Aresep propone rebajas en tarifas de autobús y leve aumento en los taxis

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) presentó este jueves una propuesta de ajuste semestral a las tarifas de autobús y taxi en el país, que incluye reducciones para el transporte público en bus y un ligero incremento en algunos servicios de taxi.

Según la entidad, los cambios obedecen principalmente a la baja en los precios de los combustibles entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025, así como a variaciones en costos de mantenimiento, seguros y salarios.

En el caso de los autobuses, las rebajas varían según la categoría de la empresa y si la ruta utiliza el sistema de pago electrónico SINPE-TP. Entre los ajustes propuestos destacan:

San José – Alajuela: ¢725 a ¢720 (¢5 menos)

San José – Heredia (por pista): ¢580 a ¢575 (¢5 menos)

San José – Paraíso: ¢1.100 a ¢1.095 (¢5 menos)

San José – Puntarenas: ¢3.100 a ¢3.085 (¢15 menos)

San José – San Isidro de El General: ¢3.925 a ¢3.905 (¢20 menos)

San José – Limón: ¢3.820 a ¢3.800 (¢20 menos)

San José – Liberia: ¢4.715 a ¢4.690 (¢25 menos)

Para los taxis rojos tipo sedán, se plantea un aumento de ¢5 en la tarifa de banderazo y variable (pasarían de ¢810 a ¢815), y un alza de ¢15 en la tarifa por demora (de ¢3.410 a ¢3.425). En el caso de los taxis del Aeropuerto Juan Santamaría, se mantendrían las tarifas de banderazo y distancia, mientras que la tarifa por demora en microbuses tendría una pequeña rebaja.

Las nuevas tarifas entrarán en proceso de consulta pública, por lo que los usuarios podrán enviar observaciones antes de que sean aprobadas. La Aresep recordó que las tarifas vigentes pueden consultarse en su página web o en la aplicación móvil gratuita ARESEP Contigo.

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Defensoría alerta que el 82% de rutas de autobús operan sin plan de mantenimiento

Solo 110 de las 632 rutas de autobuses concesionadas en el país cuentan con un plan de mantenimiento, según reveló este martes la Defensoría de los Habitantes. La entidad encendió las alarmas ante la falta de control del Consejo de Transporte Público (CTP), responsable de fiscalizar esta obligación, incluso tras varios casos recientes de incendios en unidades.

Los datos oficiales indican que 522 rutas —equivalente al 82.6%— operan sin presentar dicho plan. De estas, 139 están pendientes de refrendo y 292 cuentan con permisos provisionales o provisionalísimos, lo que, según el CTP, les impide exigir el cumplimiento del requisito.

La Defensoría calificó este panorama como un “grave problema que evidencia las deficiencias sistémicas del CTP en la gestión y regulación del transporte público”, advirtiendo que la falta de mantenimiento representa un riesgo directo para la seguridad de las personas usuarias.

La preocupación aumenta con la brecha entre los reportes de incendios: en lo que va del 2024, el CTP apenas ha contabilizado seis incidentes, mientras que el Cuerpo de Bomberos registró 32, de los cuales 15 corresponden a unidades de servicio público. En 2023, la diferencia fue aún mayor: Bomberos reportó 43 casos, pero el CTP solo reconoció nueve.

El órgano defensor también cuestionó la falta de un procedimiento claro para investigar estos siniestros. Actualmente, el CTP solo emite un acto administrativo conocido como “prevención o derecho de defensa”, sin que haya una etapa de cierre ni sanciones. “Es un acto único sin propósito claro ni efecto alguno”, denunció la Defensoría.

Además, la entidad señaló que la inacción del CTP podría constituir una omisión grave de sus responsabilidades, al no garantizar la seguridad de las personas usuarias ni investigar si los incendios pudieron ser producto de fallas mecánicas evitables.

Entre las recomendaciones emitidas al CTP, la Defensoría solicitó:

  • Elaborar un protocolo formal de investigación y seguimiento de todos los incendios en autobuses.
  • Coordinar con Tránsito, Bomberos y aseguradoras para el intercambio de información y prevención de riesgos.
  • Establecer una mesa de trabajo con Seguridad Vial para revisar los requisitos de operación.
  • Divulgar los canales para presentar denuncias sobre seguridad en unidades.
  • Lanzar una campaña sobre mantenimiento preventivo dirigida a las empresas autobuseras.
  • Definir un plan de inspecciones periódicas con fines de control.

El CTP respondió con una lista de responsables y plazos para atender cada recomendación. La Defensoría, por su parte, anunció que dará seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas.

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