A partir del próximo curso lectivo, los estudiantes del país no podrán utilizar teléfonos celulares dentro de las aulas, salvo con fines pedagógicos previamente autorizados por los docentes. Así lo confirmó este miércoles el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, quien presentó los lineamientos que formarán parte del nuevo reglamento de evaluación de los aprendizajes y de conducta.
“Esto no es una medida antojadiza, es una revisión exhaustiva de lo que están haciendo más de 30 países desarrollados. Llegamos a la conclusión de que en el aula se prohíbe el uso del celular”, explicó Sánchez.
El jerarca destacó que, aunque la tecnología es una herramienta útil, los dispositivos se convierten en una fuente de distracción cuando no existe orientación docente. “Afecta la mediación pedagógica, es decir, cómo el estudiante aprende y cómo el docente enseña”, subrayó.
El documento que el MEP presentará en los próximos días ante el Consejo Superior de Educación incluye también cambios en la evaluación de la conducta, que volverá a ser un requisito para aprobar el año escolar. La nota de disciplina será de 0 a 100 y el estudiante deberá cumplirla para pasar de nivel.
Proyecto de ley en discusión
El anuncio coincide con la presentación de un proyecto de ley por parte de la diputada independiente Cynthia Córdoba, que busca prohibir el uso de celulares y tabletas personales en todos los centros educativos.
“La experiencia internacional demuestra que retirar los dispositivos mejora el rendimiento académico y la salud mental de los estudiantes, que vuelven a socializar y jugar”, afirmó la legisladora.
Córdoba citó además el informe PISA 2022, que reveló que un 65% de los estudiantes reconoció distraerse con dispositivos digitales durante las clases de matemáticas.
Tendencia internacional
Según la Unesco, 79 países mantienen restricciones al uso de celulares en las aulas. Francia fue pionero en implementar esta medida desde 2018 en primaria y secundaria, y más recientemente Brasil adoptó una ley que prohíbe los dispositivos en estudiantes de 4 a 17 años. También China, Finlandia, Nueva Zelanda, Canadá y Países Bajos aplican restricciones similares.
El MEP aseguró que la medida en Costa Rica busca mejorar la concentración y el aprovechamiento en el aula, además de promover un uso responsable de la tecnología fuera de los centros educativos, con el apoyo de padres y encargados.
Según el medio digital de noticias CRHoy.com, había informado el sábado anterior que el Ministerio de Educación Pública (MEP) reubicó en labores administrativas a un docente de artes industriales del Colegio de Santa Ana, identificado con el apellido Jiménez, tras una denuncia por presuntas insinuaciones sexuales hacia una estudiante de 14 años.
La medida cautelar rige desde el 8 de agosto y se mantendrá hasta marzo de 2026, mientras avanza el proceso disciplinario. El centro educativo también presentó una denuncia ante el Ministerio Público, la cual se tramita bajo el expediente 25-000259-1725-FC.
Según confirmó la jefatura de Asuntos Disciplinarios del MEP, Jiménez ya había sido sancionado en 2019 por hostigamiento sexual, cuando fue suspendido 30 días sin salario.
El nuevo señalamiento habría ocurrido dentro del aula el pasado 24 de julio, cuando el profesor, según la versión de la estudiante y los audios aportados, realizó comentarios de carácter sexual y terminó involucrando directamente a la menor. El hecho provocó que la joven abandonara la clase llorando y buscara apoyo en la institución.
Actualmente, la estudiante recibe acompañamiento psicológico y apoyo de las autoridades locales, mientras el caso sigue bajo investigación administrativa y judicial.
Según la ley 7552 (SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS) es obligación de los Concejos Municipales de cada cantón del país destinar un porcentaje de sus ingresos a la juntas de educación de los centros educativos. Aquellas escuelas o centros educativos que reciban montos menores a los ¢30 millones no necesitarán un acuerdo municipal.
Ayer durante la sesión del Concejo Municipal el Alcalde Juan José Vargas mencionó cuales serían los montos a transferir porcentualmente de acuerdo a esta ley para los centros educativos del cantón. La regidora Cynthia Cháves Robles acogió dicha moción, de forma unánime fue aprobada por parte de todos los regidores presentes.
A continuación, el detalle de los montos de forma aproximada que se entregarán a los centros educativos de nuestro cantón:
a. Colegio Técnico Profesional Santa Ana (Lindora) – ¢34 millones b. Escuela Andrés Bello López (Santa Ana) – ¢44 millones c. Escuela Isabel La Católica (Uruca/Río Oro) – ¢48 millones d. Escuela Jorge Volio (Salitral) – ¢48 millones e. Escuela República de Francia (Pozos) – ¢53 millones f. Escuela Ezequiel Morales (Piedades) – ¢66 millones g. Escuela Juan Alvarez Azofeifa (Matinilla) – ¢70 millones h. Colegio de Santa Ana (Uruca) – ¢163 millones
Daniel Gonzalez
Raquel Berrocal Sibaja
