriales, ofreciendo así una visión más integral para la toma de decisiones”, destacó Sandra Sosa Cárcamo, representante residente del PNUD en Costa Rica.
Por su parte, Lisseth Rodríguez Garita, directora ejecutiva del Sinirube, subrayó que el Atlas permite “ver más allá de los promedios” y diseñar políticas más precisas que respondan a las realidades locales.
Más que un informe estadístico, el Atlas 2025 se presenta como una brújula para orientar políticas públicas inclusivas y sostenibles, al evidenciar cómo se vive la desigualdad y el bienestar en cada territorio.
En el caso de cantones como Santa Ana, los resultados confirman su posición entre los más desarrollados del país, aunque también invitan a mantener la inversión social y la planificación local para cerrar las brechas internas y regionales.
Más de 90 mil funcionarios del sistema educativo participarán en jornadas de formación orientadas a fortalecer la calidad educativa y el bienestar institucional.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció una reforma sin precedentes en el calendario escolar costarricense: el curso lectivo 2026 comenzará con dos semanas dedicadas exclusivamente a la capacitación del personal docente, técnico-docente, administrativo y de apoyo.
Del 9 al 20 de febrero de 2026, más de 90 000 funcionarios del sistema educativo nacional participarán en un proceso formativo integral antes del inicio oficial de las clases, programado para el lunes 23 de febrero.
Esta iniciativa, desarrollada en conjunto con las organizaciones sindicales que integran la Junta Paritaria (SEC, ANDE, APSE y SITRACOME), busca fortalecer las competencias del personal educativo y promover una mejora continua en el sistema público de enseñanza.
Durante el período de capacitación, los centros educativos participarán en una oferta nacional de diez temáticas formativas, coordinadas por el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP-UGS), con el apoyo de direcciones nacionales, regionales y aliados institucionales como universidades, el INA y otros ministerios.
Los ejes temáticos incluyen aspectos clave como lectura, escritura y matemáticas, innovación pedagógica, convivencia y respeto, liderazgo directivo positivo, inclusión y atención a la diversidad, salud mental y manejo del estrés, educación ambiental y sostenibilidad, y seguridad institucional (SUGURED).
Además, se incorporarán módulos sobre neuroeducación, evaluación para el aprendizaje, uso responsable de la inteligencia artificial, alimentación saludable, gestión de comedores escolares y formación específica para territorios indígenas y juntas de educación.
El MEP fundamenta esta transformación en evidencias internacionales como el estudio TALIS de la OCDE, que destaca la importancia de la formación continua para mejorar la práctica docente y la gestión educativa.
El MAG deberá asignar el 2,3 % del presupuesto de Senasa a asociaciones que realicen labores de rescate, castración y educación sobre protección animal.
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo y último debate un proyecto de ley que permitirá al Estado costarricense otorgar recursos económicos a las organizaciones de bienestar animal, con el objetivo de fortalecer su trabajo en rescate, atención veterinaria de emergencia, adopción, campañas educativas y programas de castración.
De acuerdo con la iniciativa, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) deberá destinar el 2,3 % del presupuesto del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) a asociaciones y organizaciones formalmente constituidas cuyo propósito principal sea la protección y el bienestar de los animales.
Estas agrupaciones deberán cumplir con las normas técnicas establecidas para las transferencias del sector público a sujetos privados, así como con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR).
El director general del Senasa designará una comisión que tendrá a su cargo la aprobación y supervisión de los proyectos, además de revisar los informes finales de ejecución. Al finalizar el plan, las organizaciones beneficiarias estarán obligadas a presentar una liquidación detallada de los recursos recibidos.
En caso de que no se utilice la totalidad de los fondos asignados, el dinero sobrante deberá devolverse al Senasa conforme a las normas presupuestarias vigentes.
El proyecto fue aprobado con una amplia mayoría de votos, aunque contó con la oposición de la fracción oficialista y de la diputada socialcristiana María Marta Carballo.
El diputado liberal Gilberto Campos Cruz, proponente de la iniciativa, destacó que los fondos estarán sujetos a fiscalización por parte de la Contraloría General, con el fin de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Este lunes 3 de noviembre comenzó oficialmente el cobro del marchamo 2026 en Costa Rica, según confirmó el Instituto Nacional de Seguros (INS). En total, 1.943.587 conductores deberán cancelar el derecho de circulación, lo que representa una recaudación estimada de ¢335 mil millones.
Como cada año, el INS actúa como recaudador y traslada los fondos a las diferentes instituciones públicas. El período para pagar sin recargo se mantendrá abierto hasta el 31 de diciembre de 2025.
El Seguro Obligatorio para Vehículos Automotores (SOA) —cuya prima fue aprobada por la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) el pasado 3 de octubre— cubre hasta ¢6 millones por evento y por persona en casos de accidentes de tránsito. Según datos del INS, durante 2024 se invirtieron ¢61.495 millones en atención a víctimas, y en lo que va de 2025 ya se han destinado más de ¢51 mil millones para atención médica, rehabilitación y compensaciones a familiares de fallecidos.
