Esta nota es un reportaje de Daniel González, para Santa Ana Actual
Durante años, Santa Ana fue un cantón de terrenos amplios, familias que vivían en propiedades heredadas y barrios donde el crecimiento se daba de forma paulatina. A partir de los años 2000, ese paisaje comenzó a cambiar. Residenciales cerrados, condominios verticales y proyectos comerciales se fueron instalando en zonas que antes tenían un uso más rural o semiurbano.
El desarrollo avanzó rápido. Su cercanía con San José, la mejora en infraestructura vial y la llegada de empresas y servicios convirtieron al cantón en uno de los puntos más atractivos del oeste del Valle Central. Con esa transformación llegó también un fenómeno inevitable: el aumento del valor de la tierra.
Hoy, Santa Ana figura entre los cantones con precios más altos por metro cuadrado en la Gran Área Metropolitana. En sectores como Lindora y alrededores del centro del cantón, los terrenos y viviendas alcanzan valores que hace dos décadas parecían impensables. Para quienes han llegado recientemente, estos precios forman parte del costo de vivir en una zona “privilegiada”. Para muchos vecinos de toda la vida, la realidad es distinta.
El incremento del valor de las propiedades no solo se refleja en anuncios inmobiliarios. También impacta directamente en el bolsillo de los propietarios a través del impuesto sobre bienes inmuebles. A medida que el valor catastral se ajusta al alza, el monto que deben pagar las personas propietarias aumenta, aunque sus ingresos sigan siendo los mismos.
En varios barrios del cantón, especialmente donde aún permanecen terrenos familiares, la situación se repite: personas adultas mayores o familias que heredaron propiedades ven cómo el impuesto anual se vuelve cada vez más difícil de asumir. En algunos casos, la única salida posible ha sido vender.
“Uno no se quiere ir, pero llega un punto en que ya no alcanza”, es una frase que se escucha con frecuencia entre vecinos que han tenido que desprenderse de terrenos donde vivieron durante décadas. Muchos de estos espacios hoy forman parte de nuevos proyectos habitacionales, marcando un cambio silencioso pero constante en la composición social del cantón.
Desde la Municipalidad de Santa Ana existen mecanismos como exoneraciones y condonaciones de impuestos dirigidas a poblaciones en condición de vulnerabilidad, principalmente personas adultas mayores en pobreza. Sin embargo, estas medidas no siempre cubren a todos los afectados, especialmente a quienes, sin calificar dentro de esos criterios, tampoco cuentan con ingresos suficientes para enfrentar el aumento sostenido de los tributos.
El fenómeno abre un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo urbano y sus consecuencias sociales. Aunque en Costa Rica el concepto de gentrificación aún se discute y no existe una clasificación oficial para cantones como Santa Ana, los cambios en el costo de vida, el valor del suelo y el desplazamiento indirecto de habitantes históricos son elementos que empiezan a llamar la atención de comunidades y especialistas.
Santa Ana continúa creciendo y consolidándose como uno de los cantones más dinámicos del país. El reto, sin embargo, va más allá de atraer inversión y nuevos proyectos. La pregunta que queda abierta es si ese crecimiento podrá convivir con quienes han sido parte del cantón por generaciones, o si el desarrollo terminará por redefinir completamente quiénes pueden —y quiénes no— darse el lujo de vivir en esta hermosa tierra del Valle Central.
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