El atleta de artes marciales mixtas (MMA), vecino del cantón de Santa Ana, Edgar “El Cebollero” Delgado, expresó públicamente su malestar por un operativo de decomiso de placas realizado este jueves por la Policía Municipal de Santa Ana en las inmediaciones del Centro Corporativo Lindora.
El comentario fue publicado por Delgado en la red social Facebook, en una publicación oficial de la Municipalidad de Santa Ana, donde cuestionó el enfoque de los operativos policiales en medio de la congestión vehicular que afecta a la zona. Según manifestó, la función principal de la Policía Municipal debería ser la agilización del tránsito y no acciones que, a su criterio, agravan la situación vial.
“Santa Ana está completamente colapsado y estos tipos no ayudan”, escribió el atleta, quien además señaló que los santaneños financian con sus impuestos el salario de los oficiales, por lo que considera que su labor debería responder de manera más efectiva a las necesidades reales del cantón.
En su mensaje, Delgado también dirigió críticas hacia el jefe de la Policía Municipal, a quien pidió revisar las directrices que se giran a los oficiales, al considerar que no se está cumpliendo el objetivo para el cual fue creada la institución. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades municipales, incluyendo al alcalde y al Concejo Municipal, para que impulsen soluciones urgentes ante las presas que afectan diariamente a conductores y vecinos.
“No es posible que duremos más de una hora en recorrer apenas dos kilómetros”, añadió, subrayando la necesidad de medidas concretas para enfrentar la congestión vial, especialmente en sectores de alto flujo como Lindora.
Un vehículo fue sustraído la noche del domingo en el sector de Barrio La California, en la capital, lo que generó un operativo de búsqueda por parte de la Policía Municipal en conjunto con la Fuerza Pública. Tras recibir información sobre la posible ubicación del automotor, las autoridades lograron ubicar un vehículo sospechoso en el distrito de Pozos.
Al llegar al sitio, los oficiales observaron que un sujeto intentaba abandonar el lugar a bordo de otro vehículo, por lo que fue abordado de inmediato. El sospechoso, de apellido Durán y conocido con el alias de “Gordo Danny”, cuenta con un amplio expediente policial por el delito de robo de vehículos y mantiene una orden de captura vigente.
El vehículo localizado presentaba alteraciones en sus marcas y señas, por lo que se realizará una inspección más detallada para determinar si corresponde al automotor robado, el cual fue reportado como de color verde, mientras que el vehículo hallado es de color negro.
El caso fue remitido a las autoridades judiciales para el trámite correspondiente.
El pasado sábado, durante un dispositivo de seguridad realizado por la Policía Municipal en conjunto con la Fuerza Pública, en el sector de Barrio España, distrito Uruca, las autoridades interceptaron a un sujeto que intentó evadir el control policial.
Según el reporte oficial, el individuo se desplazaba en una motocicleta y, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga e ingresar a una vivienda que no era de su propiedad, siendo abordado de inmediato por los oficiales.
Tras la revisión correspondiente, se confirmó que la motocicleta mantenía una orden de captura por robo. El sospechoso, de apellido Solano, fue detenido y puesto a las órdenes de las autoridades judiciales para el trámite respectivo.
La Fuerza Pública aprehendió la tarde de este jueves a seis hombres sospechosos de participar en el asalto a un conductor de tráiler y la sustracción del vehículo pesado con su contenedor, en un hecho ocurrido entre las rutas nacionales 32 y 27.
Según el informe preliminar, el conductor del camión se desplazaba por la ruta 32 cuando, tras pasar el peaje, se detuvo en una venta de repuestos ubicada en el sector de Cerro Verde. Al regresar al vehículo, varios sujetos presuntamente ya se encontraban en el interior, quienes lo sujetaron y lo trasladaron a la parte trasera del tráiler.
