Alcalde y regidora se enfrentan por caso que data desde el 2023 relacionado a la Policía Municipal

La sesión ordinaria del Concejo Municipal de este martes estuvo marcada por un fuerte intercambio entre el alcalde Juan José Vargas y la regidora Debbie Zamora, luego de que el jerarca solicitara espacio para que dos ciudadanos se refirieran a una denuncia contra algunos funcionarios de la Policía Municipal.

Juan José Vargas pidió alterar el orden del día para que los señores Rodrigo Alberto Salazar Miranda y el abogado Jorge Cordero Víctor (carnet 22426) pudieran exponer una situación que, según explicó, ya había mencionado en la sesión anterior y que involucraba una aparente comunicación con la regidora Debbie Zamora. La moción fue aprobada por el Concejo, y ambos hombres fueron recibidos en audiencia.

Durante su intervención, Salazar relató haber sido detenido injustamente por efectivos de la Policía Municipal de Santa Ana y afirmó haber pasado más de un año en prisión por un delito que asegura no cometió. Según dijo, actualmente impulsa procesos judiciales en distintas instancias por los hechos ocurridos y denunció irregularidades en la actuación policial en aquel momento.

Su abogado, Cordero, respaldó las declaraciones y anunció que llevará el caso por la vía penal. De hecho el día 24 de octubre habría pedido documentación a la Policía Municipal, pero indicó que la información no le fué suministrada tal como él la solicitó. Ambos señalaron que, en el marco de esa situación, su representado habría recibido en apariencia una llamada de parte de la regidora Debbie Zamora, algo que la funcionaria negó rotundamente en la sesión.

La regidora Debbie Zamora respondió de inmediato, asegurando que no conoce a los denunciantes y calificando lo ocurrido como una injuria y calumnia en su contra. “Es la primera vez que veo a estos señores. Lo que se ha dicho carece de pruebas y constituye una afectación a mi buen nombre”, dijo, exigiendo al alcalde que se retracte públicamente. Además, señaló que la situación refleja una persecución personal en su contra. El Partido del Sol había manifestado en redes sociales que no estaban de acuerdo en las declaraciones del alcalde sobre lo que dijo de su regidora.

El alcalde Vargas, por su parte, defendió su actuación y reiteró que no tiene “nada personal” contra la regidora. “Ellos vinieron a reafirmar lo que ya habían manifestado. No soy yo quien tiene que traer las pruebas, ellos lo confirmaron aquí”, manifestó.

La regidora Sofía Álvarez intervino para aclarar que una eventual retractación pública o disculpa solo podría ordenarse mediante una resolución judicial, en caso de que un tribunal determine la existencia de difamación o calumnia.

Que dicé el Código Penal sobre las «disculpas públicas»

En el Código Penal de Costa Rica, no existe un artículo que mencione literalmente “disculpa pública”, pero sí hay artículos que la permiten o la implican indirectamente, especialmente en los delitos contra el honor.

1. Delitos contra el honor (artículos 145–152 del Código Penal)

Estos artículos regulan injuria, calumnia y difamación.
En estos casos, el Código Penal y la práctica judicial admiten la retractación o disculpa pública como una forma de reparación o atenuante de la pena.

Ejemplo de conexión:

  • Artículo 151 (Difamación) establece que si el acusado reconoce la falsedad de lo dicho y se retracta antes de la sentencia, puede reducirse la pena.
  • Esa retractación suele hacerse de forma pública, especialmente si la ofensa fue pública.
  • En la práctica, el juez puede ordenar o aceptar una disculpa pública como modo de reparación.

2. Código Procesal Penal – artículos 36 y 37

Estos artículos permiten los acuerdos reparatorios y conciliaciones en delitos menores.
Allí se pueden pactar formas de reparación simbólica o moral, entre ellas:

  • La disculpa pública o privada a la víctima.
  • La rectificación de una declaración falsa.

3. En la práctica judicial costarricense

Los tribunales han aceptado disculpas públicas como:

  • Reparación simbólica del daño moral.
  • Medida restaurativa (según la Ley 9582 de Justicia Restaurativa).
  • Condición de acuerdos conciliatorios o reparatorios.

4. Por la vía extrajudicial (voluntaria o privada)

Esta es la más común fuera de los tribunales, y no requiere proceso penal.

Se da cuando:

  • Una persona, empresa, institución o figura pública decide pedir disculpas de forma voluntaria, por ejemplo en redes, medios de comunicación o comunicados oficiales.
  • O cuando la persona afectada solicita una disculpa, y la otra parte accede sin que medie un juez.

En este caso:

  • La disculpa no tiene valor jurídico directo, pero sí valor moral, reputacional o político.
  • Puede evitar que la víctima presente una denuncia o demanda, si considera que la reparación fue suficiente.
  • También puede servir como acto de buena fe o prevención.

