La violencia contra las mujeres, las niñas y las disidencias sexuales constituye una grave vulneración de los derechos humanos. Se trata de una expresión directa del orden social androcéntrico que históricamente ha subordinado a los cuerpos feminizados y disidentes. Esta violencia, en sus múltiples formas, limita el acceso a la educación, el empleo, la participación social, política y comunitaria, así como a oportunidades de liderazgo.

Ha sido gracias a la lucha sostenida de los movimientos feministas, de mujeres y de disidencias sexuales que los Estados han comenzado a reconocer esta problemática y a adoptar normativas, políticas públicas y acciones concretas para su prevención y erradicación. Instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, han sido claves para visibilizar y exigir responsabilidad ante esta violencia estructural.

En contextos urbanos como el de nuestro cantón de Santa Ana, las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ enfrentamos cotidianamente situaciones de violencia tanto en los espacios privados como en los públicos. Desde acoso callejero, tocamientos en el transporte público, hasta actos más graves de violencia sexual, estas experiencias nos afectan profundamente, condicionan nuestra movilidad y nos privan del derecho a disfrutar libremente de nuestra ciudad.

Aceptar y aplicar la definición de violencia contra las mujeres que propone la CEDAW implica reconocer que no se trata únicamente de agresiones físicas o sexuales, sino también de amenazas, coacciones, discriminación y limitaciones en la libertad, tanto en la vida pública como privada. Por ello, la violencia de género en el espacio público debe formar parte de las discusiones sobre seguridad ciudadana, planificación urbana y políticas locales en Santa Ana.

Muchas veces, estas agresiones no se denuncian por miedo, por desconfianza en las instituciones, por desconocimiento de las rutas de atención o por la normalización social de estas conductas. Silbidos, miradas lascivas, comentarios obscenos, persecuciones, grabaciones sin consentimiento, exhibicionismo y otras manifestaciones de violencia sexual urbana han sido aceptadas como parte del paisaje cotidiano. Pero no lo son. Son violencias que hieren y que nos expulsan simbólicamente de nuestros propios territorios.

Por eso, urge que las instituciones locales, especialmente el gobierno municipal de Santa Ana, asuman un rol activo en la prevención y atención de estas violencias. Algunas propuestas concretas que podrían implementarse incluyen:

• Caminatas exploratorias lideradas por mujeres y disidencias para identificar zonas inseguras.
• Sistemas de georreferenciación participativa, que permitan mapear lugares de alto riesgo en el cantón.
• Estudios cualitativos y diagnósticos comunitarios, que integren la voz de las vecinas, lideresas y organizaciones locales.
• Creación de consejos locales de seguridad para mujeres y disidencias sexuales, con poder de decisión y articulación interinstitucional.
• Adaptación de programas exitosos de otras ciudades, como el programa “Ciudades amigables para las mujeres” implementado en Seúl, que integró acciones como mejoras en la infraestructura urbana con enfoque de género, empleo digno para mujeres y espacios públicos seguros.

En América Latina también existen experiencias destacables, como la iniciativa “Transporte Seguro” en Quito, que impulsó la declaratoria de emergencia del transporte público frente a la violencia sexual. Este proceso articuló a diversas instituciones públicas y a ONU Mujeres, e incluyó campañas de sensibilización, formación de personal y creación de protocolos específicos de actuación.

En Santa Ana, podemos avanzar en esa misma línea. Es clave:

• Formar a todo el personal público que implementa los protocolos nacionales de atención en casos de acoso y violencia sexual.
• Implementar campañas de comunicación permanentes en paradas, buses, parques y centros educativos.
• Fortalecer los servicios municipales de atención y prevención, para que las mujeres no se vean forzadas a limitar sus actividades cotidianas por miedo a la violencia.

Promover ciudades seguras para mujeres, niñas y disidencias no es solo una medida de protección: es una apuesta por la democracia, la equidad y la justicia territorial. El feminismo nos ha enseñado que el derecho a la ciudad no puede entenderse sin acceso real, seguro y libre a los espacios urbanos. Implica diseñar nuestras comunidades desde una perspectiva de cuidados, de inclusión y de respeto por la diversidad.

Las mujeres y disidencias de Santa Ana tenemos derecho a caminar por nuestras calles sin miedo, a ocupar espacios públicos, a participar en la vida política local y a construir un cantón donde todas las personas podamos vivir en igualdad, dignidad y libertad.

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