A partir del próximo curso lectivo, los estudiantes del país no podrán utilizar teléfonos celulares dentro de las aulas, salvo con fines pedagógicos previamente autorizados por los docentes. Así lo confirmó este miércoles el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, quien presentó los lineamientos que formarán parte del nuevo reglamento de evaluación de los aprendizajes y de conducta.
“Esto no es una medida antojadiza, es una revisión exhaustiva de lo que están haciendo más de 30 países desarrollados. Llegamos a la conclusión de que en el aula se prohíbe el uso del celular”, explicó Sánchez.
El jerarca destacó que, aunque la tecnología es una herramienta útil, los dispositivos se convierten en una fuente de distracción cuando no existe orientación docente. “Afecta la mediación pedagógica, es decir, cómo el estudiante aprende y cómo el docente enseña”, subrayó.
El documento que el MEP presentará en los próximos días ante el Consejo Superior de Educación incluye también cambios en la evaluación de la conducta, que volverá a ser un requisito para aprobar el año escolar. La nota de disciplina será de 0 a 100 y el estudiante deberá cumplirla para pasar de nivel.
Proyecto de ley en discusión
El anuncio coincide con la presentación de un proyecto de ley por parte de la diputada independiente Cynthia Córdoba, que busca prohibir el uso de celulares y tabletas personales en todos los centros educativos.
“La experiencia internacional demuestra que retirar los dispositivos mejora el rendimiento académico y la salud mental de los estudiantes, que vuelven a socializar y jugar”, afirmó la legisladora.
Córdoba citó además el informe PISA 2022, que reveló que un 65% de los estudiantes reconoció distraerse con dispositivos digitales durante las clases de matemáticas.
Tendencia internacional
Según la Unesco, 79 países mantienen restricciones al uso de celulares en las aulas. Francia fue pionero en implementar esta medida desde 2018 en primaria y secundaria, y más recientemente Brasil adoptó una ley que prohíbe los dispositivos en estudiantes de 4 a 17 años. También China, Finlandia, Nueva Zelanda, Canadá y Países Bajos aplican restricciones similares.
El MEP aseguró que la medida en Costa Rica busca mejorar la concentración y el aprovechamiento en el aula, además de promover un uso responsable de la tecnología fuera de los centros educativos, con el apoyo de padres y encargados.
En un esfuerzo por fortalecer la seguridad y bienestar de la niñez y adolescencia, la Policía Municipal ha intensificado su labor preventiva en los centros educativos, desarrollando una serie de capacitaciones y charlas dirigidas tanto a estudiantes como a docentes, personal administrativo y padres de familia.
El programa, que abarca desde el primer hasta el cuarto grado de primaria, tiene como objetivo instruir a los niños y niñas en medidas de autoprotección y prevención, para evitar que sean víctimas de robos, maltratos, agresiones, accidentes y hasta secuestros. Además de enseñar normas básicas de seguridad, se promueve el desarrollo de habilidades sociales, conductas asertivas y una relación de confianza con las autoridades policiales.
Entre los temas abordados destacan: “El y la Policía son sus amigos y amigas”, “Aprendan a pedir ayuda”, “Llame al 9-1-1”, “Jugando en lugares seguros”, “Viajemos sin accidentes”, “Nunca obedezca a personas extrañas o de poca confianza”, “Pedir ayuda a sus padres o maestros”, y “Nunca abran la puerta de la casa a extraños”. Estas enseñanzas son impartidas a una población estudiantil de entre 300 y 400 niños, cuyas edades oscilan entre los 7 y los 10 años.
Por su parte, en los centros educativos de secundaria, que atienden a adolescentes de entre 12 y 17 años, se ha puesto en marcha una serie de acciones preventivas con enfoque policial. Estas incluyen charlas sobre la prevención del consumo de drogas, violencia intrafamiliar, Ley Penal Juvenil y prevención del bullying, entre otros temas relevantes.
Este trabajo en secundaria contempla desde la sensibilización del personal docente hasta conferencias y talleres dirigidos a los estudiantes, así como la coordinación con padres de familia y el tratamiento de casos específicos. Además, se desarrollan iniciativas de apoyo que trascienden el entorno escolar, con el objetivo de brindar a los jóvenes herramientas efectivas para afrontar los retos sociales actuales.
