En medio de la creciente crisis nacional por la gestión de residuos sólidos, alcaldes de 14 municipalidades del Gran Área Metropolitana (GAM) alzaron la voz contra el decreto impulsado por la ministra de Salud, Mari Munibe, que busca obligar a los gobiernos locales a asumir de inmediato nuevas responsabilidades en el manejo de la basura.
El tema fue analizado en el programa Matices de Radio Monumental con el director del programa Randall Rivera, donde participaron los alcaldes de Montes de Oca, Domingo Argüello y Juan José Vargas, alcalde del cantón de Santa Ana. Ambos coincidieron en que, aunque las municipalidades deben comprometerse con la gestión integral de residuos, el decreto coloca a las alcaldías “contra la pared” al imponer plazos y condiciones que califican como inviables.
Juan José Vargas recordó que el problema no es reciente, sino heredado:
“Prácticamente los que estamos ahora en las alcaldías hemos heredado una ineficiencia de 20 años atrás. La población en Santa Ana crece en mil personas por año, ya tenemos más de 63 mil habitantes y seguimos con los mismos mecanismos de recolección”, señaló.
El alcalde de nuestro cantón explicó que actualmente el cantón genera entre 78 y 80 toneladas de basura diarias (unas 24 mil toneladas al año), y que el costo por tonelada de recolección pasará de ₡15.000 en 2019 a ₡43.500 a partir de abril del 2026, un aumento que obliga a la municipalidad a ajustar tasas y buscar soluciones más sostenibles.
Entre las acciones locales destacó la ampliación del centro de acopio, proyectos de compostaje en la comunidad y la posibilidad de instalar una planta de tratamiento en un terreno de tres hectáreas en Santa Ana, con apoyo de empresarios internacionales. Sin embargo, Vargas insistió en que la implementación de plantas de este tipo requiere al menos de uno a dos años, no ocho meses como plantea el decreto.
“Nosotros estamos trabajando, pero pedimos diálogo. Este no es solo un problema municipal, es un problema país. La rectoría la tiene el Ministerio de Salud, y necesitamos que se siente con nosotros para definir soluciones reales”, enfatizó el alcalde.
Los alcaldes solicitan una moratoria de dos años para la aplicación del decreto, tiempo que consideran necesario para desarrollar alternativas técnicas y financieras que permitan atender la crisis sin poner en riesgo la salud pública ni el funcionamiento municipal.
Vargas advirtió que, si no se alcanza un acuerdo antes de abril, Santa Ana podría enfrentar un escenario crítico:
“Si no tenemos un convenio para el traslado de los residuos, simplemente no tendremos dónde dejar la basura”.
Mientras tanto, las autoridades locales aseguran que continuarán impulsando programas de educación ambiental, reciclaje y compostaje para reducir la cantidad de residuos enviados a rellenos sanitarios, al tiempo que mantienen abiertos los canales de negociación con el Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo.
Puede observar el video del programa Matices, en el siguiente enlace:
Las principales vías nacionales que conectan hacia la capital, se han convertido en escenario recurrente de colisiones que, aunque en muchos casos no dejan víctimas mortales, sí generan largas filas que afectan a miles de conductores en horas pico.
Por ejemplo según datos de la Policía de Tránsito, en la Ruta 27 se reportan a diario choques menores que paralizan la circulación durante horas. Las causas, señalan las autoridades, están ligadas principalmente a la imprudencia y distracción de los conductores.
Distracciones que cuestan caro
Hablar por celular, responder mensajes, maquillarse frente al retrovisor o incluso manipular dispositivos de navegación son prácticas cada vez más comunes entre quienes transitan por la Ruta 27. Aunque parecen acciones inocuas, segundos de descuido bastan para provocar un accidente.
Las cámaras de monitoreo de la concesionaria de Globalvia y las intervenciones de la Policía de Tránsito han documentado múltiples casos de conductores que, en plena vía rápida, sostienen el volante con una mano mientras con la otra manipulan su celular. En algunos reportes también se han identificado mujeres maquillándose y hombres afeitándose mientras avanzan en las filas.
Consecuencias para todos
El impacto de estas conductas no recae únicamente en los responsables de los choques. Cada accidente, por leve que sea, bloquea al menos uno de los carriles, lo que genera embotellamientos que pueden extenderse por kilómetros.
“Es frustrante pasar más de una hora en la fila para luego ver que todo se debe a un simple choque por ir hablando por celular o haciendo otra cosa. No solo es falta de respeto, también es un desperdicio de tiempo y de recursos”, reclamó Carla Morales, vecina de Santa Ana, quien utiliza la ruta a diario para trasladarse a su trabajo en Escazú.
