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Denuncias sacuden al Centro Diurno Joaquín y Ana, CONAPAM y Municipalidad intervienen

Santa Ana Actual Informa
marzo 19, 2026

Una reunión urgente convocada por el CONAPAM y la Alcaldía Municipal puso en evidencia una serie de denuncias e irregularidades en el funcionamiento del Centro Diurno Joaquín y Ana, generando preocupación entre familiares de personas adultas mayores usuarias del servicio.

El encuentro se realizó este miércoles por la noche en el auditorio del EMAI y contó con la participación de autoridades municipales, entre ellas el alcalde Juan José Vargas y la alcaldesa Marielos Rivera, así como representantes del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), encabezados por su directora ejecutiva, la Sra. MSc. Yolanda Benavides Murillo.

Aunque inicialmente la sesión se planteó como un espacio privado para familiares, Santa Ana Actual pidió que se le permitiera conocer parte de las inquietudes expuestas, así como las explicaciones brindadas por las instituciones presentes.

Denuncias de familiares

Durante la reunión, varios familiares manifestaron su molestia por presuntas irregularidades en la administración del centro. Entre los señalamientos destacan problemas financieros, inconsistencias en el manejo de fichas de usuarios y cuestionamientos sobre la calidad de la alimentación brindada a las personas adultas mayores.

Asimismo, algunos responsabilizaron directamente al encargado del centro, de apellido González, quien, según se indicó, habría presentado su renuncia días atrás ante el CONAPAM. Los familiares exigieron que las denuncias sean investigadas a fondo y llevadas ante las autoridades correspondientes.

Junta directiva desintegrada

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, la Junta Directiva de la Asociación Centro Diurno Joaquín y Ana se encuentra prácticamente desintegrada, tras la renuncia de la mayoría de sus miembros. Actualmente, solo dos integrantes permanecen en sus cargos y se presentaron ayer y dar la cara por lo que está sucediendo.

Algunos exdirectivos indicaron que no manejaban fondos directamente y que la administración recaía en personal encargado de la gestión operativa del centro.

Futuro incierto del centro

El Gobierno Local señaló que se encuentra a la espera de un informe final por parte del CONAPAM para definir las acciones a seguir. Mientras no se regularice la situación administrativa de la asociación, ninguna entidad estatal podrá girar recursos económicos.

En cuanto al inmueble, se indicó que eventualmente podría ser recuperado por la Municipalidad, aunque esta decisión dependerá de los resultados del informe y de la eventual conformación de una nueva junta directiva.

Por su parte, la directora ejecutiva del CONAPAM planteó como alternativa la implementación de un modelo CECUIDAM (Centro de Cuido Integral del Adulto Mayor), un programa piloto impulsado junto al Ministerio de Salud que ofrece atención integral, alimentación y terapias en horarios ampliados.

Situación laboral

Trabajadores del centro también expusieron su situación, asegurando que se les envió a “vacaciones profilácticas” y que enfrentan atrasos de varios meses en el pago de salarios. Algunos indicaron haber renunciado previamente debido a las irregularidades detectadas.

Medidas temporales

Ante el escenario actual, el Gobierno Local indicó que se valoran medidas para garantizar la atención de las personas adultas mayores afectadas. Entre ellas, la posibilidad de trasladar temporalmente a algunos usuarios a otro centro de atención en Lindora (Sueños de Oro), mientras se resuelve la situación administrativa.

Las autoridades hicieron un llamado a la paciencia de las familias, al tiempo que reiteraron su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar la continuidad del servicio en condiciones adecuadas.

El cantón

Botadero ilegal en Las Mesas de Brasil opera impunemente pese a años de advertencias y denuncias

Santa Ana Actual Informa
febrero 25, 2026

La problemática del botadero clandestino en Rancho Tico en el sector de Las Mesas, distrito de Brasil, volvió a hablarse este martes en el seno del Concejo Municipal, luego de que el síndico del distrito, José Pablo Guadamúz, expusiera una cronología de gestiones realizadas desde 2024 y el alcalde Juan José Vargas denunciara presuntas trabas legales y señalara a figuras específicas como vinculadas al sitio.

La situación, que según vecinos se arrastra desde hace varios años, incluye acumulación ilegal de residuos, quemas recurrentes —principalmente en horas nocturnas— y afectación directa a comunidades aledañas por humo, contaminación y riesgos ambientales.

Las gestiones formales desde 2024

De acuerdo con la documentación remitida a este medio por el síndico del Concejo de Distrito de Brasil, el tema fue planteado formalmente en la Sesión Ordinaria N.º 1-2024 del Concejo Municipal, celebrada el 7 de mayo de 2024, donde se solicitó la eliminación de varios basureros clandestinos en el distrito, incluyendo el de:

Barrio Las Mesas (Transversal 102)
Barrio Los Ángeles (Transversal 86)
Calle La Planta (Calle 100)
Barrio La Amistad (Ruta 22)

Posteriormente:

6 de junio de 2024: se envía correo formal a la Administración del Gobierno Local solicitando intervención para eliminar el botadero clandestino.
11 de julio de 2024: se solicita al Proceso de Gestión de Riesgo de la Municipalidad un informe sobre el estado del terreno y el impacto ambiental generado.
19 de agosto de 2024: se recibe respuesta mediante oficio MSA-ALC-PRD-01-100-2024.
29 de septiembre de 2025: el informe de labores del Concejo de Distrito de Brasil expone nuevamente la situación de los basureros clandestinos, incluyendo Las Mesas.
7 de octubre de 2025: el informe es presentado ante el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N.º 75.

