Casos de agresiones, hostigamiento y violencia entre estudiantes han encendido las alarmas en varios centros educativos del cantón, donde padres de familia y docentes advierten que el acoso escolar continúa siendo un problema silencioso y poco atendido.
Al menos durante este año se tiene conocimiento que un centro educativo del distrito centro, existe una denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Pavas por un caso de acoso y bullying de la cual el director de ese centro educativo ya tiene conocimiento.
Otro caso que ha conmovido al cantón es el de Santiago, un joven de 15 años vecino de Santa Ana, cuya familia denunció que sufría de bullying desde preescolar, actualmente se encuentra desaparecido, el OIJ ha dicho que este joven se encuentra supuestamente fallecido sin haber podido localizar su cuerpo. Según su madre, el adolescente padecía de ansiedad a raíz del hostigamiento constante y la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades educativas. Este caso ha sido citado a nivel nacional como ejemplo de los vacíos en la aplicación de los protocolos contra el acoso.
Además este medio ha tenido conocimiento al menos de manera verbal de otros casos de bullying por ejemplo en el Colegio de Santa Ana, se ha tratado de conseguir las entrevistas pero los padres prefieren no hablar.
A nivel nacional, el MEP reportó 2.938 casos de bullying y violencia entre estudiantes entre 2022 y 2025. De ellos, 1.034 corresponden a acoso escolar y 1.504 a agresiones físicas o verbales. Solo en los primeros meses de 2025 ya se contabilizaban más de 120 denuncias por bullying.
Estos hechos se enmarcan en el contexto de la Ley N.° 9999, aprobada en agosto de 2021, que busca prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense. La normativa reconoce a los estudiantes como sujetos de derecho y obliga al MEP a actuar con prontitud y sensibilidad ante denuncias de maltrato, abuso o acoso escolar.
La ley establece que toda persona menor de edad que sea víctima de agresión o acoso dentro del sistema educativo debe ser atendida con confidencialidad, acompañamiento emocional y sin tener que repetir su testimonio varias veces, para evitar revivir el trauma. Asimismo, autoriza al MEP a aplicar medidas cautelares, como la reubicación o suspensión temporal de la persona denunciada, cuando sea necesario para proteger al menor.
Sin embargo, la aplicación de esta ley ha generado debate. Algunos sectores del magisterio han expresado preocupación por posibles abusos o interpretaciones que vulneren el debido proceso de los docentes denunciados. Esto llevó a la aprobación de una reforma posterior (Ley 10420), que ajustó varios artículos para equilibrar la protección de las víctimas con las garantías laborales de los funcionarios.
Actualmente, la Sala Constitucional ordenó al MEP acelerar la reglamentación pendiente de la Ley 9999, con el fin de que las instituciones educativas cuenten con procedimientos claros, efectivos y justos para todos los involucrados.
Expertos en educación y psicología coinciden en que la violencia escolar no se limita a golpes o insultos, sino que incluye burlas, exclusión social y ataques en redes sociales. Estas conductas pueden tener consecuencias graves en la salud mental de los menores, generando ansiedad, depresión y ausentismo.
“Es urgente que las instituciones educativas en nuestro cantón refuercen la prevención y la atención de estos casos, involucrando a padres, docentes y estudiantes. No se trata solo de sancionar, sino de educar para la convivencia y el respeto”, señaló una orientadora local consultada.
Corresponsal
