Crisis de residuos en nuestro país: rellenos sanitarios a punto de agotarse

La gestión de residuos atraviesa una crisis que amenaza con convertirse en un problema de salud pública y sostenibilidad. El Ministerio de Salud presentó el nuevo Reglamento para la Gestión Regionalizada de Residuos Sólidos Ordinarios, que busca transformar la forma en que los gobiernos locales recolectan y disponen los desechos.

El modelo introduce la regionalización, lo que significa que los municipios deberán coordinarse entre sí en regiones establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Con ello se pretende mejorar la eficiencia, reducir costos y minimizar los impactos ambientales y sociales.

Entre las disposiciones destacan:

  • Los residuos deben gestionarse dentro de la misma región donde se generan.
  • La distancia máxima de transporte hasta el sitio final no puede superar los 80 kilómetros.
  • Si se excede esta distancia, será obligatorio usar estaciones de transferencia.
  • Los parques ambientales deberán ubicarse a más de 500 metros de centros educativos, de salud e industrias alimentarias.

“Ya no podemos permitirnos que cada municipio gestione sus residuos de manera aislada. El trabajo conjunto es la clave para reducir impactos en el ambiente y la salud pública”, declaró la ministra de Salud, Mary Munive.

El reglamento también establece sanciones para los gobiernos locales que incumplan, entre ellas órdenes sanitarias, multas que alcanzan los ₡462.200 y, en casos graves, la clausura de municipalidades.

Municipalidades bajo la lupa

El Ministerio de Salud cuestionó a varios gobiernos locales por no haber actuado con anticipación ante el vencimiento de contratos de disposición final. Entre ellos, las municipalidades de Jiménez, Alvarado, Heredia y Paraíso, que solicitaron una excepción temporal.

“La Ley para la Gestión Integral de Residuos es clara. Conocían los plazos y aun así decidieron no actuar”, advirtió Munive, recordando que se realizaron mesas de trabajo y advertencias desde meses atrás.

Una crisis en aumento

Expertos advierten que el país está al borde de quedarse sin espacios para disponer la basura. El ingeniero ambiental Erick Silesky señaló que el 94% de los residuos en Costa Rica termina en botaderos, mientras menos del 4% se recicla o recupera.

Cada año se generan más de 2 millones de toneladas de desechos, lo que equivale a 1,2 kilos por persona al día, cifra que podría rondar actualmente 1,5 kilos. Sin embargo, solo siete rellenos sanitarios siguen activos en el país y se estima que tienen entre dos y ocho años de vida útil.

“Ya llegamos al límite de la crisis”, afirmó Gilberto Monge, director ejecutivo de la Federación Metropolitana de Municipalidades (Femetron), quien considera que el decreto que limita el traslado de basura a 80 kilómetros complica aún más la situación.

Llamado a voluntad política y educación

La diputada independiente Kattia Cambronero sostuvo que la crisis se agrava por la falta de voluntad política del Gobierno y las municipalidades. A su criterio, es urgente establecer normas más claras y alianzas con el sector privado.

Por su parte, Geovanny Castillo, director ejecutivo de la Cámara de Gestores Ambientales, subrayó que más del 50% de los desechos son orgánicos y podrían aprovecharse para producir abono o biocombustibles, mientras otro 35% es valorizable.

“El costarricense tiene empatía por lo ambiental, pero hay un divorcio entre esa conciencia y lo que realmente hace”, dijo, destacando la importancia de fortalecer la educación desde edades tempranas.

Una oportunidad en medio del colapso

Aunque el panorama es crítico, el Ministerio de Salud insiste en que el reglamento no es solo un conjunto de normas técnicas, sino una oportunidad para transformar la cultura ambiental y ampliar la vida útil de los rellenos sanitarios restantes.

“El manejo de residuos no puede seguir tratándose con indiferencia”, recalcó la ministra Munive.

