Celso Manuel Gamboa Sánchez, exmagistrado de la Sala III y exministro de Seguridad Pública, fue detenido la tarde-noche de este lunes en el cantón de Escazú, en un operativo coordinado por la Sección de Estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La captura se realizó a solicitud del Gobierno de Estados Unidos, país que lo requiere por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

Gamboa, de 49 años, es señalado por la justicia estadounidense de formar parte de una red dedicada al narcotráfico. La orden de detención fue emitida por un tribunal en Dallas, Texas, en el marco de una causa que incluye también al abogado Edwin López Vega, detenido de manera simultánea.

Según confirmó Randall Zúñiga, director del OIJ, este sería el segundo caso en que se aplicaría la reciente reforma constitucional que permite la extradición de costarricenses por delitos graves como el narcotráfico y el terrorismo. La reforma, aprobada por la Asamblea Legislativa y publicada en mayo pasado, marcó un cambio sustancial en la política nacional sobre extradiciones.

“Este es un hecho histórico. Costa Rica envía un mensaje claro de que no habrá impunidad, sin importar el rango o el pasado político de la persona involucrada”, declaró Zúñiga.

La detención fue realizada de manera pacífica, y Gamboa fue trasladado de inmediato a celdas judiciales mientras el Ministerio Público inicia el proceso de extradición, el cual deberá ser revisado por los tribunales costarricenses antes de su eventual traslado a territorio estadounidense.

Celso Gamboa fue una figura prominente en la política y el sistema judicial costarricense durante más de una década. Fue viceministro y luego ministro de Seguridad durante la administración de Laura Chinchilla, y posteriormente se desempeñó como magistrado de la Sala III del Poder Judicial, cargo del que fue separado en 2018 tras una investigación por supuestos vínculos irregulares con figuras políticas.

La acusación en su contra por parte de Estados Unidos representa un giro dramático en su trayectoria, y de confirmarse los cargos, podría enfrentar penas de prisión en ese país.

Por ahora, la defensa del exmagistrado no se ha pronunciado públicamente.