A esto se suman los costos económicos: combustible gastado en medio del tráfico, horas laborales perdidas y afectación al transporte de mercancías.
Un problema de cultura vial en los ticos
Para especialistas en seguridad vial, el fenómeno refleja una carencia de cultura de prevención. Aunque las multas por utilizar el celular sin dispositivo de manos libres alcanzan montos altos, la sanción parece no ser suficiente disuasorio, además de la falta de oficiales de tránsito que se encuentren destacados en la zona.
A partir del próximo curso lectivo, los estudiantes del país no podrán utilizar teléfonos celulares dentro de las aulas, salvo con fines pedagógicos previamente autorizados por los docentes. Así lo confirmó este miércoles el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, quien presentó los lineamientos que formarán parte del nuevo reglamento de evaluación de los aprendizajes y de conducta.
“Esto no es una medida antojadiza, es una revisión exhaustiva de lo que están haciendo más de 30 países desarrollados. Llegamos a la conclusión de que en el aula se prohíbe el uso del celular”, explicó Sánchez.
El jerarca destacó que, aunque la tecnología es una herramienta útil, los dispositivos se convierten en una fuente de distracción cuando no existe orientación docente. “Afecta la mediación pedagógica, es decir, cómo el estudiante aprende y cómo el docente enseña”, subrayó.
El documento que el MEP presentará en los próximos días ante el Consejo Superior de Educación incluye también cambios en la evaluación de la conducta, que volverá a ser un requisito para aprobar el año escolar. La nota de disciplina será de 0 a 100 y el estudiante deberá cumplirla para pasar de nivel.
Proyecto de ley en discusión
El anuncio coincide con la presentación de un proyecto de ley por parte de la diputada independiente Cynthia Córdoba, que busca prohibir el uso de celulares y tabletas personales en todos los centros educativos.
“La experiencia internacional demuestra que retirar los dispositivos mejora el rendimiento académico y la salud mental de los estudiantes, que vuelven a socializar y jugar”, afirmó la legisladora.
Córdoba citó además el informe PISA 2022, que reveló que un 65% de los estudiantes reconoció distraerse con dispositivos digitales durante las clases de matemáticas.
Tendencia internacional
Según la Unesco, 79 países mantienen restricciones al uso de celulares en las aulas. Francia fue pionero en implementar esta medida desde 2018 en primaria y secundaria, y más recientemente Brasil adoptó una ley que prohíbe los dispositivos en estudiantes de 4 a 17 años. También China, Finlandia, Nueva Zelanda, Canadá y Países Bajos aplican restricciones similares.
El MEP aseguró que la medida en Costa Rica busca mejorar la concentración y el aprovechamiento en el aula, además de promover un uso responsable de la tecnología fuera de los centros educativos, con el apoyo de padres y encargados.
La gestión de residuos atraviesa una crisis que amenaza con convertirse en un problema de salud pública y sostenibilidad. El Ministerio de Salud presentó el nuevo Reglamento para la Gestión Regionalizada de Residuos Sólidos Ordinarios, que busca transformar la forma en que los gobiernos locales recolectan y disponen los desechos.
El modelo introduce la regionalización, lo que significa que los municipios deberán coordinarse entre sí en regiones establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Con ello se pretende mejorar la eficiencia, reducir costos y minimizar los impactos ambientales y sociales.
Entre las disposiciones destacan:
Los residuos deben gestionarse dentro de la misma región donde se generan.
La distancia máxima de transporte hasta el sitio final no puede superar los 80 kilómetros.
Si se excede esta distancia, será obligatorio usar estaciones de transferencia.
Los parques ambientales deberán ubicarse a más de 500 metros de centros educativos, de salud e industrias alimentarias.
“Ya no podemos permitirnos que cada municipio gestione sus residuos de manera aislada. El trabajo conjunto es la clave para reducir impactos en el ambiente y la salud pública”, declaró la ministra de Salud, Mary Munive.
El reglamento también establece sanciones para los gobiernos locales que incumplan, entre ellas órdenes sanitarias, multas que alcanzan los ₡462.200 y, en casos graves, la clausura de municipalidades.
Municipalidades bajo la lupa
El Ministerio de Salud cuestionó a varios gobiernos locales por no haber actuado con anticipación ante el vencimiento de contratos de disposición final. Entre ellos, las municipalidades de Jiménez, Alvarado, Heredia y Paraíso, que solicitaron una excepción temporal.
“La Ley para la Gestión Integral de Residuos es clara. Conocían los plazos y aun así decidieron no actuar”, advirtió Munive, recordando que se realizaron mesas de trabajo y advertencias desde meses atrás.