En su intervención, Guadamúz sostuvo que la Administración ha coordinado denuncias, levantamiento de actas por parte de la Policía Municipal y otras acciones conjuntas para dar seguimiento al caso.

Alcalde denuncia “impotencia” institucional

Tras la intervención del síndico, el alcalde Juan José Vargas calificó la situación como “vergonzosa” y expresó frustración por lo que considera falta de respuesta efectiva del sistema judicial.

Durante su intervención pública, el alcalde mencionó al exregidor Ricardo Alfaro y a un abogado del cantón de apellido Sibaja como personas relacionadas con el sitio en disputa. Según señaló, cuando la Municipalidad intentó cerrar el acceso al terreno mediante una valla, se interpuso un recurso ante la Sala Constitucional que, según indicó, falló a favor de los recurrentes al considerar que existía persecución política.

Asimismo, el alcalde afirmó que en el sitio se han detectado no solo residuos sólidos, sino también situaciones presuntamente irregulares como la aparición de un contenedor robado y vehículos reportados como robados, extremos que —según dijo— fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

También aseguró que el Ministerio Público ha sido notificado en varias ocasiones, pero que el caso ha enfrentado atrasos, incluyendo cambios de fiscales y acumulación de expedientes.

Humo, quemas, robo de cabezal y riesgo ambiental

Vecinos del sector han denunciado en redes sociales la quema constante de residuos, principalmente durante noches y fines de semana. Según los testimonios, el humo ha afectado viviendas cercanas y ha generado preocupación por la salud pública. Además el lugar ha sido partícipe de robo de camiones donde han tenido que intervenir la Fuerza Pública, Policía Municipal y el OIJ.

El alcalde indicó que incluso el Cuerpo de Bomberos enfrenta limitaciones para ingresar al terreno debido a condiciones de riesgo de la cual está oficialmente declarado inavitable por la Comisión Nacional de Emergencias.

Cámaras de vigilancia: versiones contradictorias

En sesiones anteriores, el alcalde Juan José Vargas había manifestado que se habían instalado cámaras de videovigilancia en la zona para combatir el vertido ilegal.

Sin embargo, de acuerdo con la información recopilada por este medio informativo y tras revisión documental y consultas locales, no se tiene constancia de que dichas cámaras estén actualmente operativas en el punto específico del botadero de Las Mesas.

Reforma al reglamento de multas

Ante la persistencia del problema, el alcalde anunció que la próxima semana se presentará una moción para reformar el reglamento municipal de multas en materia de residuos sólidos, con el fin de endurecer sanciones y agilizar procesos.

Durante el debate se mencionó como referencia el modelo sancionatorio aplicado en la Municipalidad de San José, donde las multas por botar basura en vía pública pueden oscilar entre ¢136 mil y montos superiores al millón de colones, dependiendo de la gravedad.

Un conflicto que escala

El caso de Las Mesas ya no es solo un problema ambiental: se ha convertido en un conflicto político y legal que enfrenta a actores locales, vecinos organizados y autoridades municipales.

Mientras tanto, la comunidad continúa denunciando afectaciones por humo y acumulación de residuos, a la espera de una solución definitiva que combine acción administrativa, judicial y control efectivo del terreno.

Santa Ana Actual continuará dando seguimiento a este caso.

El cantón Municipales

Reuniones entre la Alcaldía y Tapachula dejan compromisos, pero persisten las quejas ciudadanas

Santa Ana Actual Informa
octubre 23, 2025

La Alcaldía Municipal respondió a una consulta del medio Santa Ana Actual sobre las gestiones realizadas ante las constantes denuncias ciudadanas respecto al servicio de transporte público brindado por la empresa Compañía de Inversiones La Tapachula al cantón desde hace 25 años.

De acuerdo con la información suministrada por Melissa Quesada, asistente de la alcaldía municipal, se han alcanzado diversos acuerdos entre la Municipalidad y la empresa con el propósito de mejorar la atención a las personas usuarias y dar seguimiento a las inconformidades reportadas.

Se menciona que entre las acciones destacadas se encuentra la conformación de un comité de comunicación y articulación entre ambas partes, mediante un grupo de WhatsApp, que permite trasladar denuncias y recibir respuestas de forma directa y oportuna. Esto a pesar de que algunos vecinos se siguen quejando del servicio que ofrece dicha concesionaria.

Asimismo, según la respuesta ofrecida, la empresa se comprometió a remitir los horarios y recorridos de las rutas que operan en cada distrito, conforme a lo autorizado por el Consejo de Transporte Público (CTP), información que se encuentra pendiente de entrega.

