Alcalde y regidora se enfrentan por caso que data desde el 2023 relacionado a la Policía Municipal

La sesión ordinaria del Concejo Municipal de este martes estuvo marcada por un fuerte intercambio entre el alcalde Juan José Vargas y la regidora Debbie Zamora, luego de que el jerarca solicitara espacio para que dos ciudadanos se refirieran a una denuncia contra algunos funcionarios de la Policía Municipal.

Juan José Vargas pidió alterar el orden del día para que los señores Rodrigo Alberto Salazar Miranda y el abogado Jorge Cordero Víctor (carnet 22426) pudieran exponer una situación que, según explicó, ya había mencionado en la sesión anterior y que involucraba una aparente comunicación con la regidora Debbie Zamora. La moción fue aprobada por el Concejo, y ambos hombres fueron recibidos en audiencia.

Durante su intervención, Salazar relató haber sido detenido injustamente por efectivos de la Policía Municipal de Santa Ana y afirmó haber pasado más de un año en prisión por un delito que asegura no cometió. Según dijo, actualmente impulsa procesos judiciales en distintas instancias por los hechos ocurridos y denunció irregularidades en la actuación policial en aquel momento.

Su abogado, Cordero, respaldó las declaraciones y anunció que llevará el caso por la vía penal. De hecho el día 24 de octubre habría pedido documentación a la Policía Municipal, pero indicó que la información no le fué suministrada tal como él la solicitó. Ambos señalaron que, en el marco de esa situación, su representado habría recibido en apariencia una llamada de parte de la regidora Debbie Zamora, algo que la funcionaria negó rotundamente en la sesión.

La regidora Debbie Zamora respondió de inmediato, asegurando que no conoce a los denunciantes y calificando lo ocurrido como una injuria y calumnia en su contra. “Es la primera vez que veo a estos señores. Lo que se ha dicho carece de pruebas y constituye una afectación a mi buen nombre”, dijo, exigiendo al alcalde que se retracte públicamente. Además, señaló que la situación refleja una persecución personal en su contra. El Partido del Sol había manifestado en redes sociales que no estaban de acuerdo en las declaraciones del alcalde sobre lo que dijo de su regidora.

El alcalde Vargas, por su parte, defendió su actuación y reiteró que no tiene “nada personal” contra la regidora. “Ellos vinieron a reafirmar lo que ya habían manifestado. No soy yo quien tiene que traer las pruebas, ellos lo confirmaron aquí”, manifestó.

La regidora Sofía Álvarez intervino para aclarar que una eventual retractación pública o disculpa solo podría ordenarse mediante una resolución judicial, en caso de que un tribunal determine la existencia de difamación o calumnia.

Que dicé el Código Penal sobre las «disculpas públicas»

En el Código Penal de Costa Rica, no existe un artículo que mencione literalmente “disculpa pública”, pero sí hay artículos que la permiten o la implican indirectamente, especialmente en los delitos contra el honor.

1. Delitos contra el honor (artículos 145–152 del Código Penal)

Estos artículos regulan injuria, calumnia y difamación.
En estos casos, el Código Penal y la práctica judicial admiten la retractación o disculpa pública como una forma de reparación o atenuante de la pena.

Ejemplo de conexión:

  • Artículo 151 (Difamación) establece que si el acusado reconoce la falsedad de lo dicho y se retracta antes de la sentencia, puede reducirse la pena.
  • Esa retractación suele hacerse de forma pública, especialmente si la ofensa fue pública.
  • En la práctica, el juez puede ordenar o aceptar una disculpa pública como modo de reparación.

2. Código Procesal Penal – artículos 36 y 37

Estos artículos permiten los acuerdos reparatorios y conciliaciones en delitos menores.
Allí se pueden pactar formas de reparación simbólica o moral, entre ellas:

  • La disculpa pública o privada a la víctima.
  • La rectificación de una declaración falsa.

3. En la práctica judicial costarricense

Los tribunales han aceptado disculpas públicas como:

  • Reparación simbólica del daño moral.
  • Medida restaurativa (según la Ley 9582 de Justicia Restaurativa).
  • Condición de acuerdos conciliatorios o reparatorios.

4. Por la vía extrajudicial (voluntaria o privada)

Esta es la más común fuera de los tribunales, y no requiere proceso penal.