Posteriormente, los sospechosos continuaron el recorrido pasando por el sector de El Coyol, en la provincia de Alajuela, para luego incorporarse a la ruta 27, específicamente en Santa Ana, en el sector conocido como Las Mesas, distrito de Brasil. Durante el trayecto, al parecer se produjo una discusión entre los individuos y finalmente el conductor fue abandonado en un punto, donde posteriormente fue localizado.
La alerta ingresó mediante el sistema de emergencias 9-1-1, lo que permitió activar de inmediato un amplio operativo policial coordinado entre la Fuerza Pública y la Policía Municipal de Santa Ana. Gracias a la rápida acción, el tráiler fue ubicado en el sector de Las Mesas, en un botadero clandestino de basura.
En el sitio, los oficiales sorprendieron a los sospechosos mientras descargaban el contenedor. Durante el operativo se localizaron varios vehículos cargados con mercadería, entre ellos cajas de chicles y frescos en polvo. Una persona logró darse a la fuga.
Los aprehendidos responden a los apellidos Fernández, Mendoza, González, Robles, Carvajal y Navarro, quienes fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía correspondiente para el debido proceso judicial.
Como parte de las acciones posteriores, el Ministerio de Seguridad Pública brindó apoyo aéreo mediante el uso de un helicóptero, que realizó rastreos en la zona del río Virilla durante la tarde y la noche.
Cabe destacar que el lugar donde fue hallado el contenedor corresponde a un sector que años atrás sufrió un deslizamiento de gran magnitud y que actualmente es utilizado como botadero clandestino, lo que representa un foco de preocupación ambiental y de seguridad para las autoridades locales.
Un trabajo articulado entre la Policía Municipal de Santa Ana y oficiales de la Fuerza Pública permitió ubicar y detener un vehículo vinculado con una alerta por presuntas amenazas contra otro conductor, durante un control vehicular efectuado a la salida de la Ruta 27.
Según el reporte policial, el automóvil fue identificado horas después de haberse emitido la alerta. Al proceder con la inspección del vehículo, las autoridades localizaron un arma de fuego, así como aparente droga, cuyo tipo y cantidad no fueron detallados de inmediato.
La persona involucrada, de apellido González, cuenta con antecedentes por transporte de drogas, por lo que fue detenida en el sitio y puesta a la orden de la Fiscalía, para que se determine su situación jurídica.
Las autoridades destacaron que este tipo de operativos conjuntos forman parte de las acciones preventivas y de control que se mantienen en puntos estratégicos del cantón, con el fin de reforzar la seguridad ciudadana y responder de manera oportuna a alertas que representen un riesgo para la población.
La Policía Municipal envió al medio Santa Ana Actual su balance anual de operaciones correspondiente al periódo 2025, de acuerdo a las gráficas se marca una intensa actividad tanto en el control de delitos y el orden público como en la labor preventiva dentro de las comunidades y centros educativos del cantón.
Incidencias y Geografía del Delito
Durante el año, el cuerpo policial atendió un total de 4,758 incidencias. El mes de enero se posicionó como el de mayor actividad con 511 casos, mientras que abril registró la cifra más baja con 294.
Al analizar la distribución geográfica, el Distrito Centro encabeza la lista de intervenciones con 1,704 casos, seguido por Pozos (1,068) y Piedades (767). En contraste, el distrito de Brasil fue el que menos incidencias reportó, con apenas 247 registros en todo el año.
Distribución por Distritos:
Distrito
Incidencias Atendidas
Centro
1,704
Pozos
1,068
Piedades
767
Santa Ana (Otros)
638
Salitral
474
Brasil
247
Golpes al Narcotráfico Local
En materia de decomisos, las autoridades lograron retirar de las calles 1,842 unidades de droga. El mes de marzo destacó por un pico en las incautaciones con 435 unidades.
El reporte detalla que la sustancia de mayor circulación son los «puchos» de marihuana (768 unidades), seguidos por cigarrillos (344) y drogas sintéticas (298). Las «puntas» de cocaína representaron el decomiso menor, con 64 unidades.
En cuanto a la tipificación de las actas policiales, la Ley de Psicotrópicos fue el principal motivo de intervención, sumando 1,634 partes, muy por encima de otras categorías como Salud Pública (687) y Orden Público (452).