El ambiente en la sesión se mantuvo tenso hasta el cierre de la audiencia. El alcalde concluyó señalando que espera que el caso siga su curso judicial y reiteró su interés en que la Policía Municipal “actúe de manera profesional y justa”.

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Regidora cuestiona al Alcalde gestión del director de la Policía Municipal el Sr. Luis Moncada

En la sesión del Concejo Municipal de este martes, la regidora Debbie Zamora planteó una extensa interpelación dirigida al alcalde Juan José Vargas, solicitando respuestas claras sobre la gestión del director de la Policía Municipal, el Sr. Luis Moncada.

Debbie Zamora expuso una serie de preocupaciones relacionadas con denuncias internas y posibles irregularidades en el cuerpo de la Policía Municipal, las cuales, según indicó, no han sido atendidas con la debida transparencia. Entre los puntos consultados, mencionó si el Sr. Moncada fue suspendido este año por acoso laboral, si existen procesos abiertos en su contra, presuntas filtraciones de exámenes a subalternos para concursos de plazas, el uso ilegal de servicios de cable en la institución y la supuesta eliminación de videos del sistema de monitoreo que podrían comprometer a funcionarios.

Asimismo, cuestionó los procedimientos de contratación de nuevos oficiales, el reglamento de las fuerzas de tarea impulsadas por la jefatura policial y el manejo de las cámaras de videovigilancia en el cantón.

“Este Concejo no puede cumplir de manera efectiva con su deber de fiscalización si se oculta o retiene información de interés público”, señaló Zamora, quien adelantó que remitirá la documentación a la Auditoría Interna para su análisis.

Ante estas consultas, el alcalde confirmó que el año pasado el Sr. Luis Moncada fue sancionado sin goce de salario tras una denuncia por acoso laboral presentada por una funcionaria, pero rechazó otras acusaciones al considerarlas rumores provenientes de redes sociales.

“Lo que ha dicho la señora Debbie hoy aquí son afirmaciones muy serias y deben tener fundamentos claros. Todo lo demás ha salido en redes sociales y cuando uno pide pruebas, no aparecen”, afirmó.

El alcalde también reiteró que la Policía Municipal atraviesa una situación difícil, producto de errores acumulados durante la última década, y recalcó la necesidad de una reestructuración profunda del cuerpo policial. “No tengo ningún compadrazgo con Luis Moncada. Si se equivoca, hay que corregirlo”, agregó Juan José Vargas, quien destacó la experiencia del director, pero insistió en la urgencia de cambios estructurales.

La sesión cerró con la confirmación de que la Auditoría Interna recibirá el caso para dar seguimiento a las denuncias, en medio de un ambiente marcado por la división de criterios y la exigencia de mayor transparencia en el manejo de la Policía Municipal.

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Regidora y alcalde cuestionaron gestión del Comité de Deportes ayer en el Concejo Municipal

Ayer en la sesión del Concejo Municipal, la regidora suplente Debbie Zamora Leitón alzó la voz para denunciar problemas en la gestión del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, relacionados tanto con el uso de las instalaciones deportivas como con la seguridad en sus alrededores.

Zamora relató que la Asociación Deportiva y Recreativa Armonía Dorada, conformada por 35 adultos mayores, solicitó con la debida anticipación un cambio de fecha para utilizar el polideportivo y celebrar el Día de la Madre. Sin embargo, el permiso no fue otorgado y la actividad tuvo que realizarse en la casa de una vecina, en La Chispa.

La regidora también señaló el abandono del mezanine construido en el polideportivo hace dos años, con una inversión municipal de ¢17 millones, el cual —según dijo— permanece sin uso y en deterioro, pese a múltiples solicitudes de asociaciones para emplearlo en actividades comunitarias. A esto se suman denuncias vecinales por la presencia de consumidores y vendedores de droga en las cercanías, la oscuridad y el mal estado de los terrenos municipales alrededor del complejo.

Ante estas críticas, el alcalde Juan José Vargas respaldó el señalamiento de la regidora y recordó que desde hace más de un año y tres meses se vienen recibiendo quejas constantes sobre el Comité de Deportes. Vargas enfatizó que, aunque el Comité recibe por ley un 3% del presupuesto municipal —equivalente a unos ¢34 millones—, el Concejo además le otorga un 1% adicional, lo que incrementa la responsabilidad sobre su labor.

“Este consejo tiene una grandísima responsabilidad. Tenemos demasiadas quejas y las condiciones de las instalaciones son lamentables”, afirmó el alcalde, quien además pidió a los regidores avanzar en la reforma al reglamento del Comité y coordinar esfuerzos para tomar decisiones concretas.

Finalmente, Vargas recalcó que se está a la espera de un análisis sobre los convenios del Comité, en los cuales —según dijo— ya se han detectado incumplimientos. También destacó que una reforma a la ley permitirá la incorporación de una figura administrativa para acompañar y orientar al Comité de Deportes.

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