Con este enfoque integral, las autoridades buscan no solo fomentar una cultura de prevención, sino también fortalecer la imagen de la policía como aliada en la formación y protección de las nuevas generaciones en nuestro cantón.
En nuestro país y por ende en nuestro cantón, las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas de Centros Educativos desempeñan un papel importante en la gestión de los recursos escolares y el bienestar de las instituciones educativas. Sin embargo, en los últimos años ha crecido la percepción de que estos órganos son utilizados como espacios de influencia política particularmente por parte de personalidades municipales y el gobierno local.
Influencia política en la conformación de las juntas
Aunque la selección de los miembros de estas juntas debería basarse en criterios más de voluntariado o técnicos, aquí se han visto casos en los que la administración municipal y figuras políticas influyen en la designación de sus integrantes. Esto genera inquietud en la comunidad, ya que se teme que las decisiones respondan más a intereses partidarios que a las necesidades reales de los centros educativos. Por eso es que en algunas ocasiones suceden roces o discrepancias en el Concejo Municipal a la hora de escoger a dichos miembros porque las personas que son escogidas dentro de una terna no siempre serán del agrado para algunos o bien en algunos casos no cumplen con el mínimo requisito que es servir de forma voluntaria al Centro Educativo al que desean participar como miembro de la junta directiva. Inclusive llegan a existir roces entre sus miembros provocando siempre la renuncia o destitución de alguno de los que integran dicha junta.
Administración de recursos y poder local
Uno de los principales factores que refuerza esta percepción es el manejo de fondos públicos. Las Juntas de Educación y Administrativas gestionan presupuestos para infraestructura, mantenimiento y proyectos escolares. Precisamente en el cantón de Santa Ana, la asignación y uso de estos recursos han sido objeto de cuestionamientos en algunas juntas de educación, especialmente cuando se han favorecido contrataciones o inversiones alineadas con ciertos favores a sectores políticos.
Conexión con la comunidad y proyección política
Los miembros de estas juntas tienen una relación estrecha con padres de familia, docentes y estudiantes, lo que les otorga visibilidad y poder de convocatoria dentro del cantón. Para algunos líderes políticos, esto representa una oportunidad estratégica para fortalecer su presencia y construir bases de apoyo con miras a futuras elecciones municipales.
¿Estrategia política o compromiso con la educación?
El debate sobre la independencia de las Juntas de Educación y Administrativas sigue siendo un tema de conversación. Mientras algunos defienden su autonomía y la necesidad de criterios técnicos en su conformación, otros consideran que la participación de líderes locales podría generar más apoyo para las instituciones educativas. Sin embargo, la comunidad educativa del cantón exige mayor transparencia en la selección de los miembros de estas juntas y en la administración de los recursos, para garantizar que la educación siga siendo la prioridad. En un momento en el que la educación es clave para el desarrollo de Santa Ana, es fundamental que estos espacios se enfoquen en su propósito original y no en intereses políticos.
Según la ley 7552 (SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS) es obligación de los Concejos Municipales de cada cantón del país destinar un porcentaje de sus ingresos a la juntas de educación de los centros educativos. Aquellas escuelas o centros educativos que reciban montos menores a los ¢30 millones no necesitarán un acuerdo municipal.
Ayer durante la sesión del Concejo Municipal el Alcalde Juan José Vargas mencionó cuales serían los montos a transferir porcentualmente de acuerdo a esta ley para los centros educativos del cantón. La regidora Cynthia Cháves Robles acogió dicha moción, de forma unánime fue aprobada por parte de todos los regidores presentes.
A continuación, el detalle de los montos de forma aproximada que se entregarán a los centros educativos de nuestro cantón:
a. Colegio Técnico Profesional Santa Ana (Lindora) – ¢34 millones b. Escuela Andrés Bello López (Santa Ana) – ¢44 millones c. Escuela Isabel La Católica (Uruca/Río Oro) – ¢48 millones d. Escuela Jorge Volio (Salitral) – ¢48 millones e. Escuela República de Francia (Pozos) – ¢53 millones f. Escuela Ezequiel Morales (Piedades) – ¢66 millones g. Escuela Juan Alvarez Azofeifa (Matinilla) – ¢70 millones h. Colegio de Santa Ana (Uruca) – ¢163 millones
Daniel Gonzalez
Raquel Berrocal Sibaja