Tránsito y Seguridad Vial
El control vial también fue un eje central, cerrando el año con 2,384 boletas de tránsito confeccionadas. El comportamiento de estas infracciones mostró una tendencia al alza hacia el final del año, siendo noviembre el mes con mayor cantidad de multas (319), triplicando prácticamente lo registrado en el mes de abril (107).
«Mi Barrio Seguro»: Apuesta por la Prevención
Más allá de la respuesta operativa, la Policía Municipal destacó el éxito del programa «Mi Barrio Seguro». Bajo este marco, se impartieron 127 charlas en diversos centros educativos de primaria en distritos como Santa Ana, Salitral, Río Oro, Piedades, Brasil y Pozos.
Los temas principales incluyeron:
Prevención de Drogas y Bullying.
Seguridad Vial.
Ley Penal Juvenil.
Programa G.R.E.A.T.
Hasta la fecha, el programa ha logrado organizar 63 comunidades desde el año 2008, sumando una nueva comunidad organizada durante el 2025 y realizando 15 seguimientos directos en barrios para fortalecer la vigilancia comunitaria.
La sesión ordinaria del Concejo Municipal de este martes estuvo marcada por un fuerte intercambio entre el alcalde Juan José Vargas y la regidora Debbie Zamora, luego de que el jerarca solicitara espacio para que dos ciudadanos se refirieran a una denuncia contra algunos funcionarios de la Policía Municipal.
Juan José Vargas pidió alterar el orden del día para que los señores Rodrigo Alberto Salazar Miranda y el abogado Jorge Cordero Víctor (carnet 22426) pudieran exponer una situación que, según explicó, ya había mencionado en la sesión anterior y que involucraba una aparente comunicación con la regidora Debbie Zamora. La moción fue aprobada por el Concejo, y ambos hombres fueron recibidos en audiencia.
Durante su intervención, Salazar relató haber sido detenido injustamente por efectivos de la Policía Municipal de Santa Ana y afirmó haber pasado más de un año en prisión por un delito que asegura no cometió. Según dijo, actualmente impulsa procesos judiciales en distintas instancias por los hechos ocurridos y denunció irregularidades en la actuación policial en aquel momento.
Su abogado, Cordero, respaldó las declaraciones y anunció que llevará el caso por la vía penal. De hecho el día 24 de octubre habría pedido documentación a la Policía Municipal, pero indicó que la información no le fué suministrada tal como él la solicitó. Ambos señalaron que, en el marco de esa situación, su representado habría recibido en apariencia una llamada de parte de la regidora Debbie Zamora, algo que la funcionaria negó rotundamente en la sesión.
La regidora Debbie Zamora respondió de inmediato, asegurando que no conoce a los denunciantes y calificando lo ocurrido como una injuria y calumnia en su contra. “Es la primera vez que veo a estos señores. Lo que se ha dicho carece de pruebas y constituye una afectación a mi buen nombre”, dijo, exigiendo al alcalde que se retracte públicamente. Además, señaló que la situación refleja una persecución personal en su contra. El Partido del Sol había manifestado en redes sociales que no estaban de acuerdo en las declaraciones del alcalde sobre lo que dijo de su regidora.
El alcalde Vargas, por su parte, defendió su actuación y reiteró que no tiene “nada personal” contra la regidora. “Ellos vinieron a reafirmar lo que ya habían manifestado. No soy yo quien tiene que traer las pruebas, ellos lo confirmaron aquí”, manifestó.
La regidora Sofía Álvarez intervino para aclarar que una eventual retractación pública o disculpa solo podría ordenarse mediante una resolución judicial, en caso de que un tribunal determine la existencia de difamación o calumnia.
Que dicé el Código Penal sobre las «disculpas públicas»
En el Código Penal de Costa Rica, no existe un artículo que mencione literalmente “disculpa pública”, pero sí hay artículos que la permiten o la implican indirectamente, especialmente en los delitos contra el honor.
