En la sesión ordinaria del Concejo Municipal realizada este martes, los regidores aprobaron una moción para designar de forma temporal a Ana Cecilia Díaz como auditora interna con recargo de funciones, en medio de un intenso debate sobre la legalidad del nombramiento y la necesidad de no dejar acéfala esta área clave.

La iniciativa fue presentada por el regidor José Roberto Castro y acogida por el regidor Roberto Spesny durante el apartado de mociones, bajo la figura de dispensa de trámite, argumentando la urgencia de garantizar la continuidad del servicio de auditoría interna, conforme a lo establecido en la Ley General de Control Interno (N.° 8292), que obliga a las instituciones públicas a contar con este órgano de fiscalización.

Castro señaló que, ante el proceso en curso para el nombramiento definitivo del auditor o auditora interna, se hacía indispensable adoptar una medida provisional para no comprometer el funcionamiento institucional. La moción fue acogida por el regidor Roberto Spethny y respaldada por otros miembros del Concejo.

Sin embargo, la propuesta generó posiciones encontradas. Los regidores Gonzalo Rojas y Cintia Chávez votaron en contra, cuestionando la viabilidad legal del nombramiento. Gonzalo Rojas indicó que la Contraloría General de la República ya había advertido sobre el vencimiento de los plazos para que la funcionaria asumiera nuevamente el cargo, mientras que Cinthya Chávez señaló posibles conflictos de interés y la necesidad de realizar una consulta previa al ente contralor.

En la misma línea, el alcalde intervino para advertir sobre riesgos jurídicos, señalando que los nombramientos interinos no pueden ser indefinidos y que lo procedente sería consultar previamente a la Contraloría antes de tomar una decisión. Además, subrayó la importancia de garantizar la independencia funcional de la auditoría interna.

Pese a estas observaciones, la mayoría del Concejo defendió la urgencia de la medida. El regidor Castro argumentó que la propia Contraloría había sido clara en que no se puede dejar a la institución sin auditoría interna, y que la responsabilidad de garantizar este control recae en las autoridades municipales.

Por su parte, el regidor Danny Ureña calificó la situación como “atípica” y señaló que el órgano colegiado debía hacer un balance entre los riesgos legales y la necesidad de cumplir con el control interno, incluso citando antecedentes en otras municipalidades.

Ante las preocupaciones planteadas, la moción fue modificada para establecer un plazo límite de dos meses para el recargo de funciones y disponer la notificación del acuerdo a la Contraloría General de la República.

Finalmente, la propuesta fue aprobada con cinco votos a favor y dos en contra, tanto en el fondo como en la firmeza, permitiendo así el nombramiento temporal mientras se resuelve el proceso definitivo.

El acuerdo busca subsanar observaciones previas de la Contraloría y evitar que la municipalidad opere sin auditoría interna, una situación que los regidores coincidieron en calificar como riesgosa para la institucionalidad.