Se da cuando:

  • Una persona, empresa, institución o figura pública decide pedir disculpas de forma voluntaria, por ejemplo en redes, medios de comunicación o comunicados oficiales.
  • O cuando la persona afectada solicita una disculpa, y la otra parte accede sin que medie un juez.

En este caso:

  • La disculpa no tiene valor jurídico directo, pero sí valor moral, reputacional o político.
  • Puede evitar que la víctima presente una denuncia o demanda, si considera que la reparación fue suficiente.
  • También puede servir como acto de buena fe o prevención.

El ambiente en la sesión se mantuvo tenso hasta el cierre de la audiencia. El alcalde concluyó señalando que espera que el caso siga su curso judicial y reiteró su interés en que la Policía Municipal “actúe de manera profesional y justa”.

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¿Conveniencia? Policía Municipal debe coordinar con Depto. de Comunicación antes de brindar declaraciones

Una medida burocrática o dan declaraciones a medios o personas según su conveniencia.

El Gobierno Local confirmó esta mañana a Santa Ana Actual que desde el año 2021 mantiene una disposición interna que obliga a los medios de comunicación a canalizar cualquier consulta o entrevista a través del Departamento de Comunicación, sin que los jefes o encargados de área —como el de la Policía Municipal puedan responder directamente a la prensa.

La respuesta oficial fue emitida por Kattia Castro Badilla, encargada del Proceso de Comunicación del Gobierno Local, tras una consulta enviada por Santa Ana Actual. La solicitud se originó luego de que el jefe de la Policía Municipal, el Sr. Luis Moncada, no brindara declaraciones sobre recientes detenciones realizadas por ese cuerpo policial, indicando que las preguntas debían ser dirigidas al Departamento de Comunicación de la Municipalidad.

En su respuesta, la funcionaria explicó que “toda solicitud proveniente de un medio de comunicación debe ser dirigida a mi persona, en calidad de encargada del Proceso de Comunicación del Gobierno Local de Santa Ana”, con el fin de coordinar la atención con la Alcaldía, que funge como vocería oficial, o bien designar a la parte técnica que corresponda.

Según la funcionaria, esta disposición está establecida desde 2021 mediante el documento MSA-GAD-COM-02-021-2021, el cual regula los lineamientos de vocería institucional, y fue ratificada nuevamente en julio de 2025 por la nueva administración municipal con Juan José Vargas como alcalde.

Castro aclaró que la directriz no impide que funcionarios como el jefe policial puedan hablar con la prensa, sino que toda entrevista o solicitud de información debe ser previamente coordinada con Comunicación.

No obstante, esta medida genera cuestionamientos sobre la transparencia y el libre acceso a la información pública, ya que limita el contacto directo con quienes manejan los hechos operativos, como las detenciones municipales. Para los medios, en algunas ocasiones este procedimiento puede dificultar la respuesta oportuna e inmediata y la publicación de información de interés ciudadano. En ocasiones anteriores logramos optener una respuesta oportuna con información sobre detenciones por parte del Sr. Moncada.

Desde Santa Ana Actual, se insistió en la necesidad de que la ciudadanía reciba información completa, clara y veraz sobre actuaciones policiales y de seguridad cantonal, sin que estos procesos administrativos se conviertan en una barrera informativa.

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Diez días hábiles sin cumplir, denuncia anónima y tiempo perdido en el Concejo Municipal

Durante la sesión ordinaria de este martes, el Concejo Municipal abordó la existencia de una denuncia anónima presentada ante la Auditoría Interna Municipal, cuya atención habría sido trasladada al despacho del alcalde Juan José Vargas Fallas desde el pasado 7 de octubre, sin que, según se indicó en la sesión, el denunciante haya recibido una respuesta hasta la fecha.

El tema fue presentado por la presidenta del Concejo, Wendy Mora, quien explicó que minutos antes del inicio de la sesión recibió el documento entregado por la persona denunciante. Según detalló, se trata de un oficio firmado por la auditora interna Ana Cecilia Díaz Ruiz (MSA-AUI-02-128-2025), en el cual se comunica al ciudadano que la Auditoría no puede resolver el fondo de la denuncia y que esta fue remitida al alcalde Vargas, en su condición de jerarca a cargo de la Policía Municipal.

“El documento tiene fecha del 7 de octubre y hasta el momento el denunciante no ha recibido ninguna respuesta. Por tratarse de un asunto de la Policía Municipal, quise trasladarlo como trámite urgente para conocer qué acciones ha tomado la Alcaldía”, expresó Wendy Mora durante la sesión.