Una crisis en aumento
Expertos advierten que el país está al borde de quedarse sin espacios para disponer la basura. El ingeniero ambiental Erick Silesky señaló que el 94% de los residuos en Costa Rica termina en botaderos, mientras menos del 4% se recicla o recupera.
Cada año se generan más de 2 millones de toneladas de desechos, lo que equivale a 1,2 kilos por persona al día, cifra que podría rondar actualmente 1,5 kilos. Sin embargo, solo siete rellenos sanitarios siguen activos en el país y se estima que tienen entre dos y ocho años de vida útil.
“Ya llegamos al límite de la crisis”, afirmó Gilberto Monge, director ejecutivo de la Federación Metropolitana de Municipalidades (Femetron), quien considera que el decreto que limita el traslado de basura a 80 kilómetros complica aún más la situación.
Llamado a voluntad política y educación
La diputada independiente Kattia Cambronero sostuvo que la crisis se agrava por la falta de voluntad política del Gobierno y las municipalidades. A su criterio, es urgente establecer normas más claras y alianzas con el sector privado.
Por su parte, Geovanny Castillo, director ejecutivo de la Cámara de Gestores Ambientales, subrayó que más del 50% de los desechos son orgánicos y podrían aprovecharse para producir abono o biocombustibles, mientras otro 35% es valorizable.
“El costarricense tiene empatía por lo ambiental, pero hay un divorcio entre esa conciencia y lo que realmente hace”, dijo, destacando la importancia de fortalecer la educación desde edades tempranas.
Una oportunidad en medio del colapso
Aunque el panorama es crítico, el Ministerio de Salud insiste en que el reglamento no es solo un conjunto de normas técnicas, sino una oportunidad para transformar la cultura ambiental y ampliar la vida útil de los rellenos sanitarios restantes.
“El manejo de residuos no puede seguir tratándose con indiferencia”, recalcó la ministra Munive.
Un giro inesperado tomó el proyecto de ley que busca proteger a los usuarios frente a las estafas informáticas en Costa Rica. La iniciativa, tramitada bajo el expediente N.° 23.908, sufrió cambios impulsados por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), lo que derivó en una reducción de las obligaciones que debían asumir las entidades financieras.
Entre las modificaciones más significativas se eliminó un transitorio que obligaba a los bancos a devolver el dinero a víctimas de estafa con reclamos administrativos previos a la entrada en vigencia de la ley. Además, el protocolo de emergencia y atención de casos ya no estará bajo supervisión constante de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), sino que pasará a ser aplicado directamente por el personal bancario.
En Santa Ana, al menos 3 personas han sido estafadas por medio de esta modalidad de estafas bancarias, la cual aún estan a la espera de recuperar sus dineros. Ellos forman parte del grupo que apoya este proyecto de ley denominado «Gente Estafada en los Bancos de Costa Rica».
El diputado Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y principal impulsor del proyecto, criticó el giro tomado por la propuesta y adelantó que presentará un nuevo texto sustitutivo para devolverle su “sustento original”.
Principales cambios aprobados
Excepciones ampliadas de responsabilidad: Antes, los bancos solo quedaban libres de culpa si se comprobaba un “auto fraude” del cliente. Con el nuevo texto, también quedarán exentos si demuestran cumplir con estándares de ciberseguridad avalados por la SUGEF.
Alcance reducido: La responsabilidad se limita ahora a la sustracción de dinero de ahorros o cuentas, dejando por fuera otros servicios financieros y la custodia de datos personales.
Carga de la prueba debilitada: Se eliminó la inversión de la carga de la prueba que obligaba a las entidades a demostrar su inocencia en casos de fraude, limitando su aplicación únicamente al ámbito del Código Procesal Civil.
Sanciones menos severas: Las penas por fraudes simulados se unificaron en un rango de uno a tres años de prisión, eliminando las diferenciaciones según el monto defraudado.
Sin devolución retroactiva: Se suprimió la disposición que obligaba a los bancos a reintegrar dinero a víctimas con reclamos previos a la ley.
Menor control de la SUGEF: La supervisión de protocolos pasó de ser constante y con autorización previa, a una simple obligación de conocimiento y aplicación por parte del personal bancario.
Con estas modificaciones, los críticos advierten que la propuesta pierde fuerza en su objetivo de obligar a las entidades financieras a asumir un papel más activo en la protección de los clientes.
El debate sobre el texto sustitutivo continuará en la Asamblea Legislativa, donde se espera un pulso político entre las fracciones para definir el futuro de la iniciativa.