“Todo lo recaudado como parte del SOA se invierte en la atención de víctimas de accidentes de tránsito”, destacó la entidad.
El año anterior, la morosidad alcanzó el 7,44%, equivalente a 140.286 vehículos que quedaron pendientes de pago. Aunque el marchamo es un requisito obligatorio para circular, también representa un aporte a la seguridad vial y a instituciones públicas, al financiar la atención de emergencias y proyectos de interés nacional.
No obstante, el cobro anual también genera preocupación entre los conductores, pues implica una carga económica significativa en un contexto marcado por el aumento en el costo de vida.
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El Ministerio de Salud anunció que no respalda los cambios consensuados en la Asamblea Legislativa al proyecto de ley Expediente N.º 24.251, “Ley de Fortalecimiento de la Rectoría del Ministerio de Salud en la Gestión y Disposición Final de Residuos Sólidos”, pese al apoyo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Federación Metropolitana de Municipalidades de San José (FEMETROM).
El pasado 24 de octubre, representantes municipales, gestores ambientales y asesores legislativos participaron en una mesa de trabajo con la Comisión de Ambiente del Congreso para afinar un texto sustitutivo al proyecto, que busca equilibrar la autonomía municipal con la rectoría técnica del Ministerio de Salud en el manejo de los residuos sólidos.
Un consenso sin el respaldo del Ministerio
Según la directora ejecutiva de la UNGL, Karen Porras Arguedas, el principal avance del documento consensuado fue “garantizar el equilibrio entre la autonomía municipal y la rectoría técnica del Ministerio de Salud”. Por su parte, Gilberto Monge, director de FEMETROM, destacó que el texto “acelera la apertura de parques ambientales sin sacrificar los más altos estándares ambientales y sociales”.
El acuerdo mantiene la potestad municipal sobre el uso de suelo, pero otorga al Ministerio de Salud la capacidad de definir zonas aptas para parques ambientales o plantas de tratamiento, lo que pretende dar seguridad jurídica a las inversiones privadas en reciclaje y tecnología ambiental.
Además, el texto mantiene mecanismos de participación ciudadana y espacios de observación técnica para comunidades potencialmente afectadas.
La diputada Katherine Moreira Brown, presidenta de la Comisión de Ambiente, defendió la iniciativa y afirmó que “el manejo de los residuos no puede seguir viéndose como un asunto local o aislado; es un desafío nacional que exige voluntad política y coordinación entre todos los sectores”.
El Ministerio marca distancia
Pese a los acuerdos logrados, el Ministerio de Salud manifestó su oposición al nuevo texto. La institución aseguró que ya cuenta con su propia propuesta legislativa y que seguirá defendiéndola ante los diputados.
En paralelo, el ministerio informó que conformó una Mesa Técnica Nacional para la Gestión Integral de Residuos, integrada —según indicó— por representantes de quince municipalidades del Gran Área Metropolitana, con el fin de generar soluciones de largo plazo. Sin embargo, no detalló cuáles gobiernos locales participan en ese espacio.
El Ministerio insistió en que la decisión final está en manos de los legisladores:
“Ahora dependerá de los diputados decidir si siguen postergando, como lo han hecho desde 2010, o le ofrecen una verdadera solución a los costarricenses”, señaló la entidad en una declaración enviada a la prensa.
Lo que viene
El texto acordado entre los gobiernos locales y la Comisión de Ambiente se espera sea dictaminado en los próximos días para su eventual convocatoria en el periodo de sesiones extraordinarias.
Mientras tanto, el país continúa enfrentando una crisis por el cierre de rellenos sanitarios como La Carpio y El Huazo, y las municipalidades urgen soluciones inmediatas para evitar un colapso en la gestión de residuos.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) dio a conocer una propuesta de lineamientos que regirían en los centros educativos a partir del curso lectivo 2026, donde se incluyen regulaciones sobre vapeo, tatuajes, maquillaje, largo del cabello, piercings, y uniforme estudiantil, entre otros aspectos.
De acuerdo con la información divulgada por la institución, se considera una falta grave fumar, vapear o ingerir bebidas alcohólicas dentro del horario lectivo o vistiendo el uniforme escolar, sin excepciones.
Uno de los puntos más comentados es la prohibición de tatuajes, tanto permanentes como temporales, en estudiantes menores de edad. En caso de que un alumno cuente con tatuajes por razones religiosas o culturales, el centro educativo deberá informar al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
El uso de maquillaje, uñas largas o coloridas, así como el cabello largo o el vello facial, también estaría restringido dentro de las instituciones educativas. Las únicas excepciones aplican para actividades culturales o médicas justificadas.
En cuanto al uso de piercings, el MEP establece que no estarán permitidos en estudiantes de primaria y secundaria, salvo si se trata de un arete en el lóbulo de la oreja para jóvenes y adultos.
