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El aumento en el contenido de humedad, combinado con una mayor presencia de vientos en el oeste de la cuenca del Mar Caribe, está generando condiciones propicias para la formación de nubosidad y lluvias en distintas regiones del país, incluido el Valle Central.
Para este viernes, se prevé una mayor cobertura nubosa en la vertiente del Caribe y partes de la Zona Norte, con probabilidad de lluvias dispersas tanto en horas de la mañana como al final del día, especialmente en sectores del Caribe Sur.
En el Pacífico Central y Pacífico Sur, las condiciones favorecerán un incremento de la nubosidad durante la tarde, con posibilidad de chubascos y lluvias vespertinas. Por su parte, en el oeste del Valle Central, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, aunque no se descartan eventos aislados.
En cuanto al Pacífico Norte, se espera la presencia de vientos acelerados de forma ocasional hacia el centro de la región, siendo más constantes en zonas del norte y áreas montañosas.
Estas condiciones explican los aguaceros registrados en los últimos días en el Valle Central, asociados principalmente a la entrada de humedad desde el Caribe y la dinámica de los vientos que favorecen la formación de nubes.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica dio un paso clave en el debate sobre el futuro del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), luego de que la Comisión de Asuntos Sociales dictaminara afirmativamente dos proyectos de ley que proponen distintas modalidades de retiro anticipado de estos fondos.
Con este avance, las iniciativas pasarán ahora al Plenario Legislativo, donde deberán ser discutidas y votadas en medio de advertencias emitidas por instancias tanto nacionales como internacionales sobre el impacto que estas medidas podrían tener en el sistema de pensiones.
Propuestas avaladas
Uno de los textos aprobados corresponde a la iniciativa impulsada por la diputada oficialista Ada Acuña, que plantea dos opciones para los beneficiarios:
Renta temporal complementaria: permitiría a los pensionados recibir un ingreso adicional hasta alcanzar el monto máximo otorgado por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Retiro total del ROP: aplicable a quienes ya reciben una pensión del IVM superior al monto exento del impuesto sobre la renta, fijado en ₡924.000 para 2025.
La segunda propuesta avalada es la presentada por la jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro. Este proyecto propone que las personas pensionadas entre el 1.º de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2029 puedan retirar la totalidad de sus fondos del ROP en tractos mensuales durante un año, hasta agotar el saldo acumulado.
Propuesta archivada
En contraste, la comisión decidió archivar el proyecto del diputado independiente Gilbert Jiménez Siles, que planteaba la posibilidad de retirar el 100% del ROP en un solo tracto, dos meses después de presentada la solicitud.
Otra iniciativa en camino
A estas propuestas se suma el proyecto del diputado liberacionista Óscar Izquierdo, el cual ya había sido dictaminado previamente en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Esta iniciativa contempla el retiro del ROP en diferentes modalidades para quienes se pensionen entre el 1.º de enero de 2021 y el 18 de febrero de 2030, incluyendo:
Pagos mensuales durante 30 meses hasta agotar el saldo.
Un retiro acelerado en tractos: 25% del fondo a los 60 días de la solicitud, seguido de tres desembolsos adicionales del 25% cada nueve meses, manteniendo pagos de pensión en paralelo.
Camino al Plenario
Con estos avances, serán tres las iniciativas sobre el retiro anticipado del ROP que llegarán al Plenario Legislativo, donde se definirá si el país modifica las condiciones actuales de acceso a estos recursos, en una discusión que genera expectativas entre los pensionados y preocupación en sectores técnicos.
El Banco de Costa Rica (BCR) anunció el lanzamiento de un nuevo monedero digital vinculado al sistema SINPE Móvil que permitirá a los usuarios pagar el transporte público de forma electrónica, sin necesidad de utilizar dinero en efectivo.
El nuevo instrumento, denominado SINPE-TP, funcionará como una tarjeta o medio prepago que los pasajeros podrán acercar a un lector instalado en autobuses y trenes para cancelar el pasaje de forma rápida y sencilla.
Este sistema forma parte del proyecto nacional SINPE‑TP, impulsado por el Banco Central de Costa Rica con el objetivo de modernizar el sistema de cobro en el transporte público del país y avanzar hacia un modelo de pagos electrónicos.