La mañana de este viernes 22 de agosto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, compareció ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa que analiza el levantamiento de su inmunidad por un caso de presunta concusión vinculado al financiamiento de la Casa Presidencial con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La audiencia, iniciada a las 8:00 a. m. en el Salón de Jefes de Estado y Expresidentes del Congreso, se extendió al mediodía, aunque no se descarta que continúe en una sesión extraordinaria posterior. Chaves acudió acompañado de su abogado, José Miguel Villalobos, mientras en las afueras de la sede legislativa decenas de simpatizantes lo recibieron con cánticos de apoyo.
Se trata de un hecho inédito en la historia política costarricense, ya que nunca antes un mandatario en ejercicio había tenido que acudir al Parlamento en el marco de un proceso de desafuero. La Fiscalía General, dirigida por Carlo Díaz, acusa al presidente de haber solicitado al publicista Christian Bulgarelli la entrega de $32.000 a su amigo y asesor Federico “Choreco” Cruz, a cambio de un contrato por $405.000 otorgado a la empresa RMC La Productora.
En la misma causa figura como imputado el actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como jefe de despacho presidencial. Rodríguez también comparece ante la comisión este viernes, acompañado de su defensor.
La instancia legislativa cuenta con un plazo de 20 días, prorrogable una única vez, para rendir un informe al Plenario sobre la procedencia o no del levantamiento de la inmunidad del presidente. En caso de recomendar el desafuero, se requerirá una mayoría calificada de 38 votos para que Chaves pueda enfrentar el proceso penal.
El desarrollo de esta audiencia marca un precedente en la política costarricense y abre un capítulo sin precedentes en la relación entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El Ministerio de Salud emitió nuevas disposiciones para regular el ingreso de animales de compañía a establecimientos públicos y privados, luego del incidente ocurrido el pasado 9 de agosto en Multiplaza Escazú, donde un perro de raza pitbull mordió a un menor de 7 años. El niño se encuentra fuera de peligro, mientras que su familia interpuso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Tras la investigación, Salud giró una orden sanitaria al centro comercial y decidió unificar en una sola resolución las normas que rigen la tenencia y el ingreso de animales en locales con permiso sanitario de funcionamiento.
Principales medidas de la resolución
Perros y gatos son considerados únicamente animales de compañía, según el Decreto Ejecutivo 31626.
Restricción general: no se permite el ingreso ni la permanencia de mascotas en establecimientos de alimentación al público, salvo que cumplan con lo dispuesto en el Reglamento para los Servicios de Alimentación.
Excepción: los animales de asistencia, como perros guía para personas con discapacidad visual, sí podrán ingresar, aunque no en las zonas de preparación de alimentos.
Requisitos para negocios pet friendly:
Colocar rótulos visibles con las condiciones de ingreso.
Garantizar la recolección y disposición adecuada de excrementos.
Habilitar espacios y contenedores para residuos de mascotas.
Incluir protocolos de emergencia y contar con pólizas de seguro.
Asegurar que las mascotas estén bajo control de un adulto responsable.
Sanciones
El incumplimiento de las disposiciones podrá acarrear multas, suspensión o cancelación del permiso sanitario, clausura del local e incluso denuncias por desobediencia a la autoridad.
Reacciones en el comercio
Las nuevas reglas generaron reacciones inmediatas en diversos sectores. Algunas cadenas de restaurantes y comercios independientes informaron que, por el momento, prohibirán el ingreso de animales a sus instalaciones mientras realizan los ajustes necesarios.
El Ministerio de Salud anunció que las disposiciones regirán a partir de su publicación y que se llevarán a cabo inspecciones en los establecimientos que permiten el ingreso de mascotas, con el objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) presentó este jueves una propuesta de ajuste semestral a las tarifas de autobús y taxi en el país, que incluye reducciones para el transporte público en bus y un ligero incremento en algunos servicios de taxi.
Según la entidad, los cambios obedecen principalmente a la baja en los precios de los combustibles entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025, así como a variaciones en costos de mantenimiento, seguros y salarios.