El documento menciona que tanto la Municipalidad como Tapachula desarrollan un análisis conjunto de las paradas de autobús que generan mayores conflictos en el cantón, con el objetivo de identificar puntos críticos y proponer soluciones para el ordenamiento vial. Dicho documento será remitido al CTP para su valoración, mientras la Junta Vial Cantonal ya analiza la lista de paradas oficiales y ha programado giras de verificación en sitio.

Como parte del proceso de supervisión, funcionarios municipales realizaron una visita a los planteles de la empresa en Escazú y Brasil de Santa Ana, el pasado 29 de noviembre de 2024, con el fin de observar las condiciones operativas y de mantenimiento de las unidades, así como los procedimientos internos de la compañía. No obstante, aún se perciben problemas en las unidades y algunas denuncias han llegado al Concejo Municipal.

Según la respuesta de la alcaldía a este medio, se logró que la empresa conceda 20 becas de transporte dirigidas a estudiantes en condición de vulnerabilidad para el curso lectivo 2025, y ha promovido un proyecto de ordenamiento del espacio público frente al plantel de buses en Brasil, actualmente en valoración por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Esto lo estaremos confirmando si efectivamente las becas se han dado a dichos estudiantes.

En cuanto al trato del personal hacia los usuarios, la empresa Tapachula se comprometió a realizar capacitaciones en servicio al cliente y relaciones humanas, dado el déficit nacional de choferes y la incorporación de personal extranjero que requiere adaptación cultural.

Finalmente, la alcaldía reiteró que, aunque la concesión y fiscalización del servicio dependen del Consejo de Transporte Público CTP, ha solicitado una audiencia ante ese órgano para exponer las reiteradas quejas ciudadanas relacionadas con malos tratos, incumplimientos de paradas, desperfectos mecánicos y otras irregularidades. Este medio estará pendiente a esta audiencia ya que los vecinos siguen con la queja del servicio especialmente el estado de las unidades.

El correo electrónico enviado a Santa Ana Actual, cierra con esto “La Alcaldía ha sido clara en exigir a la empresa que realice los esfuerzos necesarios para mejorar el servicio. Estamos comprometidos con la ciudadanía y hemos documentado todos los reportes de quejas y denuncias recibidas”, concluye la respuesta oficial.

Municipales

Diez días hábiles sin cumplir, denuncia anónima y tiempo perdido en el Concejo Municipal

Santa Ana Actual Informa
octubre 22, 2025

Durante la sesión ordinaria de este martes, el Concejo Municipal abordó la existencia de una denuncia anónima presentada ante la Auditoría Interna Municipal, cuya atención habría sido trasladada al despacho del alcalde Juan José Vargas Fallas desde el pasado 7 de octubre, sin que, según se indicó en la sesión, el denunciante haya recibido una respuesta hasta la fecha.

El tema fue presentado por la presidenta del Concejo, Wendy Mora, quien explicó que minutos antes del inicio de la sesión recibió el documento entregado por la persona denunciante. Según detalló, se trata de un oficio firmado por la auditora interna Ana Cecilia Díaz Ruiz (MSA-AUI-02-128-2025), en el cual se comunica al ciudadano que la Auditoría no puede resolver el fondo de la denuncia y que esta fue remitida al alcalde Vargas, en su condición de jerarca a cargo de la Policía Municipal.

“El documento tiene fecha del 7 de octubre y hasta el momento el denunciante no ha recibido ninguna respuesta. Por tratarse de un asunto de la Policía Municipal, quise trasladarlo como trámite urgente para conocer qué acciones ha tomado la Alcaldía”, expresó Wendy Mora durante la sesión.

Sin embargo, el alcalde Juan José Vargas manifestó no tener conocimiento específico del caso.

“No sé cuál denuncia es, ni el número de expediente. Todo lo que la Auditoría nos envía lo contestamos, pero no recuerdo haber recibido algo relacionado con este tema”, afirmó el jerarca municipal, quien también señaló que el procedimiento correcto es que el ciudadano se dirija directamente a la Alcaldía para solicitar información sobre su gestión.

El regidor José Roberto Castro también intervino, sugiriendo que el Concejo debía conocer el documento antes de discutirlo, y recordó que las instituciones públicas disponen de diez días hábiles para responder a los oficios, según la normativa administrativa vigente.

Ante las diferentes posturas, Mora insistió en que su intención no era cuestionar al alcalde, sino garantizar que el ciudadano reciba respuesta.

“No se trata de un tema inquisidor, sino de velar porque los procesos de denuncia se atiendan oportunamente”, aclaró.

La sesión concluyó con el compromiso del alcalde Vargas de revisar el asunto junto a sus asesores para verificar si la denuncia fue efectivamente recibida y atendida. Pero eso sí, transcurrieron aproximadamente 13 minutos de tiempo perdido en un tema que ha generado mucha controversia en el cantón.

Cabe recordar que, conforme al artículo 30 de la Ley General de la Administración Pública, las instituciones están obligadas a responder las gestiones de los ciudadanos en un plazo máximo de diez días hábiles. En caso de incumplimiento, los interesados pueden acudir a la Sala Constitucional (Sala IV) para reclamar su derecho de petición y pronta respuesta.