Sin embargo, el alcalde Juan José Vargas manifestó no tener conocimiento específico del caso.

“No sé cuál denuncia es, ni el número de expediente. Todo lo que la Auditoría nos envía lo contestamos, pero no recuerdo haber recibido algo relacionado con este tema”, afirmó el jerarca municipal, quien también señaló que el procedimiento correcto es que el ciudadano se dirija directamente a la Alcaldía para solicitar información sobre su gestión.

El regidor José Roberto Castro también intervino, sugiriendo que el Concejo debía conocer el documento antes de discutirlo, y recordó que las instituciones públicas disponen de diez días hábiles para responder a los oficios, según la normativa administrativa vigente.

Ante las diferentes posturas, Mora insistió en que su intención no era cuestionar al alcalde, sino garantizar que el ciudadano reciba respuesta.

“No se trata de un tema inquisidor, sino de velar porque los procesos de denuncia se atiendan oportunamente”, aclaró.

La sesión concluyó con el compromiso del alcalde Vargas de revisar el asunto junto a sus asesores para verificar si la denuncia fue efectivamente recibida y atendida. Pero eso sí, transcurrieron aproximadamente 13 minutos de tiempo perdido en un tema que ha generado mucha controversia en el cantón.

Cabe recordar que, conforme al artículo 30 de la Ley General de la Administración Pública, las instituciones están obligadas a responder las gestiones de los ciudadanos en un plazo máximo de diez días hábiles. En caso de incumplimiento, los interesados pueden acudir a la Sala Constitucional (Sala IV) para reclamar su derecho de petición y pronta respuesta.

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Policía Municipal y FP decomisan arma y detienen a dos sujetos con orden de captura

La Policía Municipal en coordinación con la Fuerza Pública, informó este sábado que durante un dispositivo realizado la noche del jueves, las autoridades lograron el decomiso de un arma de fuego y la detención de dos personas con órdenes de captura pendientes por diferentes delitos.

En el patrullaje conjunto se logró decomisar una pistola con municiones, además de dinero en efectivo y otros artículos que fueron puestos como evidencia ante las autoridades judiciales competentes.

Las acciones forman parte de los esfuerzos conjuntos entre la Policía Municipal y la Fuerza Pública para reforzar la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos en el cantón.

Las personas detenidas fueron trasladadas a las celdas judiciales correspondientes, mientras que el arma y el dinero quedaron bajo custodia del Ministerio Público.

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Concejo Municipal rechaza moción del alcalde sobre reestructuración de la Policía Municipal

Durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal celebrada este martes 7 de octubre, los regidores discutieron la propuesta presentada por el alcalde Juan José Vargas Fallas para la reestructuración de la Policía Municipal, moción que finalmente fue rechazada por mayoría, según el dictamen N.° 58-2025 de la Comisión de Gobierno y Administración.

La secretaria del Concejo, Adriana Herrera Quirós, dio lectura al acuerdo en el que se rechaza la moción del alcalde, pero se instruye a la Administración Municipal retomar el proyecto posteriormente, una vez que se resuelvan los procesos administrativos y laborales actualmente en curso.

Durante el debate, la regidora Cynthia Chávez Robles cuestionó esa condición, indicando que los procesos en curso “nada tienen que ver con la reestructuración” y defendió la necesidad de fortalecer el cuerpo policial ante el aumento de los problemas de seguridad en el cantón.

“No entiendo por qué ponen este tipo de instrucción. Lo que buscamos es mejorar el sistema de seguridad. No se trata de personas, sino de fortalecer una institución que Santa Ana necesita con urgencia”, expresó la regidora.

Por su parte, el regidor Danny Ureña, quien integró la comisión que analizó el proyecto, explicó que su recomendación de posponer la aprobación se debe a los conflictos laborales internos que atraviesa actualmente la Policía Municipal.

“Desde lo técnico, no considero que el proyecto esté mal, pero no es oportuno aprobarlo mientras haya procesos sancionatorios y laborales en curso. Sería irresponsable no tomar en cuenta eso”, señaló.

El alcalde Juan José Vargas intervino para defender la labor de la Policía Municipal y destacar el trabajo conjunto con la Fuerza Pública mediante las denominadas fuerzas de tarea, una estrategia que, según afirmó, ha permitido reducir los índices de delincuencia en Santa Ana.