Según detallaron las autoridades, el monedero permitirá recargar saldo en puntos autorizados y, en etapas posteriores, también mediante SINPE Móvil. Esta modalidad facilitará el acceso al servicio incluso para personas que no cuentan con cuentas bancarias.
Con la implementación de esta herramienta tecnológica, las instituciones esperan agilizar el abordaje de pasajeros, reducir el uso de efectivo y mejorar la experiencia de pago en autobuses y trenes, como parte de los esfuerzos de digitalización del sistema de transporte público en Costa Rica.
El Ministerio de Salud de Costa Rica emitió una alerta preventiva y puso en marcha una campaña nacional de vacunación contra el sarampión ante el fuerte aumento de casos registrados en el continente americano y la detección reciente de contagios importados en el país.
La medida fue anunciada este martes luego de que las autoridades sanitarias advirtieran un incremento significativo de infecciones en la región. De acuerdo con datos divulgados por el Ministerio de Salud y citados por la agencia EFE, las Américas experimentan un aumento del 2.500 % en los casos de sarampión en comparación con el año anterior, principalmente en países de Norteamérica y Sudamérica.
La ministra de Salud, Mary Munive, instó a la población a revisar y completar su esquema de vacunación, especialmente a quienes tengan previsto viajar a países donde se han reportado brotes activos.
“Tenemos un 2.500 % más de casos a nivel de las Américas, principalmente en países de Norteamérica y Suramérica”, señaló la jerarca al advertir sobre la importancia de reforzar la prevención.
Vacunación para viajeros
Como parte de la estrategia, los centros médicos del país aplicarán la vacuna contra el sarampión a personas entre los 20 y 39 años que planeen viajar a destinos con riesgo de transmisión. La vacuna forma parte del esquema básico nacional y corresponde a la triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas.
El esquema oficial contempla dos dosis: la primera se administra a los 15 meses de edad y la segunda a los 4 años. Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a las familias para verificar que los niños cuenten con ambas aplicaciones.
Desde la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se indicó que la vacuna para viajeros es voluntaria y debe aplicarse al menos dos semanas antes del viaje, con el fin de garantizar la protección adecuada.
Advertencia ante el Mundial 2026
El Ministerio de Salud también emitió una recomendación especial para quienes planeen asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, países donde actualmente se registran brotes de sarampión.
La lista de destinos considerados de riesgo incluye, hasta el momento, Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, Uruguay, además de los países sede del mundial, aunque el Ministerio indicó que esta clasificación podría variar conforme evolucionen las alertas epidemiológicas.
Casos bajo investigación
Según el Ministerio de Salud, Costa Rica no registra casos endémicos de sarampión desde 1999, aunque sí se han detectado 15 casos importados durante ese periodo.
El más reciente fue confirmado el pasado sábado en una niña mexicana de cuatro años, cuyo estado de salud evoluciona favorablemente. Tras este diagnóstico, se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica, seguimiento de contactos y recomendaciones preventivas para familiares y personas cercanas.
La doctora Jéssica Navarro, directora de Desarrollo de Servicios de Salud de la CCSS, señaló que el contexto epidemiológico obliga a reforzar la prevención. “Los invitamos a acercarse a los diferentes centros de salud; no es necesario sacar cita”, indicó.
Enfermedad altamente contagiosa
El Sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía respiratoria, mediante pequeñas gotas expulsadas al toser, hablar o estornudar. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, tos, secreción nasal y enrojecimiento ocular, seguidos de una erupción cutánea que inicia en el rostro y se extiende por el cuerpo.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la infección puede provocar complicaciones graves como neumonía, ceguera o inflamación del cerebro, e incluso causar la muerte, especialmente en poblaciones no vacunadas.
Los precios de los combustibles en Costa Rica registrarán un nuevo aumento en los próximos días luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobara un ajuste tarifario que encarecerá el litro de gasolina y diésel entre ₡5 y ₡17.
De acuerdo con el ajuste autorizado, el diésel tendrá el mayor incremento, al pasar de ₡513 a ₡530 por litro, lo que representa un aumento de ₡17.
La gasolina regular subirá ₡14, pasando de ₡593 a ₡607, mientras que la gasolina súper tendrá un aumento menor de ₡5, al pasar de ₡628 a ₡633 por litro.