1. Delitos contra el honor (artículos 145–152 del Código Penal)
Estos artículos regulan injuria, calumnia y difamación. En estos casos, el Código Penal y la práctica judicial admiten la retractación o disculpa pública como una forma de reparación o atenuante de la pena.
Ejemplo de conexión:
Artículo 151 (Difamación) establece que si el acusado reconoce la falsedad de lo dicho y se retracta antes de la sentencia, puede reducirse la pena.
Esa retractación suele hacerse de forma pública, especialmente si la ofensa fue pública.
En la práctica, el juez puede ordenar o aceptar una disculpa pública como modo de reparación.
2. Código Procesal Penal – artículos 36 y 37
Estos artículos permiten los acuerdos reparatorios y conciliaciones en delitos menores. Allí se pueden pactar formas de reparación simbólica o moral, entre ellas:
La disculpa pública o privada a la víctima.
La rectificación de una declaración falsa.
3. En la práctica judicial costarricense
Los tribunales han aceptado disculpas públicas como:
Reparación simbólica del daño moral.
Medida restaurativa (según la Ley 9582 de Justicia Restaurativa).
Condición de acuerdos conciliatorios o reparatorios.
4. Por la vía extrajudicial (voluntaria o privada)
Esta es la más común fuera de los tribunales, y no requiere proceso penal.
Se da cuando:
Una persona, empresa, institución o figura pública decide pedir disculpas de forma voluntaria, por ejemplo en redes, medios de comunicación o comunicados oficiales.
O cuando la persona afectada solicita una disculpa, y la otra parte accede sin que medie un juez.
En este caso:
La disculpa no tiene valor jurídico directo, pero sí valor moral, reputacional o político.
Puede evitar que la víctima presente una denuncia o demanda, si considera que la reparación fue suficiente.
También puede servir como acto de buena fe o prevención.
El ambiente en la sesión se mantuvo tenso hasta el cierre de la audiencia. El alcalde concluyó señalando que espera que el caso siga su curso judicial y reiteró su interés en que la Policía Municipal “actúe de manera profesional y justa”.
Una medida burocrática o dan declaraciones a medios o personas según su conveniencia.
El Gobierno Local confirmó esta mañana a Santa Ana Actual que desde el año 2021 mantiene una disposición interna que obliga a los medios de comunicación a canalizar cualquier consulta o entrevista a través del Departamento de Comunicación, sin que los jefes o encargados de área —como el de la Policía Municipal puedan responder directamente a la prensa.
La respuesta oficial fue emitida por Kattia Castro Badilla, encargada del Proceso de Comunicación del Gobierno Local, tras una consulta enviada por Santa Ana Actual. La solicitud se originó luego de que el jefe de la Policía Municipal, el Sr. Luis Moncada, no brindara declaraciones sobre recientes detenciones realizadas por ese cuerpo policial, indicando que las preguntas debían ser dirigidas al Departamento de Comunicación de la Municipalidad.
En su respuesta, la funcionaria explicó que “toda solicitud proveniente de un medio de comunicación debe ser dirigida a mi persona, en calidad de encargada del Proceso de Comunicación del Gobierno Local de Santa Ana”, con el fin de coordinar la atención con la Alcaldía, que funge como vocería oficial, o bien designar a la parte técnica que corresponda.
Según la funcionaria, esta disposición está establecida desde 2021 mediante el documento MSA-GAD-COM-02-021-2021, el cual regula los lineamientos de vocería institucional, y fue ratificada nuevamente en julio de 2025 por la nueva administración municipal con Juan José Vargas como alcalde.
Castro aclaró que la directriz no impide que funcionarios como el jefe policial puedan hablar con la prensa, sino que toda entrevista o solicitud de información debe ser previamente coordinada con Comunicación.