“Somos el único cantón donde la Policía Municipal y la Fuerza Pública realizan retenes y rondas conjuntas durante toda la noche. Gracias a ese esfuerzo, se han decomisado drogas, motos y se ha detenido a sospechosos. La reestructuración no tiene que ver con personas ni con plazas, sino con ordenar y mejorar el funcionamiento interno”, explicó Vargas.

Finalmente, el regidor Gonzalo Rojas Rojas lamentó que el tema, tras varias horas de discusión en comisión, terminara resolviéndose con criterios políticos más que técnicos.

“El tema fue ampliamente discutido. Sabemos que la Policía Municipal no da abasto para un cantón de más de 62 mil habitantes. Ojalá se logre avanzar, porque la seguridad es una necesidad urgente”, manifestó.

La votación final arrojó cinco votos a favor del dictamen (rechazo de la moción) y dos en contra, correspondientes a los regidores Cintia Chávez y Gonzalo Rojas, quienes defendieron la propuesta del alcalde.

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Policía Municipal y Fuerza Pública detienen en el cantón a sospechoso de robo

La Policía Municipal, en coordinación con la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública, continúa rcon los operativos conjuntos en los sectores con mayor incidencia del cantón de Santa Ana.

Gracias a estos dispositivos de seguridad, las autoridades lograron ubicar a un hombre de apellido García, quien era requerido por el delito de robo. El sujeto fue puesto de inmediato a la orden de la autoridad judicial correspondiente.

Las acciones conjuntas forman parte de la estrategia de vigilancia que ambas instituciones mantienen con el objetivo de reforzar la prevención, mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía y garantizar una respuesta más efectiva ante hechos delictivos.

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Jefe de la Policía Municipal aclara proceso de compra de vehículos nuevos

La Policía Municipal, bajo la jefatura del Sr. Luis Moncada, se refirió al proceso de contratación para la compra de tres vehículos que se encuentra actualmente publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), pero que aún no ha sido adjudicado.

De acuerdo con Moncada, la adquisición responde a necesidades operativas y de respuesta ante emergencias, tanto en materia de seguridad ciudadana como de amenazas naturales. Los vehículos solicitados deberán cumplir con características específicas para el traslado de personal y el ingreso a zonas montañosas del cantón.

Uno de los automotores proyectados es un vehículo 4×4 de trabajo, con capacidad para nueve ocupantes, sin accesorios de lujo, que también podría acondicionarse en un futuro para el traslado de perros, en caso de que se concrete una unidad canina. Según el director, este tipo de unidades son utilizadas por diversos cuerpos de emergencia en el país, dadas sus condiciones de terreno.

Los otros dos vehículos corresponden a pick-ups doble cabina 4×4, ampliamente empleados por cuerpos policiales a nivel nacional e internacional. La institución recordó que la última compra de flota vehicular se realizó en 2019, y que las dos unidades adquiridas entonces ya presentan desgaste debido al uso constante.

Moncada desmintió versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta compra de vehículos de lujo para jefatura, señalando que la información es falsa y que resulta “llamativo” que se adelanten conclusiones cuando la contratación pública ni siquiera ha sido adjudicada.

“La renovación de la flota vehicular es indispensable para el funcionamiento del departamento de policía municipal. No se trata de lujos, sino de herramientas de trabajo necesarias para cumplir con la labor policial”, enfatizó el Sr. Moncada.

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PCD desarticula banda dedicada a la venta de droga en operativo conjunto en Santa Ana

La mañana de este lunes, la Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y con apoyo de la Policía Municipal de nuestro cantón, llevó a cabo un allanamiento con el objetivo de desarticular una banda vinculada a la aparente venta de drogas.

Durante la intervención, las autoridades lograron la detención de dos personas sospechosas, quienes fueron trasladadas y puestas a las órdenes del Ministerio Público para el debido proceso judicial.

Las instituciones participantes recalcaron que este tipo de operativos forman parte de los esfuerzos constantes para combatir el narcotráfico a nivel local y garantizar mayor seguridad en las comunidades.

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Regidora cuestiona al Alcalde gestión del director de la Policía Municipal el Sr. Luis Moncada

En la sesión del Concejo Municipal de este martes, la regidora Debbie Zamora planteó una extensa interpelación dirigida al alcalde Juan José Vargas, solicitando respuestas claras sobre la gestión del director de la Policía Municipal, el Sr. Luis Moncada.