En el caso de los autobuses, las rebajas varían según la categoría de la empresa y si la ruta utiliza el sistema de pago electrónico SINPE-TP. Entre los ajustes propuestos destacan:
San José – Alajuela: ¢725 a ¢720 (¢5 menos)
San José – Heredia (por pista): ¢580 a ¢575 (¢5 menos)
San José – Paraíso: ¢1.100 a ¢1.095 (¢5 menos)
San José – Puntarenas: ¢3.100 a ¢3.085 (¢15 menos)
San José – San Isidro de El General: ¢3.925 a ¢3.905 (¢20 menos)
San José – Limón: ¢3.820 a ¢3.800 (¢20 menos)
San José – Liberia: ¢4.715 a ¢4.690 (¢25 menos)
Para los taxis rojos tipo sedán, se plantea un aumento de ¢5 en la tarifa de banderazo y variable (pasarían de ¢810 a ¢815), y un alza de ¢15 en la tarifa por demora (de ¢3.410 a ¢3.425). En el caso de los taxis del Aeropuerto Juan Santamaría, se mantendrían las tarifas de banderazo y distancia, mientras que la tarifa por demora en microbuses tendría una pequeña rebaja.
Las nuevas tarifas entrarán en proceso de consulta pública, por lo que los usuarios podrán enviar observaciones antes de que sean aprobadas. La Aresep recordó que las tarifas vigentes pueden consultarse en su página web o en la aplicación móvil gratuita ARESEP Contigo.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ha anunciado que el Simulacro Nacional de Costa Rica 2025 se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de agosto a las 10:00 a.m. Este ejercicio, de carácter obligatorio por decreto gubernamental, busca fortalecer la capacidad de respuesta del país ante un sismo, aunque algunas comunidades específicas también practicarán la respuesta a otras amenazas.
El objetivo principal de este año es lograr una participación masiva de todos los sectores de la sociedad, incluyendo comunidades, centros de trabajo públicos y privados, centros educativos y centros de larga estancia. La CNE insta a la población a unirse a este esfuerzo de preparación, que es fundamental para la gestión del riesgo y la seguridad de todos los habitantes.
Para participar, la CNE ha establecido un proceso sencillo de tres pasos:
Inscribirse: Llenar un formulario de inscripción disponible en el sitio web oficial del simulacro.
Prepararse: Consultar los recursos educativos disponibles en el micrositio para construir o fortalecer un plan de emergencias. Estos recursos incluyen guías para elaborar un plan de evacuación, preparar un maletín de emergencias y crear un mapa de evacuación.
Participar y reportar: Realizar el ejercicio de evacuación durante el simulacro y, posteriormente, reportar la participación a través de la aplicación móvil «SIMULACRO CR».
El sitio web también cuenta con una sección dedicada a recursos y educación, que incluye documentos detallados para que individuos y organizaciones puedan prepararse adecuadamente para cualquier emergencia. Se espera que la participación en este simulacro contribuya significativamente a la cultura de prevención y a la resiliencia del país frente a desastres naturales.
El ataque de un perro de raza pitbull a un niño de siete años dentro de Multiplaza Escazú, ocurrido la noche del sábado 9 de agosto, ha desatado un debate sobre las responsabilidades legales tanto del propietario del animal como del centro comercial.
El menor, identificado como Mateo, sufrió una herida grave en la pierna —con piel arrancada y tejido expuesto— tras ser mordido mientras caminaba con su familia por el primer piso del establecimiento. Según el relato de su madre, Melissa Gutiérrez Marín, la atención médica se habría dado con retraso y el dueño del perro huyó del lugar sin brindar ayuda ni identificarse.
Ante este escenario, el abogado penalista Andrés Pérez González explicó que la Ley de Bienestar Animal impone al propietario de un animal considerado potencialmente peligroso la obligación de garantizar la seguridad de las personas en espacios públicos.
“Existe una responsabilidad directa del dueño, que puede ser patrimonial e incluso penal, si no se cumplen las medidas de seguridad exigidas por ley”, señaló el jurista.
En cuanto al papel del centro comercial, Pérez González recordó que la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece que los administradores de este tipo de espacios deben asegurar la integridad y salud de sus usuarios.
“Hay un claro incumplimiento si no existen protocolos adecuados para prevenir y atender incidentes, lo que podría derivar en responsabilidad civil y sanciones administrativas”, agregó.
La madre del menor cuestiona que la administración de Multiplaza de Escazú, pese a promocionarse como un espacio “pet friendly”, carezca de procedimientos claros para este tipo de emergencias y asegura que la ambulancia fue solicitada únicamente por su insistencia, llegando casi media hora después del ataque.
Consultado por el medio CRHoy, Multiplaza Escazú indicó que “la marca no dará declaraciones sobre este tema”.
El caso será llevado a la vía judicial, donde se evaluará la eventual responsabilidad solidaria entre el propietario del perro y el administrador del centro comercial. Expertos en derecho señalan que la resolución podría sentar un precedente para la regulación de espacios que permiten el ingreso de mascotas en Costa Rica.
Daniel Gonzalez
Raquel Berrocal Sibaja