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Diputados aprueban la “Ley Alerta Kimberly” para fortalecer la respuesta ante desapariciones de mujeres

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el pasado 29 de abril la “Ley Alerta Kimberly”, una iniciativa que establece un protocolo de acción inmediata ante la desaparición o no localización de mujeres mayores de edad. El proyecto, tramitado bajo el expediente 24.311, recibió 44 votos a favor y fue impulsado por la diputada María Marta Carballo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La ley lleva el nombre de Kimberly Araya, una joven madre de tres hijos que desapareció en abril de 2024 y cuyo cuerpo fue hallado días después en la ruta 32. Su esposo es el principal sospechoso del crimen.

Principales disposiciones de la ley:

  1. Difusión obligatoria y gratuita de alertas: Medios de comunicación y redes sociales deben emitir alertas con información detallada sobre la mujer desaparecida, incluyendo nombre completo, fotografía, vestimenta al momento de la desaparición, último lugar donde fue vista y contactos para reportar información relevante.
  2. Intervención de comunicaciones: Se autoriza al juez penal competente a permitir la intervención de comunicaciones y revisión de documentos privados de personas sospechosas o con información relevante para la localización de la desaparecida.
  3. Registro actualizado: Se crea un registro obligatorio y actualizado diariamente de mujeres mayores de edad desaparecidas o no localizadas en Costa Rica.
  4. Sanciones: Se establecen penas de uno a cuatro años de inhabilitación para funcionarios públicos que retrasen los procedimientos de esta ley, y multas de cinco a treinta días para quienes omitan la obligación de denunciar una desaparición.

La aprobación de la “Ley Alerta Kimberly” representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la violencia de género en Costa Rica. Se espera que esta legislación permita una respuesta más eficiente y coordinada por parte de las autoridades y la sociedad ante casos de desaparición de mujeres.

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Defensoría alerta que el 82% de rutas de autobús operan sin plan de mantenimiento

Solo 110 de las 632 rutas de autobuses concesionadas en el país cuentan con un plan de mantenimiento, según reveló este martes la Defensoría de los Habitantes. La entidad encendió las alarmas ante la falta de control del Consejo de Transporte Público (CTP), responsable de fiscalizar esta obligación, incluso tras varios casos recientes de incendios en unidades.

Los datos oficiales indican que 522 rutas —equivalente al 82.6%— operan sin presentar dicho plan. De estas, 139 están pendientes de refrendo y 292 cuentan con permisos provisionales o provisionalísimos, lo que, según el CTP, les impide exigir el cumplimiento del requisito.

La Defensoría calificó este panorama como un “grave problema que evidencia las deficiencias sistémicas del CTP en la gestión y regulación del transporte público”, advirtiendo que la falta de mantenimiento representa un riesgo directo para la seguridad de las personas usuarias.

La preocupación aumenta con la brecha entre los reportes de incendios: en lo que va del 2024, el CTP apenas ha contabilizado seis incidentes, mientras que el Cuerpo de Bomberos registró 32, de los cuales 15 corresponden a unidades de servicio público. En 2023, la diferencia fue aún mayor: Bomberos reportó 43 casos, pero el CTP solo reconoció nueve.

El órgano defensor también cuestionó la falta de un procedimiento claro para investigar estos siniestros. Actualmente, el CTP solo emite un acto administrativo conocido como “prevención o derecho de defensa”, sin que haya una etapa de cierre ni sanciones. “Es un acto único sin propósito claro ni efecto alguno”, denunció la Defensoría.

Además, la entidad señaló que la inacción del CTP podría constituir una omisión grave de sus responsabilidades, al no garantizar la seguridad de las personas usuarias ni investigar si los incendios pudieron ser producto de fallas mecánicas evitables.

Entre las recomendaciones emitidas al CTP, la Defensoría solicitó:

  • Elaborar un protocolo formal de investigación y seguimiento de todos los incendios en autobuses.
  • Coordinar con Tránsito, Bomberos y aseguradoras para el intercambio de información y prevención de riesgos.
  • Establecer una mesa de trabajo con Seguridad Vial para revisar los requisitos de operación.
  • Divulgar los canales para presentar denuncias sobre seguridad en unidades.
  • Lanzar una campaña sobre mantenimiento preventivo dirigida a las empresas autobuseras.
  • Definir un plan de inspecciones periódicas con fines de control.

El CTP respondió con una lista de responsables y plazos para atender cada recomendación. La Defensoría, por su parte, anunció que dará seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas.

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