No obstante, esta medida genera cuestionamientos sobre la transparencia y el libre acceso a la información pública, ya que limita el contacto directo con quienes manejan los hechos operativos, como las detenciones municipales. Para los medios, en algunas ocasiones este procedimiento puede dificultar la respuesta oportuna e inmediata y la publicación de información de interés ciudadano. En ocasiones anteriores logramos optener una respuesta oportuna con información sobre detenciones por parte del Sr. Moncada.
Desde Santa Ana Actual, se insistió en la necesidad de que la ciudadanía reciba información completa, clara y veraz sobre actuaciones policiales y de seguridad cantonal, sin que estos procesos administrativos se conviertan en una barrera informativa.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el Concejo Municipal abordó la existencia de una denuncia anónima presentada ante la Auditoría Interna Municipal, cuya atención habría sido trasladada al despacho del alcalde Juan José Vargas Fallas desde el pasado 7 de octubre, sin que, según se indicó en la sesión, el denunciante haya recibido una respuesta hasta la fecha.
El tema fue presentado por la presidenta del Concejo, Wendy Mora, quien explicó que minutos antes del inicio de la sesión recibió el documento entregado por la persona denunciante. Según detalló, se trata de un oficio firmado por la auditora interna Ana Cecilia Díaz Ruiz (MSA-AUI-02-128-2025), en el cual se comunica al ciudadano que la Auditoría no puede resolver el fondo de la denuncia y que esta fue remitida al alcalde Vargas, en su condición de jerarca a cargo de la Policía Municipal.
“El documento tiene fecha del 7 de octubre y hasta el momento el denunciante no ha recibido ninguna respuesta. Por tratarse de un asunto de la Policía Municipal, quise trasladarlo como trámite urgente para conocer qué acciones ha tomado la Alcaldía”, expresó Wendy Mora durante la sesión.
Sin embargo, el alcalde Juan José Vargas manifestó no tener conocimiento específico del caso.
“No sé cuál denuncia es, ni el número de expediente. Todo lo que la Auditoría nos envía lo contestamos, pero no recuerdo haber recibido algo relacionado con este tema”, afirmó el jerarca municipal, quien también señaló que el procedimiento correcto es que el ciudadano se dirija directamente a la Alcaldía para solicitar información sobre su gestión.
El regidor José Roberto Castro también intervino, sugiriendo que el Concejo debía conocer el documento antes de discutirlo, y recordó que las instituciones públicas disponen de diez días hábiles para responder a los oficios, según la normativa administrativa vigente.
Ante las diferentes posturas, Mora insistió en que su intención no era cuestionar al alcalde, sino garantizar que el ciudadano reciba respuesta.
“No se trata de un tema inquisidor, sino de velar porque los procesos de denuncia se atiendan oportunamente”, aclaró.
La sesión concluyó con el compromiso del alcalde Vargas de revisar el asunto junto a sus asesores para verificar si la denuncia fue efectivamente recibida y atendida. Pero eso sí, transcurrieron aproximadamente 13 minutos de tiempo perdido en un tema que ha generado mucha controversia en el cantón.
Cabe recordar que, conforme al artículo 30 de la Ley General de la Administración Pública, las instituciones están obligadas a responder las gestiones de los ciudadanos en un plazo máximo de diez días hábiles. En caso de incumplimiento, los interesados pueden acudir a la Sala Constitucional (Sala IV) para reclamar su derecho de petición y pronta respuesta.
La Policía Municipal en coordinación con la Fuerza Pública, informó este sábado que durante un dispositivo realizado la noche del jueves, las autoridades lograron el decomiso de un arma de fuego y la detención de dos personas con órdenes de captura pendientes por diferentes delitos.
En el patrullaje conjunto se logró decomisar una pistola con municiones, además de dinero en efectivo y otros artículos que fueron puestos como evidencia ante las autoridades judiciales competentes.
Las acciones forman parte de los esfuerzos conjuntos entre la Policía Municipal y la Fuerza Pública para reforzar la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos en el cantón.
Las personas detenidas fueron trasladadas a las celdas judiciales correspondientes, mientras que el arma y el dinero quedaron bajo custodia del Ministerio Público.
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