Estos nuevos lineamientos, que el MEP aún mantiene en consulta, buscan —según la institución— reforzar la disciplina, la convivencia y el cumplimiento del reglamento interno en los centros educativos. Sin embargo, ya han generado debate entre estudiantes, padres de familia y defensores de los derechos juveniles, quienes consideran que algunas de las medidas podrían ser excesivas o restrictivas.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció que el próximo lunes 3 de noviembre saldrán al cobro los derechos de circulación o marchamo correspondientes al año 2026. Ese mismo día los propietarios de vehículos podrán consultar el monto a cancelar en las plataformas del INS.
El pago del marchamo es obligatorio para circular legalmente por el territorio nacional y debe realizarse a más tardar el 31 de diciembre. Quienes no cumplan con esta fecha límite se exponen a recargos e intereses, además de posibles multas y el retiro del vehículo de circulación.
Entre los intereses que se aplican destacan los siguientes:
SOA (Seguro Obligatorio Automotor): tasa básica pasiva anual más cinco puntos porcentuales.
Infracciones de tránsito: 36% anual.
Estacionómetros: 2% por mes.
Impuesto a la propiedad de vehículos: 8,35% anual o 0,02287% diario.
Según datos del INS, 1.742.961 vehículos ya cancelaron el derecho de circulación correspondiente a 2025, mientras que 142.093 aún están pendientes. La mayoría de los rezagados son motocicletas y bicimotos, seguidas por automóviles particulares.
En cuanto al Seguro Obligatorio Automotor (SOA), la Superintendencia General de Seguros (Sugese) informó el pasado 3 de octubre el nuevo monto para el periodo 2026. Este seguro se actualiza cada año según la cantidad de lesionados, fallecidos y el costo de atención médica derivados de accidentes de tránsito.
Debido al aumento de la violencia vial, el SOA registró un incremento del 10,15% con respecto al año anterior. La prima media ponderada pasó de ¢39.782 (marchamo 2025) a ¢43.819 (marchamo 2026), aunque el monto final varía según el tipo de vehículo.
El INS recordó a la población la importancia de cumplir a tiempo con el pago del marchamo para evitar sanciones y circular de manera legal y segura durante el próximo año.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) denunció este martes la difusión de dos nuevos contenidos falsos en redes sociales, los cuales considera especialmente graves dentro de una campaña de desinformación que —según la institución— se ha intensificado en los últimos días.
El primer caso corresponde a una nota publicada por el medio digital ACR – Noticias Costa Rica en su cuenta de Facebook a las 10:57 a. m., bajo el título “Jurista demanda al TSE: acusan al Tribunal de ‘exceso’ de funciones al pedir quitarle el fuero al Presidente”. Según el TSE, la publicación no tiene firma responsable y utiliza una imagen alterada de la magistrada presidenta Eugenia Zamora, a quien se le atribuye el uso de un blazer de rayas verdes y blancas que nunca ha vestido.
El órgano electoral destacó que la gravedad del hecho aumenta al provenir de un medio con presencia registrada, correo electrónico, teléfono de contacto y hasta un canal abierto para recibir donaciones por Sinpe Móvil. Por ello, exigió la rectificación inmediata del contenido.
El segundo caso señalado corresponde a la página anónima El Oráculo de Costa Rica, que atribuyó falsamente declaraciones al señor José Thompson Jiménez, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y secretario ejecutivo de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. En el posteo, se le adjudicaba un supuesto cuestionamiento al papel del TSE en el levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, lo cual fue desmentido de inmediato por el propio funcionario.
El director general de Estrategia y Gestión Política del TSE, Gustavo Román Jacobo, advirtió que estas acciones forman parte de una “narrativa concertada de difamación” contra la institución. “Opera a distintos niveles, formatos y actores, pero reproduce las mismas mentiras de forma sistemática. Transmite una imagen de arbitrariedad del TSE, dirigida a provocar indignación en costarricenses de buena fe e instigarlos a la violencia”, señaló Román, quien además instó a todos los sectores democráticos a rechazar categóricamente estos ataques.
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó este domingo que mantiene una estrecha vigilancia sobre la Onda Tropical número 40, la cual podría evolucionar a un sistema ciclónico en los próximos días.
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la onda tropical presenta un 60% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos siete días y un 10% en las próximas 48 horas. Actualmente, el sistema se encuentra cerca de las Antillas Menores y se desplazará hacia el mar Caribe en las próximas horas.
Según el pronóstico del IMN, el fenómeno podría evolucionar a depresión tropical entre el 23 y el 26 de octubre, en una zona ubicada al este del mar Caribe. Por el momento, no se prevé una influencia directa sobre Costa Rica, aunque los expertos señalan que aún existe un alto nivel de incertidumbre respecto a su evolución, intensidad y trayectoria.
El IMN reiteró que continuará con el monitoreo constante del sistema y emitirá actualizaciones oportunas en caso de que surjan cambios relevantes que puedan afectar al país.
Daniel González G.