En contraste con los combustibles, el cilindro de gas de 25 libras tendrá una ligera rebaja de ₡41, por lo que su precio pasará de ₡6.794 a ₡6.753.
Importaciones influyen en el ajuste
El intendente de Energía de Aresep, Mario Mora, explicó que el ajuste responde al incremento en el costo de los combustibles importados, lo que impacta directamente el precio final que pagan los consumidores en el país.
Además, el funcionario advirtió que los precios actuales aún no reflejan los efectos del conflicto que se desarrolla en Medio Oriente, situación que podría presionar aún más el valor internacional de los hidrocarburos en las próximas semanas.
Entrada en vigencia
Las nuevas tarifas entrarán a regir un día después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Especialistas señalan que los constantes ajustes en el precio de los combustibles pueden tener un impacto directo en el costo del transporte, la producción y los servicios, lo que eventualmente podría trasladarse al precio de bienes y alimentos en el país.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por medio de su marca comercial kölbi, habilitó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) una herramienta de consulta de numeración telefónica con el objetivo de reforzar la prevención de fraude en el servicio SINPE Móvil.
La solución tecnológica busca evitar accesos indebidos a cuentas asociadas a números de teléfono móvil prepago que han sido retirados o liberados por el operador. Según informó el ICE, desde el pasado 2 de febrero kölbi se convirtió en el primer operador de telecomunicaciones del país en implementar este mecanismo de control.
Con esta herramienta, el operador reporta en tiempo real al Banco Central los números de teléfono que se liberan. De esta forma, si alguno de esos números estaba vinculado a una cuenta de SINPE Móvil, el sistema permite su desvinculación inmediata, reduciendo el riesgo de que un tercero acceda al servicio cuando el número sea reasignado a otro usuario.
El desarrollo implicó la integración y ajustes en siete sistemas corporativos del ICE, lo que requirió un trabajo coordinado entre equipos especializados de las áreas de Telecomunicaciones, Finanzas y Tecnologías de Información de la institución. Además, el proceso se realizó en estrecha coordinación con las áreas técnicas del Banco Central.
“Con esta herramienta, la Institución reafirma su compromiso con el resguardo de la información sensible de sus clientes y la lucha contra el fraude cibernético”, señaló Harold Cordero, gerente general del ICE.
Actualmente, kölbi continúa brindando acompañamiento técnico al Banco Central en las pruebas de implementación dentro de su plataforma, con miras a que el sistema entre en funcionamiento en el corto plazo.
La ministra de Salud, Mary Munive, anunció que el Gobierno permitirá de forma excepcional y temporal el traslado de residuos sólidos generados en la Gran Área Metropolitana hacia otras regiones del país, como medida para evitar un colapso en la gestión de desechos.
La decisión surge ante el cierre programado de dos importantes rellenos sanitarios ubicados en la región central: Relleno Sanitario El Huaso y Relleno Sanitario La Carpio. Según explicó la jerarca, el permiso tendrá una vigencia única de dos años.
“De manera excepcional y temporal, y por un plazo único de dos años, se va a poder autorizar el traslado de la basura que producimos en la Gran Área Metropolitana fuera de nuestra región”, afirmó Munive.
La ministra enfatizó que esta autorización no debe interpretarse como una solución permanente ni como una forma de trasladar el problema a otras zonas del país, sino como una medida urgente para enfrentar la situación actual.
Asimismo, hizo un llamado directo a las municipalidades para que asuman su responsabilidad en la gestión de residuos y tomen decisiones concretas para enfrentar lo que calificó como una crisis nacional.
“Estamos viviendo una crisis nacional de la basura que producimos todos, una crisis que impacta la salud pública, el ambiente y la calidad de vida de nuestras comunidades”, manifestó.
Munive también recordó que el Gobierno impulsa iniciativas para mejorar el tratamiento de residuos, entre ellas un proyecto para construir el primer biodigestor estatal, impulsado por el Instituto Costarricense de Electricidad y el Ministerio de Salud de Costa Rica, el cual aún se encuentra a la espera de aprobación en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Finalmente, la jerarca advirtió que la falta de decisiones oportunas podría traer consecuencias para la población, al insistir en que el país enfrenta una situación crítica en el manejo de sus desechos.
