En medio de la creciente crisis nacional por la gestión de residuos sólidos, alcaldes de 14 municipalidades del Gran Área Metropolitana (GAM) alzaron la voz contra el decreto impulsado por la ministra de Salud, Mari Munibe, que busca obligar a los gobiernos locales a asumir de inmediato nuevas responsabilidades en el manejo de la basura.
El tema fue analizado en el programa Matices de Radio Monumental con el director del programa Randall Rivera, donde participaron los alcaldes de Montes de Oca, Domingo Argüello y Juan José Vargas, alcalde del cantón de Santa Ana. Ambos coincidieron en que, aunque las municipalidades deben comprometerse con la gestión integral de residuos, el decreto coloca a las alcaldías “contra la pared” al imponer plazos y condiciones que califican como inviables.
Juan José Vargas recordó que el problema no es reciente, sino heredado:
“Prácticamente los que estamos ahora en las alcaldías hemos heredado una ineficiencia de 20 años atrás. La población en Santa Ana crece en mil personas por año, ya tenemos más de 63 mil habitantes y seguimos con los mismos mecanismos de recolección”, señaló.
El alcalde de nuestro cantón explicó que actualmente el cantón genera entre 78 y 80 toneladas de basura diarias (unas 24 mil toneladas al año), y que el costo por tonelada de recolección pasará de ₡15.000 en 2019 a ₡43.500 a partir de abril del 2026, un aumento que obliga a la municipalidad a ajustar tasas y buscar soluciones más sostenibles.
Entre las acciones locales destacó la ampliación del centro de acopio, proyectos de compostaje en la comunidad y la posibilidad de instalar una planta de tratamiento en un terreno de tres hectáreas en Santa Ana, con apoyo de empresarios internacionales. Sin embargo, Vargas insistió en que la implementación de plantas de este tipo requiere al menos de uno a dos años, no ocho meses como plantea el decreto.
“Nosotros estamos trabajando, pero pedimos diálogo. Este no es solo un problema municipal, es un problema país. La rectoría la tiene el Ministerio de Salud, y necesitamos que se siente con nosotros para definir soluciones reales”, enfatizó el alcalde.
Los alcaldes solicitan una moratoria de dos años para la aplicación del decreto, tiempo que consideran necesario para desarrollar alternativas técnicas y financieras que permitan atender la crisis sin poner en riesgo la salud pública ni el funcionamiento municipal.
Vargas advirtió que, si no se alcanza un acuerdo antes de abril, Santa Ana podría enfrentar un escenario crítico:
“Si no tenemos un convenio para el traslado de los residuos, simplemente no tendremos dónde dejar la basura”.
Mientras tanto, las autoridades locales aseguran que continuarán impulsando programas de educación ambiental, reciclaje y compostaje para reducir la cantidad de residuos enviados a rellenos sanitarios, al tiempo que mantienen abiertos los canales de negociación con el Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo.
Puede observar el video del programa Matices, en el siguiente enlace:
La gestión de residuos atraviesa una crisis que amenaza con convertirse en un problema de salud pública y sostenibilidad. El Ministerio de Salud presentó el nuevo Reglamento para la Gestión Regionalizada de Residuos Sólidos Ordinarios, que busca transformar la forma en que los gobiernos locales recolectan y disponen los desechos.
El modelo introduce la regionalización, lo que significa que los municipios deberán coordinarse entre sí en regiones establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Con ello se pretende mejorar la eficiencia, reducir costos y minimizar los impactos ambientales y sociales.
Entre las disposiciones destacan:
Los residuos deben gestionarse dentro de la misma región donde se generan.
La distancia máxima de transporte hasta el sitio final no puede superar los 80 kilómetros.
Si se excede esta distancia, será obligatorio usar estaciones de transferencia.
Los parques ambientales deberán ubicarse a más de 500 metros de centros educativos, de salud e industrias alimentarias.
“Ya no podemos permitirnos que cada municipio gestione sus residuos de manera aislada. El trabajo conjunto es la clave para reducir impactos en el ambiente y la salud pública”, declaró la ministra de Salud, Mary Munive.
El reglamento también establece sanciones para los gobiernos locales que incumplan, entre ellas órdenes sanitarias, multas que alcanzan los ₡462.200 y, en casos graves, la clausura de municipalidades.
Municipalidades bajo la lupa
El Ministerio de Salud cuestionó a varios gobiernos locales por no haber actuado con anticipación ante el vencimiento de contratos de disposición final. Entre ellos, las municipalidades de Jiménez, Alvarado, Heredia y Paraíso, que solicitaron una excepción temporal.
“La Ley para la Gestión Integral de Residuos es clara. Conocían los plazos y aun así decidieron no actuar”, advirtió Munive, recordando que se realizaron mesas de trabajo y advertencias desde meses atrás.
Una crisis en aumento
Expertos advierten que el país está al borde de quedarse sin espacios para disponer la basura. El ingeniero ambiental Erick Silesky señaló que el 94% de los residuos en Costa Rica termina en botaderos, mientras menos del 4% se recicla o recupera.
Cada año se generan más de 2 millones de toneladas de desechos, lo que equivale a 1,2 kilos por persona al día, cifra que podría rondar actualmente 1,5 kilos. Sin embargo, solo siete rellenos sanitarios siguen activos en el país y se estima que tienen entre dos y ocho años de vida útil.
“Ya llegamos al límite de la crisis”, afirmó Gilberto Monge, director ejecutivo de la Federación Metropolitana de Municipalidades (Femetron), quien considera que el decreto que limita el traslado de basura a 80 kilómetros complica aún más la situación.
Llamado a voluntad política y educación
La diputada independiente Kattia Cambronero sostuvo que la crisis se agrava por la falta de voluntad política del Gobierno y las municipalidades. A su criterio, es urgente establecer normas más claras y alianzas con el sector privado.
Por su parte, Geovanny Castillo, director ejecutivo de la Cámara de Gestores Ambientales, subrayó que más del 50% de los desechos son orgánicos y podrían aprovecharse para producir abono o biocombustibles, mientras otro 35% es valorizable.
“El costarricense tiene empatía por lo ambiental, pero hay un divorcio entre esa conciencia y lo que realmente hace”, dijo, destacando la importancia de fortalecer la educación desde edades tempranas.
Una oportunidad en medio del colapso
Aunque el panorama es crítico, el Ministerio de Salud insiste en que el reglamento no es solo un conjunto de normas técnicas, sino una oportunidad para transformar la cultura ambiental y ampliar la vida útil de los rellenos sanitarios restantes.
“El manejo de residuos no puede seguir tratándose con indiferencia”, recalcó la ministra Munive.
Daniel Gonzalez
Raquel Berrocal Sibaja