Debbie Zamora expuso una serie de preocupaciones relacionadas con denuncias internas y posibles irregularidades en el cuerpo de la Policía Municipal, las cuales, según indicó, no han sido atendidas con la debida transparencia. Entre los puntos consultados, mencionó si el Sr. Moncada fue suspendido este año por acoso laboral, si existen procesos abiertos en su contra, presuntas filtraciones de exámenes a subalternos para concursos de plazas, el uso ilegal de servicios de cable en la institución y la supuesta eliminación de videos del sistema de monitoreo que podrían comprometer a funcionarios.

Asimismo, cuestionó los procedimientos de contratación de nuevos oficiales, el reglamento de las fuerzas de tarea impulsadas por la jefatura policial y el manejo de las cámaras de videovigilancia en el cantón.

“Este Concejo no puede cumplir de manera efectiva con su deber de fiscalización si se oculta o retiene información de interés público”, señaló Zamora, quien adelantó que remitirá la documentación a la Auditoría Interna para su análisis.

Ante estas consultas, el alcalde confirmó que el año pasado el Sr. Luis Moncada fue sancionado sin goce de salario tras una denuncia por acoso laboral presentada por una funcionaria, pero rechazó otras acusaciones al considerarlas rumores provenientes de redes sociales.

“Lo que ha dicho la señora Debbie hoy aquí son afirmaciones muy serias y deben tener fundamentos claros. Todo lo demás ha salido en redes sociales y cuando uno pide pruebas, no aparecen”, afirmó.

El alcalde también reiteró que la Policía Municipal atraviesa una situación difícil, producto de errores acumulados durante la última década, y recalcó la necesidad de una reestructuración profunda del cuerpo policial. “No tengo ningún compadrazgo con Luis Moncada. Si se equivoca, hay que corregirlo”, agregó Juan José Vargas, quien destacó la experiencia del director, pero insistió en la urgencia de cambios estructurales.

La sesión cerró con la confirmación de que la Auditoría Interna recibirá el caso para dar seguimiento a las denuncias, en medio de un ambiente marcado por la división de criterios y la exigencia de mayor transparencia en el manejo de la Policía Municipal.

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Regidor del PUSC pide más apoyo a la Policía Municipal

El regidor propietario del Partido Unidad Social Cristiana en el Concejo Municipal, Gonzalo Rojas, compartió un mensaje dirigido a los santaneños en el que defendió la importancia de fortalecer la seguridad cantonal y lamentó la falta de apoyo a la discusión del presupuesto 2026.

Rojas recordó que dentro del plan de trabajo del actual gobierno local se incluyó como prioridad la seguridad, en concordancia con lo aprobado en campaña política. “Santa Ana en los últimos años ha progresado en el bienestar humano y desarrollo económico. Somos más de 62.000 habitantes que vivimos en este hermoso territorio y debemos garantizar que sea un lugar seguro”, expresó.

El regidor explicó que una de las primeras acciones impulsadas por la administración fue trasladar la Policía Municipal del Departamento de Servicios Generales al mando de la alcaldía, conforme al artículo 61 del Código Municipal. Con ello, se busca darle mayor protagonismo y profesionalizar a los funcionarios.

Entre las propuestas en discusión destacó la creación de una unidad K9, con el fin de que el cantón no dependa de municipios vecinos como Escazú o el Proisca para labores de requisa o inspección.

Sin embargo, señaló que las fracciones de Partido del Sol, Liberación Nacional y Republicano Social Cristiano no respaldaron la discusión del presupuesto 2026, el cual contemplaba la reestructuración policial y la aprobación de cuatro plazas de oficiales de tránsito.

Según Rojas, el financiamiento de estos puestos no representaba un gasto adicional, pues se sostiene con el 90% de lo recaudado por multas de tránsito. Además, indicó que el posible incremento en tributos para reforzar la Policía Municipal habría significado un aumento mínimo: 11 colones anuales en propiedades superiores a 50 millones y 4 colones más por oficial de tránsito.

“El tema de seguridad es responsabilidad de todos. En este tema no podemos ser mezquinos ni egoístas. Queremos que Santa Ana sea un lugar digno para vivir, esperanzador y seguro”, puntualizó el Sr. Gonzalo Rojas, quien llamó a los regidores a ejercer una política responsable y con sentido de bien común.

Puede observar el video del regidor en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/UnidadyAmorporSantaAna/videos/1201404085346864

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