“El tiempo perdido hasta los santos lo lloran y en esta ocasión los costarricenses son los que llorarán las consecuencias”, concluyó.
A partir del 1° de enero de 2027, todas las instituciones públicas y empresas privadas en Costa Rica deberán aceptar la Identidad Digital Costarricense (IDC) como medio válido de identificación para la realización de trámites y acceso a servicios.
La medida fue confirmada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que amplió el plazo original mediante la resolución N.° 1120-E7-2026, tras una solicitud presentada por el Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial.
Ajustes internos antes de 2027
Con esta prórroga, las entidades públicas y privadas tendrán tiempo hasta el 1° de enero de 2027 para adaptar sus procedimientos internos y garantizar la aceptación de la IDC para cualquier persona que necesite realizar gestiones.
El TSE recordó que la Identidad Digital Costarricense mantiene la misma validez legal que el documento físico, por lo que la ampliación del plazo no afecta su vigencia ni su reconocimiento jurídico.
Recomendación a usuarios
Aunque la IDC es un documento plenamente válido, las autoridades recomiendan a las personas usuarias consultar previamente si la entidad donde realizarán el trámite ya cuenta con los ajustes necesarios para su aceptación, con el fin de evitar inconvenientes.
La implementación total de la Identidad Digital forma parte del proceso de modernización y transformación digital del Estado costarricense, orientado a facilitar trámites, fortalecer la seguridad y agilizar los servicios tanto en el sector público como en el privado.
a Asamblea Legislativa de Costa Rica dio un paso decisivo en la lucha contra las estafas electrónicas. Con 15 votos a favor, la Comisión con Potestad Legislativa Plena III aprobó en primer debate el expediente 23.908, denominado “Ley de Protección a las Personas Consumidoras de su Dinero”, una iniciativa que obligará a las entidades financieras a responder por los fondos sustraídos mediante fraude.
El proyecto, presentado por el diputado Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional, establece un marco de responsabilidad objetiva para bancos públicos y privados, lo que implica que deberán asumir los daños ocasionados por la sustracción o inadecuada custodia de dinero, independientemente de que exista o no culpa directa.
“Hoy dimos un paso fundamental para miles de personas que han vivido uno de los momentos más angustiosos de su vida: abrir su cuenta bancaria y descubrir que sus ahorros desaparecieron. No es solo una reforma legal. Es una respuesta humana ante una realidad que golpea a familias, trabajadoras y adultos mayores en todo el país”, afirmó Izquierdo tras la votación.
Inversión de la carga de la prueba
Uno de los cambios más relevantes del texto es la inversión de la carga de la prueba a favor del consumidor. Esto significa que, en procesos administrativos o judiciales, serán las entidades financieras las que deberán demostrar que sus sistemas de seguridad no fueron vulnerados y que cumplen con los controles exigidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
La iniciativa también crea un procedimiento formal de reclamo con plazos estrictos: las entidades tendrán 30 días naturales para resolver las denuncias, deberán contar con canales de atención disponibles las 24 horas y estarán obligadas a implementar protocolos de emergencia para víctimas de estafa.
En caso de incumplimiento, se contemplan mecanismos de resarcimiento como la devolución automática de los fondos si no hay resolución en un plazo de 120 días, compensaciones por atrasos y la restitución de intereses cobrados tras el fraude.
Ajustes y exclusiones
Durante la discusión en comisión se aprobaron mociones que modificaron el texto original. Entre ellas, la eliminación de un artículo transitorio que obligaba a reintegrar montos a víctimas que hubieran presentado reclamos antes de la entrada en vigencia de la ley.
El proyecto aclara que las entidades deberán devolver los recursos cuando existan pruebas suficientes del carácter ilegítimo de la transacción, pero no serán responsables en casos de “auto estafa”, figura que contempla situaciones de fraude simulado por parte del propio usuario.
Asimismo, se descartó que la SUGEF supervise directamente el protocolo de emergencia que deberán implementar los bancos. No obstante, las entidades sí estarán obligadas a reportar a la Superintendencia las cuentas y titulares identificados como receptores de fondos provenientes de fraudes electrónicos.
La normativa también endurece las sanciones al establecer penas de prisión por autofraude y exigir a la SUGEF la actualización anual de las normas de seguridad cibernética.
