La Asamblea Legislativa dio un paso decisivo para frenar el ingreso ilegal a zonas restringidas en parques nacionales, al aprobar en primer debate un proyecto de ley que establece multas millonarias y el cobro obligatorio de los rescates a quienes desobedezcan las regulaciones. La medida busca atacar de raíz el auge de los llamados “tours piratas” y las incursiones ilegales en áreas de alto riesgo, especialmente en volcanes activos como el Turrialba y el Poás.

La iniciativa, avalada este miércoles, introduce sanciones económicas que oscilan entre ₡1,3 millones y ₡4,6 millones, según la gravedad de la infracción. Además, por primera vez en el país, las personas rescatadas tras ingresar ilegalmente deberán asumir el costo del operativo de emergencia, que hasta ahora recaía en el Estado.

Golpe al bolsillo como medida disuasoria

El proyecto establece las multas tomando como referencia el salario base del 2026, fijado en ₡462.200. La administración y ejecución de estas sanciones estará a cargo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Entre las principales sanciones destacan:

• Ingreso ilegal individual o promoción de estas actividades: multa de 3 salarios base, equivalente a ₡1.386.600. Esta sanción también aplicará a quienes promuevan estas incursiones, incluidos creadores de contenido o influencers.
• Operadores turísticos ilegales: las empresas o personas que vendan tours hacia zonas restringidas enfrentarán multas de 7 salarios base, es decir, ₡3.235.400.
• Guías que expongan a turistas a zonas volcánicas activas: la sanción asciende a 10 salarios base, equivalente a ₡4.622.000, además del decomiso del equipo utilizado.

El objetivo es claro: desincentivar una práctica que ha ganado popularidad en redes sociales y que, según autoridades, representa un riesgo mortal tanto para los visitantes como para los equipos de rescate.

Rescates dejarán de ser gratuitos

Uno de los cambios más significativos es la incorporación del cobro obligatorio por rescates. Si una persona ingresa ilegalmente a una zona restringida y requiere ser rescatada por cuerpos de emergencia como la Cruz Roja, Bomberos o Fuerza Pública, deberá pagar un recargo adicional de 5 salarios base, es decir, ₡2.311.000 por persona.

En el caso de grupos, el guía responsable enfrentará una sanción adicional de 10 salarios base, lo que podría elevar la penalización total a niveles económicamente devastadores.

Esta disposición responde a la creciente presión sobre los recursos públicos, ante el aumento de operativos en zonas volcánicas y áreas protegidas donde el acceso está prohibido por razones de seguridad.

Sanciones más severas para reincidentes

La legislación también contempla castigos progresivos para quienes reincidan en estas conductas.

• Primera reincidencia: aumento del 50% en la multa original.
• Segunda reincidencia: prohibición de ingreso a cualquier área silvestre protegida del país durante un año.

Las autoridades buscan con esto crear un efecto disuasorio sostenido y evitar que las sanciones sean vistas como un costo asumible dentro del negocio ilegal.

Respuesta al auge de tours clandestinos

El proyecto surge como respuesta directa al crecimiento de tours clandestinos que ofrecen acceso a zonas prohibidas, muchas veces promocionadas como “experiencias exclusivas” o “senderos secretos”.

Estas actividades no solo representan un peligro inminente por la actividad volcánica, gases tóxicos o terreno inestable, sino que también obligan al despliegue de recursos humanos y logísticos financiados con fondos públicos.

Los diputados que respaldaron la iniciativa consideran que el impacto económico de las multas será clave para desarticular este mercado ilegal y proteger tanto la vida humana como el patrimonio natural del país.

Falta el segundo debate y la firma presidencial

Aunque el proyecto ya superó el primer debate, aún deberá ser votado en segundo debate antes de convertirse en ley. Posteriormente, requerirá la firma del Poder Ejecutivo y su publicación en el diario oficial La Gaceta para entrar en vigencia.

De aprobarse definitivamente, Costa Rica pasaría a tener uno de los regímenes sancionatorios más severos de la región contra el ingreso ilegal a áreas protegidas, marcando un precedente en la protección de sus parques nacionales y en la responsabilidad individual de quienes deciden ignorar las advertencias.