Reacciones del sector bancario
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) se pronunció desde setiembre de 2025 sobre la iniciativa. En un comunicado oficial, la organización sostuvo que cualquier marco normativo debe mantener un equilibrio entre derechos y deberes de todas las partes involucradas.
Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC, señaló que las estafas bancarias son un fenómeno del crimen organizado que requiere un frente común y advirtió que una regulación desbalanceada podría afectar el acceso a servicios financieros.
Por su parte, Mario Gómez, asesor jurídico de la entidad, insistió en que en la mayoría de los casos los sistemas bancarios no son vulnerados, sino que los usuarios son engañados por delincuentes, por lo que consideró clave reforzar la educación financiera y digital.
Contexto y próximos pasos
Costa Rica registró 13.000 casos de estafas informáticas durante el 2025, una cifra que ha encendido las alarmas sobre la protección de los ahorros de los ciudadanos.
Tras la aprobación en primer debate, el expediente 23.908 deberá someterse a una segunda y última votación en la Comisión Plena III el próximo 4 de marzo. De recibir el respaldo final, se convertirá en ley de la República, marcando un cambio significativo en la responsabilidad de las entidades financieras frente al creciente fenómeno de las estafas electrónicas.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) dio a conocer una serie de lineamientos que deberán tomarse en cuenta para el curso lectivo 2026, enfocados en regular la presentación personal y ciertas conductas del estudiantado en los centros educativos públicos del país.
La propuesta, divulgada bajo el sello del Gobierno de Costa Rica, detalla disposiciones específicas en temas como vapeo y consumo de alcohol, tatuajes, maquillaje, uñas, largo de cabello, vello facial, piercings y uso de accesorios con el uniforme estudiantil.
Vapeo y consumo de alcohol, falta grave
El documento establece que fumar, vapear o ingerir bebidas alcohólicas dentro del centro educativo será considerado falta grave. La prohibición también aplica fuera del centro en horario lectivo, cuando se vista el uniforme o durante actividades convocadas oficialmente. En este apartado, el lineamiento es claro: no hay excepciones.
Tatuajes deberán reportarse
En el caso de los tatuajes, no se permite su realización —ya sean permanentes o temporales— en estudiantes menores de edad de preescolar, primaria o secundaria. Si se detecta un nuevo tatuaje, la persona directora deberá comunicarlo al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Como excepción, si el estudiante ya tenía tatuajes antes de la entrada en vigencia del lineamiento, el padre, madre o encargado legal deberá informarlo al centro educativo. Además, la restricción no aplicará a personas mayores de edad en ofertas educativas para jóvenes y adultos, ni a poblaciones que por motivos histórico-culturales realicen marcas corporales.
Maquillaje y uñas con restricciones
El uso de maquillaje durante el horario escolar no estará permitido, incluyendo pintura en uñas, labios, mejillas, ojos, cejas y pestañas, así como pestañas postizas. Se contemplan excepciones en actividades culturales, festivales estudiantiles, obras teatrales o bailes folclóricos con autorización de la dirección, además de cursos de estética bajo supervisión docente o por razones médicas justificadas.
En cuanto a las uñas, deberán mantenerse cortas, con un largo máximo de tres milímetros, y no se permitirá el uso de uñas artificiales, salvo en casos médicos documentados o en cursos especializados.
Cabello, vello facial y accesorios
El lineamiento indica que se mantiene lo dispuesto en relación con el largo del cabello y que no se contemplan nuevas excepciones. Sobre el vello facial, el bigote y la barba no deberán cubrir el rostro de manera desproporcionada.
Asimismo, se prohíbe el uso de pulseras, cadenas, anillos, cintas, stickers faciales, abalorios y piercings visibles en cualquier parte del cuerpo, así como expansores o implantes transdérmicos. Únicamente se permitirá un arete o argolla en el lóbulo de cada oreja, con excepción de estudiantes de programas para jóvenes y adultos.
Debate abierto en la comunidad educativa
La publicación, identificada con la etiqueta #LineamientosCursoLectivo2026, anticipa un posible debate en la comunidad educativa sobre disciplina, imagen institucional y libertad de expresión del estudiantado, de cara al inicio del próximo ciclo lectivo.
Santa Ana Actual Informa
